POLITICA
Reuniones secretas y tensiones internas: el nuevo enfrentamiento entre Karina Milei y Santiago Caputo
Las disputas internas en el círculo más estrecho de Javier Milei volvieron a quedar al descubierto en los pasillos de la Casa Rosada. En encuentros sin horarios fijos, pero cada vez más frecuentes, Karina Milei y Santiago Caputo mantienen reuniones privadas cargadas de tensión, sospechas y, en algunos casos, discusiones a los gritos.
La última chispa la encendió una sospecha que llegó al entorno de Karina: su equipo —compuesto por Lule Menem, el presidente de Diputados Martín Menem y el armador bonaerense Sebastián Pareja— llevó pruebas que señalaban una posible colaboración de Joaquín de la Torre con la campaña de Amalia Granata en Santa Fe. Según ellos, Caputo habría jugado a favor de Granata, con quien mantiene una relación desde su asesoramiento en campañas anteriores, para demostrar que fue un error no aliarse con ella en esa provincia. La votación dejó tercero cómodo a La Libertad Avanza, mientras que Granata estuvo muy cerca del triunfo.
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Caputo desmintió rotundamente esa versión y, en ese caso, logró calmar a Karina. Pero esa tregua duró poco. Esta semana, nuevos conflictos internos ligados al manejo de cargos y aportes partidarios en el PAMI desataron un nuevo escándalo.
Desde distintas provincias comenzaron a llegar denuncias de empleados que aseguran haber sido presionados para entregar hasta el 10% de su sueldo al partido. El caso más resonante ocurrió en Junín e involucró a una influencer alineada con el ala “celestial” de Caputo y a un delegado del PAMI vinculado a Pareja, es decir, al sector de Karina. La grieta interna entre los equipos volvió a quedar expuesta.
El asunto escaló tanto que obligó al propio Presidente a intervenir en chats y llamados cruzados entre Caputo, Karina, los Menem y Pareja. El resultado: más tensión y ninguna solución clara. Incluso el PAMI, que depende del Ministerio de Salud —hoy bajo control de Mario Lugones, hombre del entorno de Caputo— emitió un comunicado para anunciar una auditoría, buscando evitar que el organismo se transforme en “una caja negra de la política”.
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La disputa no es menor: mientras Karina lidera el armado político y territorial, Caputo concentra el control estratégico, narrativo y de áreas clave como Justicia, SIDE, Salud, ARCA y la célula política conocida como “Las Fuerzas del Cielo”. En esa organización, presentada como el “brazo armado de La Libertad Avanza”, Caputo encontró su base más leal y militante.
Con las elecciones de medio término acercándose, el enfrentamiento interno se vuelve cada vez más determinante. En el oficialismo admiten que la elección de octubre puede ser decisiva, no solo para la consolidación del gobierno de Milei, sino también para los futuros movimientos del PRO y de Cristina Kirchner. En ese contexto, la falta de coordinación entre los dos principales operadores del Presidente genera preocupación.
En la Ciudad de Buenos Aires, el panorama es incierto. “Hace un mes que no se mueven los números de las encuestas”, admite un operador que sigue el día a día electoral. La campaña sigue sin encender a los votantes, y los libertarios temen una victoria de Leandro Santoro. Aunque públicamente relativizan ese escenario, en la práctica trabajan a contrarreloj. Manuel Adorni, candidato de Milei en la Capital, busca nacionalizar la campaña con un mensaje claro: “Si no querés que gane Santoro, votame a mí”.
A todo esto se suma una incógnita clave: la relación con Mauricio Macri. El reciente abrazo entre el expresidente y Caputo en la cena de la Fundación Libertad fue leído como una señal de acercamiento, aunque nadie espera movimientos concretos antes del 18 de mayo, día de la elección porteña.
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En paralelo, el Congreso se prepara para tratar la ley de Ficha Limpia, un proyecto impulsado por Silvia Lospennato (PRO) que busca impedir que personas con condenas por corrupción accedan a cargos electivos. Aunque tiene media sanción de Diputados y apoyo en el Senado, en el Gobierno circulan versiones de intentos para evitar que el PRO capitalice ese triunfo.
Una de las salidas que se barajan es introducirle cambios que obliguen a que el proyecto vuelva a Diputados, lo que retrasaría su sanción hasta después de las elecciones.
El escenario está abierto y lleno de incertidumbre. Mientras tanto, el Gobierno convive con una interna que escala y que ya no puede ocultarse.i
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Interna libertaria,Javier Milei,Karina Milei,Santiago Caputo
En el marco de investigación por presunto lavado de dinero que tiene bajo la lupa a la firma Sur Finanzas, el juez Luis Armella ordenó 14 nuevos allanamientos y hay cuatro personas detenidas.
Entre ellas, se encuentra Daniela Eliana Sánchez, secretaria de Ariel Vallejo, titular de la firma. El 1 de diciembre de 2025, la mujer le ordenó a Micaela Sánchez que envíe a una persona a recaudar dinero y que se borren archivos de la cámara de seguridad.
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Juan Soler, empleado de la financiera, detenido porque en una comunicación con Susana Hoffman, la jefa de Recursos Humanos de Sur Finanzas, ordenó que ingresen a las computadoras de los cajeros y desconecten los programas.
También fue detenido Cesar Zapaia, Oficial de cumplimiento de Lavado de Activo. La Justicia comprobó que en comunicación con otros integrantes de la empresa ordenó ocultar computadoras y teléfonos celulares antes de los allanamientos.
El cuarto detenido es Rolando Soloaga, jefe de choferes, quién escribió en un grupo de WhatsApp: “Buenas tardes muchachos espero que anden bien, a pedido del jefe vamos hacer unas guardias en el estacionamiento, es estar para que vean que estemos y no se roben nada al ver que no estamos trabajando, la grilla va hacer día x medio de 10 a 18 hs los equipos que ya estaban trabajando, donde también vamos hacer limpieza de nuestro lugar y las camionetas lo que haya que hacerle cómo sacarle el pegamento del ploteado a la 201, más tarde paso como están destinados los equipos para la semana que viene”.
Los allanamientos se dieron en el expediente que tiene como principal investigado a Ariel Vallejo, empresario con fuertes vínculos con el negocio del fútbol y señalado como financista de confianza del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
El foco central de la investigación es el vínculo entre Sur Finanzas y distintas instituciones deportivas a las que la firma habría asistido financieramente a cambio de intereses elevados.
En uno de los casos más relevantes, la Justicia detectó un envío de dinero a San Lorenzo con tasas que en la Justicia califican de “usurarias”. Según los elementos reunidos hasta el momento, el club no habría logrado devolver el dinero en los plazos pactados y, como consecuencia, terminó entregando derechos de televisación.
En ese punto, el expediente incorpora una afirmación clave: “La operatoria se ejecutó con el permiso y recomendación de la AFA”, según consta en la documentación judicial. Incluso, siempre de acuerdo a la causa, la propia AFA habría indicado a San Lorenzo que recurriera a Sur Finanzas para obtener el financiamiento.
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La investigación también logró establecer que la Liga Profesional de Fútbol depositó los fondos de televisión correspondientes al club en Neblockchain, que en rigor es Sur Finanzas. Esto solo puede ocurrir si la institución enviaba una nota formal solicitando ese mecanismo de pago.
La operatoria bajo análisis no se limita a un solo club: los investigadores trabajan sobre un universo de 17 instituciones, entre ellas Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Acassuso, Almirante Brown, Banfield, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Platense, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas.
Sur Finanzas, Justicia
Tras la media sanción de la reforma laboral este miércoles en el Senado, el proyecto introduce cambios sustanciales en el régimen de licencias por enfermedad o accidentes no vinculados al trabajo.
El texto reduce los plazos de licencia paga y modifica los porcentajes de remuneración que percibirán los trabajadores afectados, estableciendo nuevas condiciones según el origen del evento y la existencia de cargas de familia.
“En caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida dicha prestación, el trabajador tendrá derecho a percibir el 50% de su remuneración básica que perciba al momento de la interrupción de los servicios si la imposibilidad de trabajar fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implicara algún riesgo en la salud durante un período de 3 meses si el trabajador no tuviera personas legalmente a su cargo, o de 6 meses si las tuviera. La recidiva – reaparición de una enfermedad algún tiempo después de padecida- de enfermedades crónicas no será considerada una enfermedad distinta, salvo que se manifestara una vez transcurridos los 2 años”, remarca el artículo 208 del proyecto.
“Si la imposibilidad de trabajar no fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador sobre el riesgo en la salud, percibirá el 75% de tal remuneración, en cualquier caso, durante el mismo periodo de tiempo dispuesto en el párrafo precedente”, indica.
Y continúa: “La suspensión por causas económicas o disciplinarias dispuestas por el empleador no afectará el derecho del trabajador a percibir la remuneración parcial por los plazos previstos, sea que aquélla se dispusiera estando el trabajador enfermo o accidentado, o que estas circunstancias fuesen sobrevinientes”.
Ahora bien, si el trabajador tiene más de 5 años de antigüedad y no tiene cargas de familia, la licencia por enfermedad o accidente paga es de 6 meses; y si además tiene cargas de familia, la licencia paga se extiende a 12 meses.
A su vez, se modifica el porcentaje de remuneración: en el esquema actual se cobra el 100%, mientras que la reforma propone que, si el accidente o enfermedad tiene origen en una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implica un riesgo conocido, perciba el 50% de la remuneración; en cambio, si no hubo voluntad ni conciencia del riesgo, se percibe el 75% durante el período de licencia, ya sea de tres o seis meses.
Asimismo, el proyecto oficial especifica que el trabajador que no pueda asistir a su primer día de trabajo por enfermedad o accidente deberá informar inmediatamente la situación y el lugar donde se encuentra, salvo que se trate de un caso de fuerza mayor.
Por último, el texto establece que los certificados médicos que el trabajador presente para justificar inasistencias por enfermedad o accidente, deberán contener el diagnóstico médico, el tratamiento y la cantidad de días de reposo laboral indicados, y ser brindados por profesionales médicos habilitados para el ejercicio de la medicina y firmados digitalmente a través de las plataformas electrónicas autorizadas.
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POLITICA
La madre de Jeremías Monzón asistió al Congreso para presenciar el debate por la baja de la edad de imputabilidad
La Cámara de Diputados debate este jueves el proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, en una sesión que busca otorgar media sanción a la reforma del Régimen Penal Juvenil.
La iniciativa fija en 14 años la edad mínima para juzgar delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro, estableciendo una pena máxima de hasta 15 años de prisión. Entre los presentes en el Congreso se encontró Romina, la madre de Jeremías Monzón, el adolescente de Santa Fe asesinado en diciembre de 2025 por menores que resultaron ser inimputables bajo la ley vigente.
Romina fue recibida anteriormente por Patricia Bullrich
Jeremías fue encontrado muerto el 22 de diciembre con más de 20 puñaladas en una antigua fábrica abandonada. La investigación determinó que los autores materiales fueron dos adolescentes de 15 y 14 años, mientras que su novia, M.A., fue imputada como coautora tras descubrirse que lo engañó para citarlo en el lugar del crimen.
Durante la manifestación frente al Congreso, Romina denunció la situación procesal de los responsables directos: “Lamentablemente, estoy de luto. Hace menos de dos meses, asesinaron a mi hijo, y dos de los tres menores están en libertad, sin siquiera tener un antecedente penal”.
Jeremías Monzón
A pesar de su apoyo a la reforma, la madre de la víctima reconoció que la aprobación del proyecto no tendrá impacto legal en el caso de su hijo. “Lamenté que no se hará justicia por mi hijo porque esta ley no es retroactiva. Esto va a ser un legado de nuestros hijos para que no siga pasando”, expresó.
Asimismo, cuestionó el enfoque actual del sistema judicial sobre la rehabilitación de los delincuentes juveniles: “Es tan necesario que esto cambie porque los liberan como si nada, y hablan mucho de la reinserción social de gente que decidió matar, a salir a robar. ¿Y quién habla de la reinserción social de las víctimas?”.
El debate actual retoma una discusión del año 2024, cuando el Ejecutivo propuso inicialmente bajar la edad a los 13 años, propuesta que perdió estado parlamentario pero sirvió de base para el dictamen actual.
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