La Cancillería Argentina condenó hoy la detención arbitraria e injustificada de un empleado local de la embajada argentina en la República Bolivariana de Venezuela y acusó al régimen de Nicolás Maduro de hostigamiento y violencia psicológico. Lo hizo a través de un comunicado difundido horas después de la desaparición del gendarme argentino, Nahuel Gallo, que fue retenido por Contrainteligencia Militar cuando ingresaba al país desde Colombia para visita a su esposa y su pequeño hijo de dos años, a los que no veía hace más de siete meses.

«Esta acción constituye una violación flagrante e inaceptable de las normas internacionales que garantizan la inviolabilidad de las sedes diplomáticas y la protección de su personal, incluidos aquellos que desempeñan funciones esenciales», reclamó la Cancillería, cuyo titular es Gerardo Werthein.

En ese sentido, el ministerio de Relaciones Exteriores manifestó que la detención del empleado local de la embajada no es un hecho aislado, «sino parte de una campaña sostenida de hostigamiento, intimidación y violencia psicológica contra los asilados y empleados de la misión argentina».

«A ello se suma la presencia de francotiradores apostados frente a la sede y la ocupación ilegal de las viviendas vecinas, configurando un cerco de facto con el claro objetivo de ejercer presión y generar un clima de terror sobre quienes se encuentran en el interior de la representación diplomática», manifestaron. El mismo reclamo se hizo formalmente esta mañana ante la OEA, tal como informó Clarín.

La Cancillería de Milei fue tajante, exigió al gobierno bolivariano de Venezuela la liberación inmediata del empleado local y volvió a reclamarle a Maduro «la entrega de los salvoconductos para las personas asiladas en la sede diplomática».

«Apelamos al Secretario General de las Naciones Unidas para que actúe con la urgencia y determinación que esta situación demanda. Es necesario garantizar la liberación del empleado local, la entrega de los salvoconductos y el fin del hostigamiento y el terror psicológico ejercido por el régimen de Nicolás Maduro contra la misión diplomática argentina y las personas bajo su resguardo. La pasividad o la demora en la acción solo contribuirán a agravar la situación», sostuvo el gobierno argentino.

Además, la Argentina hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para que se sume a este reclamo con la mayor firmeza posible. «La liberación inmediata del empleado local y la entrega de los salvoconductos para las personas asiladas no admiten más espera. Las consecuencias de la inacción podrían ser irreparables», expresó el ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

La denuncia de Cancillería ocurrió horas después de que conociera la detención de un gendarme argentino cuando intentaba ingresar a Venezuela desde Colombia.

Nahuel Agustín Gallo había viajado desde Argentina a Colombia por avión e iba a cruzar la frontera hacia un aeropuerto de Táchira, desde donde debía seguir viaje para llegar a Caracas. En la capital venezolana lo esperaban su pareja y su hija de 2 años. Pero no pudo tomar ese último vuelo.

En el Puente Internacional “Francisco de Paula Santander”, lo detuvieron autoridades de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de la Republica Bolivariana de Venezuela. Lo acusan de ser un «espía», a pesar de que su viaje era por motivos familiares.

El Gobierno argentino cree que está detenido en la sede policial principal de la localidad de las Lomas, a más de 650 kilómetros de Caracas. El Ministerio de Seguridad y Cancillería calificaron la detención como «arbitraria e injustificada».

En la embajada argentina en Caracas se encuentran seis dirigentes opositores a Maduro. Son Magalli Meda, Omar González, Pedro Urruchurtu, Humberto Villalobos, Claudia Macero y el ex ministro Fernando Martínez Mottola.

En agosto pasado, la sede diplomática quedó bajo custodia de Brasil, que izó su bandera en el lugar. Ocurrió luego de que el canciller de Maduro, Yvan Gil, exigió el retiro de los diplomáticos de Argentina y de otros países de la región que no habían reconocido la reelección del dictador en los comicios presidenciales en los que compitió con Edmundo González Urrutia.

La tensión volvió a crecer a mediados de noviembre, cuando Pedro Urruchurtu (uno de los asilados) denunció la presencia de «encapuchados con armas largas» y Omar González (otro de los que viven en la residencia del embajador) dijo que les habían cortado el suministro eléctrico.

La semana pasada, González volvió a denunciar movimientos extraños fuera de la embajada y María Corina Machado, principal dirigente opositora, alertó que la policía del régimen amenazaba con un «eventual ingreso» al edificio.