POLITICA
Victoria Villarruel ridiculizó la explicación de una diputada libertaria sobre la suba de la inflación: “Pieza digna de Capusotto”

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a confrontar con dirigentes de La Libertad Avanza y esta vez eligió el humor para cuestionar a una diputada que defendió la política económica de Javier Milei. A través de las redes sociales, lanzó una ácida respuesta a un video de Juliana Santillán, quien había difundido una explicación sobre la inflación de octubre, que alcanzó el 2,2 %, y sostuvo que, si se descontaban determinados factores vinculados con las tarifas, el indicador habría sido inferior.
“Son piezas dignas de Capusotto. Me hace reír mucho”, escribió la presidenta del Senado en su cuenta de X, en referencia al popular humorista Diego Capusotto. Su comentario fue una respuesta a una publicación del usuario identificado como Daniel Haggerty, quien había compartido la grabación de la legisladora libertaria acompañada de una fuerte descalificación personal.
“Cuando de repente recordamos que fue Javier Milei quien metió a este engendro mononeuronal en el Congreso”, había escrito el usuario el sábado 14 de noviembre. Al día siguiente, Villarruel intervino en esa conversación y agregó su comentario, que rápidamente volvió a exponer las tensiones que atraviesan al oficialismo.
La intervención de la vicepresidenta tuvo una particularidad política: no se trató de una crítica directa a una decisión del Gobierno, sino de una burla dirigida a una representante de La Libertad Avanza, que había salido a defender uno de los principales argumentos económicos de la administración libertaria frente a un nuevo repunte del IPC.

Santillán, una de las legisladoras identificadas con la defensa pública del Presidente, había publicado una grabación de un minuto y 41 segundos en la que analizó los últimos datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
La diputada comenzó por reconocer que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) había registrado un incremento del 2,2 % en octubre, por encima del 1,9 % de septiembre. Sin embargo, sostuvo que ese resultado no representaba un cambio significativo en la tendencia de desaceleración que, según su interpretación, mantiene la economía argentina.
“Aunque a primera vista parece una leve aceleración frente a meses anteriores, al desagregar el índice vemos que la economía mantiene un sendero firme de desinflación”, afirmó.
Su argumento central fue que una parte del incremento respondió a modificaciones regulatorias que impactaron sobre el precio del gas. En particular, mencionó los cambios en la Ley de Zona Fría y los ajustes en los subsidios, a los que atribuyó una incidencia de 0,3 puntos porcentuales sobre el resultado mensual.
“Si aislamos ese efecto extraordinario, la inflación de octubre habría sido del 1,9 %, mostrando estabilidad en la dinámica general”, explicó Santillán, que buscó diferenciar las variaciones vinculadas con decisiones tarifarias de la evolución de los demás precios.
La legisladora también apeló a la inflación núcleo, una medición que excluye los componentes regulados y estacionales, para reforzar su interpretación.
“Esta es una velocidad genuina a la que viajan los precios y confirma que las presiones de fondo siguen cediendo”, señaló al referirse al registro mensual del 1,5 % de ese indicador.
En el tramo final de su exposición, destacó que el IPC general acumuló un 26,3 % durante 2026 y un 33,1 % interanual, mientras que la medición núcleo alcanzó el 24,4 % y el 30,7 %, respectivamente.
A partir de esos números, realizó una proyección del ritmo mensual subyacente. “Si anualizamos este ritmo núcleo del 1,5 % mensual, obtenemos una tasa efectiva anual del 19,56 %”, sostuvo, y presentó ese resultado como una referencia del régimen inflacionario hacia el cual, a su entender, converge la economía.
Se trata, en cualquier caso, de una estimación construida sobre un supuesto de estabilidad de la inflación núcleo, no de una medición alternativa del IPC publicado por el organismo estadístico. El 2,2 % de octubre sigue siendo el aumento efectivo del índice general, que contempla también las modificaciones de tarifas y los bienes y servicios regulados.
La cifra marcó una aceleración respecto de septiembre y constituyó el registro mensual más elevado desde abril, cuando los precios habían aumentado un 2,6 %. Entre los rubros de mayor incidencia apareció vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba del 4,2 %.
Una nueva confrontación dentro del oficialismo
El comentario de Villarruel se produjo en medio de un distanciamiento cada vez más duro respecto del núcleo de poder que rodea a Milei. Aunque ambos llegaron al Gobierno como integrantes de la misma fórmula presidencial, sus diferencias políticas y personales se agravaron durante los últimos años a las redes sociales, al Congreso y a distintas controversias públicas.
La relación de la vicepresidenta con los legisladores libertarios tampoco quedó al margen de esos enfrentamientos. Además del episodio con Santillán, Villarruel mantiene una dura disputa pública con otra diputada oficialista, Lilia Lemoine, una de las dirigentes más activas en la defensa del Presidente y de su hermana, Karina Milei.
Los cruces entre ambas incluyeron cuestionamientos personales, acusaciones políticas y discusiones sobre el papel que debería cumplir la titular del Senado dentro de la administración nacional.
En abril, Lemoine sostuvo que Villarruel debía mantener una actitud de lealtad hacia Milei y cuestionó sus intervenciones públicas. La vicepresidenta respondió con dureza y ratificó que permanecería en su cargo hasta la finalización del mandato constitucional, en diciembre de 2027.
El conflicto también tuvo una derivación judicial, a partir de una presentación de Villarruel contra Lemoine y otras personas por publicaciones y mensajes que consideró intimidatorios. La controversia continuó con nuevas manifestaciones de ambas dirigentes en los meses siguientes.
Más recientemente, las diferencias volvieron a hacerse visibles durante la visita del papa León XIV a la Argentina. La vicepresidenta protagonizó una controversia por su participación en las actividades oficiales organizadas durante la presencia del pontífice en Buenos Aires, luego de afirmar que no había recibido las acreditaciones necesarias para asistir a la misa celebrada en Palermo, una versión que fue discutida desde sectores del Gobierno.
En ese escenario, la respuesta a Santillán representa otro episodio de una interna que dejó de circunscribirse a las diferencias entre el Presidente y su compañera de fórmula. Ahora también involucra a legisladores, funcionarios y referentes que confrontan abiertamente con la titular del Senado.
La referencia a Capusotto agregó un nuevo elemento a esa disputa: Villarruel eligió ridiculizar públicamente a una diputada que intentaba respaldar la política económica de Milei, precisamente uno de los principales activos que el Gobierno procura exhibir como resultado de su gestión.
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“Chiqui” Tapia habló por primera vez de las investigaciones en EEUU y contestó las críticas por los arbitrajes

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, se refirió por primera vez a las versiones y actuaciones judiciales que lo vincularon con una investigación en Estados Unidos sobre los negocios internacionales de la entidad. “Si tienen que investigar, que investiguen. ¿Cuál es el problema?”, sostuvo.
El dirigente rechazó las versiones que circularon durante el Mundial acerca de una posible detención, impedimentos para entrar o salir de territorio estadounidense y una supuesta búsqueda del FBI durante la final. Tapia afirmó que esas informaciones se sucedieron durante varios meses sin que tuvieran consecuencias sobre su situación.
“Decían que en marzo terminábamos en cana. Cuando se acercaba el Mundial, decían que no íbamos a poder entrar a Estados Unidos. Si entrábamos, nos iban a meter presos. Después, cuando ya estábamos por viajar, dijeron que iba a entrar, pero no me iban a dejar salir”, recordó en diálogo con Tomás Rebord en América TV.
En ese sentido, continuó cuestionando la información que trascendió al asegurar: “Después dijeron que el FBI me estaba buscando en el palco el día de la final. Yo estaba en la final, lo más bien. Dijeron un montón de cosas y van a seguir diciendo”.
A Tapia le preguntaron dos veces si, durante su estadía en la Copa del Mundo, integrantes del FBI le retuvieron su teléfono celular. El presidente de la AFA evitó dar una respuesta concreta: “¿A vos te parece que si el FBI te va a investigar le va a decir a un periodista? Yo no creo que te vayan a decir”.
La investigación judicial en Estados Unidos se conoció en julio de 2026, cuando el Tribunal del Distrito Sur de Florida emitió citaciones para reunir documentos y comunicaciones vinculadas con Tourprodenter LLC, la firma que administraba acuerdos comerciales internacionales de la AFA.
Las medidas no implicaban, por sí solas, una acusación contra Tapia. Buscaban reunir información sobre el recorrido de los fondos y las sociedades que participaron de esas operaciones.
El requerimiento incluyó referencias a Tapia, al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino; al empresario Javier Faroni y a Diego Lucero. La información disponible indicó que las citaciones estaban dirigidas a terceros y que no equivalían a una imputación contra el titular de la AFA ni contra Toviggino.
La pesquisa apunta a la sociedad Tourprodenter, que administra contratos comerciales internacionales de la AFA. Entre las operaciones que forman parte de ese esquema figuran patrocinios, amistosos, derechos de televisión y otros acuerdos vinculados con la Selección argentina fuera del país.
La investigación en Estados Unidos revisa contratos y movimientos de dinero vinculados con la AFA en el exterior por más de USD 300 millones. Parte de la documentación analizada surgió de la disputa judicial con el empresario Guillermo Tofoni por los derechos comerciales de la Selección.
Tapia vinculó las denuncias con ese conflicto y defendió los cambios que, según afirmó, impulsó al asumir. “Cuando me tocó asumir, la AFA estaba quebrada. Había recibido por adelantado 5 millones de euros de Adidas, 16 millones y medio de los dueños de los derechos de televisación, se les debía plata a todos los clubes y había más de 350 juicios”, sostuvo.
El presidente de la AFA afirmó que modificó la distribución de los ingresos comerciales. “A partir de ahí, los ingresos de la AFA son 70% para la AFA y 30% para quien vende los derechos. Cuando ese tipo estaba, era al revés”, señaló.
Sobre la investigación, consideró que el eje debe estar puesto en comprobar si esos recursos llegaron a la entidad. “Si denuncian a quien vende, a Tourprodenter, tienen que auditar si el 70% de lo vendido ingresó a la Asociación del Fútbol Argentino”, dijo. “Si no ingresó el 70%, entonces sí hay una responsabilidad de quien conduce la AFA o de su Comité Ejecutivo. Pero, si eso no pasa, no la hay”.
La AFA y las críticas por los arbitrajes
Tapia defendió su administración frente a cuestionamientos por el formato de los torneos y por el funcionamiento general del fútbol argentino. “La gestión no se discute. Si se discutiera la gestión, no me votarían”, afirmó.
“Hace nueve años y medio que soy presidente de la AFA y la Selección es la que más títulos ha ganado. A mí me votan los dirigentes del fútbol argentino”, sostuvo. Sobre las críticas, señaló que “cada uno puede decir lo que quiera” y remarcó que su función exige defender a todos los clubes.
Tapia también atribuyó parte de los cuestionamientos a sectores empresarios y dirigentes que, según su mirada, hubieran querido conducir la entidad. “Seguramente, al círculo rojo le hubiera gustado ser presidente de la AFA y salir campeón del mundo, de la Finalissima y tener la época del mejor jugador del mundo levantando todos los títulos”, afirmó.
Consultado por el arbitraje de Nicolás Ramírez en el último superclásico, muy cuestionado por la dirigencia de River, el presidente de la AFA contestó irónicamente sobre la estrategia del “Millonario” en la Bombonera: “Yo no me puedo meter a opinar sobre el planteo de un equipo, cómo saliste a jugarlo, los cambios que hiciste, si el central salió bien o mal y produjo el agujero que generó...”.
“Vos me decís que Ramírez lo perjudicó a River y yo te puedo decir que no cobró la falta”, acotó, en relación con la jugada que derivó en la primera expulsión de River, la de Lucas Martínez Quarta, al inicio del partido. En un principio, el árbitro no había advertido la acción y recién a instancias del VAR se cobró la infracción.
“Yo no debo hablar, yo no fui el árbitro ni nada. ¿Vos me decís que lo perjudicaron? Yo te puedo decir todo lo otro que vi futbolísticamente y por lo cual también podés perder un partido. La semana anterior, Estudiantes se quedó con 10 jugadores, perdía 3 a 0 y lo empató 3 a 3. Y Marcos Rojo hizo el cuarto gol en posición adelantada. Si vamos a hablar de fútbol, tenemos que hablar de todo: de los planteos, de los errores propios. No puede ser que nunca pierda un partido el técnico o los jugadores. ¡Siempre lo pierden por los árbitros o por el presidente de la AFA! Cuando te errás un gol abajo del arco, no es mi culpa. Yo te puedo decir cosas que vi y que te pueden hacer perder el partido”, completó.
Tapia recordó que en el clásico jugó un “chico que sacaron a los 45 minutos”, en relación con Lucas Silva, mediocampista millonario. “¿A ese pibe cómo le queda la cabeza?”, preguntó. “Si yo voy a jugar sin delanteros, ¿cómo hago un gol?”, prosiguió, en relación con la salida de Lucas Beltrán a los 15 minutos del primer tiempo por decisión del entrenador Leonardo Ponzio.
“¿Eso es culpa mía también? Están equivocados, cada uno tiene que hacerse cargo de sus cosas. Si vos dirigís 10 partidos, ganaste 7, empataste 1 y perdiste 2, no podés decir que te perjudicó la AFA”, completó.
En el caso de River, las críticas al arbitraje no se centraron únicamente en la expulsión de Martínez Quarta, sino que hubo otras jugadas que marcaron el pulso del clásico como una falta que debería haber derivado en la expulsión del capitán xeneize, Leandro Paredes, y la polémica tarjeta roja a Gonzalo Montiel por una infracción similar a una realizada por Lautaro Blanco en la que solamente fue amonestado.
River es además uno de los clubes más críticos de la gestión de Tapia y acumula quejas por varios partidos con arbitrajes cuestionados.
South America / Central America,Soccer,Sport
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El Gobierno busca aprobar la Ley Malvinas antes del fallo del Tribunal del Mar para reforzar la presión sobre las petroleras británicas

El Gobierno busca acelerar la aprobación de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional antes del fallo del Tribunal del Mar sobre la explotación petrolera en Malvinas, previsto para el 28 de noviembre.
En la Casa Rosada consideran que avanzar con un nuevo régimen de sanciones contra las empresas vinculadas con el proyecto Sea Lion permitiría reforzar la presión sobre el Reino Unido y sus operadores comerciales.
La Libertad Avanza pretende llevar la iniciativa al recinto de Diputados el miércoles 18 y evalúa impulsar una votación por capítulos para separar las sanciones de los puntos que generan resistencia entre los bloques aliados y la oposición.
En el Ejecutivo aseguran que la intención es disponer de todas las herramientas jurídicas, administrativas y diplomáticas antes de que los jueces de Hamburgo se pronuncien. La estrategia busca combinar el reclamo internacional con nuevas medidas internas contra las compañías que participen de la explotación de recursos sin autorización argentina.
El oficialismo considera que una votación favorable enviaría una señal política antes de la resolución sobre las medidas provisionales, aunque la aprobación de Diputados no alcanzaría para convertir el proyecto en ley: también necesita la sanción del Senado.
La urgencia está vinculada con los procedimientos sancionatorios que Cancillería mantiene abiertos contra 60 personas humanas y jurídicas relacionadas con actividades hidrocarburíferas en Malvinas. El Gobierno dispuso en septiembre la apertura de expedientes contra 45 sujetos y amplió luego el alcance a otros 15. Las actuaciones, bajo la órbita del área de Malvinas de la Cancillería, todavía no tienen una resolución definitiva. En Balcarce 50 buscan acelerar su tramitación y contar con un marco legal que amplíe las posibilidades de actuación contra empresas, accionistas y proveedores vinculados con la explotación.
La legislación vigente ya establece prohibiciones y penalidades. La Ley 26.659, sancionada en 2011 y modificada en 2013, contempla inhabilitaciones administrativas de cinco a veinte años, además de sanciones penales para determinadas actividades hidrocarburíferas no autorizadas. También restringe contrataciones con el Estado y beneficios impositivos. El proyecto de Milei propone reemplazar ese esquema por un régimen más amplio, que alcance distintas actividades de aprovechamiento de recursos naturales y combine multas, inhabilitaciones, sanciones penales y mecanismos para incentivar el abandono de operaciones consideradas ilegítimas.
Uno de los principales cambios previstos es la ampliación del alcance de las sanciones a empresas y proveedores que intervienen en la explotación de recursos en los espacios marítimos disputados. El proyecto contempla multas calculadas según el valor de barriles de petróleo, restricciones para contratar con organismos públicos y un régimen de desistimiento y regularización para quienes abandonen las actividades cuestionadas. La Casa Rosada considera que esas herramientas permitirían aumentar los costos de participar en emprendimientos como Sea Lion. Sin embargo, la aplicación de nuevas penalidades dependerá del texto finalmente sancionado, su entrada en vigor y los procedimientos correspondientes.
La iniciativa tiene dictamen de mayoría desde fines de octubre, pero el oficialismo todavía no consiguió cerrar un acuerdo sobre el Título VII, que modifica disposiciones electorales y penales vinculadas con la injerencia extranjera. Provincias Unidas, Argentina Federal y otros legisladores dialoguistas reclaman eliminar ese apartado o separar su tratamiento del resto de la norma. En el Gobierno se resisten a retirarlo completamente y ofrecieron modificaciones en la redacción. La diferencia amenaza con complicar una votación que la Casa Rosada pretende realizar antes del pronunciamiento internacional.
Frente a ese escenario, La Libertad Avanza evalúa que Diputados vote por separado los distintos capítulos del proyecto. El Reglamento de la Cámara permite ese procedimiento si lo acuerda la Comisión de Labor Parlamentaria o el pleno. La intención es evitar que los cuestionamientos a las modificaciones electorales y penales bloqueen la aprobación de las sanciones vinculadas con Malvinas. El Gobierno espera que sectores que rechazan buena parte de la iniciativa acompañen al menos las disposiciones destinadas a penalizar la explotación de recursos naturales sin autorización argentina.
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