Era la estación que faltaba, pero a la que finalmente llegó. Un día Javier Milei descubrió el nacionalismo como insumo para tratar de recuperar imagen y soporte político. Lo que hasta ahora había estado ausente en su narrativa y lo diferenciaba de sus pares de la nueva derecha mundial lo encontró en el último campeonato mundial de fútbol.

La llamada “ola antiargentina”, calificada por el Gobierno como “campaña antiargentina”, desatada e instalada en redes sociales, especialmente en las instancias finales de la Copa, aportó el contexto para que un nuevo eje discursivo y de acción fuera adoptado por Milei.

El monitoreo permanente del universo digital, que hace el comando liderado por Santiago Caputo, había detectado ahí un terreno fértil, especialmente entre sus seguidores, para intentar cultivar un nacionalismo que ya otros gobiernos populistas habían explotado en circunstancias adversas.

En las últimas semanas se habían encendido luces amarillas en la Casa Rosada por la consolidación de una tendencia negativa en el humor social respecto del Gobierno y se buscaba con urgencia un nuevo repertorio para recuperar el protagonismo en la agenda pública. La usina comunicacional mileísta recurrió, entonces, al manual: en tiempos de crisis, la construcción de un enemigo externo y la instigación al nacionalismo pagan.

Por eso, no debería sorprender (y, menos aún, resultar indiferente) que en las primeras horas de este jueves el Gobierno lanzara (y publicitara) un decreto reglamentario de la ley de migraciones que habilita el rechazo o la expulsión de extranjeros “que hubieren dirigido mensajes de odio, ya sea en forma oral o escrita, o incitado a la violencia contra el pueblo argentino en su conjunto, o contra algún ciudadano argentino, motivado en alidad de este último”.

El escenario parecía propicio y las circunstancias por las que atraviesa el oficialismo lo explican y lo autojustifican. El horario y la forma en la que se difundió no fueron casuales: por las redes sociales y apenas despuntaba el día para que ocupara los títulos de apertura de los portales de noticias y programas de radio y televisión, de forma que se viralizara.

La decisión presidencial no pasó inadvertida. De inmediato circuló, fue celebrada por las milicias digitales libertarias y defendida por los voceros habituales del oficialismo. Pero también despertó la crítica de un muy amplio espectro de constitucionalistas, de distintas organizaciones de la sociedad civil y de dirigentes opositores, alarmados, sobre todo, por el margen de discrecionalidad que otorga a las autoridades el decreto respecto de conductas no detalladas ni tipificadas. “¿Quién define qué es un mensaje de odio?”, es la pregunta del momento.

Nada de eso, sin embargo, pareció afectar al súper asesor y su equipo, impulsores y ejecutores del decreto, con el que dicen solo haber dado forma y curso a una idea que tiene un único autor, que es el Presidente, cuya figura, algo dañada en las últimas encuestas de las consultoras más serias, se pretende reparar. Al mismo tiempo, ellos necesitan recupera su confianza. Eso sí, nadie oculta que la autoría material corresponde a la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, la muy caputista María Ibarzabal Murphy.

“Es, por lejos, el comunicado más likeado de la historia de la OPRA (Oficina del Presidente de la República Argentina) desde su creación. Cuadruplica los números de los mejores comunicados, que rondaban los 40.000 likes y está ya está superando los 200.000. Y en Instagram y en X es también el más likeado y compartido”, se jactaba ayer a media tarde una de las personas más cercanas al gurú, que también se afana por recuperar influencia y cree haber encontrado en la veta nacionalista la clave de bóveda.

El entusiasmo del colectivo caputista pareció no reparar en que esa admisión implica, por contraste, subrayar el relativo interés público despertado por centenares de anuncios presidenciales previos. Incluido el proyecto de reforma de la carta orgánica del Banco Central, una de las mayores obsesiones de Milei, que motivó la flamígera cadena presidencial de anoche. Otro ladrillo más en la construcción del enemigo.

“Evidentemente, nos metimos en la mesa de la gente. Cuando pasan esas cosas es porque eso ya se estaba hablando y lo único que hiciste fue sumarte a la conversación. Si estás conectado con la realidad, se nota muchísimo cuando comunicás”, ampliaban con notable euforia desde la oficina de Santiago Caputo. Quizás en un tiro por elevación a sus adversarios internos del karinismo que le vienen ganando la disputa por la estrategia política.

Sin embargo, diversas consultoras que hacen seguimiento de redes sociales relativizan esa afirmación y advierten que si bien lo de “la ola antiargentina” tuvo una atención transversal, no ocurrió lo mismo con las reacciones oficiales y, menos aún, con el decreto nacionalista.

“Por el seguimiento que hicimos, advertimos que el tema se encapsula en una burbuja oficialista que lo apoya, pero casi no incluye a sectores ajenos al oficialismo. Y si se potenció fue por la reacción negativa de opositores políticamente comprometidos, pero no por la interacción de personas comunes, de sectores sociales no politizados”, señala Patricio Hernández, director de la consultora Méthodo, especializada en el comportamiento en el universo digital.

Así, la conexión con la realidad de la que hablan el asesor y su equipo parece centrarse en las muy difundidas reacciones de un orgullo nacional herido que se sucedieron tras las críticas generalizadas a los argentinos como racistas y transgresores, por un lado, y por haber gozado el seleccionado nacional de supuestos beneficios por parte de la FIFA.

A eso se sumó el impacto generado por la aparición de la bandera reivindicatoria de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, que portaron algunos jugadores del seleccionado en la cancha después del épico triunfo, en los minutos finales, sobre Inglaterra, que fue celebrada por una buena parte de la sociedad y cuestionada desde el exterior.

Poco importaba que la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, hubiera admitido antes del partido que había acordado con la FIFA que no se pudiera ingresar al estadio con elementos que pudieran considerarse “políticos o provocativos”, entre los que incluyó expresamente referencias al archipiélago ocupado por el Reino Unido.

Si, como señala Giuliano Da Empoli, “la nueva política es ira más algoritmo”, las condiciones estaban dadas y se habían probado potentes. Aunque pocas veces haya correlación entre pasión futbolera y política, la fibra del nacionalismo herido alimentaba a los ideólogos del ensayo.

Sobraba enojo y las redes lo potenciaban. Solo faltaba tratar de capitalizarlo, porque “una vez que la ira se ha desatado se hace posible construir cualquier clase de operación política”, sentencia el sociólogo y escritor italiano, autor de Los ingenieros del caos. Por algo a Santiago Caputo se lo ha bautizado como El mago del Kremlin, otra creación de Da Empoli.

La línea del tiempo de la conducta oficialista es tan recta que muestra y explica con claridad el derrotero que va de las derivaciones mundialistas al decreto de ayer. En eso se inscribe la denuncia de “una campaña antiargentina” por parte de Milei, a la que le agregó la acusación de haber sido financiada en “un 25% por el gobierno de Brasil” para justificar los insultos proferidos en ese país contra el presidente brasileño y un ministro del Tribunal Superior, que derivó en el mayor conflicto diplomático con el principal socio comercial de la Argentina.

En el medio, apareció un oportunista proyecto de ley del diputado caputista bonaerense Agustín Romo para imponer cargos a los extranjeros que estudien o sean atendidos en centros de salud públicos. Globos de ensayo que precedieron la norma presidencial. Además de potenciadores de las acusaciones de xenofobia de los críticos. El fomento de la polarización no sabe de fronteras.

Legalidad más que dudosa

La viabilidad legal de la disposición presidencial y la probabilidad de su aplicación sin ser judicializada parecen, por eso, ser cuestiones poco relevantes para el Presidente y sus asesores.

El objetivo, admiten en la cima del oficialismo, es netamente político. Parte de una construcción de una ola de acontecimientos para recuperar el centro de la escena política y desplazar de la agenda datos negativos para el Gobierno, que estaban pregnando en la opinión pública, a pesar de que algunos indicadores macroeconómicos seguían mostrando signos positivos.

La máxima de Steve Bannon, el estratega norteamericano de la nueva derecha, de “inundar la zona” con anuncios, golpes de efecto y medidas de alto impacto social, se había seguido al pie de la letra una vez más. Un regreso a las fuentes que llevaron a Milei a la Presidencia. Aún cuando el clima ya no sea tan benigno.

Sin embargo, las debilidades legales del decreto, advertidas por numerosos expertos, obligarán al Gobierno a potenciar esa táctica, generar constantes hechos de fuerte repercusión y lograr en forma urgente algunos resultados positivos que desplacen este asunto del primer plano, ya que se prevén uno o varios reveses judiciales, si es que el Estado de Derecho sigue gozando de buena salud. Podría ser una prueba de fuego.

“Por un lado, no está justificada la necesidad y urgencia, porque es evidente que no hay una legión de odiadores extranjeros que quieran entrar o que estén en el país. Por otro lado, la categoría de discurso de odio tiene una indeterminación y una vaguedad absoluta y estaría en colisión con el derecho de entrar, salir y permanecer en territorio argentino que establece el artículo 14 CN”, advierte el abogado y excamrista federal Ricardo Gil Lavedra.

“El decreto es un verdadero dislate. Tiene dos problemas serios. Primero, afecta el principio de legalidad, ya que la idea es que las normas deben ser previas a los hechos y en este decreto se castiga las expresiones previas. Segundo, se afirma que es para proteger el ‘honor’ del Estado argentino, pero solo las personas humanas tenemos honor. Es decir, se usan argumentos falsos. Y, tercero, ya existen normas en el código penal o en el Pacto de San José, que priorizan la libertad de expresión y sólo responsabilizan civil o penalmente por los actos que afecten los derechos de terceros. Ergo, se debe hacer juicios para acreditar si esos extranjeros cometieron actos que dañaron a alguien. Por lo tanto, es un acto inconstitucional”, afirma el abogado Hugo Wortman Jofré, expresidente y actual directivo de Poder Ciudadano.

En la misma línea, el constitucionalista Roberto Gargarella sostiene: “Me parece una aberración inconstitucional. No puede decidirse sobre esta materia por DNU; no puede modificarse la ley de migraciones dejando de lado al Congreso; contradice su discurso e iniciativas en otras áreas (como la Ley de Tierras). Sin contar con que esto se lleve pésimo con la (burda) retórica alberdiana que suelen invocar cuando les conviene”.

En el plano legal, por lo tanto, parece que sobrará trabajo para los tribunales. Habrá que ver, entonces, si con el (re)llenado y reconfiguración que con tanta celeridad está llevando a cabo el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, el Gobierno logra fallos que refuten los argumentos de los críticos.

Mientras tanto, queda instalada la nueva retórica nacionalista adoptada por el presidente anarco-libertario aperturista. Todo sea por recuperar terreno y ocupar el centro de la escena en días complicados.