Después de los insistentes ataques del presidente Javier Milei dirigidos a periodistas, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires reiteró su “profunda preocupación frente a los insultos y descalificaciones que ganan cada vez más espacio en el debate público”.

“Esta situación se agrava, y mucho, cuando esos insultos son proferidos o hechos propios por el Presidente de la Nación o por funcionarios públicos de distinta jerarquía”, expresó el Colegio de Abogados.

La entidad, que preside Alberto F. Garay, también destacó la importancia la libertad de prensa. “La existencia misma de la democracia reclama una amplia libertad de prensa; ese vínculo es tan intenso que, conforme lo sostiene la Corte Suprema de modo constante desde 1960, sin una amplia libertad de prensa existiría tan sólo una democracia desmedrada o puramente nominal», agregó.

“La democracia liberal permite, y en ocasiones exige, que las autoridades se pronuncien en forma activa sobre cuestiones de interés público -puntualizó el Colegio-. A su vez, los funcionarios públicos, y más que nadie el Presidente de la Nación, tienen derecho refutar todas las críticas y acusaciones que se les realicen y llevar ante la justicia a aquél que transgreda los generosos límites que aseguran los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional. Pero por muy encendida o vehemente que sea esa respuesta, ella encuentra un límite especialmente en las formas. Responder a las críticas con violencia o insultos importa vulnerar ese límite. Ese tipo de respuesta inevitablemente cancela el debate civilizado de ideas y deteriora la convivencia”.

La entidad advirtió que “el insulto, el amedrentamiento, y el intento de deslegitimar a la prensa o a los periodistas cuando manifiestan sus críticas al gobierno, si proviene de funcionarios públicos, adquieren una gravedad particular, la cual se acrecienta cuanto más alto sea el cargo que circunstancialmente esos funcionarios ejercen. Es precisamente la posición de poder de un funcionario la que otorga a sus palabras un peso especial y reclama de él mayor responsabilidad. Pues si él se expresa con lenguaje agresivo o amenazante, esa forma de manifestarse tiene un singular efecto intimidatorio que tiende a limitar o silenciar las voces críticas en el debate público. El daño a la libertad ya se habrá consumado».

Días atrpas, el Club Político Argentino había advertido por la vulneración a la libertad de expresión que parte desde la Casa Rosada, en un comunicado.

La entidad que nuclea a intelectuales del país, presidida por Ricardo Mazzorín, e integrada por personalidades como Graciela Fernández Meijide, Alejandro Poli Gonzalvo, Elsa Kraisman, Henoch Aguiar, Jorge Sigal y Vicente Palermo, entre otros, publicó una nota titulada El Club Político Argentino advierte sobre embates presidenciales a la libertad de expresión.

“El Club Político Argentino expresa su preocupación ante los reiterados ataques del presidente de la Nación a diversos periodistas a los que acusa de entorpecer o sabotear su gestión. Sin otro argumento, más que su propia valoración de la labor que realizan esos profesionales, el jefe de Estado señala, con nombres y apellidos, a quienes emiten opiniones críticas o que no coinciden con sus propios puntos de vista», indicaron desde la organización.

Asimismo, plantearon que ese tipo de acusaciones expresadas por la máxima autoridad del país “no pueden ser interpretadas más que como una forma de condicionar la libertad de expresión”.

“Como lo ha hecho desde su creación, y ante gobiernos de diferente signo, el Club Político reitera su compromiso en la defensa de los derechos consagrados en la Constitución Nacional”, concluyeron los intelectuales, que ya le habían hecho otras críticas al Gobierno en ese sentido, por ejemplo, a principios de año, por el discurso de Milei en Davos; o en septiembre del año pasado, cuando cuestionaron los límites en la ley de acceso a la información pública y denunciaron censura.

En tanto, la comunicación de este sábado llegó luego de los achaques que intensificó el Presidente sobre todo una vez que anunció la salida del cepo y un nuevo acuerdo por US$20.000 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), justificándose en que lo hace para reaccionar ante los cuestionamientos o las dudas que ponen los periodistas sobre su plan.

En las últimas horas, Milei cargó contra los columnistas de Florencia Donovan, a quien tildó de ser una “mentirosa” que “opera contra el Gobierno en un año electoral”, y Joaquín Morales Solá, al que llamó “Joaquín Inmorales Solá”.

También fueron blanco de ataques presidenciales y de su cúmulo de asesores rentados los periodistas de este medio Carlos Pagni y Jorge Fernández Díaz, y los conductores de LN+ María Laura Santillán y Alfredo Leuco.

Incluso, todos ellos ya habían sido plafón de los dardos del Presidente en otras oportunidades.

Las constantes vulneraciones a la libertad de expresión que practica Milei desde que gobierna fueron ejes de avisos de distintas entidades, además del Club Político, como Fopea y Adepa, organizaciones a las que el Presidente también denostó.