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Descubren que Fabricaciones Militares vendió chalecos antibalas defectuosos a fuerzas policiales del país

El chaleco antibalas de la empresa Fabricaciones Militares que le costó la vida a la agente Maribel Salazar. (Foto: TN)El informe sobre el estado de los chalecos antibalas que deja constancia de los lotes «impactados». (Foto: TN)Informe que señala que los chalecos de Fabricaciones Militares no estaban aptos. (Foto: TN)Suspensión a Fabricaciones Militares para producir el lote de chalecos antibalas. (Foto: TN)Multa a la empresa Fabricaciones Militares por la comercialización de chalecos antibalas defectuosos. (Foto: TN)Compra de chalecos antibalas de Fabricaciones Militares por parte del Gobierno de Santa Fe. (Foto: TN)

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En febrero de 2023 se conoció la triste noticia de que la oficial de policía, Maribel Salazar, había sido asesinada en el cumplimiento del deber. El caso es que su muerte fue muy particular: la bala perforó el chaleco de seguridad que vestía.

Salazar usaba un chaleco RB3, comprado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires un año antes. Se trata de un tipo de protección que cubre hasta disparos de calibre 44 o 9 milímetros. Pero en este caso, era un lote deficitario: había sido catalogado como “no apto para su uso”.

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La Anmac, organismo del ministerio de Justicia que se encarga del control de los “materiales controlados”, es decir, las armas, multó a la empresa fabricante de los chalecos en septiembre del 2021 por $150.000. Además, ordenó destruir ese lote de producción. La compañía estatal es Fabricaciones Militares, que no cumplió con lo indicado.

El informe sobre el estado de los chalecos antibalas que deja constancia de los lotes "impactados". (Foto: TN)
El informe sobre el estado de los chalecos antibalas que deja constancia de los lotes «impactados». (Foto: TN)
Informe que señala que los chalecos de Fabricaciones Militares no estaban aptos. (Foto: TN)
Informe que señala que los chalecos de Fabricaciones Militares no estaban aptos. (Foto: TN)

Fabricaciones Militares no cortó la producción ni la comercialización del chaleco no apto para uso, estafando al Estado. Solo decomisaron 15 de esas tandas, en lugar del lote entero. Se trataba de productos ya vendidos a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

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Entre los principales clientes de este producto aparecen la Policía Bonaerense, la de Santa Fe, Gendarmería y hasta incluso la Policía Federal. En Anmac aseguran que las fechas de fabricación del producto no cuadran, ya que había una prohibición para la producción de los mismos previa a la fecha de las ventas.

Pero hay más: hasta 2015, muchos funcionarios que habían trabajado en Fabricaciones Militares, pasaron a la órbita de la Anmac. Esto explica en parte varios vínculos entre la empresa y el organismo a cargo de los controles. La titular hasta el final de la gestión de Alberto Fernández fue Natasa Loizou, militante de La Cámpora.

Suspensión a Fabricaciones Militares para producir el lote de chalecos antibalas. (Foto: TN)
Suspensión a Fabricaciones Militares para producir el lote de chalecos antibalas. (Foto: TN)
Multa a la empresa Fabricaciones Militares por la comercialización de chalecos antibalas defectuosos. (Foto: TN)
Multa a la empresa Fabricaciones Militares por la comercialización de chalecos antibalas defectuosos. (Foto: TN)

Esta historia incluye un escándalo de corrupción explícita: en febrero de 2023 hubo una compra de chalecos a Fabricaciones Militares por parte del gobierno de Santa Fe, en ese momento a cargo del peronista Omar Perotti. La misma provincia que hoy -y siempre- es noticia por los crímenes ligados al narcotráfico.

En este caso se trató de una compra de 100 chalecos por más de 100 mil dólares, es decir, más de mil dólares cada uno. Sucede que el precio de mercado de un producto de esas características es de 650 o 700 dólares los más económicos, mientras que los más costosos alcanzan los 850 dólares. Pero en ningún caso se acercan a los números que pagó la gestión de Perotti el año pasado.

Para ejemplificar: por esa misma fecha (marzo de 2023) el ministerio de Seguridad de la Nación compró 30 mil chalecos a la empresa Tecnología Antibalas SA a 172 mil pesos cada uno. A dólar oficial de esa época, la cuenta da 850 dólares cada unidad. Si se toma como referencia el valor de tipo financiero, queda en 450 dólares cada chaleco.

Compra de chalecos antibalas de Fabricaciones Militares por parte del Gobierno de Santa Fe. (Foto: TN)
Compra de chalecos antibalas de Fabricaciones Militares por parte del Gobierno de Santa Fe. (Foto: TN)

Se impone una pregunta: ¿qué ganó Fabricaciones Militares? Por un lado, reducir el déficit de la empresa, de hecho en 2023 fue menor que en años anteriores, aunque siempre fue a pérdida. Pero además, logró construir la narrativa de las ventas récord, como presentaba cada vez que podía el titular de la empresa estatal, Iván Durigón, hombre cercano a Agustín Rossi.

Si de números se trata, las autoridades de la empresa durante la gestión del Frente de Todos aseguran que alcanzaron superávit, por el balance todavía no está disponible. En contrapartida, según la Ley de Presupuesto 2023, Fabricaciones Militares tuvo un resultado económico deficitario de $2.658 millones. Y un dato no menor: la empresa recibió aportes del Tesoro Nacional por $8.480 millones

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Guerra de negocios en Nacion Servicios y el BNA

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En abril se anunció hasta por el vocero presidencial la evolución del sistema SUBE, sin embargo, la empresa aún no conformó ni siquiera una mesa de trabajo para ejecutar el proyecto. Fuentes internas aseguran que no saben ni por dónde empezar y, mientras esperan, irían proyectando algunos negocios non sanctos.

“Están pensando seriamente en entregar SUBE a los bancos, tarjetas y billeteras, básicamente por esa idea libertaria de que el privado hace todo bien y el público es un inútil. Y de paso hacerse de grandes negocios”, deslizó una alta fuente local a REALPOLITIK.

El negocio de evolución -por no decir de entrega- de la SUBE es del orden de los 50 millones de dólares, aunque el potencial posterior es inmenso: esos dólares estarían comprometidos por empresas privadas a cambio del negocio, quienes además usarían a Nación Servicios SA como instrumento para evitar las licitaciones. Arrepentidos aseguran también que en el BNA utilizarían a los gerentes actuales de la empresa para que firmen y luego serían parte de una drástica reducción de autoridades. Se habla de por lo menos quinientas personas a despedir luego del casi cierre de SUBE.

En ese marco, siguen profundizando la desvalorización de Nación Servicios SA con casi todos sus negocios dando pérdidas. Hasta han perdido los beneficios de la ley de Economia del Conocimiento por errores administrativos, lo que significaría 1.500 millones de pérdida si no logran revertirlo con el recurso presentado ante el ministerio de Economía. 

En junio presentaron resultados en la empresa y pierden dinero casi todas las unidades de negocio, y las que no pierden en realidad constituyen una transferencia de recursos del estado a la empresa.

Ahora, en el mes de julio, el gerente General, Nicolás Callegari, intenta desesperadamente hacer ingresar a WorldPay SA en Nación Servicios como proveedor estratégico. La maniobra es tan polémica que puertas adentro del organismo deslizan que ni siquiera ha informado a los directores del negocio. De este modo, buscaría evitar un conflicto con otra empresa, que tampoco habría sido informada del tema. Se trata de un negocio de 20.000 millones de pesos o más para los próximos años de gestión. Sin facturas, sin órdenes de compra..

Para que ingrese la empresa que quiere Callegari, tienen que sacar a Global Processing SA y es casualmente en este punto donde se complican las cosas. Solo basta con analizar las referencias de los directores del BNA. Uno de ellos, Alejandro Henke, confirma en su CV que es socio de esa empresa. Otra autoridad del BNA, muy importante, también es accionista pero por lo menos no lo dice públicamente.

Los interrogantes son varios: ¿Por qué pasa esto? ¿Se trata de fuego amigo entre autoridades del BNA?  ¿Quién lo mandó a Callegari a sacarle el negocio de Global Processing? Todo es llamativamente extraño, aunque la explicación pareciera muy sencilla: el negocio es muy grande y los intereses de los directores del BNA no serían los mismos.

Finalmente, lo más caliente. Ya comenzaron los reclamos formales de Global Processing, ahora por la suma de 67 millones de pesos -aunque podría ser por muchísimo más- por incumplimiento de contrato a Nación Servicios. Contrato que, dicho sea de paso, firmó el mismo Callegari que hoy no lo cumple. 

Esta es una batalla que promete más conflictos en el seno libertario. Al parece, habrá varias batallas más, y ésto recién comienza. Lo que está claro es que ninguna batalla será para mejorarle la vida de la gente ni para ampliar derechos, sino para engrosar bolsillos propios. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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