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POLITICA

Desde Capital Humano señalan que los hechos de corrupción le constaron al Estado $35 mil millones

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Durante un acto con militantes de La Libertad Avanza, autoridades del Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, presentaron un informe en el que estimaron que los diversos casos de corrupción en la entrega de asistencia social le constaron al Estado argentino unos 35 mil millones de pesos, en los últimos años.

Según indicaron la subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano, Leila Gianni y el Director General de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría Legal, Ariel Romano, el desvió de dinero a través de cooperativas o entidades sociales que hacían dirigentes políticos y organizaciones, fue una “red sistemática de corrupción para oprimir a los más vulnerables”.

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“No nos podemos permitir que el Estado nos oprima, ni que terceros nos opriman. Pudimos descubrir un plan sistemático de corrupción ideado por el Estado argentino, en connivencia con organizaciones sociales”, sostuvo la ex militante kirchnerista devenida en abanderada de las ideas libertarias, que se convirtió en la mano derecha de Pettovello.

Ante un escaso grupo de militantes libertarios en un acto en la localidad bonaerense de Vicente López, Gianni sumó: “El plan sistemático de opresión al pueblo argentino que hemos descubierto y que verán en las denuncias que les mostraremos, puede ser visto como un retroceso en la gesta de la libertad que, gracias al presidente Milei, ha sido desactivado y deberá ser castigado en forma ejemplar por la Justicia argentina”.

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“Las 20 denuncias que ha presentado el Ministerio de Capital Humano en virtud de las auditorías internas que hemos llevado a cabo desde el inicio de la gestión han llegado a un monto estimado del perjuicio fiscal por los presuntos casos de corrupción denunciados, en más de 35 mil millones de pesos. Más precisamente: $35.305.500.609,0”, señaló la funcionaria

Esta serie de presentaciones ante la pequeña militancia, tienen como objetivo instaurar a La libertad Avanza en el territorio bonaerense como parte del plan de Karina Milei para sumar votantes de cara a las próximas elecciones legislativas del 2025. De hecho, el sábado pasado, la hermana del Presidente estuvo en Morón acompañada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y Sebastián Pareja, senador bonaerense y apoderado del partido en la provincia de Buenos Aires.

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POLITICA

La SIGEN le solicitó a la Justicia rechazar la medida cautelar de la UBA para avanzar con las auditorías

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La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) solicitó a la Justicia rechazar la medida cautelar presentada por la Universidad de Buenos Aires (UBA) para impedir una auditoría sobre los fondos públicos que recibe. El organismo de control, que depende de la Presidencia, argumenta que la UBA no rindió cuentas del 90,22% de los fondos transferidos entre 2015 y 2021, ni del 98,87% de los fondos asignados en 2022, sumando una deuda de más de $5.000 millones. “Auditar no es intervenir”, subraya la SIGEN, aludiendo a que la auditoría solo busca asegurar el uso transparente de los recursos públicos.

Este conflicto se enmarca en un debate legal sobre la autonomía y el control de las universidades nacionales, tema que la UBA defiende con base en la Ley de Educación Superior, que establece la “autonomía económica” de estas instituciones. No obstante, la SIGEN sostiene que la autonomía no exime a la UBA del control estatal, argumentando que los recursos del Tesoro Nacional deben ser auditados por las instituciones competentes para garantizar su correcto uso.

La AGN priorizará una auditoría a tres facultades de la UBA en 2025

En su defensa, la UBA argumenta que el control debería estar a cargo de la Auditoría General de la Nación (AGN), organismo del Congreso, y no de la SIGEN, con el fin de preservar su autonomía universitaria. Sin embargo, la SIGEN advirtió que la AGN no audita a la UBA desde 2018, por lo que considera que su intervención es crucial para dar claridad al uso de los fondos públicos.

El auditor general Miguel Blanco señaló que la negativa de la UBA a ser auditada “atenta contra los cimientos de nuestra Constitución Nacional” y subrayó la importancia de la transparencia en el manejo de los recursos aportados por los ciudadanos. “Aquí se trata de garantizar la transparencia de los recursos públicos… que deben rendir cuentas a la población”, remarcó Blanco en el escrito presentado ante la Justicia.

Actualmente, el proceso judicial sigue su curso, ya que el juez a cargo fue recusado, y el caso será reasignado por la Cámara Contencioso Administrativo Federal. Se espera que la Justicia determine si la SIGEN puede auditar los fondos públicos de la UBA o si la AGN será la encargada de realizar el control.

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