La presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Pino de la Nuez, ha abogado por un pacto PP-PSOE, similar a la reforma constitucional, para abolir la prostitución. «Más que conveniente sería alcanzar ese acuerdo que en este tema creo que ya existía en muchas cosas políticas con la formación del Partido Popular y a similitud de la reforma del artículo 49», ha asegurado este viernes en declaraciones a Europa Press. En este sentido, ha celebrado que el PSOE recupere su apuesta por abolir la prostitución en la Convención Política que celebra este fin de semana en A Coruña, un tema presente en su programa electoral para las últimas elecciones generales pero aparcado en el acuerdo de coalición progresista de PSOE y SUMAR, debido a las diferencias entre ambas formaciones. Asimismo, ha destacado que desde la asociación Mujeres Juristas Themis su valoración es «muy positiva» y que «apostar a abolir la prostitución en estos momentos y con este Gobierno feminista es una obligación». «Tras el pacto de Estado contra la violencia de género que se ejerce en nuestro país, el que se suscribió en el año 2017, hay que entender que la prostitución es la forma extrema de ejercer la violencia de género», ha recalcado. Además, ha precisado que también tiene que abordarse el asunto de «los vientres de alquiler», comportamientos que «tienen que ser punitivos para acabar con estas prácticas». Igualmente, ha expuesto que es «necesaria» la «formación afectivo sexual» a los menores. «Nos estamos encontrando con consumo de pornografía en edades muy muy cortas de nuestra infancia y sobre todo no se está educando en sexualidad, sino que se está educando en pornografía», ha lamentado. LEY CONTRA EL PROXENETISMO Fuentes socialistas avanzaron esta semana a Europa Press que retomarán la proposición de ley contra el proxenetismo que presentaron en la pasada legislatura pero que decayó por la convocatoria de elecciones generales. De este modo, han explicado que propondrán comportamientos punitivos para acabar con esta práctica. «España no puede seguir liderando el consumo de prostitución. Somos un partido abolicionista, para el que no es admisible que la prostitución y la explotación sexual de las mujeres sigan existiendo en una democracia plena. Es necesario crear una conciencia colectiva a este respecto», señalan los socialistas en el texto para su convención. En esta misma línea, rechazan que los cuerpos de las mujeres sigan siendo objeto de «mercantilización y explotación», ya sea en las formas de la trata y la prostitución, la pornografía, los «vientres de alquiler» o el uso de tecnologías que banalizan comportamientos violentos. «La violencia que sufren las mujeres en múltiples y nuevas expresiones, protagonizadas además por agresores y víctimas cada vez más jóvenes, demanda una respuesta urgente, coherente y sistemática», señala. La prostitución y la gestación subrogada son dos de las materias que quedaron fuera del acuerdo PSOE-SUMAR, pero que sí se recogía ampliamente en el programa electoral del PSOE para las elecciones del pasado julio. Concretamente, los socialistas se comprometían a defender «un modelo social que luche por la desaparición de las causas que obligan a las mujeres a prostituirse», por ser incompatible con el modelo social que proponen. Además, ya mencionaban explícitamente que desarrollarían una ley para prohibir el proxenetismo en todas sus formas, que incluía el castigo de la tercería locativa y la sanción a los proxenetas. La proposición que presentó el Grupo Socialista en la pasada legislatura fue tomada en consideración gracias al apoyo de PP y Podemos -aunque con el rechazo de los ‘Comunes’- y no contó con el visto bueno de sus socios entonces en la Cámara Baja. Es previsible que cuando vuelva a presentar la norma, dadas las divergencias sobre este asunto entre las formaciones que apoyan al Gobierno en esta legislatura, los socialistas necesiten recabar de nuevo el apoyo de los ‘populares’ si quieren sacarla adelante. El PSOE ya había intentado previamente llevar a cabo estas medidas antes de presentar la proposición de Ley en solitario a través de una enmienda a la polémica Ley del ‘sólo sí es sí’, pero se vio obligado a retirarla precisamente por la amenaza de sus socios de no apoyar la norma en su conjunto. Una vez presentada y tomada en consideración esta proposición, sin embargo, pasó un año sin que avanzase su tramitación y finalmente decayó por la convocatoria de elecciones. Concretamente, suponía la modificación del artículo 187 del Código Penal para que «castigue de forma general el proxenetismo, sin exigir relación de explotación». Con este cambio, se impondría un castigo de prisión de 3 a 6 años y multa de 18 a 24 meses a quien, empleando violencia, intimidación, o abusando de una situación de superioridad, o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima, determine a una persona a ejercer o mantenerse en la prostitución. También recuperaba la tercería locativa que pena a aquellos que, con ánimo de lucro y de forma habitual, cedan bienes inmuebles o local para favorecer el ejercicio de la prostitución. Es decir, a los dueños de los clubes, locales y pisos donde las mujeres ejercen esta práctica. Igualmente, multaba a los clientes de prostitución, es decir, a «las personas que recurren a las mujeres en situación de prostitución participan directamente del entramado que sostiene esta grave vulneración de los derechos humanos». Concretamente, establecía una multa de 12 a 24 meses, que se elevaba a prisión de 1 a 3 años y multa de 24 a 48 meses si la persona que presta el acto sexual es menor.