De manera decidida, los principales bancos del sistema financiero están mejorando la remuneración de los plazos fijos en dólares. Entidades que hasta hace pocas semanas ofrecían no más del 0,5% anual por las colocaciones a plazo, ahora elevaron ese rendimiento al 2,5% anual.

Pasando en limpio, ahora pagan cinco veces más. ¿Qué hay detrás de semejante movida?

Plazo fijo en dólares: bancos pagarán cinco veces más

Lo primero: el pago del 0,5% anual era una tasa de interés históricamente baja. En las últimas semanas, confluyeron distintos incentivos.

Acaso, el más relevante haya sido una cuestión de liquidez. El volumen de depósitos en dólares viene a la baja: desde finales de octubre -cuando expiró el blanqueo de capitales-, las colocaciones ya cayeron en u$s4.605 millones.

En el sistema financiero se nota un goteo permanente de divisas, de parte de empresas e individuos que habían adherido al blanqueo en efectivo. Se fueron a razón de u$s51 millones diarios.

Los depósitos en dólares del sector privado (empresas y particulares) siguen por el tobogán. Ya se ubican por debajo de los u$s30.000 millones, el nivel más bajo desde septiembre del año pasado.

Menos dólares y más créditos

En simultáneo con esa pérdida de liquidez, los bancos están recibiendo una mayor demanda de créditos en dólares.

El primer interesado en levantar la recomendación fue el Banco Nación. Lo hizo en coordinación con el Ministerio de Economía.

Es sabido que el Gobierno necesita una mejora de las reservas, y es por ese motivo que en las últimas semanas hizo más flexible el otorgamiento de créditos en dólares.

En efecto, el banco público —el más grande del sistema financiero— fue el primero en elevar el rendimiento para los ahorristas.

Hoy en día, el BNA paga el 1,25% anual si el plazo fijo se hace a 60 días; el 1,50% anual si se extiende de 90 a 179 días; y al 2,50% por un período superior a los 180 días.

La estrategia, agresiva en el otorgamiento de créditos dolarizados por parte del Banco Nación, quedó a la vista en la última edición de ExpoAgro. Allí, la entidad pública ofreció líneas en dólares a tasa cero. Lo propio hizo el Banco Provincia de Buenos Aires.

Se trata de líneas especiales para el sector, siempre y cuando se utilicen en la adquisición de maquinaria agrícola.

También hay un fuerte incremento en la demanda de este tipo de líneas del sector energético, que para los bancos es muy rentable. Necesitan divisas para cumplir con esa demanda, y por eso empezaron a pagar más por los depósitos. Quieren retenerlos e incluso captar fondos que están por fuera del sistema.

La estrategia de la banca pública es seguida por algunos bancos líderes. Entidades como el BBVA y el Macro ya ofrecen rendimientos más elevados por los plazos fijos. También lo hará el Santander.

Luis Caputo, enfocado en las reservas del Banco Central

Pasado el «efecto blanqueo», el ministro de Economía necesita de otras fuentes e incentivos para recuperar las reservas del Banco Central.

En las últimas semanas, tomó distintas medidas para acercar divisas al BCRA.

Disminuyó en forma temporal las retenciones a las exportaciones agropecuarias, con el objetivo de que las cerealeras apuren la liquidación de divisas.

También flexibilizó la normativa para el otorgamiento de créditos en dólares. Ahora les permite a los bancos dar préstamos a empresas que no se dediquen a la exportación. O sea, que no generen divisas. La condición es que esos dólares los consigan con la emisión de títulos de deuda (ON) en el exterior.

Los bancos extranjeros se oponen a ese mecanismo, ya que, entienden, se corre el riesgo de un descalce de monedas.

Depósitos en dólares: el reclamo de los bancos

Algunos bancos ya le pidieron a Santiago Bausili que eleve la remuneración de los encajes de los depósitos en dólares. Por ahora, esas colocaciones están al cero por ciento.

En este contexto, y pese a la contracción de las últimas semanas, el stock de depósitos privados en dólares todavía se encuentra muy por encima de los niveles previos al blanqueo de capitales en efectivo.

Hasta el último dato oficial disponible (último viernes 7), se encontraba u$s11.251 millones más arriba del total depositado hasta mediados de agosto, cuando comenzó el blanqueo.

Los financistas están atentos a los dólares que el Gobierno consiga en los próximos meses, y depositen a la economía sin alteraciones en la previa a las elecciones de medio término.

Hoy en día, el FMI es el único que puede ofrecer a la Argentina los dólares que sirvan como puente hasta la salida del cepo.

El año pasado fueron los propios argentinos quienes ofrecieron ese puente, a través del blanqueo. Hoy, esa oferta interna no está. Los dólares del campo y de la energía no alcanzan. Y solo queda el FMI para financiar este esquema.

Una de las novedades del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que el Gobierno negocia con las autoridades del organismo es que el mismo incluirá un mecanismo para refinanciar vencimientos de deuda con organismo para poder utilizar esos dólares para el pago de bonos en moneda extranjera, de acuerdo a la estructura del al nuevo programa que figura el DNU publicado por el Poder Ejecutivo en el Boletín Oficial.

El nuevo esquema también explicita un período de gracia de 4 años y medio, pero no se trata de una extinción de esas obligaciones de pago, sino de un esquema de refinanciamiento como el que existió en los últimos años con el Extended Fund Facility (EFF) que comenzó en marzo de 2022 en el Gobierno de Alberto Fernández.

Dólares del FMI para refinanciar vencimientos de la deuda

Algunos informes que circulan en el mercado financiero proyectan que ese plazo de gracia sin pagos netos podría incluir tanto el principal como los intereses de la deuda.

En tanto que desde el Gobierno explicaron que alcanzará solo al capital, por lo que los intereses deberán ser pagados con reservas internacionales del BCRA durante ese período de gracia.

En ese aspecto, el DNU expresa que «a los efectos de extender el horizonte de vencimientos, despejar la carga de pagos del Tesoro en los próximos años, dar más certidumbre a los tenedores de bonos y afianzar la perspectiva de mejora en la sustentabilidad del proceso de estabilización y crecimiento».

También el acuerdo incluirá una cancelación de las operaciones de crédito público celebradas en el marco del Programa de Facilidades Extendidas del 2022 cuyos vencimientos operen dentro de los cuatro años de la suscripción del acuerdo a celebrarse».

De esa forma, el período de gracia no implicará que esos pagos de capital dejarán de ser exigibles, sino que el FMI enviará desembolsos para cubrir esos vencimientos, que liberará al Gobierno de tener que usar dólares propios para abonarlos.

Esa cuenta sí deberá ser saldada a lo largo de los 10 años de duración total de la amortización del préstamo, hasta el 2035, que vencerá el nuevo acuerdo.

La parte de intereses en esa cuenta debería ser pagada con normalidad, lo que implicaría, en ese sentido, unos 8.900 millones de dólares, de acuerdo a los datos elaborados por la consultora EcoGo.

Puesto en números, según datos del FMI procesados por Eco Go, en esos cuatro años y medio los vencimientos de capital acumulados -entre abril de 2025, si se firmara en esa fecha, y octubre de 2029- serían superior a los 18.000 millones de dólares.

La mayoría de esos vencimientos están concentrados entre 2028 y 2029, con u$s6.500 millones y u$s7.030 millones respectivamente.

Durante el mandato restante de la presidencia de Milei, la cifra es menor, de u$s55.500 millones hasta fines de 2027.

Acuerdo con el FMI: un desembolso por adelantado para comprar Letras Intransferibles

Por otra parte, un informe de Adcap Grupo Financiero expresa que «un impulso adicional podría provenir de los pagos de deuda de 2024, que el Gobierno cubrió con recursos propios que llegan aproximadamente a unos 3.000 millones de dólares está explicado en que las últimas revisiones trimestrales del acuerdo EFF de 2022 fueron unificadas con la negociación del programa nuevo, con lo cual esos pagos no cubiertos realizados por el Poder Ejecutivo podrían ser devueltos en esta instancia.

El informe de Adcap expresa que «es probable que una parte significativa del nuevo programa -particularmente la vinculada a los pagos de intereses- se desembolse por adelantado. Estos fondos podrían utilizarse para recomprar Letras Intransferibles, que es deuda del Tesoro en el activo del BCRA, lo que en última instancia financiaría los pagos de intereses del programa de 2022″.

De ser así, la deuda bruta del Gobierno disminuiría, menciona el informe de Adcap, que va en línea con lo manifestado por Milei en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación del 1 de marzo pasado.

La estructura del nuevo programa de Facilidades Extendidas indica que los dólares adicionales que envíe el organismo tendrán como finalidad una operación de deuda interna para que el Tesoro recompre Letras Intransferibles en manos del BCRA.

Hay que destacar también que el DNU no ofrece muchos detalles sobre cómo sería esa operatoria.

Al parecer, el Tesoro no necesitará esperar los vencimientos de cada letra para realizar la cancelación de cada letra para realizar la cancelación de cada instrumento, sino que puede hacerlo con letras que venzan años más adelante. Esa confusión surgió porque el decreto menciona el vencimiento del 1° de junio como una fecha de referencia, es la letra intransferible más próxima a pagar que luego le seguirían el resto de los títulos de deuda que sigan en orden cronológico.

Hay que mencionar también que entre los fundamentos del DNU se menciona la necesidad de mejorar la posición de reservas y el desarme del cepo cambiario.

Algunos operadores del mercado financiero local y de Wall Street se preguntan si esto no implica la aceptación, por parte del equipo económico, de que esa liberación de restricciones no podría tener lugar más temprano de lo esperado y hay que destacar que algunos analistas proyectan un escenario de base de salida del cepo posterior a las elecciones de octubre próximo.

«El Gobierno basa el acuerdo en la necesidad de levantar los controles de capital, indicando que son un obstáculo para las inversiones del país y del crecimiento. Esto no es un detalle menor», aseguró en un informe Portfolio Personal Inversiones (PPl) porque su hipótesis central implicaba que «no modificaría el esquema cambiario (ni el esquema de exportaciones a través del blend, ni la dinámica de intervención en el MEP y CCL), en la previa de las elecciones de octubre».

La Comisión Nacional de Valores (CNV) presentó este jueves una normativa adicional que endurece los requisitos para las empresas del sector que operan en el mercado de las criptomonedas en Argentina. La medida impactará a las aproximadamente 140 compañías ya registradas ante el organismo y que actualmente operan en el país.

La noticia se conoce semanas después del escándalo de la criptomoneda $LIBRA, el activo difundido por el presidente Javier Milei que se desplomó momentos después de su tuit.

Este nuevo marco regulatorio surge tras una inspección realizada en marzo de 2024 por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo global que supervisa la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Durante la evaluación, GAFI advirtió la necesidad de realizar ajustes en la normativa vigente para evitar que Argentina ingresara en la denominada «lista gris», lo que podría haber generado restricciones en el acceso al sistema financiero internacional.

El primer paso hacia la formalización del sector se dio con la creación del Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), impulsado por la CNV bajo la gestión de Roberto Silva. Este registro es obligatorio para todas aquellas empresas que facilitan el acceso a la criptoeconomía en Argentina, ofreciendo servicios relacionados con criptomonedas, tokens y otros activos digitales basados en blockchain. 

En octubre del año pasado, la CNV lanzó una segunda fase del proceso regulatorio, abriendo una consulta pública con las empresas del sector para ajustar la normativa. Dicho período de debate se extendió hasta diciembre, y en los primeros meses de 2025, el organismo trabajó en la versión definitiva de la norma que se presentó esta semana. Justamente en medio de este proceso, el 14 de febrero estalló el escándalo en torno al token $LIBRA.

Cuáles son los nuevos requisitos de la CNV para operar criptomonedas

La Resolución General 1028 establece nuevos requisitos con el objetivo de fortalecer la transparencia, garantizar la seguridad de los usuarios y prevenir delitos financieros dentro del ecosistema cripto. Entre los aspectos clave de la normativa, se incluyen obligaciones en materia de registro, ciberseguridad, custodia de activos y divulgación de riesgos.

El presidente de la CNV, Roberto Silva, destacó el trabajo realizado para equilibrar el cumplimiento normativo con la necesidad de fomentar la innovación en el sector. «Hemos trabajado intensamente en esta normativa para que sea efectiva y se ajuste a la legislación vigente sin sobrerregular ni imponer costos excesivos a las empresas», afirmó.

A partir de esta resolución, cualquier empresa que desee operar en Argentina deberá cumplir con ciertos requisitos estrictos. Aquellas que no se registren dentro de los plazos estipulados perderán la posibilidad de prestar servicios en el país. La normativa, sin embargo, no afecta a personas que compren o vendan criptomonedas para uso personal, sino únicamente a aquellas compañías que brinden servicios vinculados a estos activos digitales.

Para obtener su registro, las empresas deberán estar constituidas como sociedades anónimas (SA) o sociedades de responsabilidad limitada (SRL) en Argentina. También tendrán que presentar sus estatutos, estados contables, detalles sobre la composición accionaria y demostrar un capital mínimo requerido. En particular, las firmas que ofrezcan servicios de intercambio y custodia de criptoactivos deberán contar con un capital mínimo de 150.000 dólares.

Asimismo, la CNV impone estrictas medidas de seguridad y control. Las empresas estarán obligadas a:

• Implementar normas de ciberseguridad y custodia de activos.
• Presentar informes periódicos sobre operaciones, clientes y activos bajo su custodia.
• Segregar los fondos propios de los de sus clientes para evitar su uso indebido en operaciones de riesgo.
• Someterse a auditorías anuales de sus sistemas y controles internos.

La resolución entrará en vigencia de manera escalonada, pero se espera que todas sus disposiciones estén plenamente operativas a partir del 31 de diciembre de 2025. A partir de ese momento, la CNV tendrá la facultad de suspender o revocar registros en caso de incumplimientos. Además, las empresas no registradas podrán ser bloqueadas por orden judicial.

Cuál puede ser el impacto en el sector cripto

Si bien la regulación es vista como un paso necesario para brindar mayor claridad y estabilidad al ecosistema cripto en Argentina, en el sector hay preocupaciones sobre su impacto en la competitividad. Se espera que el endurecimiento de los requisitos reduzca la cantidad de empresas en el país, favoreciendo una consolidación del mercado.

Uno de los reclamos recurrentes de la industria es la falta de equidad en materia tributaria. Según referentes del sector, las empresas cripto enfrentan mayores cargas impositivas que otras fintechs, como las billeteras virtuales, lo que podría frenar el crecimiento de la industria en el país.

Julián Colombo, director general de Bitso en Argentina, expresó su postura al respecto: «Valoramos cualquier esfuerzo regulatorio que aporte claridad y seguridad al ecosistema cripto en Argentina. La Resolución General 1028 de la CNV avanza en ese sentido, estableciendo lineamientos sobre transparencia, custodia de activos y prevención de lavado de dinero. Sin embargo, hay un punto clave que debe resolverse: necesitamos igualdad de condiciones en materia tributaria. Actualmente, la industria cripto enfrenta desventajas frente a otras fintechs, lo que limita su desarrollo en el país».

En un contexto donde la regulación de las criptomonedas avanza a nivel global, la normativa de la CNV busca alinear a Argentina con los estándares internacionales y garantizar un entorno más seguro para los usuarios. Sin embargo, la clave estará en encontrar un equilibrio que permita regular el sector sin desalentar la innovación y el crecimiento de la industria.