Al desautorizar y sustituir al director de Anses, Javier Milei hizo mucho más que aplicar la «guillotina»: dio una señal política en el sentido de que su cuota de crisis políticas y «batallas culturales» está agotada.

El presidente está en pleno debate sobre el tema central de su plan económico —la sustentabilidad del tipo de cambio— y no solamente está confrontando con los críticos habituales sino con históricos aliados, como Domingo Cavallo, e indirectamente también con el Fondo Monetario Internacional.

Viene, además, en una pelea contra la «agenda woke», sobre la cual los encuestadores sospechan que podría traerle más costos que beneficios en términos electorales.

Y, mientras tanto, está en plena negociación con los gobernadores peronistas para poder avanzar con su agenda parlamentaria, que incluye la derogación de las PASO y el nuevo proyecto Ficha Limpia. Negociaciones, claro, que no resultan gratis desde el punto de vista fiscal.

Pero hasta alguien apasionado por la polémica como Milei tiene sus límites. Y por eso decidió que la reforma jubilatoria no podía ingresar en la carpeta de este año. En otras palabras, no quería que se transformara en un tema más de la campaña electoral.

Su decisión fue sorpresiva porque, al fin y al cabo, las reformas expresadas por Mariano de los Heros no diferían de las que originalmente había planteado el gobierno como objetivo político, cuando se discutió la primera versión de la ley ómnibus.

La desautorización pública del presidente a su funcionario evidenció, una vez más, ciertos problemas de comunicación interna en el gobierno, y una particular forma de aplicar premios y castigos. Así, resultó inevitable que en el ámbito político se especulara sobre si De los Heros había perdido su cargo solamente por haber hablado de más o si, en realidad, esa fue la excusa para pasarle factura por desavenencias en temas de mayor sensibilidad política.

Ninguna hipótesis resulta a esta altura descabellada. Después de todo, la Anses está en medio de peleas políticas como la suspensión del pago jubilatorio a Cristina Kirchner.

Jubilaciones de ANSES: la pelea por la moratoria

En realidad, la reforma jubilatoria está «en carpeta» de todos los gobiernos, y suele ser un reclamo estructural en todo plan con el FMI. La tónica de las reformas ha sido parecida en casi todos los países de la región: un aumento gradual en la edad jubilatoria -en atención a la mayor esperanza de vida y a la baja en la natalidad- y un cobro con dos componentes: uno básico garantizado por el Estado, más otro variable según el volumen de los aportes realizados. Así se aplica, sin ir más lejos, en Uruguay, donde un referéndum promovido por la central sindical para derogar la reforma fue ampliamente derrotado en las urnas.

Sin embargo, aunque casi todos estén de acuerdo en el diagnóstico, resulta políticamente difícil de implementar.

Se estima que el país destina —a pesar del efecto «licuación» del año pasado— un 8,3% del PBI en solventar los 7,5 millones de jubilados y pensionados. De esa cantidad de beneficiarios, un impactante 67% lo hacen sin haber cumplido con el requisito de 30 años de aporte. Y eso es lo que explica por qué Argentina, aun con una pirámide poblacional menos envejecida que países europeos, conlleva ese peso sobre su gasto público.

El propio Milei fue uno de quienes más fustigó la última reforma, en 2023, por la cual se sumaron al sistema unas 800.000 personas sin aportes suficientes. Lo calificó como «una estafa al pueblo argentino», en contraste con el festejo de la bancada kirchnerista, que celebraba entonando la marcha peronista y levantando los dedos en «V».

«No solo es inmoral que regalen jubilaciones a quienes no aportaron nunca, sino que profundiza el déficit estructural del país, condenando a las generaciones futuras a la pobreza», decía Milei hace dos años, cuando ya era candidato presidencial.

En aquel momento el kirchnerismo había hecho una intensa campaña de «escrache», que incluía al hoy presidente. Mediante pegatinas de carteles en los que se exhibían las fotos de diputados opositores, bajo la frase: «Estos son los diputados que no quieren que te jubiles». Otro, de tono más agresivo aún, decía con tono de escrache: «Buscalos. Seguramente hay algún vecino tuyo. Gracias a estos tipos, más de un millón de ciudadanos no van a poder jubilarse».

Lo cierto es que esa moratoria fue ampliamente fustigada por los expertos. Un estudio de Jorge Colina, de fundación Idesa, indica que entre 2005 y 2015 se sumaron tres millones de jubilados sin aportes. Y que la intención original de la moratoria se distorsionó, porque «los gestores previsionales rápidamente vieron el negocio de ofrecer «jubílese gratis» con otro ardid que consistía en que sus honorarios se pagaban con las primeras tres jubilaciones. Para las personas era gratis, porque a partir del cuarto mes empezaban a cobrar una jubilación sin haber puesto un peso».

Y agrega que, si bien es cierto que en 2005 había dos millones de adultos mayores sin jubilación, solamente la cuarta parte se encontraba realmente en situación de vulnerabilidad, mientras que el resto tenía algún tipo de ingreso.

Sin margen para más costo político

En todo caso, Milei decidió que su límite político alcanzaba solamente hasta la no-prolongación de la moratoria —que vence el 23 de marzo— pero no avanzar más allá.

Su justificación es que, antes de encarar una reforma del sistema, se necesita avanzar en la formalización del mercado laboral, donde aproximadamente un 40% de la población trabaja con algún grado de irregularidad.

Es un argumento técnicamente atendible, pero lo que quedó en evidencia es que Milei no quiere que el tema se transforme en un asunto de debate de la campaña electoral.

El último «costo político» grande que pagó Milei con relación a las jubilaciones fue su veto, en agosto, tras la ley aprobada por la oposición, que preveía la «devolución» del 8,1% por el mes de abril 2024, que había quedado «desfasado» en el momento de cambio de la fórmula.

Además, establecía que en marzo de cada año se diera un aumento adicional por el 50% de la variación salarial —medida por el índice RIPTE- si es que el salario tuviera una evolución superior a la inflación. Y también cambiaba el criterio para fijar la jubilación mínima —que de hecho es percibida por la gran mayoría de los beneficiarios del sistema—, que debería ser equivalente de 1,09% de la canasta básica que mide el Indec para un individuo.

Milei, como era previsible, vetó la ley, alegando que esa reforma implicaría un costo fiscal de al menos 0,4% para este año. Logró que su veto quedara firme, pero la oposición tuvo su oportunidad para poner sobre el debate la acusación de insensibilidad en el ajuste.

La base del ajuste fiscal

Lo cierto es que el tema jubilatorio ya ha sido objeto de ataques a Milei por parte de la oposición —y, en una situación insólita, también del FMI—. En los primeros meses de la gestión el recorte del gasto se produjo por la vía de la licuación inflacionaria de las jubilaciones, que es por lejos el rubro más importante en el presupuesto —significa aproximadamente un 35% del gasto—.

Con el shock inflacionario inicial —que acumuló un 71% entre diciembre y febrero 2024—, los jubilados quedaron presos de la fórmula indexatoria heredada del gobierno anterior, lo que implicaba ajustes trimestrales calculados sobre un mix de inflación y la recaudación de la Anses. Es decir, jubilaciones prácticamente congeladas en medio de un pico inflacionario, donde el único alivio vino por el lado de la suba de los «bonos extraordinarios» que el gobierno anterior había impuesto para los beneficiarios de la jubilación mínima, en un reconocimiento tácito de que la fórmula condenaba a la caída de los haberes.

En una primera demostración de astucia política, Caputo declaraba que no era culpa suya que se produjera esa licuación jubilatoria, sino de la ley votada en 2020 —y que había sido criticada por el ala kirchnerista del gobierno de Alberto Fernández—.

Lo cierto es que el ajuste del gasto jubilatorio llegó a niveles históricos: en febrero, el gasto real -es decir, descontada la inflación- tuvo una impactante caída de 38% respecto del registrado el año anterior, que ya de por sí venía perdiendo frente a la inflación.

Fue en ese momento que la «chicana» política de la oposición fue acusar a Milei de haberse olvidado de la «motosierra» y centrar toda su estrategia en la «licuadora».

Para evitar esas críticas fue que se derogó por decreto la fórmula indexatoria del gobierno anterior y se propuso la reforma. El gobierno sabía que, al atar las jubilaciones a la inflación, a partir de determinado momento, las jubilaciones empezarían a subir más rápido que la inflación. Por eso, ya sobre fin de año cambió el discurso y pasó a argumentar que las jubilaciones estaban recuperándose en términos reales.

Toto Caputo afirmó que los jubilados ganaron en 2024, porque mientras sus haberes subieron un 146%, la inflación del año fue de 117,8%, lo que supone una ganancia real de 12,7%. En realidad, fue un número bastante debatido, porque solamente tenía en cuenta la jubilación «pura», sin considerar el bono complementario. Eso significa que la afirmación del ministro solamente era cierta para el tercio superior de la pirámide.