Florencia y Pablo. Pablo Borboroglu y Florencia Gómez. Dos personas apasionadas. Dos personas comunes. Habitantes de la Patagonia argentina. Dedicados cien por ciento a sus vocaciones. Florencia, una mujer de leyes. Pablo, un hombre de la naturaleza. La fiscal y el biólogo. Giros del destino: la vida los puso juntos en un mismo lugar. No un hecho feliz, sino una masacre.
Se conoció como la “matanza de Punta Tombo”. Fue, efectivamente, un desparramo de muerte. Ocurrió en 2021, en un campo sobre las costas de Chubut, pegado a la reserva natural de Unesco, que todos los turistas visitan.
Un lugar fascinante para viajeros. Un lugar de paz para las especies. Los bichos salen del agua, caminan hasta los nidos donde ponen sus huevos. Nacen sus crías. Las hembras les dan cobijo, alimento y calor. Un día las crías bajan el agua. El ciclo de lo natural es un giro que se perpetúa y no hay razones para algo lo altere.
Hasta que una topadora entró con brutalidad y destrozó todo en noviembre de 2021. Entonces, las vidas de Pablo y Florencia, el biólogo y la fiscal, llegaron a un punto de convergencia. Comenzaron a tener algo en común. Una causa: que hubiera justicia.
Este jueves, un tribunal de Rawson condenó por el delito de daño ambiental a Ricardo Adolfo La Regina, el hombre que condujo la topadora por encima de todas las formas de vida. A su vez, fue absuelto por crueldad animal. El próximo lunes se conocerá la pena. No irá preso, pero el fallo crea una jurisprudencia sobre crímenes ambientales que hasta ahora no existía.
Es el cierre de un juicio histórico. El empresario y productor, que no estuvo presente en la sala, fue hallado culpable del crimen de 105 especímenes de pingüinos Magallanes y de haber arrasado 292 nidos, aplastando huevos y pichones y causando daños irreversibles sobre fauna y flora autóctonas en una estancia de su propiedad, pegada a la reserva ecológica. La Regina buscaba trazar dos caminos e instalar un alambrado de 900 metros en el interior de su lote. Durante el juicio, se manifestó arrepentido: “Con el diario del lunes, por supuesto que no lo hubiera hecho”, expresó.
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Es la primera vez que un caso de “ecocidio” llega a esta instancia en Latinoamérica. El mensaje que lograron instalar la fiscal Gómez, con su trabajo de instrucción, y el biólogo Boroboroglu, con las pruebas recolectadas minutos después de la matanza, es que una persona puede ser dueña de una propiedad pero eso no otorga derechos sobre la fauna y la flora que dentro de esos límites puedan existir. La Regina causó un daño irreparable en la naturaleza. Nada de lo que alteró de modo sangriento le pertenecía.
Gómez dejo el cuerpo en esta cruzada. Movió cielo y tierra para llevar adelante una causa que es vista como modelo por sus colegas de todo el país y del mundo. Fue la responsable de sostener y justificar la figura del ecocidio. Impulsó las denuncias de tres organizaciones ambientales y nada lo detuvo. Gómez hizo una recolección de pruebas pocas veces vista en instrucciones de este tipo. “Droneó” hasta el último metro del área, convocó geógrafos, cartógrafos y especialistas en biología marina para dimensionar la matanza. Un día, después de enviarle 128 mensajes, logró dar con Sam Guilfort, director de National Geographic. Eso significó un hito para el caso porque la organización internacional a partir de ese momento se puso bajo las órdenes de la fiscal, facilitando fotografías y peritajes.
El biólogo, en tanto, rápidamente se puso a la par de Florencia Gómez. Sellaron un camino, un destino unificado. Hizo un aporte crucial. Borboroglu es “el señor de los pingüinos”, el hombre que vela por ellos. Más de 35 años dedicado a la conservación, varias vueltas al mundo censando colonias de la especie en sitios remotos. Pero nunca, hasta entonces, había visto algo similar. Borboroglu y su esposa vieron la masacre todavía palpitante. Aquel 26 de noviembre, llegaron a la estancia horas después del aplastamiento. “Por el iris del ojo de las aves, podés ver cuánto tiempo pasó desde que se produjo el deceso. No había pasado nada. Pero había muchos indicios más. No había ni siquiera olor. Todo estaba fresco. Después lo pudimos saber, en base imágenes de Google Earth: habremos llegado tan solo 4 horas después del desastre”, recordó el experto a Clarín.
El miércoles por la noche, en la previa del fallo, Borboroglu habló con este diario. “Será importante, será trascendente”, decía, sobrepasado por la expectativa.
Las tres organizaciones que hicieron la denuncia
Ahora, quedará pendiente que los jueces emitan la sentencia y determinen la pena. Las organizaciones querellantes Fundación Patagonia Natural, Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas esperaban que refleje la comprobación del daño ocasionado expuesto por testigos locales e internacionales a lo largo de una semana de juicio oral y público.
Matías Arrigazzi, biólogo e integrante del equipo de campañas de Greenpeace Andino, sostuvo: “Este caso es un hito para la justicia ambiental y la protección de los pingüinos y la naturaleza. Esta masacre de más de un centenar de pingüinos, que despertó gran indignación de la ciudadanía, hoy recibe justicia. Este hecho constituye un antecedente histórico que, esperamos, siente las bases para implementar políticas y acciones más estrictas que eviten futuros atentados contra los animales y el ambiente”.
Lucas Micheloud, abogado ambientalista y co-director de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, expresó: “Estamos ante una condena histórica y un punto de inflexión decisivo en la lucha contra la impunidad ambiental en Argentina. Es un poderoso precedente que enfrenta la criminalidad ecológica. Hoy, la Justicia ha enviado un mensaje muy claro a toda la sociedad: destruir la naturaleza y maltratar a los animales no humanos tiene consecuencias penales”.
Por su parte, José María Musmeci, presidente de la Fundación Patagonia Natural, agregó que el fallo «es el que esperábamos. Ahora, las expectativas están puestas hacia delante, sobre todo en las herramientas que tendremos a disposición en el ámbito de la Justicia para defender la biodiversidad, los ecosistemas y las áreas protegidas”.
En medio del conflicto gremial en Aeroparque, donde ayer trabajadores de la empresa de Intercargo hicieron una asamblea sorpresiva que paralizó gran parte de la operatoria, esta jueves se vivió otro momento de tensión cuando un vuelo que debía salir a Bariloche sufrió una demora de casi dos horas en donde los pasajeros quedaron atrapados dentro de la aeronave sin poder salir.
El vuelo correspondía a Flybondi que adjudicó la demora y la situación al problema con los trabajadores de Intercargo, la empresa a cargo del servicio de rampas. Ocurrió poco después de que el Gobierno anunciara el despido de 15 empleados de la empresa estatal de servicios de rampa.
“Estamos en el aeropuerto, en Buenos Aires, yendo hacia Bariloche. Estamos en el avión encerrados hace una hora y media. Como echaron gente de Intercargo, se negaron a subir las valijas”, le dijo más temprano a TN, Natalia, una pasajera del vuelo de Flybondi.
Otra vez pasajeros rehenes. Ahora un avión que tenia que salir a Bariloche hace una hora y media (tenía que salir 13.30) Todos los pasajeros encerrados ahí. No suben las valijas. Les explican que no salen porque echaron a 15 empleados de Intercargo. pic.twitter.com/icjBEE5wFQ
“Hay chicos y mucha gente grande. Estamos con el aire que ventila los asientos, nada más”, agregó. “Pasamos por todas, desde la neurosis de querer salir a abrir las puertas hasta ver que empezaron a cargar una valija y te tranquilizás. La línea aérea está sirviendo agua para calmarnos un poco”, dijo.
En el medio, desde la empresa low cost informaron que “hubo una demora de más de 1 hora y media en la salida del vuelo 5282 con destino a Bariloche, siendo nuevamente rehenes de los trabajadores de Intercargo”. De todas formas, el vuelo ya despegó y la firma lamentó “las molestias ocasionadas a los pasajeros, quienes son los principales perjudicados”.
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Marcela, una de las pasajeras a las que se le niega bajarse del avión hace una hora y media, relató la experiencia con los demás afectados por el paro.
En las últimas horas Patricia Bullrich denunció penalmente al gremio APA y a Intercargo, mientras la empresa reaccionó con tibieza.
La presentación de la cartera de Seguridad ante la justicia fue acusando a los gremialistas de «privación ilegítima de la libertad», «extorsión» y «entorpecimiento del transporte aéreo».
Según el Gobierno, por las asambleas, más de 900 personas a bordo de seis aviones en Aeroparque quedaron atrapadas, que se suman a otras 1.300 en vuelos detenidos en Ezeiza, ocasionando un grave perjuicio a los pasajeros y a la operativa aeroportuaria. Oficialmente la denuncia fue presentada por el abogado Fernando Soto, director nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales del Ministerio de Seguridad.
«Nos encontramos ante un ‘piquete aéreo’ que impidió a miles de personas descender de las aeronaves, entre ellos mujeres embarazadas y niños, quienes debieron soportar más de dos horas en cabinas sin ventilación adecuada, situación que derivó en complicaciones de salud para algunos pasajeros», precisa la denuncia.
La medida de fuerza comenzó minutos después de las 11 de la mañana y se originó por el despido de un empleado de Intercargo. Fuentes aeronáuticas informaron a Clarín que fue echado un coordinador, acusado de demorar la operación durante el fin de semana en la terminal porteña.
Llanos justificó la medida de fuerza sin aviso previo señalando que la empresa tampoco avisó del despido de ese trabajador.