El presidente Javier Milei brindó este jueves los detalles del proyecto de reforma de la carta orgánica del Banco Central (BCRA) a través de una cadena nacional. La propuesta, anunciada desde el Salón Blanco de la Casa Rosada, representa uno de los cambios más relevantes presentados por su administración.

Milei habló de un conjunto de reformas estructurales que se caracterizan por ser “las más importantes de los últimos 91 años”.

Entre las principales definiciones, sostuvo que ya no habrá cinco objetivos para un instrumento y que la misión fundamental del Banco Central volverá a ser preservar la moneda; anunció la prohibición de modo taxativo de la financiación del Estado; el blindaje del presidente de la entidad monetaria y el directorio de los atropellos de la política; la restricción del pago de dividendos por los resultados de la prestación del servicio de liquidez; y la eliminación de cuajo de otros cambios que fueron introducidos en la carta orgánica de 2012.

Además, anunció que esta reforma formará parte de un programa más amplio integrado por la reforma del “grillete fiscal”, que incluirá al mercado de capitales y al mercado de seguros.

El discurso completo

Buenas noches a todos. Estamos aquí para presentarles el conjunto de reformas estructurales más importantes de los últimos 91 años. En especial la reforma de la carta orgánica del Banco Central viene a poner fin con la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política, cuya manifestación más evidente es la tasa de inflación. Dicha estafa es más conocida como impuesto inflacionario, impuesto que a su vez permite aumentar los ingresos tributarios sin autorización del Congreso. Para tener un orden de magnitudes de lo que ha robado la alta política a los argentinos de bien, basta con señalar la tasa inflación acumulada desde la creación del Banco Central la cual asciende a: 12.819.532.788,614.400.000 por ciento repito 12.819.532.788.614.400.000 por ciento, esto es la inflación acumulada desde 1935. Es una cifra de 20 dígitos.

Es más, desde la estafa que implicó el abandono de la convertibilidad, cuando la progresía nos decía que esta vez iba a ser diferente porque la política monetaria estaría guiada por criterios de racionalidad científica, en lo que va del siglo XXI la tasa inflación acumulada asciende a 168.580 por ciento. Dicho en otras palabras, el Banco Central ha sido una herramienta que posibilitó el robo de la alta política. Es más, el robo de la alta política no solo tomó lugar mediante la falsificación de dinero para financiar el Estado, sino que además a lo largo del tiempo tomó distintas formas de expropiación. La propia creación del Banco Central arrancó con una estafa al cambiar la paridad cambiaria del oro que estaba en las reservas. El resultado de ello derivó en un aumento en la emisión monetaria que sextuplicó la tasa de inflación y que a lo largo de una década le robó el 50% del salario a los argentinos.

Otra de las estafas emblemáticas de la alta política a los argentinos de bien fue la salida de la convertibilidad. En dicho momento cada peso emitido por el Banco Central estaba respaldado por un dólar. En este contexto salir de dicha ley implicó que los 15.000 millones de dólares de aquel momento, que eran de los argentinos, pasaron a manos de los políticos. Es más, dicha cifra expresada a valores de hoy asciende a 30.000 millones de dólares, aun dejando de lado el interés real en dólares, que se podría haber ganado por esas reservas. Sin embargo, la voracidad y pasión por robar de parte de la alta política no quedó ahí. En 2010, como motivo de la creación del Fondo del Bicentenario, la expresidente y ahora condenada por delitos de corrupción, Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, en complicidad con la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, le robaron al Banco Central 10.000 millones de dólares, que expresados a moneda de hoy equivalen a 15.000 millones de dólares.

A partir de dicha estafa y para esquivar las consecuencias legales, de la misma en 2012 se creó una nueva carta orgánica del Banco Central que permitía emitir bajo cualquier pretexto, e impidió responsabilizar penalmente a los funcionarios que falsificaban el dinero de todos los argentinos. Frente a esta pasión expropiatoria de la alta política decidimos poner fin a 91 años de historia y reformar la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina en base a cinco premisas fundamentales. En primer lugar, se termina con la bestialidad de cinco objetivos para un instrumento y la misión fundamental del Banco Central vuelve a ser el del preservar el valor de la moneda. Esto es, la nueva carta orgánica reconoce la naturaleza monetaria y la inflación, ya que la misma es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta, ya sea porque aumenta la oferta y/o baja la demanda, que conlleva una pérdida del poder adquisitivo del dinero.

Es decir, todos los precios expresados en unidades monetarias suben. La segunda modificación es que se prohíbe de modo taxativo la financiación del Estado. Esto vale tanto para el Tesoro nacional, como para los Estados provinciales y los municipios y a toda compra de títulos públicos del Estado nacional en el mercado primario. Vale la pena destacar que el señoreaje, el cual toma forma bajo la compra de títulos del Estado, no es ni más ni menos que una falsificación de dinero, lo cual está tipificado en el Código Penal y que en este caso alcanza una asociación ilícita conformada por el poder Ejecutivo, el Congreso de la Nación y la cúpula del Banco Central. La tercera modificación está relacionada con blindar al presidente del Banco Central y al directorio de los atropellos de la política. En este sentido, si bien se mantiene el mecanismo de nombramiento existente, la remoción será mucho más exigente. De este modo, la remoción requerirá de dos tercios no solo de la Cámara de Senadores, sino también de la Cámara de Diputados.

La experiencia muestra que todas las remociones intempestivas siempre estuvieron ligadas a conseguir una mayor laxitud en la política monetaria. Esto es para estafar al sector privado mediante el señoreaje, el cual hemos demostrado que es un impuesto no legislado. Por ende, si la política quiere cobrar más impuestos es razonable que eso pase por la casa del pueblo. En cuarto lugar, se restringe el pago de dividendos por los resultados derivados de la prestación del servicio de liquidez. En este sentido, determinados los activos iniciales al 31 de diciembre de 2026, los mismos serán asimilados en unidades físicas, por los que los resultados por tenencia asociado a cambios en los precios de dichos activos serán imputados a una reserva técnica no distribuible. Concepto similar a lo que se denominaba en su momento revalúo técnico.

Por otro lado, los resultados asociados al manejo de la cartera del Banco Central solo podrán ceder girados al Tesoro Nacional para la cancelación de deuda. Finalmente se eliminan de cuajo otros cambios introducidos por la Carta Orgánica del 2012, al tiempo que se elimina la estafa de las letras intransferibles. Sin embargo, esta reforma no funcionará sola, forma parte de un programa más amplio que incluye una reforma que hemos denominado grillete fiscal, una reforma al mercado de capitales y una reforma del mercado de los seguros que procederé a explicar a continuación. Respecto al grillete fiscal se trata de una regla fiscal permanente que asegurará que la Argentina no puede votar ni sostener un presupuesto deficitario. ¿Por qué necesitamos una ley y no alcanza con la buena voluntad del Congreso? Porque la historia nos enseñó que el Congreso es el gran aliado del gasto público, teniendo como ejemplo reciente el año pasado, cuando luchamos con uñas y dientes contra decenas de leyes que buscaban precipitar la quiebra del Estado.

Y es que los políticos no tienen ningún incentivo para cuidar el bolsillo de los argentinos, porque nunca son ellos quienes pagan los platos rotos. Por eso este proyecto va a hacer que el que las hace finalmente las pague. En la práctica, el grillete fiscal funcionará así: Si durante varios meses seguidos el resultado fiscal es deficitario, el Congreso dispondrá de algunas semanas para devolver las cuentas al equilibrio. Si no lo hace, entrará en vigencia automática el shutdown, se paralizarán las actividades no esenciales del Estado, se congelarán los gastos nuevos, no se adjudicarán contratos, no se tomará personal y se frenarán las transferencias discrecionales a las provincias. Y, principalmente, durante lo que dure el grillete, el Presidente, el Vicepresidente, los senadores, los diputados, los ministros, secretarios y subsecretarios, no cobrarán un solo peso de sueldo. Por primera vez en nuestra historia, si la política no hace los deberes la política pagará el costo, no lo pagará la gente. Quiero ser claro anticipándome a quienes viven de desinformar, esta ley protege en la letra de la norma las tareas y presentaciones esenciales del Estado.

Las jubilaciones, las pensiones, las asignaciones familiares y universales, el seguro de desempleo, la salud, la seguridad, la defensa nacional y el servicio penitenciario entre otros, quedarán expresamente exceptuados. Una vez aprobada, invitaremos a las provincias a adherir a este mismo régimen. Es la oportunidad para que cada gobernador predique con el ejemplo y le demuestre a su gente que cuando las cuentas se desordenan es la política la que debe dar un paso al frente y pagar el precio y no la sociedad. En segundo lugar, enviaremos dos proyectos para recuperar la profundidad de nuestro sistema financiero, destruido junto con nuestra moneda por el Banco Central. Para que una economía crezca se necesite inversión, es decir ahorros puestos a disposición con fines productivos. Por eso dejar nuestros ahorros fuera del sistema, en una caja de seguridad, bajo el colchón o en el exterior, atenta contra nuestro propio crecimiento. Las políticas de las últimas décadas empujaron a los argentinos a sacar sus ahorros del sistema en defensa propia y con eso frenaron la inversión.

Por eso vamos a impulsar un proyecto de liberalización profunda de nuestro mercado de capitales, que modificará varias leyes con una misma idea: correr al Estado del medio y dejar que el ahorro fluya hacia quién quiere producir. Un ejemplo claro es el mercado de bonos corporativos. Ahora, permitiremos su emisión en moneda extranjera, unidades de valor u otras unidades de medida Lo mismo haremos con el financiamiento colectivo, que en el mundo funciona hace años y acá una ley que nadie pidió lo llenó de requisitos y lo destruyó. 15 años perdidos y ahora lo vamos a destrabar. Esta reforma asegurará que, a medida que la economía se recupere, y la gente vuelva a ahorrar, ese ahorro se transforme en fábricas, en maquinarias y en trabajo. Solo así se profundiza el círculo virtuoso de crecimiento. Y para cerrar, un mercado de seguros accesibles es esencial en toda sociedad moderna y cuando no ofrece cobertura adecuada la gente termina demandándole protección al Estado.

Hoy el mercado de seguros argentino es burocrático, limitado e ineficiente, por eso enviaremos al Congreso un proyecto de reforma estructural del mercado de seguros. Habrá libertad absoluta para que las compañías diseñen y ofrezcan productos sin autorización previa del regulador que se enfocará solo en la solvencia de las empresas y en cuidar a los contratantes frente a las estafas. Así se impulsará la innovación abaratando el costo de los seguros y mejorando las prestaciones. Nuestros seguros se volverán más simples, más rápidos y más baratos. Estas reformas tienen una secuencia legislativa, pero están todas interconectadas, el déficit cero nos alejará del fruto venenoso del árbol prohibido que es la emisión monetaria. La reforma del Banco Central le impedirá al político falsificar esos frutos y un mercado financiero profundo permitirá acceso al crédito, a mejores condiciones y cobertura para que los agentes puedan perseguir sus propios proyectos en libertad.

Así, entre todas ellas, pondrán fin a 91 años de saqueo, expropiación, impunidad, decadencia y nos permitirá hacer a la Argentina grande nuevamente. Porque como siempre decimos, nuestro objetivo es hacer de la Argentina el país más libre del mundo. Confío plenamente en que el Congreso de la Nación comprenderá la naturaleza, el problema estructural de nuestro país y acompañará estas reformas estructurales que cambiarán a la Argentina para siempre. Que Dios bendiga a cada uno de los argentinos, que las fuerzas del cielo nos acompañen. Muchísimas gracias.

El nuevo paquete de reformas que el Gobierno mandará al Congreso incluirá una propuesta de shutdown, un mecanismo usado en Estados Unidos pero que tendrá una adaptación “a la argentina”.

El presidente Javier Milei lo llamó en el mensaje en cadena nacional como “grillete fiscal”.

“Si durante varios meses seguidos el resultado fiscal es deficitario y el Congreso no devuelve las cuentas al equilibrio, entrará en vigencia automática el shutdown”, explicó el Presidente.

“Durante lo que dure el grillete, el Presidente, el Vicepresidente, los senadores, los diputados, los ministros, secretarios y subsecretarios no cobrarán un solo peso de sueldo”, agregó en el mensaje.

El proyecto fue elaborado por el presidente Javier Milei, con sus ministros de Desregulación, Federico Sturzenegger; y de Economía, Luis Caputo; y también con el titular del Banco Central, Santiago Bausili.

La reforma, que todavía debe ser presentada ante el Congreso, tendrá un «espíritu fiscalista» y se activaría cuando el Estado entra en déficit, con una serie de pasos previos, según anticiparon fuentes de la Casa Rosada a .

“En Estados Unidos el foco es más institucional, acá es para blindar el superávit”, definió una fuente del oficialismo.

En Estados Unidos, el shutdown ocurre cuando no hay acuerdo político entre Ejecutivo y Legislativo y, por ende, el presupuesto no consigue ser aprobado por el Congreso.

“Nuestro objetivo es que aquí el instrumento sirva para impedir a toda costa que haya déficit, que es el gran problema de la Argentina”, dice una fuente del oficialismo, para trazar diferencias.

En Estados Unidos, el cierre del Estado se activa cuando el Congreso no llega a un entendimiento para aprobar el presupuesto antes del inicio del siguiente año fiscal. Entonces, se restringen las actividades y servicios de agencias federales y se dan licencias sin goce de sueldo a trabajadores. El desencadenante es político. No tiene relación con el déficit. De hecho, la economía de los Estados Unidos hace 25 años que no tiene superávit fiscal.

Mientras que en los Estados Unidos el mecanismo busca forzar un acuerdo por el presupuesto, la estrategia libertaria es diferente. “Con proyectos como este se busca mantener el superávit fiscal con mecanismos legales”, explica otra fuente conocedora de la discusión en torno al proyecto. Un funcionario lo definió de la siguiente manera: “Antes de que haya déficit, el Estado cierra”.

En la Casa Rosada barajan incluir dentro del texto un proceso previo al shutdown que permita darle la oportunidad al Congreso para definir qué partidas se pueden bajar antes de activar el cierre.

Si el Poder Legislativo no las define, ahí sí se fijarían los gastos esenciales y se cortarían el resto de los movimientos.

El año pasado, el Presidente ya había mandado al Congreso el proyecto de Estabilidad Fiscal y Monetaria, con el que quiso blindar el equilibrio fiscal mediante sanciones penales. Pero no tuvo eco en el Legislativo y quedó en la nada.

Cuando fuentes de la Casa Rosada son consultadas al respecto, se muestran más esperanzadas de que, con la actual conformación del Congreso y la sintonía con los aliados, el tratamiento de este paquete reformulado consiga avanzar.