“Lamentablemente, no sabemos nada. Es difícil de entender cómo pudieron pasar veinte años después de una desaparición en plena democracia y seguimos sin saber absolutamente nada”. Cargada de impotencia, la frase de Rubén López, hijo mayor del testigo Jorge Julio López, desaparecido desde el 18 de septiembre de 2006, resume el estado de una investigación que no ha conseguido dar un solo paso para esclarecer lo ocurrido.

Con más de 50 cuerpos y otros tantos anexos que acumulan miles de fojas, la causa, en la que ya tuvieron intervención cinco jueces distintos, nunca tuvo un imputado ni una línea de investigación que permitiera sostener una hipótesis con evidencia concreta. El expediente Nº 16.060 FLP 509/2008, caratulado “López, Jorge Julio s/desaparición forzada de persona”, tramita actualmente ante el Juzgado Federal N.º 3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak. Por decisión de la Procuración General de la Nación, la investigación se encuentra delegada desde 2009 en la Unidad Fiscal Federal de La Plata, dedicada exclusivamente a crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar y que conduce desde agosto de 2018 el fiscal Hernán Schapiro.

Desde hace un tiempo la expectativa de los instructores se concentró en los resultados del análisis de cerca de 10 millones de llamadas que podrían aportar elementos para abrir una nueva línea de investigación. Se trata de comunicaciones correspondientes a números telefónicos relevados en el período inmediatamente anterior y posterior a la desaparición, a los que se fueron sumando otros a partir de pistas seguidas por los investigadores. La tarea está a cargo desde 2019 de la Dirección General de Investigación y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) y demanda un trabajo engorroso, con numerosos obstáculos tecnológicos derivados de la incompatibilidad de los sistemas utilizados por las distintas fuerzas que intervinieron sucesivamente en la pesquisa —Policía Bonaerense, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria— y de la falta de coordinación entre ellas.

Tras cuatro años sin reunirse, el viernes último Rubén Lopez y su abogado, Alfredo Gascón, fueron convocados por el fiscal Schapiro. En esa instancia el funcionario judicial informó que la depuración y el cotejo de esos registros habrían comenzado a arrojar algunos datos de interés que permitirían identificar a ciertas personas y abrir una nueva línea de investigación. Los nombres surgidos de ese análisis se mantienen bajo absoluta reserva.

En paralelo, sigue activo el mecanismo de identificación para la búsqueda de López entre los cuerpos NN en todo el país desde 2006. En este plano la Unidad Fiscal trabaja con el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el Equipo Argentino de Antropología Forense y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas. En los últimos años se han solicitado informes a las morgues de todas las provincias y se relevaron los registros públicos bonaerenses, incluidos los 43 cementerios de la provincia y las fichas dactiloscópicas de personas no identificadas y las actuaciones de la Dirección de Registro de Personas Desaparecidas y de la Subsecretaría de Derechos Humanos provincial. Según se informó oficialmente, se dio por concluido el estudio de 66 tumbas con cadáveres NN del Cementerio de La Plata, dispuesto en 2021 sin datos útiles para la causa. Tampoco arrojó resultados el cotejo, realizado en abril último, de un cuerpo que permanecía en la morgue del Hospital Posadas desde enero de 2007 y que durante años se sospechó que podía pertenecer a López. La existencia de ese cuerpo llegó a conocimiento de la familia a través de una periodista, lo que llevó a disponer un procedimiento de identificación a cargo de los tribunales de Morón, que finalmente descartó esa hipótesis.

La familia espera señales del gobierno de Javier Milei sobre la puesta en marcha de las medidas contempladas en una solución amistosa alcanzada a fines de 2023 con el Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que las autoridades reconocieron la responsabilidad estatal por lo ocurrido y asumieron obligaciones reparatorias. Entre otras cosas, el acuerdo prevé la conformación de un tribunal arbitral independiente para determinar el monto de la indemnización reclamada por la familia.

El reclamo se había iniciado en 2009, cuando el abogado de la familia presentó ante el juzgado un planteo resarcitorio en el que atribuyó al Estado el incumplimiento de su deber de protección. Sostuvo que López no solo debió haber sido cuidado por su condición de testigo en su caso, sino que su testimonio podría resultar determinante en otros procesos por crímenes de lesa humanidad. También cuestionó la falta de una investigación efectiva que permitiera establecer quién se lo llevó, dónde estaba y quiénes eran los responsables.

Según ese acuerdo, rubricado el 30 de octubre de 2023 por el entonces secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, con los hijos del testigo desaparecido, Rubén y Gustavo López, el Estado reconoció ante la CIDH su responsabilidad por no haber adoptado medidas adecuadas para proteger al testigo, por las deficiencias en la investigación de su desaparición y en la búsqueda de su paradero y por la impunidad de sus eventuales responsables. También admitió el impacto de esa situación sobre la integridad de sus hijos. El documento contempla la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad y el compromiso de la elaboración de un informe integral sobre la búsqueda de López, así como el fortalecimiento de las políticas de protección y asistencia a víctimas y testigos y el compromiso de impulsar una Ley Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en democracia. Se estableció que la indemnización sería fijada por un tribunal integrado por un representante del Estado, uno de la familia y un tercer miembro designado de común acuerdo con intervención de la CIDH.

El compromiso, homologado mediante un decreto, fue firmado por el presidente Alberto Fernández el 9 de diciembre, horas antes de dejar el poder. “Hoy ese acuerdo no se está cumpliendo”, aseguró, en diálogo con el abogado de la familia. En relación a la actitud de las actuales autoridades con el caso, Rubén López comentó: “Desde la asunción de Milei, nadie del Gobierno se comunicó con nosotros”. En tribunales señalan, además, que desde hace un tiempo fue retirado un equipo de investigadores de la PSA que servía de apoyo a la pesquisa.

El 18 de septiembre de 2006, día fijado para los alegatos del juicio por delitos de lesa humanidad en los que era juzgado el exjefe de Inteligencia de la policía bonaerense Miguel Etchecolatz, el albañil López desapareció por segunda vez. La primera había ocurrido cuando fue secuestrado de su casa de Los Hornos, en la noche del 27 de octubre de 1976. En aquel trance, “Tito”, como lo llamaban en su familia, pasó por varios centros clandestinos de detención hasta que, el 4 de abril de 1977, su detención fue “legalizada” y trasladado a la Unidad Penal N.º 9 de La Plata, donde permaneció más de dos años, hasta recuperar la libertad el 25 de junio de 1979. Aquel calvario le permitió conocer la represión desde adentro y lo convirtió en un testigo clave, uno de los pocos que lograron sobrevivir. La amplitud y precisión de los datos aportados en su testimonio fue determinantes para la condena que recaería sobre Etchecolatz y serviría para enjuiciar a otros acusados.

En su derrotero judicial, el caso pasó por los despachos de cinco magistrados antes de que la instrucción penal fuera finalmente delegada en la Unidad Fiscal Federal de La Plata, dedicada a investigar crímenes de lesa humanidad. En las primeras horas posteriores a la desaparición, la jueza provincial Marcela Garmendia, titular del Juzgado de Garantías N.º 5 de La Plata, inició las actuaciones bajo la figura de “averiguación de paradero” y delegó las primeras diligencias en la Policía Bonaerense, la misma fuerza a la que López acababa de denunciar. Casi en paralelo, el titular del Juzgado Federal N.º 3 de La Plata, Arnaldo Corazza, intervino a partir de la presentación de varios recursos de hábeas corpus. La superposición de actuaciones abrió un conflicto de competencia que la Corte Suprema resolvió al unificar la investigación en el fuero federal y encuadrarla como desaparición forzada. Corazza intentó avanzar sobre las líneas que vinculaban con el hecho a policías en actividad y retirados, pero no logró resultados, y en 2009 renunció a continuar al frente del expediente. La causa pasó entonces al Juzgado Federal N.º 1, a cargo de Manuel Blanco. Durante su gestión cobró fuerza la denominada “pista de Marcos Paz”, centrada en las comunicaciones que mantenían los represores detenidos con personas del exterior. El penal fue allanado seis meses después de que se filtrara la información sobre esa línea de trabajo que se mantuvo abierta, aunque sin resultados, hasta la muerte de Blanco, en 2014.

Entonces el expediente quedó transitoriamente a cargo del juez Laureano Durán y, poco antes de que se cumplieran diez años de la desaparición, pasó a manos de Kreplak. En medio de fuertes tensiones políticas y técnicas, Kreplak rechazó el pedido del Estado nacional para intervenir como querellante, al considerar que existía una posible responsabilidad de las fuerzas de seguridad, que dependen directamente del Poder Ejecutivo.

Conforme fue pasando el tiempo, la investigación se volvió cada vez más compleja y voluminosa. Estuvo atravesada por hipótesis inverosímiles, pistas falsas y líneas que consumieron recursos y tiempo sin aportar elementos útiles. Hubo operativos disparados por el rastro de perros que marcaban una zona de Magdalena y que llegaron a movilizar, durante la noche, helicópteros y numerosos efectivos. También se realizaron diligencias a partir del testimonio de una mujer que aseguraba convertirse en águila durante las noches y cuyos dichos orientaron distintos procedimientos. En otro episodio insólito, un funcionario de la Aduana de Puerto Iguazú asentó en el registro migratorio que López había salido del país. El dato era falso y el funcionario terminó procesado por incumplimiento de deberes.

El abogado que patrocina a la familia señala el inocultable fracaso de la causa aunque reconoce la labor de la fiscalía.

“Al principio a nosotros no se nos pasaba por la cabeza la posibilidad de una desaparición forzada, pensábamos que al viejo le había pasado algo físico, porque quizás aquel día sentía mucha presión de volver a ver cara a cara a Etchecolatz. Pero bueno, paso el tiempo y nos dimos cuenta que había pasado otra cosa y que tenía que ver, precisamente con el valor de su declaración y la cantidad de represores que involucraba”, cuenta Rubén mientras prepara un encargo en su taller carpintería ubicado en el mismo lote de la casa del barrio Los Hornos de donde salió su padre antes de desaparecer.

La voz de Jorge Julio López no se apagó con su desaparición: la grabación de su testimonio ha servido para procesar y condenar a otros represores. “Mi viejo sigue declarando aún desaparecido”, dice Rubén. Y destaca, con orgullo: “Siempre hizo lo que decía y ese es su mayor legado”.

El testimonio de López fue determinante para avanzar sobre el suboficial Hugo Guallama, chofer de Etchecolatz, condenado en 2012 en el juicio por la megacausa Circuito Camps y fallecido en abril de 2025. En ese mismo proceso también fue condenado el médico policial Jorge Bergés, quien murió en febrero de este año mientras enfrentaba otro juicio, en la causa Comisaría 5.ª III. El subcomisario Ángel Trotta, también mencionado por López, fue procesado en el Circuito Camps, pero murió antes de que se dictara sentencia.

López también había aportado descripciones físicas y apodos de otros uniformados que integraban los grupos que actuaban en los centros clandestinos. Entre ellos estaba el coronel Carlos Landoni, señalado como uno de los hombres que operaban en el centro clandestino de torturas de Arana. Landoni fue condenado a prisión perpetua el 15 de marzo de 2012 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 5 de la Capital Federal, en el juicio Primer Cuerpo de Ejército II.

En mayo de 2022, la Justicia condenó a Julio César Garachico, exjefe del servicio de calle de la Unidad Regional de La Plata e identificado por López. A los 85 años, cumple arresto domiciliario en Mar del Plata. Más recientemente, el 3 de julio pasado, el Tribunal Oral Federal N.º 1 de La Plata condenó al agente Pedro Muñoz, integrante de la Comisaría 5.ª. López había descrito con precisión el funcionamiento de esa dependencia y señaló a quienes operaban allí.

La estrategia trazada por la fiscalía consistió en llevar a juicio a todos los represores señalados por López que aún estaban vivos, con la expectativa de que alguno de esos procesos aportara información sobre su segunda desaparición. Ninguno de los juicios permitió avanzar en ese sentido.

En junio pasado, el gobierno de Axel Kicillof elevó hasta un máximo de 10 millones de pesos la recompensa para quienes aporten información que permita determinar el paradero de López. Se trata de un monto variable según la relevancia de los datos y su utilidad para la investigación. El ofrecimiento había sido establecido poco después de la desaparición, pero, 20 años después, tampoco permitió quebrar el misterio que rodea el caso.