Hasta el momento, la imputación por la que los dirigentes del Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor tuvieron que responder ante el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita, sostiene que fueron responsables de defraudar al Estado desviando los fondos públicos que recibía bajo la forma de planes sociales. Sin embargo, esa tesis no exime de posibles responsabilidades penales a ex funcionarios del gobierno de Alberto Fernández, como Emilio Pérsico. La fiscalía tiene una línea de investigación que pone la lupa sobre ellos y las omisiones en el sistema de control que podrían haber existido para que fuera posible la millonaria defraudación.

Este jueves, el juez Casanello concluyó la ronda de indagatorias de una veintena de personas del Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor. Es la primera parte de este expediente, que nació con la denuncia del Ministerio de Seguridad de la Nación y los llamados a la línea 134 que exponían casos de extorsión para que beneficiarios de planes sociales asistan a diversas marchas convocadas en contra del gobierno.

Fue el puntapié inicial para desentrañar una estructura aún mayor que involucra a dirigentes sociales, fondos públicos que debían a aplicarse al programa Potenciar Trabajo, que nació durante la gestión de Alberto Fernández y es el que más fondos recibía mientras Daniel Arroyo, Victoria Tolosa Paz y Juan Zabaleta estuvieron frente al extinto Ministerio de Desarrollo Social.

La maniobra sumó otros elementos durante estos meses de investigación: sociedades fantasmas, uso de facturas apócrifas, desvío de fondos y la utilización del dinero para financiar actividades políticas, algo prohibido por la normativa que rige el plan social.

Ahora el juez Casanello deberá resolver la situación procesal de los acusados, entre ellos, de Eduardo Belliboni, que se negó a responder preguntas en su indagatoria, se concentra en el “engaño ocasionado al Estado”.

Sin embargo, la justicia tiene otra línea de investigación en curso -a cargo del fiscal Gerardo Pollicita- que se concentra en las responsabilidades de los funcionarios públicos. Más específicamente, en la línea de control que debía tomar decisiones sobre las partidas presupuestarias, su aplicación y una serie de pasos legales que habrían sido omitidos. La duda es si la posible falta de control «fue adrede, fue por decisión de otras personas de que no se controlara y se pagara igual a las organizaciones sociales”, indicó una fuente judicial a Clarín.

Emilio Pérsico es uno de los ex funcionarios de la anterior gestión que está bajo la lupa. Era el responsable de la Secretaría de Economía Social, y su firma era necesaria para la asignación de fondos como también para la liberación de cada desembolso que recibieron el Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor.

Por ahora, la investigación abarca desde junio de 2020 a diciembre de 2022. En esa ventana de tiempo, las dos organizaciones piqueteras suscribieron cinco convenios con la Secretaría de Economía Social.

Previo a ello solicitaron constituirse en Unidades de Gestión o Certificación. Una vez que realizaron dicho trámite, recibieron un total de 361.087.500 de pesos, en concepto de subsidio institucional.

Ahí comienza el análisis de la fiscalía sobre un circuito administrativo que arrojó omisiones y ciertas irregularidades.

Los convenios obligaban al Polo Obrero y El Resplandor a generar las actividades y la rendición de los gastos comprometidos, así como la certificación del cumplimiento de trabajo por parte de los beneficiarios del programa.

Sin embargo, se volcó en la imputación formal, “una parte significativa de esos recursos estatales confiados fueron administrados de manera indebida por sus autoridades, quienes, mediante el empleo de facturación apócrifa y la simulación de gastos no concretados, desviaron su uso y lo aplicaron, tanto en forma directa como indirecta y por múltiples vías, al sostenimiento y financiamiento de actividad político-partidaria, en perjuicio de la administración pública nacional”.

Los integrantes del Polo Obrero y El Resplandor más vinculados a esa usina de facturas truchas y desvío de fondos no quisieron declarar ante el juez Casanello. Incluso Eduardo Belliboni, que firmó las rendiciones ante el área que dirigía Emilio Pérsico utilizando facturas falsas donde se consignaban servicios contratados a empresas “fantasmas”, dijo que iba a explicarlo “por escrito porque es un tema muy técnico”. El juzgado aún aguarda las explicaciones del caso.

El equipo de la fiscalía de Pollicita analizó los cinco convenios firmados por más de 361 millones de pesos. En primer lugar, se encontraron con expedientes que no superaban las cinco carillas, escuetos, sin mayores precisiones pero que involucraban cuantiosas sumas de fondos públicos.

Según pudo saber Clarín de fuentes judiciales, había un primer trámite que firmaban el Polo Obrero y la Cooperativa, que era de una página en la que solicitaban los fondos para un programa socioproductivo. Sin mayores especificaciones ni detalles respecto al tiempo que la propuesta iba a demandar, el cronograma de desarrollo, la información concerniente a qué involucraba ese programa. Sólo el pedido de fondos con una expresión “genérica”.

Después, la Secretaría a cargo de Emilio Pérsico aprobaba el informe técnico, el análisis sobre los detalles “se postergaba porque no había mayor información brindada, y pese a ello se solicitaba la asignación presupuestaria”. En ese circuito, el dirigente del Movimiento Evita y funcionario de Alberto Fernández firmaba la entrega de los subsidios, el convenio correspondiente y autorizaba la liberación de los fondos.

El dinero se entregaba a través de transferencias bancarias por tramos. Una vez aprobado el primer desembolso, corría un plazo de treinta días para que las organizaciones sociales presentasen el plan de actividades, es decir: un detalle de las tareas a realizar, los plazos involucrados, la división de tareas y demás detalles sobre cómo se iban a usar los fondos que iban a recibir.

Lo que se remitía a la Secretaría que debía controlar cómo se utilizaban los fondos públicos era una planilla -una vez más-, con expresiones genéricas, según la consideración de los investigadores. Esas hojas sólo detallaban: “Construcción de mejoras”, “Tareas en Barrio Soldati”, a modo de ejemplo. Pese a no brindar los detalles que la normativa exigía, se aprobaron los desembolsos de dinero.

Entre las obligaciones del Polo Obrero y El Resplandor se encontraba la de presentar los avances de los trabajos para los cuales se había pedido el subsidio. Las unidades de control tenían el deben de informar cómo se iban desarrollando las tareas. “Nada de eso ocurrió”, explicó una fuente judicial a Clarín. Pese a ello, “los fondos se fueron desembolsando igual”.

El Polo Obrero firmó tres acuerdos: el 29 de junio de 2020, 22 de junio de 2021 y 9 de junio de 2022. Los subsidios se entregaron por medio de cuatro desembolsos, el 11 de agosto de 2020 ($75.000.000), 7 de septiembre de 2021 ($37.500.000), 19 de mayo de 2022 ($36.187.500) y 3 de enero de 2023 ($37.500.000).

El Resplandor celebró dos acuerdos, el 4 de junio de 2021 y 22 de diciembre de 2022. Los subsidios, también, se entregaron por medio de tres desembolsos, los días 15 de julio de 2021 ($37.500.000), 22 de noviembre de 2022 ($37.500.000) y 23 de enero de 2023 ($99.900.000).

Una primera tesis es que el Estado fue víctima de una maniobra defraudatoria que ocasionó un perjuicio millonario, pero para que la misma se concrete, hhubo intervención de funcionarios públicos. Esas responsabilidades penales son las que la fiscalía busca determinar entre los exfuncionarios del Ministerio de Desarrollo Social.

La maniobra defraudatoria se construye sobre las rendiciones del dinero que las dos entidades sociales recibieron con “exiguos controles y sin casi exigencias sobre los planes de trabajo”, como detalló una fuente judicial.

En las rendiciones que presentaron, la justicia detectó el uso de facturas emitidas por -al menos- las empresas Coxtex y Ediciones e Impresiones Rumbos, a través de las cuales “simularon haber realizado gastos computados al programa.”

La finalidad de utilizar es facturas apócrifas, según la acusación, era “ocultar el desvío” del dinero que recibieron por parte del Estado y sobre el cual “se brindaba nada de información, pero tampoco se exigía la misma por parte de los funcionarios”, detallaron.