“No somos todos ñoquis”, le dijeron a TN empleados de la secretaría de Comunicación tras la auditoria que realizó el Gobierno y la determinación de que puede funcionar con 50 de los 500 empleados que tiene. Antes eran 600, pero el oficialismo no renovó 100 contratos del 2023.

Algunos hacen trabajo presencial y otros home office y se distribuyen entre Balcarce 50, el Centro Cultural Kirchner (CCK) y un viejo edificio del Somisa. “Laburamos pero no tenemos claro bien si vamos a seguir teniendo trabajo o no”, expresó otro cercano al sector.

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Según pudo saber TN, los monotributistas cobran alrededor de $300.000 y los empleados de planta permanente tienen un sueldo cercano a los $750.000. Los titulares de las direcciones rondan en $1.200.000.

Esto generó tensión dentro de los empleados del sector por la prórroga de seis meses que le otorgó la exvocera presidencial Gabriela Cerruti a funcionarios de su confianza para retenerlos en la estructura. Rige desde diciembre de 2023 hasta junio de 2024.

Hay una serie de coordinadores y directores de la gestión anterior en el área de Comunicación que se encargan de las gacetillas y de parte de la comunicación digital de Presidencia, entre otras cosas, pero no tienen definida su continuidad.

Hasta que el Gobierno nombre a sus dirigentes para que pongan la firma, siguen operativos. Esto generó malestar en un sector de los empleados, ya que argumentan que todavía no hay estructura y que no tienen definido para quién van a trabajar.

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Hasta el momento, solo están designados el secretario de Comunicación, Eduardo Serenellini, el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el subsecretario de Prensa, Javier Lanari.

Todavía no pudieron oficializar a la parte de su tropa que está trabajando desde el salón de las Mujeres. Estos se encargan de la edición de videos de Vocería y de la estrategia digital del oficialismo.

Es por eso que Javier Milei envió un especialista para que investigue la composición de la secretaría de Comunicación: quiere desafectar a los que considera militantes -que cree que podrían espiarlos- e identificar a los empleados eficientes.

Se contrató además de forma descentralizada a un abogado que viene de la Administración General de Puertos para que colabore con la situación de los empleados que el oficialismo quiere mantener respecto a las mejoras de sueldos y recategorizaciones.

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La línea que mantienen en Presidencia es que “el que trabaja sigue y el que es militante kirchnerista se va” y buscarán desarticular la sobrepoblación de empleados.

Corrieron versiones sobre que encontraron a varios trabajadores con más de nueve personas de su familia abajo suyo. “La mayoría no viene a trabajar y más de uno nos vino a extorsionar con que no les toquemos el puesto”, expresó un funcionario a TN.