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ECONOMIA

El plazo de prescripción para las deudas de servicios públicos

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Las deudas de servicios públicos suele ser una de las más frecuentes debido a su impacto en la economía doméstica. De hecho, en 2024, aumentaron un 248,2%, lo que representa uno de los mayores incrementos de precios.

Este se posicionó por encima de los incrementos salariales como también de la inflación del período. Este hecho, sumado a la dificultad de los trabajadores de llegar a fin de mes, genera que surjan atrasos en los pagos.

¿Cuándo prescribe una deuda por servicios públicos?

La prescripción se define como el tiempo que tiene una empresa para reclamar una deuda. Luego de ese lapso, el acreedor, en este caso las compañías de servicios públicos, no pueden exigir el pago por la vía judicial.

En nuestro país, el plazo de prescripción para este tipo de obligaciones es de cinco años. Esto significa que si una factura no se abonó y la empresa no tomó ninguna acción en ese plazo, esta no podrá ser cobrada judicialmente.

Este período se encuentra establecido en el Código Civil y Comercial de la Nación, específicamente en el artículo 2536. Cabe resaltar que se trata de uno de los lapsos más largos de prescripción si se lo compara con deudas comerciales que rondan entre los 2 y 3 años.

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Asimismo, es importante aclarar que, luego de esa cantidad de años, no significa que la deuda simplemente desaparezca, sino que la empresa pierde la posibilidad de hacer una demanda formal para recuperarla.

Aun así, la empresa podría intentar cobrar la deuda por otros medios, como enviar recordatorios, pero no podrá llevar el caso a la justicia si ha pasado ese tiempo.

¿A partir de qué momento comienza a correr la prescripción?

El plazo de los cinco años comienza a correr desde el momento en que la factura venció. Por ejemplo, si se recibió una factura de luz con vencimiento en agosto de 2020 y no se abonó, la empresa tendrá hasta agosto del 2025 para reclamar el pago por vía judicial. Si no lo hace, la deuda prescribirá, y ya no se podrá iniciar un juicio.

No obstante, hay que tener en cuenta que este plazo puede interrumpirse si la compañía toma alguna acción formal para cobrar la deuda, como iniciar un reclamo judicial. También se reinicia si el deudor reconoce la deuda de alguna manera, como, por ejemplo, firmando un plan de pago o abonando una parte.

¿Qué hacer ante un reclamo judicial?

Si no se abonó la factura de agua, luz o gas, la empresa que presta el servicio puede iniciar un reclamo judicial dentro del plazo de cinco años para recuperar el dinero. Dentro de las vías por la que pueden optar se encuentra la demanda judicial a través de los tribunales ordinarios o mediante una jurisdicción coactiva.

En el primer caso, el reclamo es tratado como cualquier otra demanda, mientras que, en la última, la empresa gestiona el cobro de una forma más rápida por contar con autorización legal para hacerlo. Además, en todos los casos, suelen cortar el servicio.

¿Qué debo hacer si tengo una deuda por servicios públicos?

En el caso de contar con una deuda por la prestación de servicios públicos, lo recomendable es resolverla antes de que escalen. Muchas empresas ofrecen planes de pago o facilidades para regularizarlas.

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Además, es importante llevar un control de las facturas y de los vencimientos, ya que estos detalles son clave para entender si una deuda aún puede ser reclamada. En el caso de que una obligación haya prescrito y la empresa sigue reclamándola, será necesario que te asesores legalmente. Sin embargo, dependiendo del monto adeudado, los honorarios de un abogado pueden ser muy superiores.



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ECONOMIA

Trump confirmó nuevos aranceles al acero y al aluminio, y así impactará en empresas argentinas

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En una movida que intensificó las tensiones comerciales a nivel mundial, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto que impuso aranceles del 25% a todas las importaciones de acero y aluminio, sin excepciones ni exenciones. Esta medida afectó directamente a países aliados y socios comerciales de larga data, incluyendo a Canadá, México, Brasil y Argentina.

«Hoy simplifico nuestros aranceles sobre el acero y el aluminio», dijo Trump en el Salón Oval mientras firmaba las órdenes ejecutivas. «Es un 25%, sin excepciones ni exenciones», agregó.

«Nos estaban atacando tanto amigos como enemigos. Es hora de que nuestras grandes industrias regresen a Estados Unidos», subrayó.

Trump resaltó también que pensaría imponer aranceles adicionales a automóviles, productos farmacéuticos y chips informáticos.

El asesor comercial de Trump, Peter Navarro, dijo que las medidas ayudarían a los productores de acero y aluminio de Estados Unidos y reforzarían la seguridad económica y nacional de Estados Unidos.

«Los aranceles al acero y al aluminio 2.0 pondrán fin al dumping extranjero, impulsarán la producción nacional y asegurarán nuestras industrias de acero y aluminio como columna vertebral y pilares de la seguridad económica y nacional de Estados Unidos. No se trata sólo de comercio. Se trata de garantizar que Estados Unidos nunca tenga que depender de naciones extranjeras para industrias críticas como el acero y el aluminio», señaló a los periodistas

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Durante su primer mandato, en 2018, Trump ya había implementado aranceles similares, aunque posteriormente otorgó exenciones a ciertos países. Sin embargo, en esta ocasión, la administración decidió aplicar la tarifa de manera uniforme, argumentando la necesidad de proteger la industria nacional y reducir la dependencia de importaciones extranjeras.

La reacción internacional no se hizo esperar. La Unión Europea calificó la medida como «ilegal y económicamente contraproducente», señalando que perjudicaría tanto a empresas y consumidores europeos como estadounidenses.

Francia exigió represalias inmediatas por parte de la UE, mientras que China, que ya había aplicado aranceles a productos estadounidenses, criticó el proteccionismo comercial de Trump, enfatizando que no hay ganadores en las guerras comerciales.

El impacto para las empresas argentinas

Para Argentina, la imposición de estos aranceles representó un desafío considerable. Según datos del sector, el país exportaba aproximadamente u$s600 millones anuales en acero y aluminio a Estados Unidos. Empresas emblemáticas como Aluar y Tenaris se pueden ver afectadas directamente. Aluar, por ejemplo, destina alrededor del 40% de su producción al mercado estadounidense.

Según analistas, con un arancel más alto, los productos argentinos se encarecerían, lo que podría reducir la demanda por parte de Estados Unidos o disminuir los márgenes de ganancia para los exportadores locales. A largo plazo, esto podría llevar a una caída en la producción y afectar el empleo en el sector metalúrgico, que ya enfrenta desafíos estructurales.

Asimismo, la posibilidad de que Argentina logre quedar excluida de la medida dependerá de las negociaciones diplomáticas y de la relación bilateral entre ambos países. La falta de una respuesta favorable podría incentivar la búsqueda de nuevos mercados, aunque esto no resultaría inmediato ni sencillo.

En resumen, la decisión de la administración Trump de imponer aranceles del 25% a las importaciones de acero y aluminio sin excepciones generó una ola de reacciones a nivel global. Para Argentina, esta medida implicó desafíos significativos para su industria metalúrgica y planteó interrogantes sobre el futuro de sus exportaciones hacia Estados Unidos.

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