El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que suspende la aplicación de una ley que prohíbe a las empresas estadounidenses coimear a funcionarios extranjeros, con el argumento de que esa restricción es “un desastre” y pone a las empresas estadounidenses en desventaja.

La llamada Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act o FCPA) establece que es ilegal que las empresas que operan en los Estados Unidos paguen u ofrezcan regalos a funcionarios de gobiernos extranjeros para asegurar acuerdos comerciales.

Aunque la ley se promulgó en 1977, las autoridades federales la han aplicado con más fuerza desde aproximadamente 2005, tomando medidas enérgicas contra las coimas, especialmente en países donde es una práctica comercial común.

Con la firma de un decreto Trump ordenó el lunes a la procuradora general Pam Bondi que detenga las acciones tomadas bajo esta ley hasta que emita nuevas pautas de cumplimiento, según explicó en la orden ejecutiva. También se revisarán todas las acciones actuales y pasadas.

Trump buscó eliminar la ley durante su primer mandato y ahora vuelve a avanzar con el tema. «Las empresas estadounidenses se ven perjudicadas por la aplicación excesiva de la FCPA porque se les prohíbe participar en prácticas comunes entre los competidores internacionales, lo que crea un campo de juego desigual», dice la explicación de la medida difundida por la Casa Blanca.

«Resulta que en la práctica es un desastre», dijo Trump en la Oficina Oval sobre el tema. «Nadie quiere hacer negocios con los estadounidenses».

Entre las empresas que han pagado multas por esta ley se encuentran el conglomerado de ingeniería Siemens y la empresa sueca de telecomunicaciones Ericsson. En 2020, Goldman Sachs acordó pagar más de 2900 millones de dólares para resolver las acusaciones de que los empleados de su filial de Malasia habían dado 1.000 millones de dólares en sobornos a funcionarios extranjeros.

En nuestra región, por ejemplo, también figuran investigaciones sobre el rol de Odebretch en varios países y la firma de reciclaje y manejo de residuos Stericycle, tuvo que pagar 84 millones de dólares en 2022, luego de haber sido denunciada ante las autoridades regulatorias norteamericanas por coimas en adjudicación de servicios en Brasil, México y Argentina.

La ley ha sido «abusada de una manera que daña los intereses de Estados Unidos», dijo la orden ejecutiva de Trump el lunes, y agregó que su aplicación estaba obstaculizando los objetivos de política exterior.

Concretamente, la orden prohíbe a las autoridades federales iniciar nuevas investigaciones bajo la ley o hacer cumplir nuevas acciones durante 180 días. La administración también revisará las investigaciones existentes iniciadas bajo la ley, dijo, para «restaurar los límites adecuados» de la ley.

Consultado por Clarín, Edward Li, profesor y experto en regulación y aplicación económica de la Universidad de Columbia, dijo que “este tema tiene múltiples aspectos. Las leyes anticorrupción son esenciales para el desarrollo económico y el mantenimiento de un entorno empresarial saludable y competitivo. Al mismo tiempo, su aplicación debe aplicarse de manera justa a todas las empresas, independientemente de su país de origen. Diversos factores, como un acceso más fácil a los registros de las empresas, recursos financieros más amplios y marcos de cumplimiento más estrictos, a menudo hacen que las empresas estadounidenses y de otros países altamente regulados sean más vulnerables a los procesos judiciales. Esto puede crear un campo de juego desigual en los negocios globales”.

“Por este motivo –señala el experto– detener la aplicación de las leyes no es el final de la historia; debería ser el comienzo de una conversación más amplia. El verdadero desafío es fomentar una mayor cooperación internacional para garantizar que las leyes anticorrupción se apliquen de manera justa y uniforme en todas las empresas”.

Tim Meyer, profesor de Derecho Comercial Internacional de la Universidad de Duke, dijo a Clarín que “el presidente y el fiscal general tienen amplia discreción en cuanto a la asignación de recursos para la fiscalía, y el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha dado una interpretación muy amplia a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero en los últimos años. Esta orden ejecutiva parece ser parte de los esfuerzos del presidente Trump por afirmar que los objetivos de seguridad nacional y política exterior prevalecen sobre las leyes aprobadas por el Congreso”.

“La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero tiene por objeto garantizar que las empresas (no sólo las estadounidenses, sino también las que operan en Estados Unidos o están amparadas por las leyes de valores estadounidenses) no participen en la corrupción ni la promuevan cuando hacen negocios en el extranjero. Ese objetivo implica muchos más que la capacidad de las empresas individuales de ganar contratos o concesiones particulares. Promueve la igualdad de condiciones en las que las empresas compiten en función del valor que aportan a una transacción en particular, en lugar de su capacidad de dar beneficios privados a funcionarios extranjeros. En ese sentido, eliminar la corrupción es de interés para la comunidad empresarial en general”.

Además, prosigue el experto, “la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero también promueve objetivos diplomáticos y de política exterior de Estados Unidos al tratar de impedir que las empresas estadounidenses participen en prácticas que socaven la integridad del estado de derecho en países extranjeros. Esos objetivos no se pueden medir por las ganancias de las empresas individuales”.