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El Gobierno busca terminar la auditoría del Estado para febrero y planea reubicar a miles de empleados

Una de las protestas que realizaron en el Ministerio de Trabajo durante la gestión de Javier Milei. (Foto: Télam/Leo Vaca).El Gobierno busca terminar la auditoría del Estado para febrero y ya trabajan en la “modernización” de áreas. Foto: Reuters.

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El Presidente Javier Milei espera poder conocer a mitad de febrero cuál es el estado de situación de la Administración Pública Nacional. El informe que recibirá contemplará detalles que van desde la cantidad total de empleados al número de edificios públicos en desuso, por tan solo citar dos ejemplos. Se espera entonces que finalizado este documento, el Gobierno ponga en marcha luego la siguiente fase del plan de simplificación y modernización del Estado.

Por estos días la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) en coordinación con los ministerios y secretarías del Estado, además de organismos de descentralizados, trabaja en el informe final que será elevado a la jefatura de Gabinete que conduce Nicolás Posse y al propio presidente Milei.

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En la actual etapa se confecciona una radiografía del estado general de la APN. Según pudo saber TN ya hay algunas primeras conclusiones preliminares: en la gestión de Alberto Fernández aumentó el empleo público al llevar a casi 500 mil los empleados estatales. Una cifra que según números del Ministerio de Economía demandaron -al menos- al mes de diciembre de 2023, unos casi $350 mil millones en salarios. En el Gobierno está la idea de “congelar” los sueldos de la administración pública, una medida que al menos por ahora no estaría tan cerca de ver la luz.

El Gobierno busca terminar la auditoría del Estado para febrero y ya trabajan en la “modernización” de áreas. Foto: Reuters.
El Gobierno busca terminar la auditoría del Estado para febrero y ya trabajan en la “modernización” de áreas. Foto: Reuters.
SCALZO Jose / Mar del Plata

El Gobierno busca terminar la auditoría del Estado para febrero y ya trabajan en la “modernización” de áreas

Además se está colocando el foco en lo que en el Gobierno llaman “gastos que deben ser revisados”. Uno de estos es por ejemplo los convenios que los Ministerios tienen con las universidades y que fueron heredados de la gestión anterior. Durante el gobierno de Alberto Fernández se llevaron adelante unos 360 acuerdos o contrataciones de Universidades que la actual gestión quiere revisar. Se habría detectado que en muchos casos no se cumplió el objetivo del pacto pero el dinero se giró igual.

Una vez que se culmine con esta revisión se ingresará en la siguiente etapa del plan de “modernización” del Estado. Esta fase estará compuesta por algunos de los siguientes puntos:

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  • Reubicación y capacitación de los empleados estatales.
  • Saneamiento de las empresas públicas, lo que significa reducir su déficit como paso previo a su posible privatización. Son 41 firmas estatales que en 2023 necesitaron U$S5.000 del Estado para funcionar.
  • Posible venta de bienes muebles e inmuebles en desuso o con una utilización que en la actual gestión consideren innecesaria.
  • Revisión de la planta automotor del Estado, viáticos y viajes.
  • Análisis de la utilización de los Fondos Fiduciarios. Se estima que en 2023 manejaron una caja de unos U$S7.000 millones.
  • Simplificación de trámites que se consideran burocráticos. Se buscará agilizar procesos en organismos como PAMI, ANSES, AFIP, entre otros.

La Sigen trabajará en conjunto con la jefatura de Gabinete para auditar al Estado

Esta última semana el Gobierno designó al frente de la Sigen al contador público Marcelo Oscar Bailo. Este organismo, que depende del Presidente de la Nación, tiene competencia para efectuar controles en todas las áreas de la Administración Pública Nacional, organismos descentralizados y sociedades que dependan del Estado.

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Con la auditoría en la Casa Rosada sostienen que se identificarán áreas y temas “críticos” para llevar adelante cambios y reformas. Los funcionaros más optimistas creen que el documento final podrá estar listo para el 15 de febrero pero esa fecha puede llegar a postergarse. El informe presentará el estado de situación al 7 de diciembre pasado.

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Con la ley de Ministerios la gestión de Milei redujo a nueve las carteas y aplicó una reducción de las secretarías. El proceso actual busca ahora depurar las estructuras que en La Libertad Avanza consideran quedaron vetustas incluso tras este achicamiento del Estado.

POLITICA

Luján: Secretario municipal calzó chancletas en la apertura de sesiones

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Horas atrás, el intendente de Luján, Leonardo Boto, brindó su sexto discurso inaugural en la apertura del período legislativo ante el Concejo Deliberante. Vestido de traje y corbata, presentó un balance de su gestión en 2024 y anunció nuevos proyectos para este año, con énfasis en seguridad y obra pública. Sin embargo, lo que más llamó la atención del evento no fueron sus palabras, sino que uno de sus funcionarios más cercanos fue en ojotas.

Nicolás Capelli, secretario de Cultura y Turismo de Luján y concejal electo en uso de licencia, asistió a la sesión vestido de manera extremadamente informal y en ojotas. Su actitud generó indignación entre los presentes y abrió un debate sobre la seriedad y el respeto institucional en la función pública. “Para mí que vivió tanto tiempo del estado que ya se cree que está en su casa”, aseguraron desde la oposición. “Debe ser fanático de Diógenes”, especuló un concejal que se encontraba presente. “Falta que se fanatice del jabón y el desodorante para pies”, completó otro.

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De la pantalla grande a la política

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Capelli se presenta en redes sociales y en su perfil de LinkedIn como realizador de cine y TV, sin preocuparse en mencionar su rol en la arena política. En ambos escenarios, lamentablemente, Capelli sigue esperando su momento de gloria. Su incursión en la función pública nació tras varios fracasos en el mundo del cine, pero su cercanía con el intendente Boto le permitió ocupar un cargo dentro del municipio.

Su primera película, Matar a Videla, filmada en 2005 y estrenada en 2010, cuenta la historia de un joven que, antes de suicidarse, decide asesinar al dictador Jorge Rafael Videla. A pesar de contar con figuras reconocidas como Diego Mesaglio y Emilia Attias, la película fue duramente criticada. El diario Clarín aseguró que «de Videla no se ve otra cosa que imágenes de archivo, y la toma de unas falsas manos que serían las del genocida acariciando un rosario es patética». Además, la calificó como «una simple bajada de línea sin profundidad». Especialistas en la materia aseguraron que, en efecto, no se trató más que de “una aventura de Capelli, un joven que sueña con ser director de cine, pero que suple la falta de talento con subsidios del estado”.

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A pesar de su poca repercusión, la película contó con financiamiento estatal a través del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Capelli, en lugar de buscar inversores privados, recurrió a fondos públicos para su producción, una decisión que generó cuestionamientos sobre su dependencia del estado para desarrollar proyectos personales.

Nexos y beneficios en la política

Casualmente, uno de los productores del filme Matar a Videla, Juan Pablo Redondo, también forma parte del gobierno municipal de Luján como secretario de Producción. Esto refuerza la idea de que, más que una vocación pública, Capelli y sus amigos encontraron en la estructura estatal un respaldo constante a sus emprendimientos.

Otro de los nombres vinculados al proyecto fue el músico Iván Noble, encargado de la banda sonora de la película. Noble, quien ha expresado públicamente su apoyo a gobiernos kirchneristas, también fue objeto de críticas por sus vínculos con el estado. En las elecciones presidenciales de 2023, publicó una foto con un choripán y una copa de vino, acompañada del comentario «Voto cantado», lo que desató cuestionamientos sobre su coherencia ideológica. “Sos populista desde una casa en un country y tomando vinos que salen una jubilación mínima”, le espetaron en aquella oportunidad.

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Las ojotas de la controversia

Más allá de sus antecedentes en el cine y la política, lo que generó mayor indignación en el Concejo Deliberante fue la actitud de Capelli al asistir a la sesión de apertura en ojotas. La imagen se viralizó rápidamente en redes sociales y reavivó el debate sobre el profesionalismo y la responsabilidad de los funcionarios públicos.

El episodio deja en evidencia no solo un problema de protocolo y respeto institucional, sino también la permanencia de ciertas figuras en el ámbito político sin una trayectoria siquiera rescatable en la gestión pública. Mientras el intendente Boto intentaba proyectar una imagen de seriedad y compromiso en su discurso, la vestimenta de su secretario de Cultura y Turismo terminó opacando el mensaje y desatando una nueva controversia en Luján. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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Juicio por la muerte de Maradona. Leopoldo Luque agredió a un periodista y le quitó la cámara

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Leopoldo Luque, el médico personal de Diego Maradona que es juzgado por la muerte del exfutbolista, se presentó en el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro y generó sorpresa su transformación física.

Además, en un cuarto intermedio protagonizó un incidente con un reportero gráfico al que le quitó la cámara con la que lo grababa.

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En los pasillos del Tribunal, Luque paseó junto con su abogado y allí se lo pudo observar con toda su fisonomía cambiada, producto de un intenso entrenamiento que comenzó hace algunos meses.

Leopoldo Luque atacó a un camarógrafo a la salida del juzgado

Luque era el médico personal de Maradona y fue quien solicitó la externación del oriundo de Villa Fiorito tras la cirugía por el hematoma subdural.

En diálogo con LA NACION, el periodista gráfico agredido explicó que el médico le arrebató el teléfono y que, segundos más tardes, se lo devolvió.

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Además, explicó que no fue agredido físicamente por el galeno.

“Justicia por papá”

El más chico de los hijos de Diego Armando Maradona se puso ante la lente de la cámara para personificar el pedido de justicia por su padre, el astro del fútbol mundial que falleció el 25 de noviembre de 2020 durante su internación domiciliaria en una casa de un country de Benavídez, en circunstancias que, para el Ministerio Público Fiscal de San Isidro, fue responsabilidad del equipo médico que debía cuidarlo y no lo hizo.

Con el hashtag #JusticiaPorDiego, y la icónica imagen del Diez en negro sobre blanco, Diego Fernando, de 12 años, dijo solo tres palabras: “justicia por papá”.

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Su madre, Verónica Ojeda, se encontraba en la sala de juicio por jurados de los tribunales de San Isidro, donde ayer por la mañana comenzó el juicio donde se buscará dilucidar las eventuales responsabilidades penales de siete de los ocho imputados de la causa en la muerte de Diego. Vistió la misma remera que su hijo.

En el momento de su entrada se cruzó con una de las principales acusadas, la psiquiatra Agustina Cosachov, y le gritó “perra mal parida”.

Luego se sentó en el sector dedicado a los jurados populares; a su lado estaban Jana, Dalma y Gianinna Maradona, tres de los cinco hijos del astro.

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Desde allí escucharon cómo Patricio Ferrari, uno de los fiscales generales adjuntos de San Isidro que llevarán adelante la acusación por parte del Estado, calificó como un “teatro del horror” la internación domiciliaria de Maradona en una casa del barrio cerrado San Andrés, de Tigre, alquilada a tal efecto, que estuvo a cargo de un equipo médico que caracterizó como “un grupo de improvisados” encabezado por el neurocirujano que lo había operado los primeros días de noviembre de 2020, Leopoldo Luque, y completado por Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz y dos enfermeros. A ellos, en la imputación, se agregan un coordinador de enfermeros y otros dos médicos que revistaban en una empresa de medicina prepaga y otra de internaciones domiciliarias que tuvieron intervención en el caso.

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POLITICA

Denunciaron a Milei frente a la Oficina Anticorrupción por la promoción de una beca de una universidad privada

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Diputados de la Coalición Cívica presentaron una denuncia ante la Oficina Anticorrupción contra el presidente Javier Milei por la promoción de la “Beca Presidencia de la Nación”, otorgada por la Universidad ESEADE. La acusación señala una posible violación a la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública y al Código de Ética Pública por el uso de la imagen presidencial en la difusión de una iniciativa de una institución privada, fundada por el economista liberal Alberto Benegas Lynch (h), mentor del mandatario.

El caso tomó notoriedad cuando Milei compartió en sus redes sociales un flyer con su imagen y la banda presidencial para promocionar la beca, mientras que afiches con el mismo diseño aparecieron en la vía pública. En el anuncio se afirmaba: “Beca Presidencia de la Nación. Aplicá y obtené hasta un 100% de Beca en todas nuestras carreras. Beca financiada exclusivamente por ESEADE sin aportes del Estado”. La universidad también difundió un comunicado en el que destacaba la relación de Milei con la institución y el alineamiento de su gobierno con las ideas liberales.

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Los diputados Mónica Frade y Maximiliano Ferraro firmaron la denuncia y exigieron que se investigue la posible existencia de un conflicto de intereses. En el documento presentado, señalaron que la promoción de la beca “expone una vinculación especial entre el Presidente y la institución educativa” que podría implicar “uso indebido de recursos públicos”. La polémica surgió casi en simultáneo con el escándalo por la promoción del token cripto $LIBRA, lo que intensificó las críticas al Gobierno.

Desde ESEADE afirmaron que el programa de becas era financiado íntegramente por la universidad y que el Consejo Académico sería el encargado de definir su otorgamiento. Sin embargo, en su página web se mencionaba que la validación final de las becas estaría a cargo de la Presidencia de la Nación. Consultada sobre estos aspectos, la institución no detalló cuál fue el apoyo concreto de Milei ni qué papel desempeñaba el Gobierno en la iniciativa.

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Por su parte, el Ministerio de Capital Humano, del que depende la Secretaría de Educación, aclaró que no tuvo injerencia en la beca y que se trataba de “un arreglo entre privados”. No obstante, al tratarse de una iniciativa educativa, la supervisión estatal debería recaer en dicha cartera, lo que generó interrogantes sobre la transparencia del proceso.

Tras la denuncia, ESEADE emitió un nuevo comunicado en el que aseguró que “el uso de la imagen del Presidente por parte de nuestra institución no ha sido expresamente autorizado” y que la decisión de incluirlo en la promoción de la beca fue “un homenaje a la figura presidencial”. Sin embargo, la referencia a Milei y a la validación gubernamental fue eliminada posteriormente de su página web, lo que alimentó las sospechas sobre la legitimidad del programa y el posible uso indebido de la investidura presidencial.

La entrada Denunciaron a Milei frente a la Oficina Anticorrupción por la promoción de una beca de una universidad privada se publicó primero en Nexofin.

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