Comienzan, a, renovar, cañerías, obstruidas, en, calle, 9, de, Berisso

El Gobierno decidió en las últimas horas postergar la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal en Bahía Blanca, establecido en un principio para el próximo 5 de mayo.

El Ministerio de Justicia de la Nación hizo lugar a una presentación realizada por la Cámara Federal de Apelaciones de dicha ciudad, justificada en la emergencia ambiental, económica y habitacional declarada días después del trágico temporal del 7 de marzo. De esta manera, se conoció que la implementación queda diferida para el 29 de septiembre del corriente año, a partir de las 00 horas, en el ámbito de la jurisdicción correspondiente a Bahía Blanca.

En el informe solicitado por el organismo que conduce Mariano Cúneo Libarona, acerca del estado de las dependencias ubicadas en Bahía Blanca y localidades cercanas, el Tribunal mencionó el estado en el que quedaron las instalaciones judiciales afectadas por la feroz tormenta que dejó un saldo de 16 fallecidos y más de 1.400 evacuados.

Los argumentos se basan en los daños ocasionados en computadoras, mobiliario y archivos judiciales que quedaron flotando en los pasillos del Poder Judicial. En ese momento, el máximo tribunal de Justicia pidió a la Asociación Judicial Bonaerense y el Colegio de Magistrados y Funcionarios hagan un informe sobre el estado de situación edilicio, informático y de muebles.

De acuerdo con la medida recientemente publicada, el informe refiere que “los edificios de los Juzgados Federales Nros. 1 y 2, y del Tribunal Oral Federal sufrieron daños de envergadura”. “Por un lado, el ingreso de lodo, barro y agua servida en los subsuelos ocasionó la avería de tableros eléctricos y bombas, así como pérdida de documentación y expedientes alojados en la oficina de Archivo que comparten ambos juzgados; por el otro, la inundación en las plantas bajas de las dependencias judiciales generó daños infraestructurales, y deterioro o pérdida total de mobiliario y equipamiento, con diferentes grados de severidad según edificio”, precisaron.

A su vez, la Procuración General de la Nación destacó que una de las sedes del Ministerio Público Fiscal del municipio “se encuentra inhabitable debido a los daños estructurales, falta de suministro eléctrico y servicio de internet, y presencia de barro y residuos cloacales derivados de la inundación” lo cual obligó a suspender las actividades de capacitación planificadas para el distrito para los días posteriores al temporal.

La zona en donde se encuentra el edificio central del Poder Judicial de Bahía Blanca fue una de las más afectadas. Allí, las construcciones que se encuentran en las inmediaciones a la plaza Rivadavia se inundaron. “Uno de los juzgados de responsabilidad penal juvenil y una defensoría se inundaron por completo. El agua arrastró mesas, computadoras, papeles, todo lo que había”, indicó una fuente del lugar.

La implementación del Código Procesal Penal Federal para transformar la manera en la que el Estado provee el servicio de administrar justicia y solucionar la mora en la duración de los procesos penales, estaba pautada para el mes de mayo en Bahía Blanca y para Mar del Plata, en abril. Ambos distritos son considerados estratégicos para la prevención federal de delitos.

.container-video {
position: relative;
width: 100%;
overflow: hidden;
padding-top: 2%;
}
.responsive-iframe-video {
position: absolute;
top: 0;
left: 0;
bottom: 0;
right: 0;
width: 100%;
height: 100%;
border: none;
}

Hace tan solo unas semanas, el Gobierno nacional oficializó la designación del director Ejecutivo de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), un organismo destinado a coordinar la respuesta ante catástrofes naturales. La medida fue publicada esta madrugada en el Boletín Oficial mediante el decreto 250/2025, a través del cual se designó al abogado Santiago Hardie como máxima autoridad de la entidad. Junto a él, fue nombrado Pedro Ignacio Cabello en el cargo de subdirector Ejecutivo.

La AFE depende del Ministerio de Seguridad Nacional y fue creada formalmente mediante el decreto 225/2025. Su función será articular, en todo el territorio argentino, las políticas de prevención, asistencia y recuperación frente a desastres naturales como inundaciones, incendios forestales, terremotos y tormentas severas. Su aparición responde a la necesidad de contar con un organismo con capacidad de respuesta rápida, coordinada y centralizada frente a crisis climáticas que se han intensificado en los últimos años.

La agencia tendrá a su cargo la implementación de la Ley 27.287 del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (SINAGIR) y la Ley 26.815 de Manejo del Fuego, integrando recursos logísticos y humanos para atender tanto la preparación como la respuesta y reconstrucción postdesastre.

La sesión homenaje al papa Francisco -tras su deceso- que Diputados realizará en las próximas sería replicada el jueves por el Senado, según confiaron anoche desde los principales bloques de la Cámara alta a Infobae. Bajo la idea de un encuentro para honrar la memoria de Jorge Bergoglio, quedaría allí pospuesta la intención de sancionar esta semana la ley de Ficha Limpia: su discusión pasaría, en el mejor de los casos, al 8 de mayo.

Vale aclarar que nunca hubo una sesión convocada para esta semana por Ficha Limpia, más allá de las idas y vueltas para incorporarla en un potencial temario con los consensuados pliegos de los embajadores argentinos en Estados Unidos y España, que continuarán a la espera. Todo esto se iba a resolver hoy, a las 19, en una reunión de Labor Parlamentaria que de igual manera se concretará para definir los alcances del encuentro pensado para el jueves, que ahora cambió de agenda.

Además, algunos legisladores viajarían a Roma y, según deslizaron a este medio desde al menos tres despachos, “sería con sus propios medios”. Es que Infobae corroboró que algunos empujaron con discreción la posibilidad de armar una “comisión” de legisladores para asistir al funeral y que el Congreso fuera el “facilitador” de pasajes y viáticos.

Por ahora, la actividad de las comisiones en agenda -la mayoría, reuniones constitutivas para ratificar o modificar autoridades- quedará en manos de los presidentes de las mismas. Recién pasadas las 19 de ayer, la Cámara alta informó a través de un comunicado su adhesión al duelo y la bandera argentina del Palacio Legislativo izada a media asta durante siete días.

El jueves 1 de mayo no fue considerado para una eventual sesión debido a que será feriado por el Día del Trabajador. Esto se estirará al viernes 2, que aparece en el calendario oficial como “no laborable con fines turísticos”.

Qué dice la ley de Ficha Limpia

La norma modifica las reglas de elegibilidad para los candidatos a cargos públicos y bloquearía a quienes tengan una condena confirmada en segunda instancia relacionada con delitos contra la administración pública, como el caso de Cristina Kirchner.

En concreto, abraza a los “delitos de fraude en perjuicio de la administración pública contemplado en el artículo 174, inciso 5 del Código Penal”. También, a los “delitos previstos en los capítulos VI-Cohecho y tráfico de influencias, VII-Malversación de caudales públicos, VIII-Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, IX-Exacciones ilegales, IX bis-Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y XIII-Encubrimiento, todos ellos contemplados en el título XI-Delitos contra la administración pública, del libro segundo del Código Penal”.

Además, quedarán comprendidos en este mecanismo “todo otro delito doloso contra la administración que conlleve enriquecimiento que sea dispuesto de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Constitución”.

En Diputados se eliminó la denominada “cláusula Petri” -en referencia al texto que produjo, entre otros, el ministro de Defensa, Luis Petri-, por lo que el artículo uno sostendrá la vigencia de la Ficha Limpia en “aquellos casos en que la sentencia condenatoria resulte confirmada por un órgano judicial de instancia superior, hasta su eventual revocación o cumplimiento de la pena correspondiente, y siempre y cuando la confirmación de la condena se produzca con anterioridad al plazo establecido en el artículo 25 del Código Electoral Nacional”. Es decir, a la confección de los padrones hasta 180 días antes de la elección general.

Por otra parte, “si la confirmación de la condena en instancia superior se produjera con posterioridad a dicho plazo, la prohibición tendrá efecto a partir de la finalización del proceso electoral”. En tanto, “la ilegibilidad regirá desde la fecha de la sentencia, salvo lo dispuesto en el párrafo anterior, hasta su eventual revocación o hasta el cumplimiento de la pena correspondiente”.

En el artículo 2, el inciso A se cambió en la Cámara baja por el siguiente: “La Cámara Nacional Electoral llevará un registro público de ficha limpia en donde constarán las sentencias dictadas en los términos del artículo 1, sus eventuales revocaciones y los datos identificatorios de las personas alcanzadas por dichas sentencias”.

Junto a los cargos electivos, los involucrados en la ley tampoco podrán ser designados como “jefe de Gabinete de Ministros, ministros, secretarios, subsecretarios, autoridades de entes y organismos descentralizados e instituciones de la Seguridad Social”, así como de cuerpos colegiados, personal diplomático, ni representantes en empresas con participación estatal de cualquier clase.