Pese a la detracción que levantó en la oposición el decreto que restringió la ley de acceso a la información pública, el Gobierno confirmó este viernes que no modificará la nueva normativa pese a que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había marcado -cuando fue al Congreso el miércoles- cierta receptividad a introducirle cambios propuestos por los bloques aliados. Primó, entonces, la posición del estratega Santiago Caputo, que se resistía a dar marcha atrás, y la del propio presidente Javier Milei, quien se molestó por ciertos requerimientos que exigían detalles sobre sus perros.

Quien explicitó la postura oficial fue el vocero Manuel Adorni, a pesar del enojo de la oposición que hasta tildó la medida de anticonstitucional. En la conferencia de este viernes el funcionario descartó la ventana a un posible diálogo que había abierto Francos, pese a que evitó mostrar tensión con el ministro coordinador. “Esto de las internas, peleas, discusiones entre funcionarios de alto rango, como Guillermo Francos, Santiago Caputo o cualquier persona cercana a Milei es falso. Nosotros siempre estamos dispuestos, bajo cualquier circunstancia, a modificar algo; no va a ser este el caso”, aclaró.

Mencionó a Caputo porque el asesor fue uno de los principales impulsores de mantener el decreto como está y hacer caso omiso a los achaques de los otros partidos. El usuario de la cuenta de X que no reconoce como propia, pero que el mundo de la política le adjudica al estratega, que integra el “triángulo de hierro” del Presidente junto a su hermana Karina, escribió con ironía: “El que quiera reglamentar de otra manera la ley de acceso a la información pública lo que tiene que hacer primero es ganar las elecciones y para eso es MUY importante (FUNDAMENTAL DIRÍA) no perder las elecciones”.

El que quiera reglamentar de otra manera la ley de acceso a la información pública lo que tiene que hacer primero es ganar las elecciones y para eso es MUY importante (FUNDAMENTAL DIRÍA) no perder las elecciones.

— John (@bprearg) September 4, 2024

Por su parte, siempre con la intención de no elevar las rispideces en el seno del Gobierno, Adorni aseguró que “no hubo contradicción” en las palabras de Francos del miércoles, cuando fue a dar su informe de gestión a la Cámara de Diputados y deslizó que era plausible una conversación sobre esta cuestión. “Si de alguna manera, como veo que es, un tema de inquietud de los señores diputados y diputadas, modificaremos el decreto si fuera necesario, haremos las consultas, estamos dispuestos a analizarlo”, enfatizó el funcionario en el recinto.

No fue eso lo que definió Adorni hoy. “Simplemente entiendo que [Francos] quiso expresar que estamos dispuestos a hacer cualquier modificación que vaya en contra de la ley o a entender que haya cosas que estén mal, pero no es este el caso en el que va a ocurrir”, indicó en una interpretación de lo que dijo su compañero.

Para justificar esta postura inamovible de Milei y su séquito, el portavoz expuso algunos requerimientos que llegaron al Ejecutivo. “Acá se trata de que el acceso a la información pública sirva nada más que para eso, para que toda la sociedad esté informada de lo que pasa en el Estado nacional, que es el espíritu de la ley, pero no que la información vaya en contra de la privacidad de los funcionarios”, dijo y fue ahí que alegó: “En esta gestión se multiplicaron por diez los pedidos. Por ejemplo: la marca de té que tomamos, la raza y el color de las mascotas, si son felices (esto creo que era en relación al perro de un funcionario), algo que no les tiene por qué importar. Nos preguntaron si Fernández cursó la Ley Micaela o qué materia dictaba en la UBA, cuántas quejas recibió el Registro de Brandsen en julio de 2010. Esto consume mucho recurso público y no hace a que la gente esté enterada de lo que pasa”.

Bajo la premisa de que este gobierno es el primero que va a “defender la transparencia y la honestidad”, el vocero detalló: “En 2020 hubo 57 pedidos de acceso a la información pública; en 2022 hubo 95; en 2023 hubo 65; y ahora, 558 hasta agosto. Esto no va en contra de la información, simplemente es tratar de ordenar cosas que no hacen al erario público o a la honestidad de los funcionarios, y que además concentran mucha utilización de recursos. No se ha recibido amparo ni judicialización por las respuestas”.

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