El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) tiene previsto firmar este martes un acuerdo de recomposición salarial y refuerzos presupuestarios con el Gobierno para descomprimir el conflicto por los fondos universitarios. Sin embargo, los rectores adelantaron que “no retirarán la demanda judicial”, en referencia al reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que permanece bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia.

Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, detalló a Infobae que el acuerdo incluiría un aumento del 24,33% y otros compromisos económicos. “La oferta en discusión contempla un ajuste del 21,33% en julio y otro 3% en octubre“, expresó el exlegislador a este medio.

De acuerdo con Yacobitti, esa recomposición equivaldría a 7 puntos de 2024, 12,33 de 2025 y el resto buscaría compensar la pérdida acumulada hasta mayo de 2026. También precisó que mañana habría una reunión paritaria con los gremios “para ver cómo no perder en lo que queda del 26”.

Becas, hospitales y preuniversitarios

Además del aumento en dos tramos, el oficialismo planteó un compromiso para que los salarios universitarios no sigan perdiendo frente a la inflación durante 2026.

Según Yacobitti, el acta también incorporaría un aumento del 50% en el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano, que promueve el acceso, el avance y la finalización de estudios de pregrado y grado en áreas claves para el desarrollo del país. “Y habrá un financiamiento de 50 mil millones de pesos para hospitales universitarios“, agregó.

Las conversaciones incluyen además una discusión específica sobre una asignación para el personal docente de establecimientos preuniversitarios.

En esos colegios de nivel medio, la situación salarial es más delicada porque los docentes también perdieron poder adquisitivo por la quita del Fondo de Incentivo Docente, el FONID. Ese deterioro forma parte de la negociación abierta entre el Ejecutivo, las universidades y los gremios.

La disputa judicial ante la Corte Suprema

El eventual acuerdo económico no cerraría el frente judicial. Yacobitti aclaró que los rectores “no retiran la demanda”, en referencia al reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que permanece bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia.

La causa tiene una medida cautelar favorable a las universidades, ratificada dos veces, aunque hoy está suspendida por un recurso extraordinario del Poder Ejecutivo. La resolución definitiva quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia, que no tiene un plazo establecido para pronunciarse.

La posición del Gobierno es que la ley sancionada por el Congreso es “ilegal” porque, según su interpretación, no cumple con la normativa de administración financiera que exige identificar la fuente de los recursos. Por esa razón, el Ejecutivo sostiene que mantener la demanda judicial es incompatible con un acuerdo económico entre las partes.

Del lado sindical persisten las reservas. Desde Conadu dijeron a Infobae: “Por ahora, es todo informal. Entonces no se puede dar crédito a eso. Tenemos que ser muy cuidadosos y serios porque el Gobierno es un interlocutor muy escurridizo. El gobierno tiene que convocar a paritaria, cosas que no hace hace años”.

Esa desconfianza también aparece entre los rectores, que reclaman que cualquier solución salarial incluya la apertura de una instancia paritaria real y un acuerdo con las organizaciones gremiales. El planteo alcanza tanto a los docentes como a los no docentes.

Por su parte, las universidades siguen en estado de alerta. El martes 26 de mayo, centros de estudiantes de la UBA, gremios docentes y otras organizaciones de la comunidad universitaria realizaron clases públicas frente al Palacio de Justicia, en Tribunales, para reclamar a los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz una definición sobre la cautelar.

Y estudiantes de los colegios preuniversitarios Nacional Buenos Aires y Carlos Pellegrini tomaron los establecimientos como medida de protesta.

El Gobierno diseña los viajes de Javier Milei a las provincias que busca visitar antes de 2027. En el Ejecutivo sostienen que la intención es que el Presidente recorra distritos a los que no fue durante la última campaña y ya comenzaron a diagramar una hoja de ruta para el segundo semestre de 2026.

En Balcarce 50 mencionan a La Pampa como una de las opciones más firmes. Según pudo saber TN, el primer mandatario tiene una invitación para viajar a esa provincia en octubre, en el marco de una actividad vinculada a La Rural. En el oficialismo también nombran a La Rioja, San Juan y otros distritos como parte del mapa en análisis para los próximos meses.

El relevamiento oficial de viajes al interior incluido en el último informe de gestión de Jefatura de Gabinete detalla recorridas del primer mandatario por Buenos Aires, Tierra del Fuego, Corrientes, Río Negro, Córdoba, Santa Fe, San Juan, Tucumán, Neuquén, Mendoza, Misiones, Chaco, Entre Ríos y Santiago del Estero. En ese registro, hasta marzo de 2026, no aparecen visitas presidenciales a Catamarca, Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Salta, San Luis y Santa Cruz.

Ese listado funciona ahora como base para ordenar parte de la agenda territorial. En la Casa Rosada sostienen que una primera etapa apuntará a completar presencia política en provincias sin visita presidencial registrada o con menor despliegue del sello libertario. Luego, ya en el tramo electoral, el cronograma se concentrará en los distritos con mayor cantidad de electores, como hizo La Libertad Avanza en 2025.

La planificación territorial queda bajo el comando político de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el armador nacional de La Libertad Avanza, Eduardo “Lule” Menem; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Ese esquema se mantiene como la estructura central para ordenar candidaturas, acuerdos provinciales y presencia del partido en el interior.

La discusión se da en paralelo al debate de la mesa política de Balcarce 50 sobre los acuerdos con gobernadores. En la Casa Rosada analizan qué entendimientos conviene cerrar antes de 2027 y en qué distritos el oficialismo competirá con sello propio. La estrategia inicial de Karina Milei apunta a preservar el control nacional de La Libertad Avanza y limitar las alianzas a provincias donde haya mandatarios considerados aliados o necesarios para sostener la gobernabilidad.

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Entre los gobernadores con los que el oficialismo viene trabajando canales de diálogo aparecen Rogelio Frigerio, Alfredo Cornejo, Leandro Zdero y Claudio Poggi. En el Gobierno no descartan extender ese esquema a otros mandatarios, aunque aclaran que la definición electoral quedará atada al equilibrio entre gobernabilidad, armado local y conveniencia política para la reelección.

Emisarios oficiales ya comenzaron en paralelo a reforzar la coordinación digital en las provincias de cara a las elecciones del año que viene. El trabajo incluye encuentros, grupos de organización y lineamientos de comunicación bajo el ala de La Libertad Avanza. La intención es fortalecer una estructura territorial en redes con capacidad de replicar mensajes, instalar agenda local y amplificar actividades del Presidente.

En sectores cercanos a Karina Milei buscan que esa coordinación digital en el interior no dependa exclusivamente de Las Fuerzas del Cielo, el espacio que responde al asesor presidencial Santiago Caputo. La idea es complementar la militancia digital existente con referentes provinciales y equipos alineados al armado partidario nacional.

En el entorno de Caputo sostienen que no intervendrán para evitar ese movimiento y que mantendrán su misma línea de trabajo. “Es la cuarta vez que lo intentan hacer. No va a salir bien”, expresan cerca del asesor. En el sector que responde a Las Fuerzas del Cielo aseguran que su estrategia seguirá enfocada en disputar la conversación pública en redes.

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“El valor agregado de las redes sociales es dirigir la conversación pública. Ellos hablan en una cámara de eco interna. Nosotros le hablamos a los de enfrente”, agregan en ese espacio. La frase expone la diferencia de enfoque entre el armado territorial que promueve el sector de Karina Milei y la lógica de intervención digital que sostiene el grupo referenciado en Caputo.

La disputa por las redes forma parte de la interna más amplia entre ambos sectores. En los últimos meses, la pelea entre los armados territoriales y los grupos digitales libertarios se profundizó con cruces públicos, acusaciones internas y diferencias sobre la estrategia de campaña. En la Casa Rosada intentan evitar que esa tensión afecte la preparación electoral de 2027.

Gobierno, Javier Milei, provincias

El diputado Esteban Paulón presentó un proyecto de ley para instituir el 5 de junio como el Día Nacional de la Cultura Ricotera y el Pogo, en homenaje a Carlos Alberto “Indio” Solari, fallecido ese mismo día de 2026. La iniciativa busca reconocer el legado artístico y cultural del músico, así como el fenómeno colectivo construido alrededor de su obra y la de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, e invita a todas las provincias del país a adherirse a la propuesta.

La muerte de Solari, ocurrida apenas tres días atrás, dejó un vacío en la cultura popular argentina que el texto del proyecto describe. Compositor, cantante y poeta, el “Indio” construyó a lo largo de décadas un lenguaje artístico propio que, según la fundamentación de la iniciativa, “trascendió ampliamente el ámbito musical para convertirse en una referencia cultural, social y simbólica para varias generaciones de argentinos y argentinas”. La elección de la fecha no es azarosa ni simbólica en abstracto: es la marca exacta de su partida, convertida por el proyecto en punto de memoria permanente.

El texto de la fundamentación subraya que la dimensión del legado de Solari excede la obra musical en sí misma. En torno a las canciones de los Redonditos y a su posterior carrera solista se fue conformando lo que el proyecto denomina “cultura ricotera”: una identidad colectiva que reúne prácticas, símbolos, lenguajes y formas de encuentro que, según la iniciativa, “han logrado perdurar a lo largo de décadas y forman parte del patrimonio cultural contemporáneo” del país. No se trata, en la lectura del legislador, de un fenómeno de nicho, sino de una de las expresiones más extendidas de la cultura popular argentina de las últimas décadas.

Dentro de ese universo simbólico, el pogo ocupa un lugar central en la propuesta. El proyecto lo define como una manifestación de participación, celebración y pertenencia colectiva, y recuerda que los recitales de los Redonditos y los conciertos posteriores del Indio Solari dieron lugar a algunas de las convocatorias musicales más multitudinarias de la historia argentina. En esos encuentros, miles de personas compartieron una experiencia que, según la fundamentación, “trascendió el espectáculo artístico para convertirse en una verdadera ritualidad popular”.

El proyecto también incluye una fundamentación lingüística e histórica sobre el término “pogo”. Según el texto, la palabra comenzó a popularizarse en la década de 1970 en el ámbito de la música punk y luego se extendió a distintos géneros alrededor del mundo. Su denominación provendría del llamado pogo stick, un bastón saltarín de origen estadounidense cuyo movimiento vertical guarda similitud con la dinámica corporal de la práctica. Aunque el vocablo no figura en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, sí fue incorporado por una institución académica local.

El Diccionario Latinoamericano de la Lengua Española elaborado por la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) lo define como un “baile ritual armado por saltos incesantes en un mismo lugar y hacia los costados con empujones y choques, para alcanzar cada vez a más personas”, y lo caracteriza como una práctica festiva, juvenil y colectiva originada en conciertos de música punk, rock, thrash metal, indie y trap. La iniciativa de Paulón toma esa definición como punto de partida para argumentar que, en la Argentina, el pogo adquirió una dimensión identitaria propia que excede su origen anglosajón.

La fundamentación sostiene que el proyecto no busca únicamente rendir homenaje a la figura de Solari, sino también reconocer a las comunidades de seguidores que, durante décadas, contribuyeron a sostener y resignificar ese legado. En ese sentido, el texto apunta a una celebración que involucra tanto al artista como al colectivo que construyó sentido alrededor de su obra. La propuesta legislativa invita expresamente a que todas las provincias adhieran a la declaración, con el objetivo de que el reconocimiento tenga alcance federal.

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