El máximo rechazó un fallo de segunda instancia que mejoraba las jubilaciones y que fue apelado por ANSES. Cuáles fueron los fundamentos

27/08/2024 – 19:00hs

En medio de la polémica por la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que votó el Congreso y que el presidente Javier Milei vetará, la Corte Suprema rechazó un fallo de segunda instancia que mejoraba las jubilaciones y pensiones.

El fallo del máximo tribunal se dio en la causa Hartmann Gabriel contra ANSES sobre reajustes varios. La Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, 5 años atrás, había resuelto que las jubilaciones no podían ser inferiores al 70% del promedio de los sueldos actualizados de los últimos 10 años de la persona que se jubila.

Fallo de la Corte Suprema rechaza el piso del 70% para jubilaciones, apelado por ANSES

El fallo de la Sala II, que lleva la firma de los jueces Nora Carmen Dorado y Luis René Herrero, es de mediados de 2018 y fue apelado por la ANSES. Ingresó en la Corte Suprema en febrero de 2019.

En los fundamentos de la sentencia, el Alto Tribunal sostiene: «Los planteos vinculados con la aplicación de una tasa de sustitución del 70% del promedio de las remuneraciones utilizadas para la determinación del haber inicial guardan sustancial analogía con los analizados el Tribunal en la causa ‘Benoist’ a cuyos fundamentos y conclusiones corresponde remitir, en lo pertinente, por razones de brevedad».

En la causa Benoist, la Corte había señalado que la utilización de un «piso» de sustitución era inaplicable al régimen previsional creado por la ley 24241 (de jubilaciones) dado que no era compatible con el método del cálculo establecido por la citada ley. Y además que el sistema previsional no se basa en una tasa de sustitución o reemplazo en relación al salario expresa y aplicable a todos los beneficiarios por igual sino que esa relación entre ingresos y prestaciones surge implícita de los cálculos realizados, y varía según la cantidad de servicios con aportes y del nivel de las remuneraciones percibidas.

Sin embargo, según explican algunos legistas, el caso Benoist al que se remitió la Corte «no tiene nada que ver» con los argumentos planteados. «La Constitución Nacional establece, en su artículo 14 bis, una protección operativa a las jubilaciones y pensiones, lo que significa asegurar a los beneficiarios un nivel de vida similar –dentro de una proporcionalidad justa y razonable– según las remuneraciones percibidas en actividad. Se trata, por consiguiente, de un mecanismo constitucional que garantiza la adecuada relación del haber de pasividad con el nivel de ingresos laborales percibidos», detallaron.

Jubilados: qué alternativas analiza el Gobierno si se ratifica la nueva fórmula

En caso de fracasar en su intento por dejar sin efecto el aumento, en Balcarce 50 plantean una segunda estrategia: aceptar el incremento y sacar los fondos de otras partidas del Estado para resguardar el equilibrio fiscal. En ese punto entra la negociación con los gobernadores, quienes fueron advertidos acerca de un posible recorte de partidas a las provincias para «tapar el hueco» que generaría la nueva fórmula jubilatoria.

En una jugada similar a la que implementó durante el debate para aprobar la Ley Ómnibus, a inicios de la gestión libertaria, la Casa Rosada busca el apoyo de los gobernadores para evitar que el Congreso ratifique la reforma previsional a través de una clara advertencia: «si avanza el aumento, habrá recortes» que podrían afectar los giros discrecionales a las provincias, en medio del pedido de reactivar la obra pública.

«Lo que aprobó el Congreso es un delirio irresponsable populista. Creen que la plata sale del cofre que tiene un duende», apuntaron a este portal desde los pasillos de la Casa de Gobierno.

En un mensaje dirigido a los gobernadores, quienes podrían tener la llave para destrabar el conflicto, desde Balcarce 50 indicaron: «El déficit cero no es negociable. Si hay que hacer frente a lo que votaron algunos legisladores, a los que el Presidente bien define como degenerados fiscales, vamos a sacar esa guita de otro lado. Tienen que entender que los recursos no son infinitos».

Al argumentar su decisión de hacer uso del veto, Javier Milei explicó que la nueva fórmula implica «quebrar el sistema previsional» ya que representa «un incremento de la deuda de u$s370.000 millones, a perpetuidad». En esa línea, fuentes oficiales descartan la posibilidad de que haya un veto parcial, algo que se analizó tras las primeras horas de la aprobación del texto en el Senado, ya que la normativa «destruiría el equilibrio fiscal que logró el Gobierno».