POLITICA
Denunciaron a Javier Milei por enriquecimiento ilícito y falsificación de documentación pública
Una mega denuncia tiene en vilo por estas horas a gran parte del gobierno nacional, en medio de las intrigas palaciegas autogeneradas y la necesidad de aclarar, fotografía de por medio, que la relación entre Javier Milei y la vicepresidente Victoria Villarruel aún es buena. Raúl Castells, dirigente del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), con el patrocinio legal del abogado Adrián Daniel Morales, denunciaron al presidente de la Nación por un incremento del 155,9 por ciento en su declaración patrimonial, en apenas cien días de gobierno.
Según sostienen, la declaración jurada presentada junto a su candidatura presidencial, arrojaba un patrimonio de 33 millones de pesos, que incluyen una propiedad en el barrio porteño de Abasto y dos automóviles: una camioneta Mercedes Benz y una cupé. Sin embargo, como presidente declaró 39,2 millones en cuentas bancarias y en efectivo.
De acuerdo a la denuncia, Milei reconoce en su primera declaración patrimonial poseer bienes desde el año 1969, aunque nació un año después. “Tiene dólares en efectivo por el equivalente de 3.500.000 que ingresaron a su patrimonio el 31 de diciembre de 1969; es decir, diez meses antes de haber nacido, la misma fecha que consignó para 280 mil que también tendría en efectivo”, sostienen los denunciantes.
Al mismo tiempo ponen la lupa sobre los medios de subsistencia de Milei durante su período como legislador nacional, dado que pese a donar mensualmente su dieta y afirmar vivir de las charlas realizadas en el exterior, nunca declaró los montos de las mismas ante la Oficina Anticorrupción.
El viaje a Mar del Plata, para ver a Fátima Flórez, y la construcción de los caniles para sus perros en Olivos, también generan dudas, dado que, pese a que afirma haber pagado ambos de su bolsillo, se desconoce el presupuesto final de los trabajos. Incluso se hacen eco de rumores que se preguntan si efectivamente todos los perros se encuentran con vida, dado que nunca fueron mudados a Olivos.
Al mismo tiempo, Castells y Morales apuntaron contra la canciller Diana Mondino por incumplimiento de sus deberes como funcionaria pública, al guardar silencio luego de que el gobierno inglés decidiera sumar 166 mil kilómetros a su zona marítima, en torno a las Islas Malvinas, pese a que la misma pertenece a la provincia de Tierra del Fuego.
Asimismo, Milei y Espert fueron denunciados por llamar a la “rebelión fiscal” a los vecinos de la provincia de Buenos Aires, argumentando que tales declaraciones se enmarcan dentro del delito tipificado como “delito contra el orden público”.
Por último, ambos denunciantes ampliaron su denuncian por el aumento de los casos de dengue en el país. De acuerdo a lo explicitado, desde la asunción presidencial de Milei y fruto del recorte de presupuesto al sector de salud y prevención, los casos de dengue, que se han cobrado cientos de vidas humanas, habrían ascendido más del 2000 por ciento. Por este tema, los denunciantes aseguran que Milei incurrió en impericia e “inobservancia de los deberes a su cargo”. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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POLITICA
La SIGEN le solicitó a la Justicia rechazar la medida cautelar de la UBA para avanzar con las auditorías
La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) solicitó a la Justicia rechazar la medida cautelar presentada por la Universidad de Buenos Aires (UBA) para impedir una auditoría sobre los fondos públicos que recibe. El organismo de control, que depende de la Presidencia, argumenta que la UBA no rindió cuentas del 90,22% de los fondos transferidos entre 2015 y 2021, ni del 98,87% de los fondos asignados en 2022, sumando una deuda de más de $5.000 millones. “Auditar no es intervenir”, subraya la SIGEN, aludiendo a que la auditoría solo busca asegurar el uso transparente de los recursos públicos.
Este conflicto se enmarca en un debate legal sobre la autonomía y el control de las universidades nacionales, tema que la UBA defiende con base en la Ley de Educación Superior, que establece la “autonomía económica” de estas instituciones. No obstante, la SIGEN sostiene que la autonomía no exime a la UBA del control estatal, argumentando que los recursos del Tesoro Nacional deben ser auditados por las instituciones competentes para garantizar su correcto uso.
La AGN priorizará una auditoría a tres facultades de la UBA en 2025
En su defensa, la UBA argumenta que el control debería estar a cargo de la Auditoría General de la Nación (AGN), organismo del Congreso, y no de la SIGEN, con el fin de preservar su autonomía universitaria. Sin embargo, la SIGEN advirtió que la AGN no audita a la UBA desde 2018, por lo que considera que su intervención es crucial para dar claridad al uso de los fondos públicos.
El auditor general Miguel Blanco señaló que la negativa de la UBA a ser auditada “atenta contra los cimientos de nuestra Constitución Nacional” y subrayó la importancia de la transparencia en el manejo de los recursos aportados por los ciudadanos. “Aquí se trata de garantizar la transparencia de los recursos públicos… que deben rendir cuentas a la población”, remarcó Blanco en el escrito presentado ante la Justicia.
Actualmente, el proceso judicial sigue su curso, ya que el juez a cargo fue recusado, y el caso será reasignado por la Cámara Contencioso Administrativo Federal. Se espera que la Justicia determine si la SIGEN puede auditar los fondos públicos de la UBA o si la AGN será la encargada de realizar el control.
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