EL CALAFATE.- Finalmente, hoy se cumplió la orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y quedó conformado el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz con los nueve miembros que marcan la Ley 3949 que amplió el número de vocales. Atrás quedaron ocho meses de una férrea resistencia del kirchnerismo, que declaró inconstitucional la ley y obligó a que la situación sea dirimida a 2600 kilómetros de la provincia patagónica.

La primera reunión de acuerdo extraordinario ocurrió en medio de una fuerte tensión entre los antiguos y los nuevos vocales. Hubo algún pase de factura, pero también se tomaron decisiones importantes: se designó como nuevo presidente del cuerpo a Gabriel Nolasco Contreras Agüero, quien reemplazará a Reneé Fernández.

Además se cambió el representante en el Consejo de la Magistratura, se decidió que los próximos ingresos al Poder Judicial serán por concurso y que serán revisados los últimos 80 nombramientos.

Este lunesy fue el primer día que los vocales se ven cara a cara luego de que la Corte, con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, reconociera la vigencia de la ley que amplió el TSJ, y que el tribunal provincial emitiera 24 horas después un escueto comunicado, en el cual aseguraban que acatarían la orden del máximo tribunal federal.

La jornada empezó temprano en el edificio ubicado en la esquina de la avenida Presidente Néstor Kirchner y Chacabuco, en Río Gallegos. Era aún noche cerrada a las siete cuando llegaron los primeros vocales: Sergio Acevedo, Contreras Agüero, Lucio de la Vega y José González Nora –todos designados entre septiembre y octubre pasado pero a quienes se les negó el sueldo, el cargo y el ingreso al edificio– junto a Daniel Mariani, el histórico vocal desplazado de la presidencia luego que le tomara la jura de los nuevos vocales.

Sobre Mariani, Reneé Fernández había emitido una circular que prohibía que se acaten sus órdenes o pedidos y hasta aquí se había cumplido a rajatabla.

Según pudo reconstruir a partir de testigos, a poco de llegar Mariani indicó a los empleados que se notifique al resto de los vocales la convocatoria a una reunión de acuerdo extraordinario para las nueve de la mañana: nadie se opuso y en breves minutos los vocales estaban notificados.

Minutos antes de las nueve de la mañana llegaron al edificio Reneé Fernández, Fernando Basantta y Alicia de los Ángeles Mercau, en tanto que luego se supo que Paula Ludueña faltó con aviso por enfermedad de un familiar, según se explicó en la reunión.

El clima en el salón de acuerdos fue tirante; no era una reunión entre extraños: casi todos se habían cruzado en el ámbito judicial o político, tal el caso de Reneé Fernández, que ejerció en la Secretaría Legal y Técnica de la gobernación durante la presidencia de Néstor Kirchner, cargo que se proyectó incluso en parte de la gobernación de Acevedo, quien inició en diciembre de 2003 y terminó abruptamente en 2006 con su renuncia.

Según pudo saber no hubo unanimidad en las votaciones; en un gesto para intentar buscar acuerdos, en lugar de proponer que Mariani sea restituido en la presidencia, se propuso a Contreras Agüero para el cargo –fiscal, juez de instrucción con más de 20 años de carrera judicial– y recibió seis votos de acompañamiento a favor y la negativa de Fernández y Mercau.

Mariani, por su parte, fue votado para integrar el estratégico Consejo de la Magistratura, cargo que hasta aquí estaba en manos de Basantta, el vocal que atravesó un juicio político en diciembre y sobre el cual podría reactivarse un expediente. Mariani asumirá mañana.

“Nos queda un largo trabajo por delante”, expresó uno de los vocales a . Es que, a partir de ahora, se revisarán 80 nuevos nombramientos; se presume que hubo muchos cargos que llegaron al Poder Judicial sin ponderar su capacidad.

El reordenamiento institucional no se limita solo a la composición del plenario, sino que se espera la reactivación de causas pendientes de resolución en diferentes tribunales provinciales.

Pasadas las 14, encontró a tres de los nuevos vocales caminando por la vereda de la avenida Presidente Néstor Kirchner; sin hacer declaraciones, aceptaron distendidos posar para la foto: el flamante presidente del TSJ, Contreras Agüero, flanqueado por Acevedo y González Nora; atrás quedaron meses en los que tuvieron que recurrir a la Corte para poder asumir en sus cargos.

Minutos antes, la cuenta de Facebook del Tribunal había publicado la primera foto de Contreras en su oficina anunciando su cargo para 2026, la primera que tiene en el palacio judicial. Sin embargo, mientras el TSJ parece encaminarse, hoy al mediodía ingresó en la Mesa de Entradas de la Legislatura provincial una denuncia formal y pedido de juicio político contra los vocales Fernández, Mercau, Ludueña y Basanta, “en razón de haber incurrido en un ejercicio abusivo de la función jurisdiccional”.

Según detalla la presentación firmada por el abogado del fuero local Sergio Macagno, la denuncia es por utilizar el Poder Judicial en situación de conflicto de interés directo, alterar el equilibrio entre los tres poderes del Estado, afectación del principio de imparcialidad, incumplimiento del deber de excusación, obstrucción del control constitucional provincial y federal y la eventual comisión de conductas con relevancia penal en ejercicio de sus altos cargos.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó que uno de los condenados por lavado de dinero en la causa de la Ruta del dinero K pague una multa de más de 100 millones de dólares. Se trata del apoderado de Lázaro Báez, Claudio Fernando Bustos, en Austral Construcciones. El contador fue condenado a tres años de prisión en suspenso.

Ahora la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal le confirmó a Bustos el pago de una multa por 109 millones de dólares como parte de la condena por lavado de dinero en la causa.

Los jueces Javier Carbajo, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos fijaron el monto de la multa en 109.745.733,38 dólares, convertibles a pesos argentinos conforme la cotización oficial del dólar vendedor del BCRA al momento del efectivo pago, e intimaron al condenado a abonarla.

La defensa cuestionó esa decisión al sostener que la multa no debía expresarse en dólares estadounidenses y que, en todo caso, la conversión debía realizarse según la cotización vigente al momento de los hechos investigados.

Al analizar el planteo, los camaristas consideraron que tanto el monto de la operación como la determinación de la multa habían sido establecidos en la sentencia condenatoria firme, por lo que los agravios intentaban reabrir cuestiones ya resueltas con autoridad de cosa juzgada.

En su voto, el juez Hornos destacó que la actualización conforme la cotización vigente al momento del pago resulta compatible con la necesidad de evitar la depreciación de la sanción pecuniaria. De este modo, la Cámara resolvió rechazar el recurso de casación deducido por la defensa de Bustos.

Asimismo, la Cámara Federal de Casación Penal abrió la posibilidad de que otro de los empresarios sentenciados por lavado de dinero en esta causa pague en cuotas la multa que le fue impuesta como parte de la condena.

Se trata de Juan Carlos Molinari, quien saltó a la fama por sus autos de alta gama y porque le pagó la boda a otro de los condenados en la causa: Leonardo Fariña, el arrepentido que contó toda la maniobra y que se casó con Karina Jelinek.

La fastuosa boda tuvo lugar en el Tattersall de Palermo y él contó que le costó unos 480.000 dólares. Dijo que lo hizo no como un evento familiar, sino como una manera de promocionar la agencia de alquiler de autos de alta gama, Audis y Ferraris, que ambos montaron.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió por mayoría hacer lugar parcialmente al planteo formulado por la defensa de Molinari y analizar si corresponde que la pague en 48 cuotas como lo solicitó. El Tribunal Oral Federal 4 ya le había rechazado esa posibilidad. Se tratan de unos 2.237.959 dólares.

El juez Carbajo admitió esta posibilidad al sostener que los jueces del tribunal oral no justificaron el rechazo del plan de cuotas. Señaló, además, que esa resolución “no ha explicitado el modo en que aquella disposición veda el tratamiento de la petición de la defensa en punto a que se considere la situación personal y patrimonial de su asistido con el propósito de establecer un marco de cumplimiento voluntario de la sanción”, que evitaría un complejo proceso de decomiso, que “suele resultar de prolongada duración y eficacia relativa”.

Coincidió Borinsky al señalar que el fallo que rechazó el pago en cuotas “omitió analizar, con debida amplitud, el ofrecimiento formulado por la defensa para cumplimentar el pago de la pena de multa en cuestión bajo una de las posibilidades legales previstas por el ordenamiento vigente, sin haber brindado una debida fundamentación para sustentar su decisión”. Y mandó la mayoría a que el Tribunal Oral Federal cuatro le de un plan de pagos a Molinari.

Sin embargo, el juez Hornos votó en disidencia y sostuvo que el recurso debía ser rechazado. Remarcó que la condena dictada contra Molinari se encuentra firme desde abril de 2021 y recordó que ya fueron acreditadas judicialmente las maniobras por las cuales resultó condenado. En ese sentido, destacó que la multa impuesta constituye un “título ejecutivo” que debe hacerse efectivo sobre los bienes del condenado.

El magistrado cuestionó además la propuesta presentada por la defensa, que pretendía el levantamiento de medidas cautelares para reactivar emprendimientos comerciales e inmobiliarios, al considerar que ello resulta incompatible con la efectiva ejecución de la pena pecuniaria. Molinari fue sentenciado a la pena de 3 años y seis meses de prisión.

La Corte Suprema de Justicia dispuso hace un año, el 29 de mayo de 2025, dejar firme la condena contra todos los sentenciados en el juicio. Así, Lázaro Báez se encuentra cumpliendo una pena unificada de 14 años, que incluye la condena a 10 años por esta causa; junto a sus hijos varones, empresarios y allegados. Fueron condenados por haber armado una estructura jurídica, bancaria y financiera para blanquear más de 55 millones de dólares entre 2010 y 2013 que provenían de la evasión mediante facturas truchas.

El caso se hizo popular por las imágenes de La Rosadita, la casa de cambios de Puerto Madero usada para sacar dinero del país de manera ilegal. El fallo fue firmado por los ministros de la Corte Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y los conjueces Mariano Lozano -juez de la Cámara Federal de General Roca- y Luis Ramón González -juez de la Cámara Federal de Corrientes-.

El fallo dispone la condena a diez años para Báez, seis años y seis meses para Martín Antonio Báez, seis años para Jorge Oscar Chueco y Rodolfo Daniel Pérez Gadín, cinco años para Julio Enrique Mendoza, tres años y seis meses para Jorge Leonardo Fariña, cuatro años y seis meses para Juan Alberto De Rasis, César Gustavo Fernández, Fabián Virgilio Rossi, Eduardo Guillermo Castro.

También dispone la pena de tres años de ejecución en suspenso para Federico Elaskar, Claudio Fernando Bustos, Alejandro Ons Costa, Martín Andrés Eraso y Leandro Antonio Báez, y dos años y seis meses para Walter Feliciano Zanzot.

También se ratificaron las condenas de Carlos Juan Molinari a tres años y seis meses, y de Daniel Alejandro Bryn a dos años de prisión. Asimismo, se confirmaron multas que oscilan entre seis y dos veces el monto de las operaciones (de 109.600.000 de dólares a 328.800.000 de dólares) y el decomiso de activos por valor equivalente a 65 millones de dólares.