POLITICA
El Sindicato de Camioneros recurre a la Justicia para bloquear el Impuesto a las Ganancias
La Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, liderada por Hugo Moyano, ha presentado una denuncia judicial para detener el pago del Impuesto a las Ganancias, argumentando que es “inconstitucional e inaplicable” porque, según ellos, infringe el derecho a una remuneración justa y los convenios colectivos de trabajo.
Este sindicato se une a otras organizaciones, como la Asociación Bancaria, que ya había solicitado una medida cautelar contra el “impuesto al salario”, restituido por el gobierno de Javier Milei a través de la Ley 27.743, después de haber sido eliminado durante la gestión de Alberto Fernández.
Además de los bancarios, sindicatos como Petroleros, Judiciales, Seguro, Sanidad, Aeronáuticos, Dragado y Balizamiento, y Marítimos están protestando contra el regreso de este impuesto.
En este contexto, los sindicatos están llevando a cabo una estrategia coordinada que consiste en presentar demandas colectivas seguidas de demandas individuales por parte de los trabajadores que se sientan afectados en sus salarios por el pago del impuesto.
De acuerdo con la nueva ley, desde julio deberán pagar el impuesto aquellos trabajadores que perciben un salario bruto de 1,8 millones de pesos si son solteros y de 2,2 millones de pesos si son casados con hijos, lo que afecta a unos 800.000 trabajadores en total.
Anteriormente, el mínimo no imponible era de 15 salarios mínimos, equivalentes a 2.340.000 pesos hasta junio y 3.500.000 pesos desde julio.
Duro golpe a los Moyano: el Gobierno habilitó a un nuevo gremio de camioneros en Jujuy
La CGT decidió no presentar una demanda judicial contra el impuesto para evitar un posible rechazo y optó por dejar que cada sindicato impulse el recurso por separado. Además, solicitó al secretario de Trabajo, Julio Cordero, que se actualizara el umbral a partir del cual se paga el tributo, pero el Gobierno reglamentó la ley sin modificar el monto requerido por los sindicalistas.
No obstante, se ha anunciado que el mínimo no imponible se actualizará trimestralmente a partir de septiembre y, posteriormente, semestralmente, en función del aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
El malestar sindical ha aumentado debido a que el decreto reglamentario del Impuesto a las Ganancias excluye del pago a los trabajadores del sector petrolero y a los empleados de Tierra del Fuego, quienes siguen beneficiados por la Ley 19.640, que establece el Régimen de Promoción Económica y Fiscal.
Esta exclusión ha generado críticas por considerarse discriminatoria hacia otros trabajadores y por ser ilegal, dado que un decreto no puede otorgar más beneficios que una ley.
En un plenario con sindicatos kirchneristas, Pablo Moyano, co-titular de la CGT, describió el Impuesto a las Ganancias como “un impuesto regresivo por el que se pierde el 30% de los salarios” y señaló una “contradicción” por parte del Gobierno, argumentando que “los gremios de transporte fuimos esenciales durante la pandemia y hoy nos vuelven a castigar sacándonos parte del salario”.
Moyano anticipó que la presentación judicial será elaborada por los abogados de cada sindicato y que se organizará una gran movilización a Tribunales en el día de la presentación para que los jueces comprendan que el salario no es una ganancia. Esta protesta se llevaría a cabo en los próximos 15 días.
Sergio Palazzo, líder del gremio bancario, fue uno de los primeros en presentar una impugnación judicial contra el Impuesto a las Ganancias, argumentando que afecta al 95% de los trabajadores del sector. Palazzo lo calificó como “confiscatorio” y “una rebaja salarial encubierta”.
“Imagínese una persona que, como tantas otras en la Argentina, se separa y tiene que pagar una cuota alimentaria y de (salario) neto le quedó 1.200.000 pesos. Tiene que pagar una cuota alimentaria de 300.000 o 400.000 pesos, con lo cual pagara impuestos sobre 800.000, esto es menos de la canasta para no ser pobre. Es una cosa absolutamente ilógica, es alimentario el salario”, sostuvo.
POLITICA
Así es la nueva base militar que EE.UU. construye en el Pacífico
La Fuerza Aérea de Estados Unidos eligió el Atolón Johnston, uno de sus territorios no incorporados que está situado en el océano Pacífico central, como su próxima base militar. La nueva estrategia es construir dos plataformas de aterrizaje de cohetes en la isla, aunque aún queda por realizar una evaluación ambiental para identificar su impacto.
La armada de EE.UU. construirá su próxima base militar en la isla Johnston
De acuerdo con un registro federal del Departamento de la Fuerza Aérea con fecha al 3 de marzo, el organismo evaluará los efectos de la construcción y operación de las plataformas de aterrizaje en el atolón Johnston, que tiene como objetivo recibir hasta diez aterrizajes de vehículos de reentrada al año por cuatro años consecutivos.
El territorio, que una vez sirvió como base aérea y naval hasta convertirse en un refugio de vida silvestre, retomará su logística militar al ser el único de los otros tres sitios propuestos en cumplir con todos los requisitos de selección:
- Ser un lugar remoto y seguro
- Controlado por el gobierno de Estados Unidos
- Con acceso por aire o mar
- Con capacidad para el desalojo de vehículos de reentrada en barcazas
¿Cuál es el objetivo de la Fuerza Aérea con el atolón?
El organismo colabora junto a la Administración Federal de Aviación (FAA, según sus siglas en inglés) y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre (FWS), que también administra el atolón, para la planificación y construcción de la nueva base. Su objetivo es desarrollar nuevas capacidades espaciales para transportar toneladas de material en horas a cualquier parte del mundo.
Según se explicó en el informe, los modos de transporte militar actuales requieren de días o semanas de planificación y logística para distribuir material a distintas ubicaciones. En cambio, la acción propuesta junto al programa Rocket Cargo Vanguard de la Fuerza Aérea de EE.UU. (DAF) “exploraría la utilidad militar de esta tecnología (los grandes cohetes comerciales) para abordar los desafíos de la rápida movilidad global mediante el aprovechamiento de la tecnología comercial”.
Por consiguiente, se ampliaría “la cartera de capacidades que la Fuerza Espacial de los Estados Unidos presenta a los comandantes combatientes”.
Antes de comenzar, la revisión de impacto ambiental evaluará sus posibles efectos sobre el hábitat esencial de los peces, las aves migratorias y otras especies protegidas, administrado por el FWS y el Servicio Nacional de Pesca Marina (NMFS). Un borrador se publicará en el sitio web de la Fuerza Aérea a principios de abril, con un período de verificación pública de 30 días para tomar comentarios.
El pasado del atolón Johnston, el próximo punto estratégico de Estados Unidos
El atolón Johnston, ubicado en el Pacífico con 2,67 kilómetros cuadrados de superficie, desempeñó un papel significativo en la historia militar del país norteamericano. En 1930 se comenzó a utilizar hasta que sirvió como base aérea y naval durante la Segunda Guerra Mundial, según recordó el sitio web Def.
Entre 1950 hasta 1970 también funcionó como un espacio de pruebas nucleares atmosféricas, incluido Starfish Prime. Posteriormente, en 1990, albergó el Sistema de Eliminación de Agentes Químicos del Atolón Johnston (Jacads, por sus siglas en inglés). Las instalaciones se clausuraron en 2004, con la isla deshabitada y a cargo del Servicio de Pesca y Vida Silvestre.
POLITICA
Esteban Leguízamo designó a una pastelera como funcionaria del PAMI
La reciente designación de Daniela Canziani como titular del PAMI en la ciudad de Mercedes ha despertado una ola de críticas y preocupación, tanto dentro como fuera del espacio libertario. La resolución Nro. 2025-484-INSSJP, publicada recientemente en el Boletín Oficial por decisión de su titular Esteban Leguízamo, oficializó su nombramiento y generó interrogantes sobre los criterios de selección del gobierno nacional de Javier Milei para ocupar cargos de relevancia en la administración pública.
Canziani no cuenta con experiencia previa en gestión pública ni en el ámbito de la salud. En sus redes sociales, ha expresado reiteradamente su pasión por la pastelería, asegurando sentirse «feliz con su vocación» tras finalizar sus estudios en Instituto Gastronómico Internacional.
El posteo de la nueva funcionaria del PAMI reconociéndose pastelera.
Su trayectoria política también es limitada: fue candidata a concejal por La Libertad Avanza en Mercedes, sin éxito electoral. Un exmilitante del espacio libertario local, sorprendido por la designación, señaló que «se involucró en La Libertad Avanza cuando apenas contaba con un pequeño grupo de militantes y ni siquiera logró un cargo de concejal».

Daniela Canziani.
La llegada de Canziani al PAMI no solo generó críticas desde la oposición, sino también dentro del propio espacio libertario en Mercedes. Algunos referentes libertarios han manifestado su descontento, ya que consideran que su designación responde más a vínculos personales que a una decisión basada en mérito o idoneidad.

Gustavo Sanó junto a Ramón «El Nene» Vera.
Uno de los aspectos que más polémica ha generado es la relación de Canziani con Gustavo Sanó, su esposo y un exreferente político del kirchnerismo en la ciudad. Según fuentes del propio espacio, Sanó mantiene una relación cercana con el diputado de Unión por la Patria, Carlos Selva, lo que ha despertado sospechas sobre una posible infiltración de sectores kirchneristas en la estructura de La Libertad Avanza.
El riesgo de convertirse en «la casta»
La incorporación de exmilitantes kirchneristas en cargos estratégicos dentro de La Libertad Avanza de Mercedes refuerza las críticas sobre la falta de coherencia en la gestión libertaria. Esta situación recuerda prácticas habituales en la política argentina, donde familiares y allegados de dirigentes acceden a puestos clave en la administración pública sin contar con la formación adecuada, comenzando con la propia Karina Milei, la hermana del primer mandatario que pasó de hacer tortas y tirar las cartas del tarot a ocupar la secretaría General de la Presidencia de la Nación.
En Mercedes, esta situación no es nueva. Recientemente, se denunciaron nombramientos de jueces con vínculos familiares directos con el gobernador Axel Kicillof y el senador Eduardo de Pedro. En estos casos, también se ignoraron criterios de idoneidad y se priorizaron lazos políticos y personales, desvirtuando los procesos de selección y alimentando la percepción de una «gran familia política» que se perpetúa en el poder.
Un futuro incierto
El nombramiento de Daniela Canziani en el PAMI de Mercedes no solo ha generado malestar dentro de La Libertad Avanza, sino que también pone en entredicho la promesa de cambio y transparencia del gobierno de Javier Milei. La gestión de Canziani estará bajo la lupa, ya que su desempeño podría confirmar o desmentir las sospechas sobre su idoneidad para el cargo.
Mientras tanto, los libertarios de Mercedes se enfrentan a un desafío interno: mantener la coherencia con el discurso de «terminar con la casta» o ceder a las viejas prácticas políticas que juraron erradicar. El tiempo dirá si esta designación fue un error estratégico o parte de un reacomodamiento de fuerzas dentro del espacio libertario en la ciudad. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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POLITICA
Tenso reencuentro entre Mauro Icardi y Wanda Nara: el futbolista vio a sus hijas después de 60 días
Wanda Nara y Mauro Icardi se reencontraron en Buenos Aires tras llegar a un acuerdo judicial que permitió que el futbolista pudiera volver a ver a sus hijas después de 60 días de separación. Icardi se presentó en el Chateau Libertador, residencia de su expareja, con un semblante serio y sin intención de interactuar con la prensa.
Horas antes, Wanda Nara había celebrado en redes sociales la resolución judicial que estableció condiciones específicas para que sus hijas pudieran reunirse con su padre. “Hoy tengo las garantías que pidieron mis hijas y yo como madre acompañé. Fueron escuchadas. Tengo la tranquilidad de que nadie las sacara del país y podrán reconstruir un vínculo con su padre sin presencias nocivas”, escribió la modelo en su cuenta de Instagram.
En medio del conflicto legal, se conocieron las conclusiones de un informe del Ministerio Público Tutelar sobre la situación de ambos padres. Según reveló el periodista Martín Candalaft en DDM (América), se recomendó que Wanda Nara continúe con terapia psicológica, mientras que Mauro Icardi deberá iniciar un tratamiento de manera inmediata.
El documento también alertó sobre la influencia materna en el relato de las niñas, señalando que “la señora Wanda Nara debería dejar de interrogar a las menores”. Además, se recomendó que Icardi modifique su comportamiento en redes sociales: “El señor Icardi debería dejar de proyectar una imagen de violencia y amedrentamiento”.
Finalmente, el informe sugirió que el futbolista y sus hijas restablezcan su vínculo en un espacio neutral y sin la presencia de la actual pareja de Icardi, Eugenia Suárez. Para garantizar un entorno seguro, los primeros encuentros serán supervisados por una trabajadora social.
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