POLITICA
El kirchnerismo pedirá una sesión especial en el Senado para regular las subas salariales en el Estado
Este lunes, el kichnerismo pedirá una sesión especial en el Senado para tratar los salarios de los funcionarios políticos del Estado. El bloque de Unión por la Patria quiere tratar un proyecto que le pone un límite de aumento a los haberes del Presidente y al de otras personas con responsabilidad en empresas públicas.
La iniciativa fue presentada en marzo por el bloque opositor, pero habría recibido el apoyo de todas las bancadas. Esta semana, tanto el bloque oficialista como el PRO se comprometieron a tratarlo y desde Unión por la Patria buscan acelerar los tiempos, tras el “aumentazo” que se votó la semana pasada en el Senado. “La sesión depende de Villarruel”, explicaron cerca de José Mayans a TN.
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Con esto, buscan darle un marco legal definitivo a los salarios de las personas que tienen responsabilidad estatal. Los cargos van desde el binomio presidencial y los ministros hasta personas con responsabilidad en empresas públicas (YPF, BNA, AYSA) y organismos descentralizados.
El objetivo del proyecto, que lleva la firma del senador José Mayans, es ponerle un tope máximo al sueldo de las autoridades superiores de los tres poderes del Estado, que está atado a una cantidad de salarios mínimos, vitales y móviles.
“Las remuneraciones se fijarán de acuerdo a los principios de Igualdad, Jerarquización, Objetividad, Movilidad Automática (de las remuneraciones según la evolución del Salario Mínimo, Vital y Móvil que determina periódicamente el Consejo Nacional del Empleo) y Transparencia”, explica el proyecto.
De esta manera, el techo para el sueldo de los distintos funcionarios irá variando de acuerdo a todas estas condiciones. Ninguna autoridad de los tres poderes del Estado podrá ganar más que el Presidente.
Cuánto cobrarían el presidente y los legisladores con la ley de UxP
De acuerdo a la escala que fue presentada dentro del proyecto de ley que podría ser tratado en una sesión especial, el Presidente no podría cobrar más que el equivalente a 20 salarios mínimos, vitales y móviles.
Luego lo siguen los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Vicepresidenta, los senadores y diputados, el Procurador General de la Nación y el Defensor General de la Nación. Todos ellos podrán cobrar, como máximo, el equivalente a 15 salarios mínimos vitales y móviles.
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Los ministros, por su parte, tendrán como techo el equivalente a 12 salarios mínimos vitales y móviles; y los Secretarios de Estado el equivalente a 10 SMVyM.
Finalmente, los directores ejecutivos de las empresas y sociedades del Estado como pueden ser YPF, Banco Nación o AYSA tendrán como techo de salario el equivalente a 9 SMVyM. Todas las autoridades jerárquicas no incluidas dentro de este grupo no podrán superar los 9 SMVyM.
El proyecto excluye personal y agentes comprendidos en el Convenio Colectivo del Sistema Nacional de Empleo Público e invita a adherir al Poder Judicial de la Nación.
Javier Milei, Congreso.
POLITICA
Crece el empleo informal: más de 500.000 trabajadores no registrados en los últimos cuatro años
El empleo informal en Argentina no para de crecer según un dato del INDEC durante los últimos 4 años el número de trabajadores informales aumentó a 568.000 un tercio más que el trabajo formal.
Esta tendencia es un problema para la economía y, en especial, para los trabajadores que se ven impedidos de derechos elementales como la seguridad social y los aportes para sus futuras jubilaciones.
A esto se le suma también la recesión económica que si bien logró bajar la inflación generó un aumento del desempleo en un 7,7%. Según un estudio realizado por el INDEC, el Producto Bruto Interno (PBI) se contrajo un 5,1% durante el primer semestre de 2024.
Otra de las consecuencias es la crecida de la pobreza que superó el 50%, y el otro dato alarmante es que el 34,9% de los trabajadores que tienen un empleo viven por debajo de la línea de pobreza.
Uno de los sectores más perjudicados es el de servicio doméstico. De los más de 1 millón y medio de personas, mayoritariamente mujeres, el 71,5% no le realizan aportes previsionales. Otro rubro afectado es el de la construcción. El 58,4% de sus 946.000 está en la informalidad.
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