POLITICA
Villarruel dijo que no le cree a Adorni: “Me parece una vergüenza su accionar”
La vicepresidenta, Victoria Villarruel, emitió una dura crítica en contra del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de que asegurara haber obtenido ganancias de 300 mil dólares producto de haber invertido 200 mil dólares en Bitcoin. Se trata de una información volcada en la declaración jurada de bienes que presentó a la Justicia en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.
“Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones”, afirmó la titular de la Cámara de Senadores, luego de que un usuario en la red social X, identificado como @GabrielAlfie15, le preguntara su opinión respecto a las recientes declaraciones que el funcionario brindó en una entrevista para La Nación +.
El debate se desencadenó minutos después de que el jefe de Gabinete justificara el origen de su patrimonio y la demora en la presentación de su declaración jurada. Durante un diálogo con José Del Rio, explicó que las ganancias informadas provienen de inversiones realizadas entre 2013 y 2018 por un monto inicial de 200 mil dólares que, finalmente, habrían alcanzado los 513 mil dólares a partir de operaciones con Bitcoin.
“Invertimos 200 mil dólares en Bitcoin y ganamos unos 300 mil”, aseveró el funcionario público al describir cómo realizó la transacción en el mercado financiero. Además, sobre el origen de los fondos iniciales aseguró que se trataba de un dinero que tenía guardado “para la educación y el futuro de sus hijos”.
Como parte de la explicación que brindó, Adorni reconoció que esa suma fue producto de los ahorros que pudo generar tras haber trabajado toda una vida en el sector privado. “Ahorramos en negro, como todos los argentinos”, explicó.
“No lo declaramos porque la manera de escaparte de la vieja política era ahorrando en negro, no se me hubiera ocurrido nunca ahorrar en blanco, menos en esos años”, sumó el jefe de Gabinete, a modo de responder a los cuestionamientos sobre la falta de declaración previa.
A pesar de que admitió que no haber declarado la suma, remarcó que estuvo trabajando junto a su abogado para poder reconstruir el origen de su dinero. En este sentido, sostuvo que el patrimonio era producto neto de las inversiones que realizó a lo largo de los años.
“Empiezo a invertir fuerte en el 2014. En agosto 2017, compré 13 Bitcoin a 3.356 USD; un día después compro 1 BTC más a 3 mil USD, después compro 1 bitcoin más por 7.233 USD y después liquido 10 en 5 meses después, en marzo de 2018, a 8.224 USD y liquido el total de la billetera por 6 mil USD”, enumeró.
Las operaciones señaladas por el jefe de Gabinete contarían con las denominadas “llaves” de acceso vinculadas a las billeteras virtuales desde las cuales habría operado. De esta manera, la Justicia podría rastrear cada uno de los movimientos realizados y acreditar la existencia de las inversiones declaradas.
Según las fuentes a las que tuvo acceso Infobae, la declaración jurada también incluyó modificaciones vinculadas al patrimonio de su esposa, Bettina Angeletti, debido a que se trataría de una reconstrucción integral de la evolución de la situación económica de la familia.
Además de exponerse el dinero obtenido a través de los servicios brindados en la función pública, fuentes de la Jefatura de Gabinete indicaron que el documento también hizo un raconto de los bienes heredados, los movimientos patrimoniales y operaciones económicas realizadas aún cuando el jefe de los ministros trabajaba en el sector privado.
Respecto a la situación laboral de su esposa, la rectificación informó que no solo habría contaba con actividades como monotributista, sino que también ocupó un cargo gerencial en una empresa privada por más de quince años.
Por este motivo, Adorni se defendió respecto a las acusaciones que recibió desde que comenzó a ser investigado por la Justicia. “No soy un chorro y todo lo hice en la actividad y jamás en mi vida tuve un cargo público, hasta el 10 de diciembre de 2023, ni mi mujer ni yo”, aseveró.
“Desde el primer día, el aparato mediático me condenó y me tildó de ‘chorro’”, respondió al ser consultado sobre su razón para no dar explicaciones antes. Asimismo, remarcó que su intención siempre fue respetar el accionar del fiscal Gerardo Pollicita, quien se encuentra a cargo de la investigación.
POLITICA
El proyecto de reforma constitucional pro mercado de Chaco se estancó a poco de entrar a la Legislatura
El gobernador de Chaco, Leandro Zdero, no logra el avance de la reforma constitucional que presentó en la Legislatura provincial. En la enmienda propuesta por el mandatario, figuran medidas pensadas para proteger a inversores de aumentos impositivos.
“Presentaremos un proyecto de reforma constitucional para dar protección y seguridad jurídica” a las inversiones en Chaco, anunció Zdero el pasado 1° de marzo durante su mensaje a la Legislatura.
La intención era cuidar a inversores “de cualquier tipo de expropiación”. A su vez, vedaba ”la creación de nuevos impuestos provinciales y municipales que las afecten”.
Un mes y medio más tarde, la iniciativa tomaba estado parlamentario. Al tratarse de una enmienda, requiere unanimidad de votos en la Legislatura unicameral de la provincia. Ahí fue donde el peronismo, que responde a Jorge Capitanich, jugó su carta y puso reparos al proyecto.
La iniciativa quedó empantanada desde entonces.
“Está muy lento el tema, la verdad”, reconoció a Infobae con cierto fastidio uno de los principales alfiles de Zdero en el cuerpo legislativo. Que el proyecto avance, que se pueda discutir en el plenario y se concrete la sanción es algo “muy difícil”, agregó.
Chaco es una provincia aliada de la Casa Rosada. Zdero logró acuerdos electorales para los comicios provinciales y nacionales con La Libertad Avanza durante 2025. Así, logró vencer a Capitanich en ambas disputas. Fue uno de los primeros distritos en adherirse al RIGI. La reforma para proteger a inversiones va en ese mismo sentido.
La otra campana
Para aprobar una enmienda, la Constitución provincial de 1994 estableció el criterio de que se necesita la unanimidad de los 32 integrantes de la Legislatura chaqueña.
Llegar a ese número requiere la anuencia del bloque peronista con el proyecto. Pero la oposición no está dispuesta a darle esa carta a Zdero.
En la bancada del PJ explicaron a este medio que el oficialismo “sacó el tema de agenda”. “No lo están tratando ni charlando más”, manifestaron.
Además, evaluaron que el anuncio de una medida de esta naturaleza fue una movida pensada a fin de “tener algo qué decir”. “Lo tiran para tapar otras cosas”, cuestionaron desde el espacio.
En este sentido, desde allí se explicó que del proyecto “no se habló más”. “Ni siquiera insistieron”, destacaron.
“Nosotros tampoco planteamos nuestras iniciativas de reforma constitucional”, agregó la fuente consultada. Y expuso: “La verdad, se apagó”.
Por otro lado, marcó que la agenda legislativa del oficialismo, integrado por el radicalismo y La Libertad Avanza, está centrada ahora en una iniciativa de licencias gremiales.
¿Qué dice el proyecto?
El primer párrafo de la enmienda propuesta establece: “La Provincia del Chaco garantiza estabilidad y protección jurídica a la radicación, realización y desarrollo de inversiones productivas en su territorio, en especial aquellas comprendidas en regímenes nacionales o provinciales de promoción de inversiones”.
Asimismo, fija como mandato constitucional la promoción activa de inversiones productivas “garantizando previsibilidad normativa, seguridad jurídica, igualdad ante la ley y protección frente a medidas arbitrarias”.
Este esquema se desenvolverá “en un marco de desarrollo sostenible y respeto al interés público”. La propuesta reconoce a la inversión privada como “instrumento esencial para el desarrollo económico, la generación de empleo y la innovación”.
En sintonía con estos ejes, el proyecto contempla una serie de prohibiciones. Entre ellas, “la creación de nuevos tributos provinciales o municipales”. En el mismo sentido, clausura la posibilidad de incrementar alícuotas o modificar de bases imponibles existentes. El impedimento alcanza a los gravámenes que recaigan de forma directa o indirecta “sobre las inversiones alcanzadas por esta cláusula”.
Sin embargo, hay algunas excepciones. Quedan fuera de esta veda “aquellos tributos cuya potestad tributaria sea delegada, transferida o restituida por la Nación a la Provincia con posterioridad a la vigencia de esta cláusula”. Pero para ello se requerirá ”que su aplicación no implique una duplicación de la carga tributaria preexistente sobre el mismo hecho imponible”.
Entre los fundamentos de la iniciativa, el Ejecutivo aclaró este punto. “Se establece expresamente que ante un eventual proceso de descentralización fiscal nacional, la Provincia del Chaco no renuncia a percibir tributos que la Nación le transfiera o restituya”.
“La condición de ‘no duplicación de la carga’ garantiza que el inversor no vea incrementada su erogación total. Se consagra así un principio de sustitución jurisdiccional: el Estado Chaqueño captura la renta fiscal que la Nación libera, manteniendo la estabilidad para el contribuyente”, agregó.
Garantías y nulidades
Una vez incorporados estos mandatos a la Constitución provincial, la creación de tributos que no respeten la regla será nula de pleno derecho. El nuevo artículo que se busca incorporar “obliga a la administración a la devolución inmediata de lo percibido” de forma indebida. Así, se elimina “la necesidad de largos procesos judiciales de repetición”. Y también se otorga “una herramienta de defensa sumaria al inversor”, explicó el Poder Ejecutivo en el mensaje a la Legislatura.
El último apartado del proyecto de reforma establece que las nuevas disposiciones deberán interpretarse “de manera armónica con la Constitución Nacional, los tratados internacionales vigentes y el régimen federal de distribución de competencias”.
En la fundamentación, el Gobierno aclaró que la iniciativa “reconoce la autonomía municipal”. Sin embargo, la subordina al orden constitucional superior ”en materia de promoción de inversiones”.
“Al prohibir que los gravámenes municipales afecten indirectamente las inversiones protegidas, se termina con la incertidumbre que generan las tasas locales sin contraprestación efectiva, alineando a toda la Provincia tras un único objetivo de crecimiento”, concluyó.
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La Justicia rechazó la pretensión del exsecretario kirchnerista de Obras Públicas José López de reducir la condena a 13 años de prisión que pesa en su contra por enriquecimiento ilícito, el arma que tenía consigo cuando trató de esconder ocho millones de dólares en un convento de Moreno y la causa Vialidad.
López presentó ante los jueces constancias de que realizó cursos de marketing intramuros, dentro de la cárcel, lo que le permite beneficios en el régimen penal progresivo, como una rebaja de cuatro meses en su condena.
Pero los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal rechazaron su pretensión. José López quería reducir su condena unificada de 13 años de prisión por la causa Vialidad y por enriquecimiento ilícito y tenencia ilegal de arma de uso civil.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, declaró inadmisible, por mayoría, el recurso de casación interpuesto por la defensa pública oficial de José Francisco López.
El acusado había cuestionado el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, que rechazó su pedido de reducción de plazos por estímulo educativo.
López, exsecretario de Obras Públicas de la Nación durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, está cumpliendo en prisión una condena en la causa Vialidad, en la que fue sentenciado junto a la expresidenta por el direccionamiento irregular de obra pública en Santa Cruz.
La condena a López en esa causa, de seis años de prisión por administración fraudulenta, quedó firme en junio de 2025 tras el rechazo de los recursos extraordinarios por parte de la Corte Suprema de Justicia.
Posteriormente, esa condena fue unificada con otras en la pena de 13 años de prisión, vinculadas con causas de enriquecimiento ilícito y portación ilegal de arma de fuego.
Durante la ejecución de esa pena, la defensa de López había solicitado al Tribunal Oral Federal 2 una reducción de cuatro meses en el avance del régimen de progresividad penitenciaria. Argumentó el mecanismo de estímulo educativo que prevé una reducción de pena si el preso realiza determinados estudios en prisión.
López fundó su pedido en que presenció y aprobó dos cursos de formación profesional, uno de “Auxiliar en marketing de Productos” y otro de “Auxiliar en marketing de Servicio”. Sostuvo que correspondía computar dos meses de reducción por cada uno de esos cursos.
El juez de ejecución del tribunal oral rechazó el planteo, criterio que compartió el fiscal Diego Luciani. Consideraron que los conocimientos adquiridos mediante esa actividad no resultaban suficientes para tener por demostrado que el condenado se hubiera capacitado como técnico en un área ocupacional determinada.
A la hora de determinar si los cursos podían equipararse a una formación profesional anual, el magistrado concluyó que las 80 horas de cada curso resultaban manifiestamente insuficientes.
Al resolver el recurso de casación, el juez Borinsky consideró que la defensa no logró demostrar la existencia de un agravio federal debidamente fundado, ya que se limitó a reiterar su propia perspectiva sobre la cuestión sin desarrollar una crítica concreta de los argumentos del tribunal de instancia. Barroetaveña adhirió a la postura de Borinsky.
En disidencia, el juez Hornos votó por declarar admisible el recurso. Pero el tribunal, por mayoría, confirmó el rechazo de la petición de López.
Hernán Cappiello,Conforme a
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