La difusión del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a febrero de 2026 por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) permite actualizar la comparación del ritmo de aumento de precios en América Latina. Con un registro del 2,9% mensual, Argentina se consolida en el segundo puesto del ranking regional, solo superada por Venezuela, y mantiene una brecha significativa respecto al resto de las economías del cono sur, que presentan variaciones mayoritariamente por debajo del 1 por ciento.

En el acumulado del primer bimestre del año, el país registró una variación de precios del 5,9 por ciento. Este escenario se da en un contexto donde, tras una desaceleración previa, la inflación local muestra una tendencia alcista que se sostiene desde junio de 2025. Al mismo tiempo, el dato interanual se ubicó en el 33,1%, cifra que supera ampliamente los promedios anuales de los países vecinos.

Venezuela continúa ocupando el primer lugar de la medición regional con una marcada diferencia. Según los datos del Banco Central de Venezuela, la inflación de febrero fue del 14,60%, mientras que el acumulado del primer bimestre escaló al 51,90 por ciento. A pesar de ciertos periodos de estabilidad relativa en años anteriores, la dinámica de precios en ese país se mantiene en dos dígitos mensuales, reflejando grande desequilibrios macroeconómicos.

Argentina, en el segundo puesto con el mencionado 2,9%, se distancia del grupo de países con metas de inflación de un solo dígito anual. La evolución del IPC local en febrero estuvo traccionada por aumentos en servicios públicos y regulados, además del impacto estacional en ciertos rubros de consumo masivo.

Colombia se ubicó en el tercer escalón del ranking con una inflación mensual del 1,08% en febrero y un acumulado bimestral del 2,27%, de acuerdo al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). La economía colombiana ha enfrentado presiones por el lado de los precios de los alimentos y la indexación de contratos de arrendamiento, aunque mantiene una tendencia de convergencia hacia niveles más bajos respecto al año previo.

Por su parte, Perú registró una variación del 0,69% en febrero, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). El acumulado de los primeros dos meses del año alcanzó el 0,72 por ciento. Según los medios locales, el país ha logrado mantener su estabilidad monetaria a pesar de las fluctuaciones en los precios internacionales de la energía, apoyado en una política monetaria restrictiva y una recuperación en la oferta de productos agrícolas tras eventos climáticos que habían afectado el inicio del año pasado.

Ecuador reportó una inflación del 0,21% mensual y un 0,57% acumulado en el primer bimestre. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de ese país refleja niveles de variación de precios que se encuentran entre los más bajos de la región, vinculados a la ausencia de expansión monetaria y a un consumo interno que mantiene una dinámica moderada.

Brasil, la principal economía de la región, mostró un IPC del 0,70% en febrero, con un acumulado bimestral del 1,03 por ciento. Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), el índice se vio influenciado por los costos de transporte y educación, típicos del segundo mes del año. No obstante, el Banco Central de Brasil mantiene una vigilancia estrecha sobre las expectativas de inflación para asegurar el cumplimiento de sus metas anuales.

Uruguay registró una inflación del 0,35% en febrero y un 1,27% en el primer bimestre. El Instituto Nacional de Estadística (INE) uruguayo ha destacado que el país atraviesa un ciclo de estabilidad prolongado; de hecho, en periodos recientes ha alcanzado sus niveles de inflación interanual más bajos en siete décadas. La apreciación de la moneda local frente al dólar y una política fiscal orientada al control del gasto han contribuido a este resultado.

En el caso de Paraguay y Chile, ambos países reportaron una variación del 0% en el segundo mes de 2026. Paraguay acumula un 0,60% en el bimestre, según el Banco Central del Paraguay (BCP), mientras que Chile registra un 0,40% en el mismo periodo, de acuerdo al INE chileno. En Chile, la estabilidad se produce luego de un proceso de ajuste tras los picos inflacionarios de la post-pandemia, logrando anclar nuevamente las expectativas del mercado.

Bolivia fue el único país de la región que presentó una variación negativa de precios en febrero, con una deflación del -0,62%. De esta manera, el acumulado bimestral se situó en el 0,68 por ciento. El Instituto Nacional de Estadística (INE) boliviano vincula estos movimientos a la caída estacional en el precio de productos básicos de la canasta alimentaria y al sistema de subsidios vigentes que mantiene regulados los costos de la energía y los combustibles.

La brecha entre Argentina y sus vecinos se manifiesta al observar que el dato mensual argentino (2,9%) es casi tres veces superior al de Colombia, que ocupa el tercer lugar. Si se compara con Brasil o Uruguay, la diferencia es de cuatro y ocho veces, respectivamente. Esta disparidad resalta la persistencia del fenómeno inflacionario en el país en contraste con una región que, en su mayoría, ha logrado estabilizar sus indicadores de precios tras los choques externos de los últimos años.

Ahora queda más clara la resistencia de Toto Caputo a cambiar la canasta que mide la inflación. Si se hubiera aplicado la metodología nueva, el IPC de febrero habría sido de 3,1%, un índice que, con apenas dos décimas por encima del IPC oficial, habría resultado nocivo políticamente para un gobierno que se aferra al discurso de que la inflación está bajando.

Lo cierto es que, contando febrero, van nueve meses consecutivos en los que la inflación se mantiene o sube, y cada vez le resulta más difícil al gobierno dar una explicación. Durante la campaña electoral del año pasado, el argumento preferido era la caída en la demanda de pesos causada por el «riesgo kuka». Pero las elecciones ya quedaron muy lejos, y no hay indicios de que la inflación esté aflojando.

Más bien al contrario, ni siquiera se puede recurrir al argumento de que lo importante es la «inflación núcleo», como hacía Javier Milei el año pasado, porque ahora ese indicador, con un 3,1%, también muestra una tendencia preocupante. Y resulta cada vez más difícil sostener el pronóstico de que en el segundo semestre el índice mensual será inferior al 1%.

La explicación de Caputo es que todavía no se completó el proceso de «cambios de precios relativos», que básicamente refiere a que los servicios -sobre todo, los regulados por el Estado-, tenían precios tan atrasados con respecto a los bienes, que lleva un período largo para que se llegue a una situación de equilibrio. Y es cierto que el gobierno de Milei recibió un sistema energético con «tarifas pisadas», pero también es verdad que los ajustes tarifarios más grandes fueron pospuestos para el momento post electoral.

La bomba tarifaria

Es así que, en febrero, el rubro «Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles» registró un explosivo incremento de 6,8%, más del doble de lo que venía marcando hasta fin del año pasado. No fue una sorpresa para nadie, dado que recién a partir de febrero se empezó a sentir con toda plenitud el recorte de los subsidios tarifarios para los hogares de ingresos medios.

Y la perspectiva de corto plazo es que esa recomposición tarifaria continuará. Ocurre que la necesidad de recortes de los subsidios -que representan un 6% del gasto presupuestario- se acentuó por la peligrosa tendencia en la recaudación impositiva: las cifras de ARCA marcaron en febrero la séptima caída consecutiva, medida en variación interanual real.

Ese rubro, que en la canasta del Indec tiene asignada una ponderación de 9,4% del presupuesto familiar, tendría un 14,5% si Caputo no hubiese cuestionado el cambio metodológico que propuso el resignado Marcos Lavagna.

De estar rigiendo la frustrada nueva canasta -que toma en cuenta patrones de consumo según un censo de 2018, mientras la canasta vigente considera un censo de 2004-, entonces se habría sumado casi dos puntos al IPC de febrero solamente por la incidencia de las tarifas de servicios públicos.

Sorpresa en el rubro alimenticio

Todo ese efecto estaba previsto por Caputo. En cambio, lo que resultó más sorpresivo fue que el rubro de alimentos, que después del pico de fin de año suele disminuir la presión alcista en el verano, continúa con una elevada tasa de aumentos.

Si bien se moderó respecto del impactante 4,7% de enero, el rubro alimenticio continúa muy por encima del promedio del año pasado, al registrar un 3,3% en un mes de apenas 28 días.

Los «villanos» del mes fueron, otra vez, las carnes. En el rubro vacuno, la paleta tuvo un incremento de 8,1% y el asado de 5,7%. Mientras que el pollo dio la nota con una suba de 10,2% en el mes.

Esta situación se da por una combinación de motivos locales y del mercado global. Los ganaderos, al ver subir el precio de la hacienda, tienen incentivo a engordar los animales y así recomponer el stock, que se redujo en casi 10 millones de cabezas tras la política de controles de precios en el gobierno kirchnerista.

Hay, además, un recorte en la producción global, y Argentina, con sus nuevos tratados comerciales, está posicionada para multiplicar su volumen de exportación, lo que genera un «efecto contagio» sobre las carnicerías.

Los expertos del negocio ganadero afirman que, dado el tiempo que lleva el ciclo biológico, los precios podrían seguir altos durante dos años.

La carne y el cambio de IPC

Esa es la parte que Caputo subestimó cuando tomó la decisión de mantener la actual canasta del Indec. Si hubiera aceptado el cambio, tal vez la categoría de alimentos habría neutralizado el efecto de la suba de tarifas.

Ocurre que en la canasta inflacionaria se le sigue asignando a la carne vacuna la misma ponderación en el presupuesto familiar que la que tenía en el año 2004, a pesar de que hoy el nivel de consumo es de 49,9 kilos anuales per capita, un 35% menos que los 63,9 kilos que se consumían en 2004.

Y ese efecto nocivo no se limita al plano estadístico, sino que tiene peso político. En un país con altos índices de pobreza, la inflación del rubro de alimentos es la más sensible, y en buena medida es la que define la aprobación del plan económico de un gobierno.

En su primera etapa, el programa de Milei se pudo jactar de que los precios de alimentos subían menos que el promedio de la inflación, lo cual ayudaba a la caída en los índices de pobreza.

Pero desde octubre pasado esa tendencia se quebró, y ya van cinco meses consecutivos en los que la comida va por encima del resto de las categorías. Es algo que se ve más claro cuando se analiza la evolución de la canasta básica -la que marca el consumo mínimo para estar sobre la línea de pobreza- y la canasta alimentaria -la que indica una dieta diaria suficiente como para no estar en situación de indigencia-.

En febrero, la canasta alimentaria tuvo un incremento de 3,2%, lo que implica una variación de 37,6% en 12 meses. En cambio, el IPC fue de 2,9% en el mes y acumula un 33,1% mensual. Es una situación que habilita a los reclamos de ajustes superiores a la inflación para las jubilaciones y los salarios de las franjas de menores ingresos.

¿Marzo peor?

Y, acaso lo peor de todo, las perspectivas de marzo lucen feas. Ya se trata, de por sí, de un mes con alta inflación estacional, como consecuencia del impacto del inicio de clases y del cambio de temporada textil. Además, claro, seguirá presionando el factor tarifario. Pero, además, las consultoras privadas siguen registrando alzas de alimentos y pronostican que el IPC no se ubicaría debajo de 2,8%.

En definitiva, serán días en los que la capacidad persuasiva de Toto Caputo deberá esforzarse al extremo, dado que este pico inflacionario se produce justo cuando la mayoría de los gremios está renegociando los ajustes de salarios. Y, por otra parte, cuando el gobierno intenta convencer al sector financiero de que baje las tasas de interés en pesos para que se expanda el crédito al consumo y la producción.

Con el telón de fondo del alto dato de inflación de febrero, el Gobierno optó por curarse en salud. Como consecuencia, el Tesoro retomó en la licitación de deuda de ayer una refinanciación superior al 100 por ciento. El 108% refinanciado implica en la práctica una mayor absorción de la liquidez que inyecta el Banco Central cada día que compra reservas.

“El registro de la licitación previa -donde el rollover se situó excepcionalmente por debajo del 100%- por ahora debe leerse como un evento puntual que no señalizó un cambio en la estrategia contractiva de fondo, con un rollover en lo que va del año que también se ubica en 108% acumulado”, explicaron desde Puente.

La gran variedad de bonos en pesos que se licitaron hacía suponer que el Gobierno tomaría una actividad agresiva para contener la expansión monetaria. Finalmente colocó deuda por $10,4 millones, por encima de los 9,64 billones que vencían.

La lectura de la decisión tomada por el Tesoro luce bastante clara. El objetivo es mantener bajo control al cantidad de dinero para contener el aumento de la inflación de los últimos meses.

La contracción monetaria que vienen llevando especialmente el Tesoro pero también el Central tiene como contrapartida una importante caída en la cotización del dólar en las últimas semanas. La divisa vuelve a transformarse así en un ancla anti inflacionaria. Ayer el tipo de cambio mayorista cerró por debajo de los 1.400 pesos.

El refinanciamiento mayor al 100% implica absorción neta de pesos del mercado, lo que es consistente con la política de mantener la liquidez contenida.

“El mensaje central respecto a la demanda del mercado se concentró en la preferencia por la cobertura inflacionaria, con un fuerte apetito por los instrumentos de la curva CER que absorbieron la mayor parte de las ofertas adjudicadas.”, explicaron desde Puente.

De hecho los bonos que ajustan por inflación son los de mayor rendimiento real, ya que pagan hasta 8% por encima de la inflación anual. “Esta validación de la curva CER frente a la tasa fija sugiere que los inversores priorizaron la protección contra el IPC en un escenario de liquidez excedente”, agregaron.

El índice de precios de febrero, que arrojó un 2,9%, se ubicó bien por encima de la expectativa de los analistas. Luis “Toto” Caputo ensayó una lectura benévola del dato: “La economía argentina todavía se encuentra en una etapa de corrección de precios relativos, tras acumular décadas de acumular distorsiones”.

Luego agregó que “el superávit fiscal, el control estricto de los agregados monetarios consistente con el proceso de desinflación y la mejora del balance del BCRA son prioridades para el Gobierno”.

El 2,9% de febrero obedeció solo parcialmente a los aumentos de tarifas, que es donde más se nota la distorsión de precios relativos. Luego hubo aumentos significativos en el rubro alimentos y bebidas (3,3%) y la inflación núcleo (que excluye productos estacionales y regulados) subió hasta 3,1 por ciento.

El nuevo dato implica que hace diez meses ya que la inflación no baja, luego del piso del 1,5% registrado en mayo del 2025. Marzo tampoco viene fácil, sobre todo después del aumento de la nafta que ya acumula 8% en el mes. El incesante incremento del barril de petróleo es muy probable que también se traslade parcialmente a los surtidores.

La buena noticia, en todo caso, es la caída cambiaria que incluso significó una caída del precio del dólar en las últimas semanas.

En la primera semana de marzo la suba de alimentos y bebidas fue solo 0,4% según la consultora EcoGo, que calculó que en todo el mes podría ubicarse en 2,5 por ciento. Pero se trata de una expectativa demasiado optimista, considerando que la guerra con Irán está presionando sobre la inflación en todas parte del mundo.

Respecto al financiamiento en moneda extranjera, la colocación del nuevo bono ARGBON27 (AO27) a una tasa de 5,59% valida la continuidad de la estrategia oficial de profundizar el crédito en dólares bajo jurisdicción local.

“Este enfoque -indicaron desde Puente- permite al Gobierno seguir utilizando el mercado doméstico para la gestión de su programa financiero, apoyado en un apetito de los inversores locales que esperamos se mantenga firme en las próximas emisiones, permitiendo al Tesoro gestionar sus compromisos sin depender exclusivamente del acceso a los mercados internacionales”.