El Presidente del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Tucumán, Miguel  Chaibén Terraf, viene siendo protagonista de un escándalo que pone en tela de juicio su desempeño como funcionario público y  el accionar del organismo de contralor.

A través de una investigación periodística se comprobó que Terraf habilitó a su consuegro un negocio multimillonario para la provisión de comestibles y aguas con comprobado sobreprecios. Las contrataciones celebradas entre el padre de su yerno se circunscriben a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, y la facturación asciende a  más de 600 millones de pesos

Terraf lleva más de 20  años en su cargo como autoridad máxima, un plazo que representa mucho más tiempo que el que llevan las máximas autoridades de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Incluso durante sus más de 2 décadas en función, pasó la gestión de 12 años del exgobernador  preso y condenado por violación José Alperovich, en el cual también hubo una gran cantidad de sobreprecios en la obra pública de la década kirchnerista cuando el tucumano y Secretario de Obras Públicas de la Nación, José López, asignaba fondos discrecionales para obras de infraestructura en su provincia de origen.

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Pero la gestión de Terraf, está en el ojo de la tormenta por otra anomalías que comprometen e involucran a sus familiares directos, siendo el caso de su esposa, Marcela Manso, uno de los más llamativos debido al cobro de 2 sueldos estatales en simultáneo, como funcionaria jerárquica de la Dirección de Personerías Jurídicas y como  empleada de la Legislatura de Tucumán.

Durante los años de Alperovich en el gobierno, Terraf no solo obtuvo su cargo de manera vitalicia sino que también se convirtió en un socio invalorable, en las distintas tropelías realizadas por el exgobernador. “El pacto entre Alperovich y Terraf se firmó con la designación de una de sus hijas, Gabriela Terraf, como Jueza de Paz , sin tener ningún tipo de conocimiento en Derecho”, contó una fuente tucumana a este medio. “Debe ser el único caso en la Argentina de una jueza que estudió Psicología“, acotó la misma fuente.

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Además de cumplir una dudosa función como organismo de contralor durante la gestión ininterrumpida de Terraf, el Tribunal de Cuentas se convirtió además en una bolsa de empleo usada por Terraf para ubicar en el organismo de control, a todas sus amistades y sus yernos circunstanciales, siendo el caso más grave el de Esteban González, quien  hoy  a través de la firma de su padre Eduardo Luis Gonzalez, ejecuta las contrataciones multimillonarias en las cuales provee de agua ozonizada y alimentos a los institutos de cuidado de niños y ancianos del Ministerio de Desarrollo Social. Para peor, en estas instituciones sobran las denuncias por el mal estado de los comestibles y la dudosa calidad del agua que los González venden al Estado, encima con comprobados sobreprecios.

Por su parte, el yerno de Terraf, arrastra una denuncia paralizada en la justicia provincial, por la malversación y robo de más de 200 millones de pesos durante su paso por la entidad crediticia provincial, la Caja Popular  de Ahorros.

Otro de los accionares que comprometen en su gestión al frente del Tribunal de Cuentas, es la falta de control  a la empresa proveedora de energía eléctrica en la provincia, EDET, la cual incumple contractualmente la prestación del servicio, con apagones constantes y tarifazos recurrentes. Todo en el marco de la falta de inversión que la empresa no realiza en Tucumán desde hace décadas.