POLITICA
Entre Ríos: Anuncian obras de emergencia en dos escuelas rurales tras años de deterioro
El Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de Entre Ríos anunció este lunes la ejecución de obras de emergencia en la escuela primaria N° 63 y la secundaria N° 62 Yapeyú, ubicadas en el distrito Quebracho, a 60 kilómetros de Paraná. La intervención llega tras años de postergaciones y con edificios que presentan filtraciones, fisuras y una instalación eléctrica obsoleta.
Durante un acto de apertura de sobres realizado en el propio establecimiento, se detalló que los trabajos contemplan el recambio de techos, mejoras en las conexiones eléctricas, reparación de desagües pluviales y renovación de aberturas en mal estado. También se construirá un nuevo piso en la galería del frente, actualmente afectado por un desnivel que provoca problemas de drenaje. La inversión provincial asciende a 32,3 millones de pesos y se estima un plazo de 30 días para la finalización de las obras.
Las escuelas afectadas albergan una matrícula conjunta de 52 estudiantes, que hasta ahora asistían a clases en condiciones edilicias consideradas «regulares» por las autoridades.
“Estas intervenciones son fundamentales para mejorar las condiciones edilicias de las escuelas y son una prioridad para la gestión”, sostuvo el ministro Darío Schneider, quien destacó que el procedimiento de cotejo de precios busca acelerar las respuestas ante la gravedad de la situación.
Participaron del acto el director de Proyectos de la DGAyC, Diego Romero; la coordinadora Natalia David; el jefe zonal de Paraná Campaña, Osvaldo Francovich; y las autoridades escolares Marcia Aide Fabricius (primaria) y Gabriela Belén Tossolini (secundaria). Tres empresas presentaron ofertas para ejecutar los trabajos: Kemerer Carlos Alberto, Ledezma Martín Andrés y El Super de la Construcción S.R.L.
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POLITICA
Causa D’Onofrio: PBA auditará cómo los municipios reparten los millonarios fondos de las multas
La provincia de Buenos Aires acaba de tomar una medida que tendrá alto impacto sobre los fondos millonarios que se recaudan a diario por las multas en todo el territorio bonaerense. El ministerio de Transporte, a cargo de Martín Marinucci, ordenó una auditoría de las cuentas bancarias de todos los municipios para determinar cómo se distribuía ese dinero entre la Provincia, los municipios, las empresas de fotomultas y algunas universidades. Según pudo saber Infobae, se investiga una maniobra para manipular los porcentajes que recibían cada una de las partes. La decisión es una consecuencia directa de la investigación judicial sobre el caso que tiene en la mira a Jorge D’Onofrio, antecesor en el cargo.
Desde este lunes, todos los Municipios comenzaron a recibir una breve nota de dos carillas para que actualicen la información sobre las cuentas del Banco Provincia donde se deposita el dinero que recauda la Provincia, los porcentajes que debería recibir cada parte, los CBU correspondientes, y la denominación de cada CBU. “Esa información se manda regularmente a través de un formulario. Comenzamos a detectar que los formularios no se cargaban en el sistema de manera correcta o que los CBU no se correspondían con los CUIT del formulario”, explicó una fuente que conoce la maniobra en detalle.
“Se requiere a usted tenga a bien informar a esta Dirección Provincial, la distribución actualizada de los fondos correspondientes, especificando detalladamente la DENOMINACIÓN e IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA de los beneficiarios, con indicación precisa de los PORCENTAJES de distribución aplicables», dice esa nota.
Los Municipios tienen apenas 72 horas hábiles para contestar con los datos actualizados.
La Auditoría responde a la investigación judicial que lleva adelante el fiscal Álvaro Garganta, que acumuló varias de las causas que se abrieron en los últimos meses. El principal imputado es el ex ministro D’Onofrio, pero también hay otros ex funcionarios de su gestión.
Durante la investigación judicial, el fiscal detectó al menos tres maniobras bien diferenciadas. El sistema de recaudación más importante se concentró en el sistema de multas: esa maniobra involucraba a un grupo de ”gestores”, que ofrecían “descuentos” de hasta el 50%, y a varios jueces de Faltas.
Otra maniobra apunta a las irregularidades en las adjudicación de las concesiones para la explotación del servicio de Verificación Técnica Vehicular (TVT).
El último hecho por el que fue imputado D’Onofrio tiene que ver con la contratación de la empresa CECAITRA, una asociación civil que nuclea a pequeñas y medianas empresas del sector y que tiene al manos 155 cámaras en La Matanza, Moreno, Tigre, Brandsen y Campana, entre otros municipios.
La Auditoría del Ministerio apunta a la distribución de los fondos obtenidos por las multas. En la práctica, los municipios reciben entre 24 y 30% por cada infracción, la Provincia un 20%, y el resto de los ingresos se reparte entre fundaciones y universitarias contratadas para operar el sistema, y empresas encargadas de proveer los radares.
Los porcentajes, en cada caso, se establecen en contratos privados, que luego son informados a la Provincia. La distribución de los porcentajes suele variar a medida que pasan los años. “Las Universidades suelen cobrar más en los primeros dos años pero muchas veces esos porcentajes no se impactaban en el sistema del Ministerio”, explicó una fuente que conoce los detalles de la maniobra.
El Ministerio entregó el edificio de la polémica
Una de las irregularidades que se detectaron con el avance de la causa judicial tiene que ver con el alquiler de un edificio donde funcionaban las oficinas de la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial del Ministerio de Transporte. La Justicia detectó que el inmueble, ubicado en la calle 6 entre 44 y 45 de La Plata, fue adquirido en 2024 por la empresa Mobmenza Desarrollos SRL, creada apenas 24 horas antes por una empleada doméstica y un empleado del Ministerio de Seguridad bonaerense.
Los investigadores consultaron los registros de la ANSES y terminaron descubriendo, tal como adelantó Infobae, que la mujer trabajaba en la casa de Matías Desio, hermano de Sebastián Desio, el empresario beneficiado con un contrato millonario para tramitar las VTV. De hecho, los aportes de la empleada los hacía Carolina Bucchino, esposa de Matías Desio.
El edificio está vacío hace tiempo, con una consigna policial, pero recién el martes pasado se hizo la entrega a sus dueños. El acta de ese acto administrativo lleva la firma de Bucchino, como apoderada de la empresa.
POLITICA
Fuerte malestar de la oposición por el faltazo de Caputo y Cúneo Libarona al Congreso por el caso $LIBRA
Un fuerte malestar desató en la oposición ante el faltazo de los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, convocados al recinto de la Cámara de Diputados para dar explicaciones por la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA en la que el presidente Javier Milei aparece como promotor. Desde el kirchnerismo se propuso que, una vez que finalice la interpelación del jefe de Gabinete Guillermo Francos –que sí concurrió al recinto-, la sesión continúe el próximo martes 13 para que Caputo y Cúneo comparezcan. La moción que es acompañada por el resto de la oposición.
Los ministros adujeron “compromisos urgentes” –en el caso de Cúneo Libarona- y “cuestiones de agenda impostergables”-de parte de Caputo- para no asistir al recinto, pese a que la Constitución Nacional obliga a los funcionarios nacionales a concurrir al recinto cuando son citados por alguna de las cámaras a una interpelación.
Desde el Ministerio de Justicia no precisaron ante la consulta de de qué se trataron “las cuestiones impostergables” que adujo Cúneo Libarona para justificar su ausencia. La decisión del faltazo habría sido una orden de la Casa Rosada, que intenta unificar solamente en Francos la defensa por el caso de la criptomoneda.
En el arranque de la sesión, el jefe de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez advirtió que este incumplimiento por parte de los ministros es pasible de una denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público y posible mal desempeño en sus funciones.
“Entendemos que los funcionarios están muy ocupados. A Caputo lo esperamos hace rato en este Congreso”, ironizó la diputada Cecilia Moreau (Unión por la Patria). Acto seguido propuso que, una vez finalizada la exposición de Francos, la sesión pase a un cuarto intermedio para continuar la interpelación el próximo martes 13.
El oficialismo y sus aliados de Pro rechazaron la moción de los opositores, lo que subió la temperatura dentro del recinto.
“La nota es una falta de respeto –replicó el diputado Juan López (Coalición Cívica)-. Todos sabemos que Cúneo Libarona es un abogado ´sacapresos´ histórico y sabe que cuando una persona no puede asistir pide una nueva fecha de audiencia”.
“¡Le están faltando el respeto al pueblo argentino! Dígannos cuándo vienen, cuándo van a dar la cara al Congreso!”, exclamó, visiblemente irritado, el diputado Pablo Juliano (Democracia para Siempre).
«Estamos viviendo una época de terror», lanzó Vilma Ripoll al describir el ambiente dentro de la Cámara de Diputados de la Nación, donde, según relató, predomina la violencia verbal y la falta de límites, promovidos desde el propio oficialismo. «Nunca vi algo así en años de actividad parlamentaria», aseguró. La dirigente denunció que los diputados oficialistas agreden verbalmente sin reparos, bajo el auspicio de un presidente que, en sus palabras, “fomenta la violencia”.
La referente del Movimiento Socialista de los Trabajadores también alertó sobre el impacto que el ajuste y las reformas económicas están teniendo sobre la vida de la mayoría de los argentinos. «Estamos gobernados de facto por el Fondo Monetario Internacional«, denunció, en referencia al fuerte alineamiento del gobierno con los planes de ajuste promovidos por el organismo internacional. Criticó con dureza a la titular del FMI, Kristalina Georgieva, quien recientemente expresó su apoyo explícito a Javier Milei: «Es inédito y peligrosísimo que se metan de esa manera en nuestra política».
La diputada sostuvo que el ajuste no se limita a recortes presupuestarios, sino que implica un proyecto más profundo: «Es FMI, más motosierra, más criptoestafas, más reformas laborales y jubilatorias». En este sentido, cuestionó el proceso de debate en el Congreso Nacional, denunciando prácticas de corrupción y compra de votos: «Hoy está empatada la comisión sobre el tema de la criptoestafa, pero el día del debate puede cambiar porque compran voluntades».
La situación social fue otro de los ejes centrales de la entrevista. Ripoll señaló que el país enfrenta un escenario de despidos masivos, cierre de pymes y ajuste brutal contra los jubilados y sectores más humildes. «Hay un genocidio silencioso contra los jubilados», afirmó, en referencia a los bajos haberes y al encarecimiento de los alquileres. «¿A dónde van a ir a parar los jubilados si no pueden pagar?», preguntó con indignación.
La dirigente también denunció la creciente represión a las movilizaciones sociales. Recordó el reciente ataque a un diputado del Frente de Izquierda durante una protesta de jubilados y criticó la violencia policial promovida por el gobierno nacional. «Están desesperados por acallar cualquier reclamo», sentenció.
Vilma, Ripoll:,
