El Gobierno oficializó la designación de Matías Gabriel Álvarez como presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), luego de que hubiera sido propuesto por el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, y se realizara una audiencia pública para tratar su candidatura.

Por medio del Decreto 291/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, se concretó el nombramiento de Álvarez. De esta manera, se dio inicio a un período de transición institucional y cumplimiento de estándares internacionales.

En línea con este proceso, se informó que la cartera de Justicia impulsó la candidatura del abogado, quien fue sometido a la consulta pública exigida por la ley, que permite a los ciudadanos y organizaciones expresar opiniones sobre la idoneidad y los antecedentes del candidato. Como parte del procedimiento, se celebró una audiencia pública el 22 de abril de 2026 para evaluar las observaciones formuladas.

Como resultado del debate, el actual titular de la UIF recibió el respaldo del presidente de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT) y profesor titular regular de Criminología, Juan Félix Marteau, tras destacar tanto la trayectoria profesional como el desempeño académico.

Durante su exposición, también señaló el paso de Álvarez por la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) como prueba de ser un funcionario “serio, apegado al derecho y comprometido con los resultados que demanda el ejercicio de sus competencias”.

Como representante de la FININT, Marteau advirtió que el narcotráfico representa “la principal y más grave amenaza que enfrenta la Argentina, generando significativos fondos ilícitos con capacidad de impactar negativamente en la vida institucional del país”. En ese sentido, afirmó que la designación de un presidente de la UIF con especialización en la represión de actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico “constituye a priori un acierto destacable”.

De la misma manera, el Gobierno consideró que la “inmediata designación” respondió a la necesidad de asegurar el cumplimiento de los estándares internacionales y la continuidad en las funciones del organismo encargado de prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo en la Argentina.

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El nombramiento de Álvarez se produjo después de la aceptación de la renuncia de Paul Starc, quien se desempeñó como presidente del organismo hasta finales de enero de este año. Además, en las últimas horas el Ejecutivo aceptó la dimisión de Santiago Martín González Rodríguez al cargo de vicepresidente de la UIF mediante el Decreto 290/2026.

Quién es Matías Álvarez, el nuevo titular de la UIF

Hasta antes de ser seleccionado, Álvarez ocupaba el cargo de fiscal federal coadyuvante en la PROCUNAR, unidad del Ministerio Público Fiscal dedicada a investigar organizaciones narcocriminales y estructuras criminales asociadas. Su carrera en la PROCUNAR comenzó en 2015 como secretario de Fiscalía, avanzando a auxiliar fiscal entre 2019 y 2023, y continuó participando en investigaciones sobre redes criminales y circuitos financieros de ganancias ilícitas.

Antes de su ingreso al Ministerio Público, integró el equipo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12. Es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) con Diploma de Honor, orientado en Derecho Penal, y cursa una especialización en Criminología en la Universidad Nacional de Quilmes.

En el ámbito académico, Álvarez es profesor adjunto de Derecho Penal en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y co-coordinador adjunto de la Red de Fiscales Antidrogas de Iberoamérica desde 2017. En 2021, integró el grupo de expertos encargado de redactar la Legislación Modelo contra el Crimen Organizado para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

La propuesta para su designación fue impulsada por el ministro de Justicia, en el marco de una renovación más amplia de los organismos involucrados en la lucha contra el crimen organizado y el lavado de activos, luego de que ocupara el cargo que dejó vacante el ex ministro Mariano Cúneo Libarona.

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Docentes y no docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizarán este miércoles un paro total de actividades en todas sus dependencias, en rechazo a la intimación del Ministerio de Capital Humano, que ordenó a las universidades un plan de contingencia para garantizar la continuidad de las clases durante medidas de fuerza.

El cese de actividades fue definido por la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA) y la Asociación del Personal de la UBA (APUBA), que encuadraron la decisión en el reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y en respuesta a lo que calificaron como “provocaciones del Gobierno”.

La medida de fuerza se inscribe en un escenario de tensión entre el Ejecutivo y el sistema universitario, luego del pedido de la cartera que conduce Sandra Pettovello a los rectores, en momentos en que el Gobierno no aplica la ley sancionada por el Congreso.

“Necesitamos menos comunicados en redes y más trabajo por parte del Gobierno para garantizar el derecho y la calidad de la educación, el desarrollo científico y el acceso a la salud en nuestros hospitales universitarios”, planteó el secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci.

Desde los gremios sostuvieron que el paro alcanza a “todo el ámbito de la Universidad de Buenos Aires” y que responde tanto a la situación salarial como al funcionamiento general de las instituciones.

Cruce con el Gobierno por la continuidad de las clases

El conflicto escaló tras el comunicado oficial de este lunes, que planteó la obligatoriedad de garantizar el derecho a la educación de los estudiantes.

“Se nos responsabiliza de no garantizar el derecho a la educación. Quien debe hacerlo es el Gobierno Nacional a través de la ministra de Capital Humano Sandra Petovello”, dijo Cagnacci.

También cuestionó el canal elegido por el Ejecutivo para fijar su postura. “En vez de sacar comunicados a través de las redes sociales, debe ponerse a trabajar exigiéndole a su gobierno que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, que ya tiene dos fallos judiciales en ese sentido”, sostuvo.

Los gremios también hicieron referencia a la situación salarial y al funcionamiento de las universidades, en un contexto que describieron como de deterioro sostenido.

“La garantía del derecho a enseñar y aprender requiere, como condición indispensable, el financiamiento por parte del Estado nacional, tal como lo establece la normativa vigente. Las universidades siguen abiertas, sostenidas por el enorme esfuerzo de profesores, investigadores y no docentes”, escribió el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, en su cuenta de X.

Reclamo por financiamiento y convocatoria a la marcha

En el comunicado, ambas organizaciones docentes y no docentes señalaron que existe un “incumplimiento absoluto de la Ley de financiamiento Universitario” y que los salarios “pierden mes a mes con la inflación”, en referencia a la evolución de los ingresos del sector.

En paralelo, ratificaron la convocatoria a la Cuarta Marcha Federal Universitaria prevista para el 12 de mayo, que tendrá como eje el reclamo por la implementación de la ley aprobada por el Congreso, vetada por el presidente Javier Milei y ratificada por el Parlamento.

La protesta se sumará a una serie de movilizaciones del sector universitario en lo que va del año y volverá a poner en el centro del debate el financiamiento y el funcionamiento del sistema público universitario.

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