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POLITICA

Sorpresa y malestar en las Fuerzas Armadas por el fuerte recorte del presupuesto para Defensa

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La oficialización del Presupuesto nacional para 2025, presentado el domingo a la noche ante el Congreso por el propio Javier Milei generó malestar en las Fuerza Armadas por los recortes en áreas que consideran clave.

En las FF.AA. impera cierta sorpresa y malestar porque, contrariamente a lo que se esperaba, el ministro de Economía, Luis Caputo, consideró para Defensa más ajuste de los esperado frente a los entusiastas objetivos planteados por Milei y el ministro de Defensa, Luis Petri.

Y además, lo más fuerte es que prácticamente eliminan el Fondo Nacional para la Defensa (Fondef) creado por ley en 2021 para financiar compras de armas y equipos. Fue un mecanismo de importantes metas, mal utilizado por el kirchnerismo, pero ahora -tras haber apostado fuertemente a él- quedará desfinanciado y condenado a muerte.

Al llegar al poder, Milei dio un volantazo en el discurso de la defensa nacional al reiterar una y otra vez el interés de su gobierno por re equipar a las Fuerzas Armadas, lo que es una añeja demanda de los uniformados que también piden elevar sus aplastados salarios.

En ese tren, el Gobierno decidió comprar los 25 aviones de combate F16 a Dinamarca, que son de origen estadounidense, para la Fuerza Aérea y pagar unos aviones de patrullaje para la Armada, los P3-C Orion, que son también estadounidenses, comprados a los noruegos.

En el plan del Presidente Milei se afina la idea de satisfacer también a los marinos con la compra de uno o dos submarinos, y al Ejército con unas decenas de blindados y rifles. Y quieren que una futura asociación a la Alianza Atlántica del Norte (OTAN) los ayude a actualizar las fábricas militares caídas en desgracia desde el gobierno de Carlos Menem en adelante.

Es curioso porque tuiteros vinculadas a las voces oficiales han hecho trascender que el Presupuesto Nacional de la Defensa en la Argentina crece, al punto que medios internacionales se hicieron eco de estas versiones, incluyendo los chilenos que lo miran con recelos.

Pero lo cierto es que el proyecto de ley de presupuesto para 2025 contiene una importante reducción general del gasto público en el que Defensa también pierde. Porque se observan ambiciosas compras, ambiciosos ejercicios, pero un presupuesto tan bajo que entre los uniformados se preguntan cómo podrán ejecutarse, con qué combustible y con qué fondos.

El gasto asignado para Defensa es, según datos oficiales, de $ 2.811.882 millones (en realidad billones) de los cuales $ 2.154.983 de millones se irá para el gastos del personal y el resto para lo que se busca en modernización y mantenimiento de las Fuerzas Armadas.

El análisis de los datos del nuevo Presupuesto surge de una evaluación realizada por el analista Santiago Rivas, director de Pucará Defensa y del experto en temas de seguridad y defensa Mariano González Lacroix.

En Pucará Defensa hacen esta cuenta: los $ 2.8 millones a un cambio a un cambio como plantea el oficialismo, de 1270 pesos por dólar, representan 2.214 millones de dólares. Con un PBI argentino de 700.000 millones de dólares el crecimiento del 5% del PBI para 2025, y un presupuesto de Defensa de un 0,31% del PBI más un 2.4% del total previsto de gastos del Estado nacional para 2025, que es un total de 117.554.749 de millones de pesos.

En 2023 el presupuesto fue 541.630,10 de millones de pesos, que representaron 2.927 millones de dólares al dólar oficial de enero de 2023 de 185 pesos por dólar. La inflación fue sumamente alta y devaluación se descontroló, el presupuesto se fue actualizando con una crisis descomunal en el funcionamiento de la Defensa reducido al mínimo.

Según Pucará, para 2024 (año que no contó con sanción de ley presupuesto, sino que se trabajó sobre la de 2023) se estima que se habrá gastado en Defensa un total de 2.377.357 de millones de pesos (unos 2.600 millones de dólares tomando un promedio 900 pesos). “Así, la variación en pesos entre lo gastado en 2024 y lo que se espera gastar en 2025 es de 18,3%, acorde con la inflación que espera el gobierno”.

Además de ese presupuesto de 2.600 millones de dólares en 2024 y de 2.214 para 2025, los especialistas también observan una reducción en el gasto para alistamiento operacional de las tres fuerzas: el Ejército, que pasa de 152.000 millones de pesos en 2023 (820 millones de dólares) a 773.500 millones en 2025 (unos 610 millones de dólares); la Armada, que pasa de 72.000 millones de pesos (392 millones de dólares) a 380.000 millones (300 millones de dólares) y la Fuerza Aérea de 66.000 millones de pesos (356 millones de dólares) a 289.000 millones de pesos (227 millones de dólares).

Fuera de todo esto, aunque en el Gobierno prometen muchos más días de adiestramiento para el Ejército, más horas de ejercicios de navegación para la Armada y más horas de vuelo que en 2023 y 2024, en la presentación del presupuesto del 15 de septiembre pasado, en Defensa quedaron sorprendidos por la tajante decisión de apuntarle a muerte al Fondef.

Tal como consigna el sitio de Zona Militar, este recibiría una asignación de 35.230 millones de pesos. Pero se suspende el inciso 1 del Articulo 4 de la Ley 27.565 que puntualizaba las inversiones que debía asignar el Estado Nacional para gastos de capital de la jurisdicción Defensa. Este señalaba su constitución e integración, sus recursos, que además eran independiente a los recursos que sean asignados al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Armadas en el presupuesto nacional.

Compras deseadas pero ambiciosas

Lo que está detallado como necesidades de las tres fuerzas demuestran que van a tener que recurrir a financiamiento externo o a partidas especiales.

Por ejemplo, los submarinos que está pidiendo la Armada costarían hasta U$S 2.000 millones. Ya hay un primer compromiso con los franceses, se sabe para la adquisición de al menos dos Scorpene. Y se habla ahora de que buscan construir dos más en el país. Pero «no hay plata».

Las fuerzas de mar, que responden a Carlos Allievi, también están pidiendo ocho helicópteros livianos, y al menos dos corbetas.

Los cuatro Orion para la Marina, por U$S 60 millones ya tienen su partida asignada y los 25 F16 para la Fuerza Aérea también: U$s 300 millones de aeronaves y otros U$s 300 para su armamento que financia Estados Unidos. Eso se lo garantizaron al menos al hoy jefe del Estado Mayor Conjunto, Xavier Isaac, que fue jefe de la fuerza de aire hasta diciembre.

Para el Ejército, al mando de Carlos Presti, buscan comprar -según la información detallada entre las planillas del presupuesto 2025 y los análisis de Pucará Defensa y de Zona Militar- helicópteros medianos, que reemplacen a los Bell UH-1H. El ministro Petri quiere unos 20 UH-60 Black Hawk, de los Estados Unidos. Luego están los tan mentados blindados a rueda 6×6 u 8×8 para el Ejército. Y quieren tres Aeronaves No Tripuladas Clase II (drones).

Quieren 66 camionetas 4×4, 44 ómnibus medianos de 19 asientos.

Pidieron cascos para las fuerzas de operaciones especiales, ametralladoras pesadas para los regimientos de infantería mecanizados, escopetas semi automática para los regimientos de infantería, fusiles de precisión para los regimientos de infantería. Quieren modernizar los fusiles de asalto en los regimientos de infantería de montaña y de monte y comprar lanza granadas de 40mm automáticos para los regimientos de infantería.

Para logística que tienen pidieron 1.000 camiones 4×4, para el remplazo de toda la línea de camiones Unimog 416 y piden la recuperación de 150 vehículos Unimog 416 en la Planta «San Lorenzo» y precisan modernizar la línea de vehículos jeep Mercedes Benz 230 y los TAM VCTP sin contar la necesaria recuperación de 4 blindados a rueda Norinco WMZ 551 B1 6X6, en el Batallón de Arsenales 601.

Otro tema para la fuerza de tierra es la recuperación y modernización de 17 sistema de artillería autopropulsado VCA en la Planta de Boulogne.

La Fuerza Aérea, beneficiada con los F16, precisa la modernización y actualización tecnológica de la infraestructura para la incorporación de dichos aviones de combate en la VI Brigada Aérea y el Área Material Río Cuarto.

Y quiere seis aeronaves de transporte mediano de mediano alcance, que se trataría de más aparatos Embraer 140 usados.

En la fuerza se habla de la compra de repuestos y equipos para recuperar la flota de entrenadores de la Escuela de Aviación Militar, la III Brigada Aérea y la Base Aérea Militar Morón.

También de recuperación de la flota de IA-63 Pampa II y Pampa III. Lo mismo precisan los Radares Primarios de Largo Alcance. Las necesidades son más e inmensas.

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Revés judicial para una maniobra del condenado exgobernador Urrribarri y su abogado Burlando

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Condenado por corrupción, el exembajador ante Israel y exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri recibió un nuevo revés en la Justicia. Con su abogado Fernando Burlando habían planteado en los tribunales federales de Comodoro Py que en su provincia funcionaba una “mesa judicial” para perjudicarlo y acusarlo en causas penales, pero la jueza federal María Servini se declaró incompetente y mandó el caso a la justicia local entrerriana.

La estrategia es conocida y fue usada en otras causas en el pasado: abrir un expediente paralelo, de preferencia en otra jurisdicción, para desde allí conseguir la nulidad del expediente principal. Pero en esta ocasión no funcionó.

Urribarri fue contra la Procuración de la provincia y los fiscales Gonzalo Badano y Patricia Yedro, así como contra la exfiscal Cecilia Goyeneche y el periodista Daniel Enz, que viene publicando desde hace décadas investigaciones que sacaron a la luz actos de corrupción del exgobernador.

La jueza Servini pidió informes a la justicia de la provincia sobre las causas contra el exgobernador, mientras el fiscal Carlos Stornelli postuló la incompetencia de la justicia federal porteña para investigar el asunto. También pidió informes a Burlando sobre la actualización de las causas “URRIBARRI, Sergio y otros s/ peculado s/ recurso de queja” y “URRIBARRI, Sergio y otros s/ negociaciones incompatibles” del Juzgado de Garantías N°4 de Paraná. Y si había recursos en la Corte Suprema de la Nación. Pero la querella nunca respondió.

Con esos datos, si bien los informes requeridos tuvieron respuesta parcial, Servini resolvió que “con meridiana claridad (más ante el silencio de la querella) Sergio Daniel Urribarri es objeto de un proceso jurisdiccional en la Provincia de Entre Ríos y que no media en su sustanciación intervención alguna de cualquier órgano judicial con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según la hipótesis planteada por el acusador particular, que no fuese, obvia e hipotéticamente, la Excma. Corte”.

Por eso, la jueza concluyó que “considerando que los hechos aquí denunciados habrían acontecido en la Provincia de Entre Ríos dentro del marco de un procedimiento judicial local, sin que medie además ningún otro acontecimiento que excite la intervención de jurisdicción de excepción, estimo corresponde de conformidad fiscal, declarar la incompetencia en razón de materia y territorio” en favor de la justicia entrerriana.

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos rechazó el recurso de queja presentado por los defensores del exgobernador Urribarri y dejó firme la condena a ocho años de cárcel. La sentencia lo había olbligado en su momento a renunciar a la Embajada en Israel, donde había sido designado por Alberto Fernández.

Urribarri fue encontrado culpable de “delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y peculado” en cinco casos que se juzgaron en conjunto en un proceso que se denominó “Megacausa”.

Se trata de una causa en la que se probó que Urribarri dispuso de forma ilegal de fondos públicos que en algunos casos terminaron financiando sus campañas electorales; entre otras maniobras, a través de contratos de imprenta y publicidad.

Ahora Urribarri pelea porque la Corte revierta esta decisión. Su libertad está condicionada y puede perderla si es que el fallo queda firme la decisión de la Corte Suprema.

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