La llegada de funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio a la Registraduría nacional el martes 12 de marzo generó todo tipo de polémicas, puesto que desde algunos sectores indicaron que los funcionarios del ente regulador intentaron sustraer computadores de la entidad de identificación.

El hecho sucedió justo después de que la SIC también allanara las instalaciones de la empresa Thomas Greg & Sons en búsqueda de presuntas irregularidades en procesos contractuales con el Estado, razón por la cual también se vio involucrada la Registraduría.

En medio del intento de confiscación de computadores por parte de la SIC, funcionarios de la Registraduría se opusieron y alegaron que no estaban abajo la supervisión de la Superintendencia, razón por la cual, el ente emitió un comunicado en el que aclaraba sus alcances.

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“Dentro del marco sus facultades constitucionales y legales, la Superintendencia se encuentra adelantando visitas de inspección en Thomas Greg y la Registraduría Nacional del Estado Civil únicamente con el propósito de verificar el cumplimiento del régimen de libre competencia económica en los procesos de selección contractual adelantados por la entidad, sin que elle implique una intromisión legitima en el normal funcionamiento de la institución y dando todas las garantías para el desarrollo ordinario de sus funciones”, indicó la SIC.

La Superintendencia indicó que está facultada para adelantar visitas de inspección en las entidades estatales que adelantan procesos de contratación pública, razón por la cual ingresó a la entidad para revisar todos los documentos suscritos con Thomas Greg.

“La Corte Constitucional avaló las facultades de la Superintendencia de realizar visitas de inspección indicando que se tratan de diligencias cuya práctica no requiere autorización judicial previa, persiguen una finalidad legitima porque permite recaudar las pruebas necesarias para el desarrollo de la investigación, y no requieren el aviso previo, destacando que el factor sorpresa de estas es vital para el desarrollo adecuado de las mismas”, agregó la Superintendencia.

Con base en lo anterior, funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio intervinieron la entidad y la empresa extranjera, puesto que se revivió un caso de colusión (celebración de un contrato de forma clandestina) entre las compañías Thomas Greg e Indra con la Registraduría para el software de los escrutinios en las elecciones.

La denuncia fue hecha en 2021 por un veedor ciudadano, que después se habría retractado, por lo que Thomas Greg expresó: “La visita se origina en una denuncia formulada por un ciudadano en 2021, por un supuesto caso de colusión. En ese sentido, Thomas Greg & Sons está atendiendo la visita, como lo ordena la normativa vigente, y prestando toda la colaboración a la Superintendencia para aclarar sus dudas, y acreditar la inexistencia de conductas que atenten contra la libre competencia”.

Con la llegada de Cielo Rusinque a la dirección de la entidad y los señalamientos del presidente Gustavo Petro sobre presuntos hechos de corrupción que involucran a Thomas Greg, se habría reabierto el caso y por esa razón los funcionarios de la SIC pretendían llevarse de la Registraduría computadores, correos electrónicos y copias espejo de las bases de datos que tuvieran que ver con el proceso.

“En ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, a la entidad se le ha encargado adelantar indagaciones e investigaciones para determinar la existencia de acuerdos, actos, abuso de posición de dominio en relación con comportamientos que puedan o tengan efectos en los mercados nacionales, en especial en los procesos de contratación estatal. Con el fin de determinar la existencia de conductas que atentan la libre competencia económica, la Superintendencia no solo adelanta visitas de inspección a los proponentes de los procesos de selección contractual sino a la entidad estatal contratante con el fin de tener un conocimiento transversal sobre el contexto en las que se desarrollaron estos procesos”, concluyó la SIC.