La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el procesamiento de Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, imputado por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, por el uso del dinero de los planes sociales, amenazas y extorsión. Así Belliboni y otros 16 dirigentes de su partido quedaron al borde del juicio oral público.

Belliboni y las otras dieciséis personas está siendo investigadas por ofrecer la incorporación al plan Potenciar Trabajo, otorgados en aquel entonces por el ex Ministerio de Desarrollo Social del ex presidente Alberto Fernández, a cambio de concurrir a marchas y movilizaciones, bajo la amenaza expresa de dar de baja el subsidio si no lo hacían.

La confirmación la votaron la semana pasada los jueces de la sala IV de Casación Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña al rechazar apelaciones por inadmisibles.

En su voto, Carbajo sostuvo qu “toda vez que las razones expuestas para dar sostén a las impugnaciones se limitan a la expresión de la disconformidad de las partes con lo decidido por el tribunal a quo al rechazar los planteos de nulidad efectuados y confirmar el procesamiento y las medidas cautelares dispuestas respecto de los aquí recurrentes”.

Barroetaveña votó en el mismo sentido que Carbajo y luego adhirió Hornos. Así se declararon inadmisibles “los recursos de casación interpuestos por los defensores particulares de Belliboni, Centanni, Dotti, Lubenfeld, Ortíz, Coego, Palma, Delgado Vilches, Cantero, Puppo, Candotti y Vásquez –doctores Liliana Alaniz y Eduardo Penllo-; la letrada defensora de Paraguay Estrada –doctora Jennifer Giura-; la defensora de Grande Arancibia –doctora Samanta Haydee Pedrozo- y el defensor de Albornoz -doctor Albino Stefanolo”.

El año pasado, el juez Sebastián Casanello había procesado a todos los denunciados por el ministerio de Seguridad, aunque sólo lo hizo como autores de un fraude al Estado por el mal uso de los fondos públicos correspondientes a los planes. Y luego la Cámara Federal porteña le agregó los delitos de amenazas y extorsión.

Pero tanto los acusados como las querellas de la Oficina Anticorrupción y la organización Poder Ciudadano apelaron esos procesamientos, y la Sala I de la Cámara Federal porteña -integrada por Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia- los confirmó con algunas modificaciones sustanciales.

El tribunal señaló que “los imputados, además de administrar fraudulentamente fondos que les fueran otorgados para satisfacer necesidades sociales a través de unidades de gestión y de desviar los fines del programa estatal en beneficio propio -con perjuicio al erario público-, exigían a los beneficiarios para no perder el plan social que se les había asignado, por un lado, la obligación de asistir a las manifestaciones, lo que afecta claramente el ámbito de su autodeterminación personal, y por el otro, aportar un porcentaje del sueldo recibido del Estado, viéndose afectado así su patrimonio.”.

El delito cometido a través de los aprietes para asistir a las movilizaciones y piquetes es el de amenazas coactivas, y la obligación de aportar un porcentaje del plan social como condición para seguir recibiéndolo corresponde a la figura de extorsión.

La investigación judicial comprobó una maniobra defraudatoria a través del desvío de fondos públicos que, tras la firma de diversos convenios, el Estado nacional remitía a la Asociación Civil Polo Obrero y a la Cooperativa de Trabajo El Resplandor.

Los convenios -celebrados con el ministerio de Desarrollo Social- estaban destinados a garantizar el dinero correspondiente al Programa Potenciar Trabajo en favor de los beneficiarios finales.

Esos documentos colocaban a las organizaciones sociales como intermediarias.

El Estado Nacional efectuó desembolsos de dinero a favor de los beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo (en concepto de Salario Social Complementario) por contraprestaciones que, «en la mayoría de los casos, siquiera se ofrecieron. Así, no sólo se incumplió el objetivo previsto normativamente, generando un perjuicio a las arcas del Estado (pues invirtió dinero en actividades que, en muchos casos, no se realizaron ni ofrecieron), sino que, además aprovechándose de la posición de poder que detentaban, retuvieron de manera indebida un porcentaje del dinero percibido por los titulares del programa”, explicó Casanello en la resolución que dispuso el procesamiento de los piqueteros

Durante el gobierno de los Fernández, como ya había ocurrido en anteriores gestiones K, se dio una particularidad: los piqueteros estaban a ambos lados del mostrador. Los más combativos como Belliboni en la calle, reclamando; y los peronistas como Pérsico en rol de funcionarios del área y decidiendo el destino de los fondos.

El juzgado indicó que entre junio de 2020 y diciembre de 2022 se suscribieron cinco convenios con la Secretaría de Economía Social. Previo a ello, pidieron constituirse como Unidades de Gestión, es decir «intermediarios». Una vez que completaron ese trámite, manejaron 361 millones de pesos en concepto de subsidio institucional.

El juez determinó que el dinero que no respondía a los gastos volcados en las facturas “truchas”, se habría utilizado para sostener y financiar la actividad partidaria del Polo Obrero.

En otros términos, la resolución judicial habló de diversas personas, nucleadas bajo las figuras asociativas ‘Asociación Polo Obrero’ y ‘Cooperativa El Resplandor Ltda.’, «habrían administrado de manera indebida al menos una parte de los recursos estatales que le fueran confiados en convenios celebrados con el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del aludido programa “Potenciar Trabajo””.