POLITICA
Victoria Tolosa Paz: “Algunos quieren la revancha Santilli-Tolosa Paz y capaz tenemos revancha”
Victoria Tolosa Paz presentó un proyecto de ley que busca regular los créditos que las billeteras virtuales ofrecen a personas que cobran prestaciones de la ANSES y establecer límites a las condiciones de esos préstamos. La iniciativa, que lleva la firma de otros 26 diputados, apunta a evitar situaciones de sobreendeudamiento y contempla medidas específicas para proteger ingresos de carácter alimentario como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo.
En diálogo con Gonzalo Aziz, Gustavo Lazzari y Malena de los Ríos en Infobae al Regreso, Tolosa Paz explicó que la propuesta apunta a que el Banco Central establezca parámetros para las tasas de interés, los montos y los plazos de los créditos otorgados por las fintech. También plantea modificar los criterios utilizados para evaluar a los solicitantes y evitar que las prestaciones sociales sean utilizadas como garantía o mecanismo de cobro automático.
La diputada aseguró que el objetivo no es restringir el acceso al financiamiento de los sectores de menores ingresos. “No decimos cortar el crédito, todo lo contrario: es la persona que más lo necesita para llegar a fin de mes”, afirmó. Según explicó, la iniciativa busca establecer condiciones que permitan acceder a préstamos sin que el costo financiero comprometa una parte significativa de los ingresos destinados a cubrir necesidades básicas.
El proyecto busca regular las tasas y los algoritmos de las fintech
Uno de los principales puntos de la propuesta es establecer un marco de referencia para las tasas de interés. Según explicó Tolosa Paz, el proyecto plantea tomar como referencia las condiciones ofrecidas por la banca pública y privada para evitar que los beneficiarios de prestaciones sociales enfrenten costos financieros desproporcionados.
La legisladora también cuestionó los criterios utilizados por las fintech para determinar el riesgo crediticio de cada usuario. “El algoritmo de las fintech trabaja sobre una valoración negativa de quien es informal y no tiene ingresos registrados, pero no considera la regularidad de la AUH o las becas Progresar como garantía positiva”, sostuvo.
En ese sentido, la iniciativa propone que la percepción regular de ingresos provenientes de la ANSES sea considerada favorablemente al momento de evaluar una solicitud de crédito. La intención es que la continuidad de esos ingresos forme parte de los parámetros utilizados para determinar tanto el acceso al financiamiento como sus condiciones.
Tolosa Paz relató que realizaron una comparación para analizar las diferencias en el costo de los préstamos según el perfil del solicitante. “Hicimos una prueba en un barrio donde una beneficiaria de la AUH enfrentaba un costo financiero del 477% frente al 38% que me ofrecían a mí, con empleo registrado”, contó.
Para la diputada, esa diferencia está vinculada con los criterios utilizados por los sistemas automatizados de evaluación crediticia, que pueden considerar el empleo informal como un factor de riesgo sin ponderar de la misma manera la regularidad de una prestación estatal.
La protección de la AUH y otras prestaciones sociales
El segundo eje de la iniciativa apunta a impedir que las cuotas de los préstamos sean cobradas automáticamente sobre prestaciones sociales. El proyecto contempla la protección de ingresos como la AUH, la Asignación por Embarazo y otras prestaciones de carácter alimentario.
Tolosa Paz sostuvo que esos recursos tienen una finalidad específica y que no deberían quedar sujetos a mecanismos de débito directo por parte de las empresas que otorgan créditos.
“El Estado pone ese dinero para alimentar a los niños y no puede terminar en manos de las fintech por débito directo”, afirmó.
La diputada sostuvo que el Banco Central podría avanzar con una regulación en ese sentido y mencionó como antecedente el sistema implementado en Brasil con el programa Bolsa Familia.
Además, el proyecto plantea establecer límites para los montos y los plazos de los préstamos. Según explicó Tolosa Paz, la regulación debería contemplar la capacidad de pago de quienes reciben prestaciones sociales para evitar que asuman obligaciones difíciles de afrontar con sus ingresos mensuales.
Tolosa Paz advirtió por el nivel de endeudamiento
Durante la entrevista, la diputada expuso los datos que, según sostuvo, muestran la dimensión del fenómeno. Afirmó que alrededor de 1,1 millones de personas cobran sus prestaciones a través de fintech y estimó que ese movimiento representa unos USD 270 millones mensuales, aproximadamente USD 3.200 millones al año.
“Ese dinero ingresa al sistema, rinde al 20% anual, pero a la misma persona le prestan al 477%”, cuestionó. A partir de esos números, Tolosa Paz planteó que el acceso al crédito debería mantenerse, pero bajo condiciones que considere razonables para los sectores de menores ingresos.
“Lo que parece una solución termina siendo una cadena de sobreendeudamiento que nadie mira”, sostuvo. La legisladora también señaló que la discusión no debería limitarse a los nuevos préstamos, sino incluir a las personas que ya contrajeron deudas bajo las condiciones actuales.
Qué propone hacer con las deudas ya contraídas
Consultada sobre el stock de deuda existente, Tolosa Paz sostuvo que el Estado podría implementar mecanismos para aliviar la carga mensual de las familias sin asumir directamente el pago de las obligaciones.
Entre las alternativas mencionó la posibilidad de extender los plazos y mejorar las condiciones de los créditos, incluso mediante herramientas como el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. “No se trata de pagar la deuda, sino de permitir que las familias aplanen su curva de endeudamiento y accedan a mejores términos”, explicó.
La propuesta contempla así dos frentes: establecer nuevas reglas para los créditos que se otorguen a futuro y generar mecanismos que permitan mejorar las condiciones de quienes ya se encuentran endeudados.
La denuncia contra Caputo y su definición sobre la provincia de Buenos Aires
Durante la entrevista, Tolosa Paz también cuestionó la política económica del Gobierno y afirmó que presentó una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Nación por el manejo del fideicomiso SISVIAL.
Según sostuvo, una parte de los recursos no estaría llegando al destino previsto y reclamó que las herramientas financieras del Estado sean utilizadas para promover la producción y el acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas.
Sobre el escenario político bonaerense, la diputada fue consultada por una eventual candidatura a gobernadora. Tolosa Paz evitó confirmar formalmente si será precandidata, aunque aseguró que participará de la disputa política.
“Voy a hacer lo que tenga que hacer para que el peronismo vuelva a gobernar la provincia de Buenos Aires y la Argentina”, afirmó.
Aziz le preguntó entonces por la posibilidad de una nueva competencia electoral contra Diego Santilli. “Algunos quieren la revancha Santilli-Tolosa Paz. Vamos a esperar quién es el candidato opositor y capaz tenemos revancha”, respondió.
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Dos diputadas nacionales de la Unión Cívica Radical denunciaron un presunto caso de adoctrinamiento en una escuela primaria de Formosa. Agostina Villagi y Carla Zaiser difundieron imágenes tomadas el viernes durante un acto en un establecimiento educativo de la pequeña localidad de Gran Guardia, a 80 kilómetros de la capital formoseña.
En el clip se puede ver a una delegada zonal que les recuerda a los alumnos que los guardapolvos, útiles escolares, zapatillas y el servicio de comedor que reciben son entregados por el gobernador Gildo Insfrán.
“¿Todos tienen guardapolvos? ¿Quién les mandó esos guardapolvos?”, les pregunta a los alumnos Gladys Esther González, la delegada zonal, que protagoniza el video difundido en redes sociales. Ante el silencio de los estudiantes, ella misma responde: “El Gobierno provincial”. Luego, les consulta a los niños el nombre del gobernador de Formosa. Solo algunos contestan y González vuelve a responder por ellos: “Gildo Insfrán”.
“¿Qué más les mandó además de los guardapolvos? Zapatillas, los útiles… Eso no lo compré yo, no lo compró Benjamín [un docente parado a su derecha], no los compró la directora. Eso es una decisión política del señor gobernador, de mandarles para que ustedes a principio de año tuvieran útiles escolares, zapatillas y guardapolvo«, reforzó la delegada zonal.
Más adelante, González también vinculó el servicio de comedor escolar con el gobierno provincial. “¿Toman la leche aquí? ¿Y la comida?“, preguntó. Ambas interrogantes recibieron un ”sí“. ”¿Es riquísima, no? Me consta porque yo varias veces vine a comer acá. Y vine a tomar la leche también. Ese beneficio, ¿quién lo envía? Gildo Insfrán, el gobernador. Por supuesto. Quiere la formación integral de todos los alumnos, de todos los estudiantes, que estén bien físicamente, psicológicamente y emocionalmente», completó.
Noticia en desarrollo.
Gildo Insfrán,Formosa,Conforme a
POLITICA
Manuel Adorni deberá explicar su patrimonio ante la Justicia esta semana en la causa por presunto enriquecimiento ilícito
Este martes 22 de septiembre vence el plazo -que ya fue prorrogado anteriormente- para que el exjefe de Gabinete Manuel Adorni presente ante la Justicia las explicaciones sobre su evolución patrimonial.
El exfuncionario debe responder un cuestionario de 20 puntos elaborado por el fiscal Gerardo Pollicita en la causa que lo investiga, junto a su esposa Bettina Angeletti, por presunto enriquecimiento ilícito. Adorni podría pedir una nueva prórroga.
La fecha no es menor. El requerimiento original se computó en días hábiles, no corridos. El primer tramo venció el 1 de septiembre. El juez Ariel Lijo le concedió entonces otros 15 días hábiles, luego de que la defensa pidiera acceder a material vinculado al contratista Matías Tabar, testigo clave de las refacciones.
El expediente busca reconstruir el período que va desde diciembre de 2023, cuando Adorni ingresó a la administración de Javier Milei, hasta el 27 de junio de 2026, día de su renuncia. Según el análisis técnico que respalda al fiscal, el grupo familiar tuvo ingresos comprobados por $229,7 millones y gastos por $272,8 millones. La diferencia, de $43.068.549, es uno de los puntos que la fiscalía considera sin respaldo suficiente.
A ese desajuste en pesos se suman gastos en dólares por US$402.578. El monto incluye la compra y la refacción de inmuebles, mobiliario, alquileres temporarios y viajes. El punto más sensible es el pago en efectivo de US$245.000 a Tabar por la remodelación de la casa del country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.
El cuestionario no se limita a esa casa de fin de semana. Pollicita también exige el origen de los dólares en efectivo declarados al rectificar las declaraciones juradas, la existencia real de préstamos atribuidos a Silvia Pais y Norma Zuccolo, la compra del departamento de Miró 550, en Caballito y la operatoria con criptoactivos.
También el uso de terceros para adquirir bienes, facturas informadas a ARCA por más de $6 millones cuyos pagos no cierran con bancos ni tarjetas, deudas con el Banco Galicia y consumos de personas del entorno como adicionales de tarjetas del exfuncionario.
En las DDJJ rectificativas, Adorni consolidó un patrimonio declarado de $944,5 millones al cierre de 2025 e invocó ahorros y criptoactivos que no habían figurado en presentaciones anteriores. El fiscal no discute que esos bienes existan: pide trazabilidad.
Viajes y deudas
Otro eje de la investigación son los viajes de Adorni. El grupo familiar viajó a distintos destinos y registró desembolsos tanto con tarjetas como en efectivo. Entre esos movimientos aparece un viaje a Aruba, con gastos por US$14.696.
La evolución de las deudas también forma parte del requerimiento. Durante el tramo investigado, el pasivo declarado pasó de $92,4 millones a $317,3 millones.
POLITICA
Discapacidad: los cambios que reclaman Pro y la UCR, el punto que no quiere ceder Milei y el proyecto de la oposición
Una semana después de haber enviado al Congreso un proyecto de ley de presupuesto que avanzaba sobre el corazón de la ley de discapacidad, el Gobierno empezó a desandar parte de ese camino. Los libertarios negocian con sus principales aliados un nuevo proyecto que mantendría el nomenclador y la actualización automática de las prestaciones, dos puntos que el texto del Poder Ejecutivo proponía eliminar. A cambio, buscan endurecer los criterios para otorgar las pensiones.
Es la salida intermedia con la que el oficialismo intenta cerrar una crisis que volvió a abrir roces hacia adentro del gabinete y a enfrentar al Gobierno con sus socios parlamentarios.
Martín Menem y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quieren aprovechar el costo político que dejó la presentación del presupuesto 2027 para convencer al equipo económico de que el plan original es difícil de sostener. Pretenden conseguir margen para negociar con Pro y la UCR.
La discusión corre ahora por dos carriles, aunque conectados entre sí. Mientras la libertaria Laura Rodríguez Machado intercambia borradores y condiciones con los aliados en Diputados, Menem y Santilli llevan la negociación hacia adentro del Gobierno. Economía ya fijó los límites presupuestarios; Salud y Legal y Técnica también intervienen en la letra chica.
El cronograma que se votó durante la última sesión en Diputados marca el ritmo del debate. El miércoles a las 12 habrá un plenario de las comisiones de Presupuesto y Discapacidad. El oficialismo necesita llegar a esa reunión con un texto capaz de reunir a los bloques dialoguistas antes de que la oposición consiga imponer el suyo, que extiende la emergencia en discapacidad por otro año.
Soledad Aznarez
Los libertarios pretenden conservar una definición política: terminar con la lógica de las sucesivas emergencias y reemplazarla por una ley permanente, con recursos previstos cada año en el Presupuesto. “Solicitar nuevas prórrogas de emergencia representa una continuidad del modelo excepcional”, argumentan en La Libertad Avanza (LLA).
Los aliados comparten ese objetivo, pero pusieron condiciones. Pro y la UCR reclaman que se mantenga el nomenclador, que las prestaciones continúen actualizándose y que el Gobierno cumpla con la compensación a los prestadores por el atraso acumulado entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024.
“Todo el fin de semana fueron y vinieron mensajes en este sentido”, contó a un referente libertario. El cronograma de pago, anticipó, será incorporado al texto.
El giro respecto del planteo original es significativo. Tanto el proyecto sobre discapacidad que el Poder Ejecutivo envió al Senado en abril como el proyecto de presupuesto 2027 proponen eliminar los aranceles únicos y universales del nomenclador y desligar de la inflación las prestaciones financiadas por el Estado, como PAMI e Incluir Salud.
Donde el Gobierno no quiere ceder es en las pensiones. El planteo inicial establecía una incompatibilidad absoluta entre el beneficio y un empleo formal, una posición que se flexibilizó durante las conversaciones. Los libertarios ya no hablan de una prohibición total, pero sí pretenden establecer criterios más rigurosos para acceder a una pensión por discapacidad.
Todavía quedan “horas de trabajo”, reconocen de ambos lados de la negociación.
La definición dependerá también de Economía. El lunes, Menem y Santilli llevarán el tema a la reunión de Gabinete y el martes volverá a discutirse en la mesa política. Su argumento será esencialmente político: ceder ahora en algunos puntos para evitar que la discapacidad vuelva a reunir después una mayoría adversa en el recinto.
El objetivo, en otras palabras, es evitar que se repita lo ocurrido en diciembre, cuando el oficialismo perdió un capítulo completo del presupuesto durante la votación en Diputados.
La letra chica se terminará de definir el miércoles. Si prospera, resta resolver cómo se instrumentará el acuerdo: si habrá una ley independiente y se eliminarán del presupuesto los artículos que modifican la normativa vigente. O si toda la negociación terminará incorporada al propio proyecto de gastos e ingresos.
aprovechar,Delfina Celichini,Cámara de Diputados,Conforme a
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