Gritos, cruces, chicanas, denuncias: finalmente, después de 10 días del inicio del periodo de sesiones extraordinarias, Diputados constituyó las primeras cuatro comisiones que tratarán la Ley Ómnibus. De entrada, la discusión por la integración de las comisiones dejó un anticipo de lo que se viene desde la semana próxima en la Cámara Baja con el debate de fondo del megaproyecto.

El oficialismo logró un triunfo, en términos de gobernabilidad, pero también dejó algunas señales que pueden traerle problemas al Gobierno. Los diputados de todos los bloques se preparan para un verano intenso y una disputa con final abierto.

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Las reuniones de este jueves fueron solamente “constitutivas”, es decir, no hubo debate del paquete de reformas. La primera comisión en conformarse fue Presupuesto y Hacienda y trajo la mayor polémica: como presidente fue designado José Luis Espert, entre los gritos de miembros de Unión por la Patria y la Izquierda, que cuestionaban no solo el modo en que fue votada su designación, sino su participación misma en la comisión. Espert llegó a cortarle el micrófono a otros legisladores y levantó la reunión de forma intempestiva.

En las horas siguientes se conformaron las de Relaciones Exteriores, Asuntos Constitucionales y Legislación General. En cada una de las tres reuniones, la estrategia de los miembros de UxP fue la misma: impugnar la conformación, cuestionar la designación de las autoridades -de las que se consideraron relegados pese a ser la primera minoría- y reclamar que se explicite claramente cuál fue el criterio para definir los integrantes de las comisiones -por el cual recibieron menos lugares que los que les corresponderían.

La discusión -más allá de que en el resto de la oposición cuestionan la repentina preocupación del kirchnerismo por el cumplimiento del reglamento- tiene origen en un “error” del oficialismo: hace un mes, en la sesión preparatoria con los nuevos miembros de la Cámara Baja, el flamante presidente del cuerpo, Martín Menem, habilitó y acompañó una votación que definió que la repartición de lugares sería por proporcionalidad, tomando en cuenta a los “bloques” y el sistema D’Hondt.

Finalmente, hubo ligeros ajustes de criterio y –como en el Senado– los lugares y las autoridades de las comisiones se definieron en base a un acuerdo político: el oficialismo y la mayoría de los bloques de la oposición, por un lado, frente a UxP, que representa el 40% de la Cámara, por el otro.

“Gobernabilidad es esto: se le garantizó al Gobierno el funcionamiento del Congreso, no aprobar leyes a libro cerrado. La discusión por la ley es otra cosa y será tema por tema, artículo por artículo”, resumió una diputada radical que tendrá peso en una de las cuatro comisiones. Una advertencia similar hizo la diputada del PRO, Silvia Lospennato, una de las legisladoras que más defendió el acuerdo este jueves.

Más allá de discusión reglamentaria, la pelea anticipó el grado de tensión con el que transcurrirá el debate de la Ley Ómnibus desde la semana que viene cuando, según anticiparon en LLA, se armaría un plenario de las cuatro comisiones y empezarían a desfilar funcionarios nacionales para explicar los distintos puntos del megaproyecto.

Vale recordar, para tener en cuenta, el riesgo de “caos” que supone el debate: las cuatro comisiones juntas incluyen a 115 diputados distintos, de al menos 7 bancadas. Casi el 45% de todos los miembros de la Cámara.

En UxP ya anticipan que irán con los tapones de punta contra los funcionarios y recuerdan que tienen una ventaja comparativa frente al resto de los bloques: la bancada está integrada por 101 diputados -casi el triple que el oficialismo-, cada uno con sus asesores, algunos legisladores que hace poco eran ministros, y equipos técnicos que les ofrecen organizaciones extraparlamentarias como, por ejemplo, la CGT.

Además de la confirmación de que el PJ-K buscará frenar la Ley Ómnibus y dificultar su tratamiento, y el hecho de que el Gobierno se anotó un triunfo al poner en marcha la Cámara Baja, la jornada parlamentaria de este jueves dejó otras señales y también incógnitas.

Los tiempos

El oficialismo, incluido el jefe del bloque libertario, Oscar Zago, volvió insistir en las últimas horas que están las condiciones para que el mega proyecto sea aprobado, en su totalidad, antes de que termine el mes, que es cuando finaliza el periodo de sesiones extraordinarias como lo convocó Milei.

En UxP lo descartan y en el resto de los bloques al menos dudan y hacen cálculos: si la semana que vienen comienzan las reuniones informativas, y al menos continuarán una semana más, recién habría dictamen en la semana del 25, y tendría que existir voluntad para realizar una sesión especial esa misma semana. Aún así, restaría enviarlo al Senado, que pase por comisiones y llegue al recinto. Eso ya sería febrero.

En algunas bancadas, como el PRO, la UCR, con sus propias internas, y Hacemos Coalición Federal (exmiembros de JxC, peronismo federal, schiarettismo, socialismo y Coalición Cívica), ya sugieren que el Gobierno determine “prioridades”. Advierten, por ejemplo, que el capítulo económico podría ser debatido mucho más rápido si no hay que analizar al mismo tiempo centenares de artículos que incluyen desde reformas judiciales a electorales y penales.

El margen de negociación

Más allá del acompañamiento general, en la mayoría de los bloques de la oposición “colaborativa” ya adelantan que de mínima no se avalará la delegación de facultades por cuatro años, habrá que restringir la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria, no avanzará la reforma electoral y no hay mucho margen más subas de impuestos, además de que es necesario corregir “errores” técnicos del propio texto.

Entre los diputados vieron como buena señal que el Ejecutivo, por primera vez, haya dado marcha atrás con un punto de la Ley Ómnibus, en lo que refiere a cambios al régimen pesquero, muy cuestionados por gobernadores patagónicos.

“Si el espíritu es ese, vamos bien. Si como nos dicen algunos libertarios acá la idea del Ejecutivo no es cambiar una coma, no hay chance. Si piensan que por poner ridiculeces como la reforma electoral o la toga de los jueces tienen una moneda de negociación y bajando eso le vamos aprobar cuatro años de delegación de facultades, deberían saber que tenemos más años de discusión parlamentaria que ellos y no somos tontos”, advertía un experimentado diputado opositor, del grupo que está dispuesto a acompañar en general la Ley Ómnibus.

El antecedente Boleta Única en el Senado

El modo en que se definió la integración de las comisiones y la fragmentación propia de la Cámara de Diputados despertó una hipótesis en algunos bloques opositores, y cierta esperanza en el PJ-K.

“Muy bien, lograron ponerse de acuerdo para darnos menos lugares en las comisiones, con bloques que les das una vicepresidencia segunda y se tiran de palomita. Ahora, tenés 3 PRO, dos radicalismos, el bloque de Pichetto, que junta a un Pichetto con socialistas, gobernadores y espacios pequeños con intereses propios. Ya vimos lo que pasó con Boleta Única en el Senado”, sugería en diálogo con TN un diputado de UxP.

El jueves también se conformaron las principales comisiones de Senado. El oficialismo logró con toda la oposición no kirchnerista acordar la integración y las autoridades. La Libertad Avanza, el PRO y la UCR tenían el plan de emitir dictamen ese mismo jueves para el proyecto de Boleta Única -que ya tiene media sanción de Diputados- y la semana que viene convertirla en ley en el recinto.

Finalmente, los acuerdos no estaban. No hubo dictamen, una parte del peronismo federal y bloques provinciales propusieron seguir debatiendo y la discusión seguirá en las próximas semanas.