Tabacalera Sarandí, la empresa que maneja Pablo Otero conocido como el Señor del Tabaco por su influencia en el sector, volvió a quedar en la mira luego de que la ex AFIP (hoy ARCA) detectara que había puesto en marcha una nueva maniobra para intentar evitar pagar impuestos y vender atados de cigarrillos sin control.

Según documentos oficiales a los que accedió Clarín, ARCA detectó que entre los meses de octubre y diciembre de 2024, Tabacalera Sarandí «distorsionó» la información que debe entregarle al organismo sobre la cantidad de estampillas que recibió y utilizó para adherir en cada paquete de cigarrillos. Esas estampillas son instrumentos de control y trazabilidad que utiliza ARCA para poder cobrar los impuestos de cada atado que se vende.

La entrega a las empresas tabacaleras es rigurosa y cada compañía debe informar a mes vencido al organismo fiscalizador si utilizó todas las estampillas que le entregaron, si tuvo sobras y si hubo algunas que se dañaron en el proceso. Ese trámite es obligatorio y sirve para controlar las ventas y poner en marcha el pago de los tributos.

Las inconsistencias en esos números suelen generar alertas en la ex AFIP que puede iniciar sanciones automáticas contra las empresas que consisten en frenar la entrega de estampillas o darle menos de las que piden.

En el documento del ARCA, el organismo detalla las infracciones que cometió Tabacalera Sarandí. «Desde octubre 2024 hasta diciembre 2024 se detectó que el contribuyente distorsionó los Instrumentos Fiscales de Control Físicos Digitales (IFCFD): No son coincidentes las existencias de origen de IFCFD en un mes con las existencias finales de IFCFD del mes inmediato anterior. No se reportan correctamente los IFCFD que recibe, que utiliza ni los que tiene inutilizados por desperfectos producidos en la producción».

Por esos motivos, el organismo fiscal sancionó a la empresa de Otero y le disminuyó notablemente la entrega de estampillas: «A partir de lo expuesto y como resultado de la verificación permanente en planta que se desarrolla en la compañía, se detectó de manera temprana una distorsión en las cantidades de estampillas informadas y por tal motivo, sólo se le entregó el 10% (15,6 millones) de las que pidió (un total de 148,8 millones) entre octubre y diciembre del 2024».

La sospecha es que Tabacalera Sarandí alteraba los datos para quedarse con un stock extra de estampillas. De esa manera podía habilitarse a que produjera sin control cigarrillos que salieran al mercado y que se venderían sin pagar impuestos. Hoy, tras la Ley Bases, todas las empresas tabacaleras pagan un tributo del 73% sobre el precio declarado de venta.

Ante de la Ley Bases, Otero no pagaba el impuesto mínimo (era del 70%) gracias a una serie de cautelares que había conseguido en la Justicia. Sostenía que ese tributo era inconstitucional. El argumento que sostuvo durante años era su empresa funcionaba como una pyme y que el impuesto era confiscatorio ya que sus productos son más baratos que la competencia de primeras marcas y el tributo era mayor al valor de cada paquete de cigarrillo.

El caso llegó hasta la Corte Suprema que si bien aún no definió sobre la cuestión de fondo (si el impuesto es inconstitucional), el año pasado le ordenó empezar a pagar el tributo. Otero y su compañía no lo pagaban desde 2018 y según datos oficiales acumuló una deuda de unos 5 mil millones de dólares que en caso de que el máximo tribunal falle debería empezar a abonar.

Sin pagar los tributos, Tabacalera Sarandí consiguió crecer y expandirse con precios bajos y ganó una porción de mercado desproporcionada. Según un informe que en su momento elaboró la consultora ABECEB por evitar el pago de ese impuesto, Tabacalera Sarandí pasó de tener el 5,6% del total del mercado en 2016, al 38,4% en 2023. En los hechos, con esa porción de mercado, la compañía de Otero ya no podría ser considerada una pyme. El propio Otero sostuvo que factura más de 800 millones de dólares al año.

Otero, además, está siendo investigado en una causa radicada en Mar del Plata por una presunta maniobra de falsificación de estampillas fiscales. El expediente lo tiene el juez federal Santiago Inchausti quien citó a indagatoria para los primeros días de febrero a un grupo de empresarios pymes que compraban cartones de cigarrillos truchos (con las estampillas falsificadas) de las marcas Red Point -que pertenecen a Tabacalera Sarandí-; y Dolchester y Pier de la empresa Bronway, ubicada en Rosario, y que comanda Darío Ippolito.

Este caso tiene vinculaciones con la maniobra que ahora detectó ARCA ya que con el sobrante de estampillas (que en los hechos deben ser devueltas al organismo o destruidas) se podrían producir cigarrillos para salir al mercado sin controles.

En los últimos meses, el ente recaudador llevó adelante inspecciones en diferentes centros de distribución y kioskos para detectar a cuánto se venden los atados de cigarrillos que produce Tabacalera Sarandí. Es porque los impuestos se pagan sobre el precio que las empresas declaran en ARCA, pero en los kioskos suele ser mucho mayor al informado. Según datos oficiales, el Red Point Box cuesta $910, pero se consigue a unos $1500 y $2000 en la calle. Esa diferencia es un extra de dinero negro que mueve millones de pesos mensuales.