POLITICA
El Gobierno acelera para desactivar una caja millonaria y quiere revisar los gastos que realizó el kirchnerismo
El escándalo por las contrataciones irregulares en la Secretaría de Niñez y Familia que desembocó en la salida de Pablo de la Torre y la denuncia por supuesta corrupción que realizó la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, reavivó la discusión en torno a lo que ocurre en el Ministerio de Justicia desde hace más de tres décadas con el ente cooperador que administra la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (ACARA) que, tal como expuso Clarín la semana pasada, tiene contratada a más de la mitad de empleados que trabajan en el área y paga sobresueldos en concepto de «incentivos» a unos 70 agentes.
Ahora, luego de la revelación que hizo el periodista Ricardo Roa en este diario días atrás, el Gobierno de Javier Milei ya trabaja en un plan para desmontar esa caja millonaria de la que, numerosas fuentes consultadas, coinciden en señalar que se ha nutrido no sólo el kirchnerismo sino amplios sectores de la política. Los fondos para gastar sin el control de la AGN o la SIGEN superan los 140 millones de dólares al año.
Altas fuentes oficiales confirmaron a Clarín que el Gobierno se puso plazo para «terminar por completo» con el sistema que se nutre de la compraventa de vehículos y otros trámites que realizan los argentinos en registros del automotor de todo el país. La orden del Presidente, según confiaron desde Balcarce 50, es que en 2025 los fondos que ingresen por esos trámites pasen a engrosar el presupuesto nacional.
«No se puede hacer de un día para otro, porque es un sistema complejo y oscuro que funcionó durante casi 40 años, desde la época de (Raúl) Alfonsín, y que está diseñado para que ningún ministro (de Justicia) quiera y pueda desmontarlo, porque implica quedarse sin personal; pero la idea es cambiarlo y (Mariano) Cúneo Libarona está trabajando en un plan con Milei. La fecha es 2025», aseguró a Clarín una fuente inobjetable al tanto (al detalle) de la decisión de la Casa Rosada.
El tema, antes del revuelo por los contratos en Capital Humano, fue motivo de charla en la reunión de Gabinete del martes. Cúneo Libarona, según pudo corroborar este diario, mantuvo una reunión clave con el titular de ACARA, el formoseño Sebastián Beato.
El ministro le transmitió que por administrar el ente, su institución debía bajar del 5% al 3,5% sobre el total de lo que recauda, y que avanzará en un fuerte recorte de la nómina de contratos que nadie sabe -ni siquiera ACARA- qué tarea realizan para el Ministerio: «Hay gente que ellos nos dicen que tenemos contratada y que nosotros no sabemos qué hacen», explican en Justicia, sobre el agujero negro que representa el ente cooperador.
Para ponerlo en números, según el último dato oficial aportado por Justicia, hay 2.483 empleados contratos por el ministerio a través de ACARA, por lo que no pasan por el control de ingreso biométrico.
El dato contradice lo expuesto por Ricardo Salomé, ex presidente de ACARA, quien en medio de un duro enfrentamiento con su sucesor denunció días atrás que los contratados por su entidad eran casi el doble: habló de unos «4.800 empleados».
Pero ni la baja de los honorarios que percibe ACARA ni la reducción de la plantilla es algo que inquiete demasiado a Beato, al menos eso dejaron trascender quienes lo escucharon. Tampoco la indemnización que, eventualmente, tendrá que pagar a quienes fueron contratados sin plazo y figuran en relación de dependencia en ACARA.
Una preocupación de la entidad tiene que ver con dos pasos que podría dar Cúneo Libarona. En principio, con una auditoría técnica exhaustiva sobre los gastos que se realizaron desde el ente cooperador durante la gestión kirchnerista. Como puntualizó Clarín, en el ente se hicieron contrataciones insólitas, que distan mucho de cuestiones relativas al funcionamiento del Ministerio.
En el entorno de Cúneo Libarona recibieron alertas de convenios millonarios con universidades, alquileres de inmuebles y vehículos cuyo uso no estaba asentado, y pagos a proveedores fantasma. Ya hay un entrecruzamiento de datos que realizaron entre Justicia y Capital Humano en torno al desembolso a ciertas cooperativas con cifras de facturación exorbitantes. Casualidad ó no, ambos ministros fueron puestos en duda durante toda la semana, con versiones que surgieron desde el Gobierno. Tanto que tuvo que intervenir Milei para despejar dudas.
El otro gran temor que hay en la entidad que nuclea a Concesionarios oficiales de todo el país es que el Gobierno se disponga a derogar por decreto las leyes 23.283 y 24.312 que son las que le permiten seguir funcionando y operando con provincias y municipios con convenios similares al que tiene con Nación. Es que según estimaron fuentes del sector, la recaudación por esos acuerdos superaría ampliamente el negocio con Nación.
En un rápido relevamiento que realizó Clarín, que consultó -y no obtuvo respuesta de ACARA- son más de dos decenas de acuerdos entre distritos grandes, como Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires (fuentes oficiales admitieron que hay acuerdos con tres organismos y que se lleva hasta el 10 por ciento de lo que recauda por el pago de multas en los registros), y distritos más pequeños, como Azul.
Los servicios que presta varían: desde formularios hasta la interconexión de la base de datos de multas y antecedentes de tránsito. Nada que los distintos Estados no puedan hacer.
Greg Abbot demostró toda su felicidad el 13 de marzo, a partir de una interesante distinción que recibió Texas. La zona lidera el listado de las universidades de investigación de primer nivel dentro de Estados Unidos, algo que, según el republicano, fue posible gracias a su “trabajo duro para convertir ideas innovadoras en realidad”.
Greg Abbott destacó el trabajo de las universidades texanas
A través de una publicación en su cuenta de X, Abbott le informó a la comunidad este hito. “¿Sabías que Texas es hogar de 16 universidades de investigación número uno? La mayor cantidad en el país”, expresa la fotografía que escogió para acompañar su breve mensaje.
Esta afirmación nace a partir de una detallada investigación en conjunto por parte del Consejo Americano de Educación (ACE, por sus siglas en inglés) y la Fundación Carnegie, la cual se dedica a mejorar la enseñanza y el aprendizaje en todos los niveles educativos de Estados Unidos.
“Estas actualizaciones de las Clasificaciones Carnegie son el primer paso para adaptar un sistema con décadas de antigüedad al siglo XXI. Estamos ampliando nuestro reconocimiento de las diversas maneras en que las universidades participan en la investigación y el desarrollo”, expresó Timothy FC Knowles, presidente de la Fundación Carnegie.
Las categorías que llevaron a Texas al primer puesto en EE.UU.
Las clasificaciones de investigación en universidades se dividen en diferentes secciones, según el nivel de inversión y el número de doctorados que se otorgan. Estas ayudan a entender cuánta actividad investigadora se lleva a cabo en cada institución y se explica del siguiente modo:
- R1 (Universidades de Investigación de más alto nivel): para obtener esta clasificación, las universidades deben gastar más de US$50 millones de dólares al año en investigación y otorgar al menos 70 doctorados en investigación cada año. En 2025, 187 universidades recibieron esta distinción, lo que significa que son las que tienen un gran impacto en la investigación a nivel mundial.
- R2 (Universidades con alta actividad investigadora): las universidades en esta categoría deben gastar al menos US$5 millones en investigación y otorgar 20 doctorados en investigación cada año. En este caso, 139 instituciones fueron reconocidas como R2.
- Colegios y Universidades de Investigación (RCU): esta nueva categoría reconoce a las instituciones que no tienen tradición en investigación, o que no otorgan muchos doctorados, pero que invierten más de US$2,5 millones anuales en investigación. Este año, 216 instituciones recibieron esta clasificación.
El objetivo de las universidades de primer nivel en Texas
Varias universidades del Estado de la Estrella Solitaria buscan el nivel más alto porque les permite atraer más estudiantes, profesores y recursos, todos altamente calificados. Incrementar significativamente su número también es un objetivo de muchos líderes estatales, dado que se consideran motores económicos para la comunidad.
Según Texas Tribune, las últimas clasificaciones universitarias que se publicaron en 2022 añadieron cinco nuevas instituciones en Texas: Baylor College of Medicine, Southern Methodist University, University of Texas Health Science Center de Houston, University of Texas Health Science Center de San Antonio y UT Southwestern Medical Center.
“Antes de estas actualizaciones no estaba claro qué requisitos debían cumplir las instituciones para obtener una designación de investigación. Esta confusión generó distracciones y una competencia improductiva entre universidades. Ahora, las designaciones son más sencillas”, declaró Mushtaq Gunja, director ejecutivo de los sistemas de Clasificación Carnegie.
Las universidades más prestigiosas de Texas
Según un estudio por parte de Forbes, totalmente independiente la Fundación Carnegie y basado en factores como el éxito de los egresados o el nivel de deuda estudiantil, las mejores universidades de Texas entre 2024 y 2025 son:
- Rice University
- University of Texas at Austin
- Texas A&M University
- Trinity University
- Southern Methodist University
- University of Houston
- University of Texas, Dallas
- Baylor University
- Texas Tech University
- University of North Texas
Zago, un aliado clave al que necesitan contener
Pedidos de investigación y sanciones
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una reducción en los aranceles de importación de ropa, calzado y telas con el objetivo de fomentar la competencia y disminuir la inflación. “La Argentina sigue siendo el país con la indumentaria más cara en la región y en el mundo”, afirmó el funcionario al justificar la medida.
Según lo adelantado por Caputo, el decreto que se publicará en los próximos días reducirá los aranceles de ropa y calzado del 35% al 20%, los de telas del 26% al 18% y los de hilados a un rango de entre 12% y 16%. El anuncio se produjo luego de que el INDEC informara que la inflación de febrero fue del 2,4%, acumulando un 66,9% en los últimos 12 meses.
La inflación de febrero fue de 2,4% y acumuló 66,9% en los últimos doce meses
El ministro de Economía respaldó la decisión con un estudio de precios comparativos: “Una remera cuesta en la Argentina 310% más que en España y 95% más que en Brasil. De la misma manera, una campera cuesta en Argentina 174% más que en España y 90% más que en Brasil”. Para Caputo, la reducción de aranceles permitirá generar mayor competencia y contribuir a la baja de precios en el mercado local.
Por otro lado, el INDEC también informó que las jubilaciones, pensiones y la Asignación Universal por Hijo (AUH) aumentarán un 2,4% en abril, en línea con la inflación de febrero. Con este ajuste, el haber mínimo pasará a ser de $285.820,63 y se espera que el Gobierno otorgue un bono de hasta $70.000 para los jubilados y pensionados que perciban el monto mínimo.
La actualización de los haberes se rige por la fórmula de movilidad establecida en el DNU 274, que ajusta los pagos según la inflación mensual. Desde julio de 2024, este mecanismo también se aplica a otras asignaciones, como la AUH y la Asignación por Embarazo (AUE), que alcanzarán los $102.693,70 en abril.
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