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En el año electoral, el Gobierno destinará US$ 838 millones más que en 2024 en planes sociales

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El gasto en planes sociales crecerá 27,7% medido en dólares durante 2025 y alcanzará los US$ 3.857 millones, exactamente US$ 838 millones más de lo que se destinó al área en 2024. Se trata de una de las pocas partidas presupuestarias que resiste al ajuste de Javier Milei, que desde hace tiempo define al Ministerio de Capital Humano como «la única billetera abierta» para el Gobierno.

No obstante, sorprende la enorme cantidad de recursos que demandará, teniendo en cuenta también que el crecimiento de los mismos no sólo se da en pesos, como suele suceder, sino además en dólares. Y que resulta una partida que suele ser utilizada por los gobiernos de turno como herramienta proselitista en años electorales como el que se viene por delante.

Los fondos destinados por el Gobierno a planes sociales se dividen especialmente en cuatro programas: Políticas Alimentarias, Inclusión Social, Acompañamiento Social y Volver al Trabajo. Todos están bajo la órbita del ministerio que conduce Sandra Pettovello y tendrán aumentos significativos de fondos el año que viene en relación al actual, de acuerdo al anteproyecto presentado en el Congreso de la Nación.

La partida más onerosa volverá a ser la de Políticas Alimentarias, que es desde donde se transfiere la plata que se paga a través de la Tarjeta Alimentar. Para todo el año que viene está previsto que cuente con un presupuesto de $ 3,11 billones, que cotizados al dólar oficial de $ 1.207 que proyecta el Gobierno para fines del año que viene equivale a US$ 2.578 millones.

El aumento de un año a otro en esa partida es sideral, ya que tras varias reasignaciones durante 2024, la proyección del gasto total pasó a ser de $ 1,94 biillones, que pasados al dólar de $ 1.020 con el que el Gobierno espera cerrar el año, representan US$ 1.907 millones durante todo el período. Es decir, una diferencia de US$ 671 millones en el gasto comparados de 2024 a 2025.

La Prestación Alimentar, como la redefinió el Gobierno, impacta directamente en casi cuatro millones de personas y ha crecido su monto en términos reales durante todo este año. En los últimos días, además, se decidió que el límite de la edad de los menores que pueden ingresar como beneficiarios a través de sus madres, pasando de 14 a 17 años.

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La Tarjeta Alimentar, con nuevos montos.

Cómo se compone el gasto social

Pero el presupuesto de la Tarjeta Alimentar no es el único que se emplea para el pago de planes sociale desde el Estado. De la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia también depende una caja clave, como la de Inclusión Social, que absorbió parte del viejo programa Potenciar Trabajo que existió hasta principios de este año.

Inclusión Social se divide en dos partes: Acompañamiento Social y Monotributo Social, que se repartirán los $ 641.920 millones que se asignó al área en el presupuesto del año que viene: $ 360.607 millones para el primero y $ 281.313 para el segundo. Medido en dólares, alcanzarán los US$ 531,8 milones, que se añaden a lo ya sumado por Tarjeta Alimentar. En 2024, ese gasto puntual se preve será mayor al que se viene el año siguiente: US$ 598,3 millones.

Pero hay más, porque el Potenciar Trabajo se dividió además en otra cartera que terminó yendo hacia la Secretaría de Trabajo, independiente de Niñez, Adolescencia y Familia pero que también está bajo la órbita de Capital Humano.

Ese programa se llama «Volver al Trabajo» y para el año que viene tiene fondos previstos por $ 902.500 millones, unos US$ 747,7 millones según las proyecciones de dólar de 2025. En la comparación con 2024, es mucho mayor el gasto que se viene. Este año se espera que el gasto total termine en US$ 514 millones.

Así, sumados la Tarjeta Alimentar, Inclusión Social y Volver al Trabajo, se gastarán en todo 2025, de no haber reasignaciones en el camino, US$ 3.857 millones cuando durante 2024 el cálculo global trepa a US$ 3.019 millones; es decir, se incrementará el gasto social en US$ 838 millones.

El nivel de gasto durante este año

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Desde antes de asumir, Javier Milei planteó que la cartera de Pettovello era una de las pocas que iban a resistir el ajuste. Y ese pronóstico terminó confirmándose durante el avance del año, sobre todo por la enorme cantidad de recursos que se le giraron a Capital Humano en estos nueve meses de gestión.

La Tarjeta Alimentar fue claramente el programa más potenciado por el Estado, en detrimento del extinto Potenciar Trabajo. Como ejemplo bien gráfico, Políticas Alimentarias comenzó el año con el presupuesto de prórroga que había dejado el Gobierno anterior, que preveía $ 875.000 millones para todo el ciclo. Milei lo aumentó bastante más que el doble, hasta $ 1,94 billones, que es lo que debería costar durante todo este año finalmente.

En tiempo real, el nivel de gasto viene siendo tan constante como elevado, de acuerdo a los datos del sitio oficial Presupuesto Abierto. Se devengaron, al 21 de septiembre, $ 1,24 billones. Es decir que en 275 días del año se pagaron a razón de $ 4.510 millones cada 24 horas en concepto de asistencia social, sólo por la Tarjeta Alimentar.

El resto de los programas tiene menor flujo presupuestario y también menor intensidad en cuanto a los envíos. Al área de Inclusión Social se le devengaron $ 460.436 millones y a Volver al Trabajo, el programa pertinente de la Secretaría de Trabajo, se le transfirieron $ 391,386 millones. Sumados los tres programas mencionados, en ocho meses y medio, se destinaron $ 2,1 billones a planes sociales.

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“Hasta la puerta”: un productor usó una imagen de Normandía para mostrar un fuerte contraste con lo que busca una provincia argentina

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En medio de la preocupación de productores de La Pampa que intentan frenar la reglamentación de la ley 3288 de gestión integral de plaguicidas aprobada en 2020, a la que consideran perjudicial, un productor agropecuario compartió un video filmado en Normandía y trazó un paralelismo con lo que ocurre en la Argentina. Se trata de Santiago del Solar, exjefe de Gabinete del Ministerio de Agricultura durante el gobierno de Mauricio Macri, quien compartió las imágenes de un lote de maíz al lado de la ruta y muy cerca de las casas. En la red social X se abrió un debate sobre el límite en el perímetro urbano para realizar las aplicaciones de fitosanitarios.

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“Esto es Normandía (Francia). En La Pampa quieren restringir aplicaciones de agroquímicos y romper la ganadería y agricultura. Nadie en el mundo hace eso. Ni siquiera países ultras restrictivos con temas ambientales. Se siembra y aplican agroquímicos hasta la puerta. Es seguro”, puntualizó.

Dijo a LA NACION: “El paquete de herbicidas utilizados en Francia para la producción de maíz prácticamente no difiere de lo que hacemos en la Argentina. Sin embargo, en nuestro país tenemos infinidad de prejuicios infundados con estos productos”.

Reacciones

En tanto, en X, ante la pregunta de un usuario sobre “¿cómo llegaron a eso?”, porque, según dijo, duda que acá “se haga un 1% de lo que se hace allá, asumir que lo que funciona en B funciona en A sin tener en cuenta el contexto es un análisis muy escueto”. Del Solar, puntualizó: “No tienen los prejuicios que tenemos acá, al menos para agroquímicos. Si, en cambio odian GMO, irracional, pero está prohibido sembrar transgénicos. Aunque la soja que importan lo sea”.

Además, aclaró que los puntos en los que trabajaron en Francia para lograr esa falta de prejuicios con los agroquímicos, agregó que esto “lo piden los Concejos Deliberantes, no los consumidores. INTA hizo mil y una demostración a campo mostrando lo que es una deriva. Es mínimo”, afirmó. Según agregó Del Solar, “algunos herbicidas sí están prohibidos en Francia y acá no. Si no es imposible sembrar maíz”.

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Video De Límite De Aplicaciones

Este escenario se contrapone con zonas de la región agrícola de la Argentina. Por ejemplo, en La Pampa, los productores solicitaron la derogación de la polémica ley 3288 de gestión integral de plaguicidas, aprobada en 2020, y que está cerca de reglamentarse.

En rigor, se tendría que haber reglamentado a los 120 días desde que salió. Según dijeron desde el Consejo Consultor de entidades del sector, en su redacción no se tuvo en cuenta el trabajo realizado en el seno de la Comisión Provincial de Sanidad Vegetal (Coprosave). Además aseguraron que “no tiene sentido lo que se está proponiendo”.

Hace unas semanas trascendió un borrador de la reglamentación: tiene fuertes exigencias para diversos actores vinculados con la actividad, como los usuarios de agroquímicos, técnicos, los distribuidores/expendedores y hasta para aplicadores. A los aplicadores se les exigen 18 puntos. Entre ellos, además de cumplir con buenas prácticas agrícolas, con normas de seguridad y capacitación, tener la documentación de los empleados, contar con la inscripción de los equipos que usan, responder por los daños de una eventual aplicación incorrecta, planificar la aplicación en función de la distancia a zonas sensibles o pobladas y conservar por cinco años el remito o receta de compra del producto.

Para el usuario responsable, el productor, también hay requisitos que van desde conservar por cinco años la receta de compra del producto, garantizar la correcta aplicación, cumplir con la normativa de protección al ambiente y reducir residuos de plaguicidas. En tanto, para los técnicos o asesores se plantea, entre otros puntos, que se hagan responsables de los daños de un eventual tratamiento incorrecto.

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