Después que ocho millones de telespectadores la escucharon el lunes a la noche en televisión, Marine Le Pen no solo decidió apelar la sentencia que la condena a su “inelegibilidad” como candidata presidencial de Reagrupación Nacional para las próximas elecciones en Francia por malversación de fondos públicos. Acusó “al sistema de desplegar «una bomba nuclear» para eliminarla.

«El sistema ha lanzado la bomba nuclear. Si están usando un arma tan poderosa contra nosotros, es porque estamos a punto de ganar las elecciones», declaró Marine Le Pen a los diputados, que la aplaudieron este martes a su llegada a la Asamblea Nacional.

Atacó el “sistema” en términos de los cuales se había distanciado en los últimos años, cuando recicló su partido para volverlo aceptable. «No permitiremos que esto suceda», declaró ante los legisladores.

«Lo que acaba de ocurrir es un escándalo democrático, una vergüenza para nuestro país», dijo la presidenta del grupo RN a sus diputados. «¿Cómo podrián defender al señor (Alexei) Navalny? ¿Cómo podrán defender al principal opositor del señor (Recep Tayyip) Erdogan, que actualmente se encuentra encarcelado?», enumeró, citando también al candidato rumano excluido de las elecciones presidenciales.

«La injerencia de los magistrados en las elecciones presidenciales constituye una alteración del orden público», afirmó Le Pen.

«¿A quién podremos dar la más mínima lección de democracia en el mundo mañana?», dijo durante este encuentro abierto a la prensa.

«Después de dos horas del primer día, comprendí que no me juzgarían con normalidad», afirmó Marine Le Pen. “Esta sentencia es una locura, la ley está tergiversada. Las elecciones presidenciales son el objetivo declarado de esta decisión. El magistrado pasa por alto las elecciones municipales y las posibles elecciones legislativas anticipadas. Querer forzar la voluntad de los votantes es una auténtica vergüenza; no hay un solo país donde sucedan cosas así”, denunció la líder de la ultraderecha francesa.

La presidenta de RN en la Asamblea aseguró que «los abogados recibieron la sentencia recién esta mañana a las 9.30 horas», a diferencia de los periodistas. La sentencia de la 11ª Sala Penal del Tribunal de Primera Instancia de París fue leída y explicada el lunes por la mañana durante casi dos horas.

Ojerosa pero combativa, fue aplaudida a su llegada por los diputados. La presidenta del grupo intentó motivar a sus tropas: «No se dejen intimidar. No se dejen desmoralizar». «Vamos a ganar», reiteró la líder del RN, renovando su llamado «a una audiencia de apelación lo antes posible», con la esperanza de poder competir en las elecciones presidenciales de 2027.

Le Pen fue condenada el lunes a 5 años de inhabilitación por malversación de fondos públicos, con inmediata efectividad. Una carrera contra el reloj por la candidatura presidencial.

La sentencia por pagar con fondos del Parlamento europeo a 8 empleados ficticios es de 4 años de prisión en suspenso y debería usar tobillera electrónica. También deberá pagar una multa de 100.000 euros, cuando su partido está cargado de deudas. Todo eso está suspendido hasta la apelación. Pero su inelegibilidad es inmediata y no va a ser resuelta rápidamente. Puede llevar meses o años. Ella le reclama a la justicia velocidad, cuando una apelación puede ser convocada en 9 a 12 meses como mínimo.

Este martes a la tarde, los jueces adelantaron que la apelación posiblemente podría tener una respuesta en el verano europeo de 2026, es decir, dentro de más de un año.

Al haber decidido apelar, Marine Le Pen solo queda sentenciada a la inelegibilidad como candidata, gracias la ley Sapin 2, que condena la corrupción y el tráfico de influencias. La ley de inelegibilidad fue redactada por el ex ministro de economía socialista de François Hollande, Michel Sapin.

El gobierno y los políticos franceses no están cómodos con esta decisión de los jueces, que se sienten amenazados tras su sentencia. También con la ejecución inmediata de la ilegebilidad.

El primer ministro François Bayrou lo comentó entre los suyos en Matignon y este martes hizo una declaración pública.

El gobierno «no tiene derecho» a «criticar» una decisión judicial, declaró el primer ministro Bayrou en la Asamblea Nacional, cuando fue interrogado el lunes sobre la condena del RN. «No existe ninguna posibilidad, especialmente para un funcionario del gobierno, de criticar una decisión judicial» y «ni siquiera nosotros tenemos derecho a hacerlo».

Bayrou consideró este martes que «los parlamentarios deben reflexionar» sobre “la ejecución provisional”, lo que «significa que las decisiones graves y pesadas no sean susceptibles de recurso».

El primer ministro explicó durante las preguntas al gobierno en la Asamblea Nacional: «No tengo intención de mezclar el debate sobre una sentencia, que no comento y que apoyo, con la reflexión sobre el estado de derecho, que es competencia del Parlamento».

Bayrou está afectado por un juicio similar. Pero el problema para el gobierno es la amenaza de Reagrupación Nacional de agitar un voto de censura, que puede liquidarlo. Nadie tiene mayoría en la Asamblea Nacional francesa ,tras la disolución ordenada por Emmanuel Macron.

Un aliado conservador de Marine Le Pen salió en su rescate. Eric Ciotti, presidente de la Unión de la Derecha y aliado electoral, expresó su apoyo a la líder de RN en la Asamblea Nacional, denunciando el lunes la decisión de los jueces.

«¿Sigue siendo Francia una democracia?», preguntó Ciotti, diputado por Niza. «Lo que está sucediendo es gravísimo. Estamos presenciando la toma de poder por parte de la autoridad judicial, se está instaurando el gobierno de los jueces», afirmó.

Para él, «la ejecución provisional instaura una pena de muerte política«. En este sentido, su grupo presentará un «proyecto de ley para eliminar la ejecución provisional de las penas de inelegibilidad».

Paradójicamente la izquierdista populista Francia Insumisa coincide con la ultraderecha. La Francia Insumisa «siempre ha estado en contra de la medida de ejecución provisional» . «Cuando se trata de nuestros adversarios, mantenemos la misma posición», declaró la diputada del LFI Marianne Maximi.

Pero «esto plantea otras cuestiones», por ejemplo sobre la «duración de los recursos». Debido a la falta de recursos para acceder a la justicia, los ciudadanos franceses se ven obligados a esperar tiempos «insoportablemente largos», subrayó.

Los socialistas salieron en defensa de la independencia de la justicia. Boris Vallaud, presidente del grupo socialista en la Asamblea, dijo que “interpelar a los magistrados supone ejercer sobre ellos una presión inaceptable, que exige las condenas más enérgicas», declaró en la Cámara.

“Impugnar las decisiones judiciales corre el riesgo de llevarnos a un «callejón sin salida que nos aleja del Estado de derecho, de la democracia. La justicia no está en el banquillo de los acusados», añadió. Pidió al primer ministro François Bayrou «un apoyo incondicional a la justicia en nuestro país».

La campaña contra la inelegilidad ha comenzado. A la petición en línea de Reagrupación Nacional, se suma la campaña de posters de los jóvenes y se sumará la movilización. Puede ser peor que la de los Chalecos Amarillos en Francia e igualmente violenta. Aunque el 54 por ciento de los franceses crea que “los jueces han hecho justicia”.