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ECONOMIA

Ya son cinco las empresas que no pueden pagar sus deudas en 2025

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Celulosa Argentina anticipó que no será capaz de afrontar el pago de sus obligaciones en lo que va del presente año y ya son cinco las empresas con dificultades similares. En esta línea, las dos primeras en anunciar dificultades económicas fueron Los Grobo y Agrodina, la cual están ligadas al campo.

Las mismas entraron default a fines del 2024 y le informaron a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que no pudieron abonar, entre las dos, alrededor de u$s 21,4 millones que vencieron el lunes 13 de enero y otros $9.400 millones que tenían como fecha de pago el miércoles 15 de enero. De esta forma, Los Grobo incumplió un pago de u$s12,5 millones y otros casi u$s9 millones de Agrofina.

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El default de las empresas con los principales bancos del país

La falta de pago de Los Grobo y se trata de un crédito que ambas empresas del país no pudieron renegociar con los bancos Galicia, Santander, Supervielle, Hipotecario, Macro, Bapro, el Banco Industrial y Promontoria Holding.

«La Sociedad continúa en negociación con los Acreedores a los fines de llegar a un acuerdo en relación con los vencimientos detallados precedentemente, y se informará cualquier novedad relevante al respecto sobre el curso de dicha negociación«, fue lo que comunicaron las empresas ante la CNV.

Agrofina agregó, además, que la calificadora de riesgo Fitch le bajó la nota a su deuda: «Según información de la compañía, a noviembre 2024 la deuda total de Agrofina y LGA en forma consolidada ascendía a US$207 millones (incluye capital e intereses devengados), siendo de vencimiento en los próximos 3 meses de US$52 millones entre ON, pagarés bursátiles y descuento de valores».

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Surcos no podrá pagar sus deudas

En paralelo, la empresa de agroinsumos Surcos, fue otra de las que anunció que se vería imposibilitada a pagar vencimientos. La empresa proveedora de soluciones innovadoras para la protección y nutrición vegetal de los cultivos agrícolas comunicó ante la CNV que tenía ON por $298.895 millones, cuyo vencimiento tenía como plazo final el jueves 30 de enero. Dentro del comunicado emitido por la empresa fabricante de soluciones para las enfermedades de las plantas, explicó que se encuentra atravesando una «grave situación financiera«, que incluye el «embargo de bienes y cuentas bancarias, lo que les ha imposibilitado el pago».

Es importante mencionar que la situación de Surcos es alarmante: el total de sus obligaciones supera los u$s100.000 millones. La mitad consiste en obligaciones financieras, un 14% pagarés bursátiles y el resto deudas bancarias. De esta forma, la empresa del agro terminó en default a principios de diciembre, llegando al 20 de enero de este año sin poder abonar obligaciones por más de 100.000 millones de dólares. 

De esta forma, la compañía del agro cayó en default a principios de diciembre, llegando al 20 de enero de este año sin poder pagar obligaciones por más de u$s100.000 millones. Entre ellas se encuentran pagarés bursátiles por u$s3,5 millones y $930 millones, un embargo por u$s5,5 millones, más otros u$s2 millones provisionales para intereses, y otro por $21 millones dictado por la Justicia de Santa Fe, en respuesta a una demanda de Finlatina por una deuda de $50 millones.

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La empresa Albanesi no abonará los intereses de sus obligaciones negociables

La anteúltima en el listado es el Grupo Albanesi, controladora de Generación Mediterránea y de Central Térmica Roca. La empresa generadora de energía le comunicó a sus inversores que no iba a poder pagar u$s19,5 millones que vencían en intereses por sus ON, el pasado lunes 5 de mayo. «La Sociedad se encuentra analizando distintas alternativas para resolver esta situación a la mayor brevedad posible, buscando priorizar la continuidad de su operación y preservar los intereses de sus acreedores», expusieron ante la CNV.

El problema de deuda de Albanesi se remonta al 2024. Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) le había adeudado u$s1.200 millones a la empresa generadora de energía, por no haber pagado los costos de generación de energía y provisión de gas natural entre finales de 2023 y principios del 2024.

Celulosa Argentina, la última empresa que se sumó al listado

La última que se sumó al listado fue Celulosa Argentina, empresa argentina líder en la industria foresto-papelera, la cual anunció que no va a poder cumplir con las obligaciones negociables ni los cheques de pago diferido que vencen en mayo. La situación se encontraba prevista en el mercado desde el 7 de abril, cuando la empresa comunicó la contratación de la entidad financiera Valo Columbus, con el objetivo de analizar alternativas estratégicas para reestructurar su perfil de endeudamiento.

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En cuanto a las razones por las que la empresa se ve en esta situación, se encuentran:

  • Caída en el nivel de ventas superior al 30% en el mercado doméstico con una frágil recuperación a la fecha
  • Incremento sustancial en los costos fijos medidos en dólares, producto de una apreciación significativa del tipo de cambio, que también reduce el margen en la exportación
  • Un costo del capital medido en dólares que ronda entre el 35% y el 45% (contracara del «carry trade») que financió el estiramiento de los plazos de pago (provocando un incremento del capital de trabajo de manera relevante)

El incremento de la percepción de riesgo sistémico en el mercado financiero por eventos como el concurso preventivo de la firma Los Grobo y el default de Red Surcos, en un principio, y luego la incertidumbre que se generó con relación a los tiempos y el contenido del acuerdo de facilidades con el FMI (Fondo Monetario Internacional), debido sus posibles consecuencias para la política cambiaria y monetaria. «Como resultado de todo esto, la mayoría de los acreedores de corto plazo aceleraron el reclamo de cancelación de sus posiciones, generando una presión adicional sobre la caja y la estructura financiera de la compañía», concluyó la empresa en la nota que le envió a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

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ECONOMIA

Caputo minimizó el déficit de dólares y cruzó a los críticos: «Es razonable y hasta sano para la economía»

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El ministro de Economía Luis Caputo salió al cruce de las críticas que recibe el Gobierno por el abultado déficit de cuenta corriente, que durante el primer trimestre del año superó los u$s5.000 millones, según cifras oficiales del INDEC.

 Durante una exposición en el Congreso Somos Pymes, realizado en La Rural, el funcionario defendió ese resultado como un fenómeno previsible e incluso saludable dentro de una economía que -según sus propios cálculos- «está creciendo al 6%».

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Luis Caputo minimizó el déficit de dólares y dijo que es «hasta sano para la economía»

«Es algo absolutamente razonable y hasta sano para una economía que está creciendo al 6%», afirmó Caputo ante un auditorio conformado por empresarios y referentes del sector privado.

La declaración fue una respuesta directa a las advertencias lanzadas en las últimas semanas por economistas como Domingo Cavallo, Ricardo Arriazu y Martín Rapetti, quienes alertaron sobre la pérdida de divisas, el deterioro del balance externo y las reservas netas negativas del Banco Central, que aún rondan los u$s4.000 millones.

A juicio del ministro, el rojo en la cuenta corriente está vinculado al repunte de la inversión y al incremento de la demanda externa que acompaña la reactivación de la actividad. «Ese déficit ya no financia más el rojo del sector público, sino que es déficit del sector privado», explicó Caputo, marcando distancia con experiencias pasadas. En el mismo sentido, aclaró que no mantuvo encuentros con los funcionarios del FMI que se encuentran en Buenos Aires revisando el acuerdo con el organismo.

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«Es algo absolutamente razonable para un país que estaba totalmente descapitalizado y donde está creciendo al 31,8%, era obvio que iba a pasar esto», reforzó, y agregó en tono crítico: «No es que no le prestamos atención, pero hago esta explicación para que entiendan y no se dejen seguir engañando por gente que no entiende o tiene otros objetivos».

El dólar, el ajuste y el equilibrio fiscal, según Luis Caputo

A pesar de ese deterioro externo, Caputo defendió el régimen cambiario implementado tras el acuerdo con el Fondo Monetario y descartó que exista un atraso del tipo de cambio. «El tipo de cambio flota. Si a cualquiera le parece que está barato, puede ir y comprar», sentenció.

El ministro también buscó resaltar una diferencia estructural con gestiones anteriores: la actual política de «orden macroeconómico voluntario». «En la Argentina nunca hubo orden macroeconómico, fiscal y monetario por decisión política. Los que creen que es algo que ya vimos, sepan que no la vivimos», sostuvo. Y amplió: «El país tuvo déficit fiscal en 113 de los últimos 124 años, y las consecuencias de cómo se financiaba ese déficit eran las cosas que todos sufríamos como ciudadanos, porque se hacía con emisión o deuda, que generaba inflación o defaults».

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Caputo remarcó que los escasos momentos de estabilidad macro fueron producto de crisis severas, y no de decisiones políticas. «Cuando se gatilla una crisis, el ajuste lo hace el mercado. No son momentos de convicción política de tener orden fiscal y monetario, sino que se llegaba por accidente y no por vocación», explicó. Y marcó como diferencial que «la gran diferencia ahora es que evitamos esa crisis y le hicimos pagar el costo del ajuste al sector público».

En ese sentido, el titular del Palacio de Hacienda detalló que el gasto público tuvo una caída real del 30% acumulada en lo que va de 2024, gracias al recorte de partidas clave como obra pública, jubilaciones, subsidios energéticos y de transporte, y sueldos de empleados estatales.

Cambio de modelo y mensaje a los empresarios

Mirando hacia adelante, Caputo pidió a los empresarios «cambiar el chip» y adaptar sus estrategias a un nuevo esquema macroeconómico. «Hasta hace 18 meses, el negocio era sobrestockearse y esperar porque una devaluación iba a poder fijar el precio en cualquier lado, y se lo iban a convalidar porque no había referencias. Y se convalidaban negocios que no funcionaban bien», describió.

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Reafirmó que el «modelo» del Gobierno se basa en abrir la economía, reducir la presión impositiva y fomentar la competencia. «Ese es el cambio de modelo. Vamos a bajar impuestos, desregular y abrir paulatinamente la competencia, para que se pueda beneficiar la gente con bienes de mejor calidad a mejor precio. Eso es lo que estamos haciendo».

Como cierre, el ministro apeló directamente al sector privado: «Hay que pensar en ser eficiente e invertir. Hace mucho que en este país no se invierte, y por décadas se pensó en lo financiero y no en lo comercial. Ese clic no va a pasar de un día para el otro. Es un proceso duro, pero el camino es único».

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ECONOMIA

Fintech argentina compró dos unidades de negocio de Mastercard en México y refuerza su expansión

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La startup anunció la adquisición de las operaciones de pago de facturas y manejo de efectivo de Arcus, una filial de Mastercard en ese país

27/06/2025 – 18:51hs

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La startup argentina de servicios de pago Tapi anunció la adquisición de las operaciones de pago de facturas y manejo de efectivo de Arcus, una filial de Mastercard con base en México. La operación forma parte de su estrategia para ampliar presencia en ese país, considerado el segundo mercado más relevante de América Latina.

Fundada por emprendedores argentinos, pero con foco operativo en México, Tapi colabora con bancos y fintechs para facilitar pagos recurrentes, operaciones en efectivo y transacciones digitales mediante una única integración tecnológica. Entre sus principales clientes figuran Mercado Pago, DollarApp y Stori.

Con esta adquisición, la compañía accede a una red ampliada de ingreso y retiro de efectivo en puntos estratégicos, incluyendo cadenas como OXXO y 7-Eleven, además de fortalecer su conectividad con emisores de facturas en todo el territorio mexicano. La meta, explicaron desde la empresa, es profundizar la digitalización en un entorno donde el uso de efectivo todavía es dominante, a pesar del avance de las soluciones financieras tecnológicas.

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«Modelo híbrido»: foco en inclusión y escala

En diálogo con la prensa, el director ejecutivo y cofundador de Tapi, Tomás Mindlin, explicó que el modelo híbrido de operaciones -que combina pagos digitales con manejo de efectivo- fue clave para el crecimiento sostenido de la compañía. Según detalló, esta modalidad les permite facilitar cobros a empresas fintech mediante una conexión centralizada y, al mismo tiempo, llegar a segmentos de usuarios que antes estaban fuera del sistema financiero digital.

Aunque el monto de la operación no fue revelado, Mindlin confirmó que se trató de una compra 100% en efectivo. El financiamiento provino de los u$s32 millones que la empresa levantó desde su fundación, además de las utilidades generadas en los últimos tres años.

Con la integración de la red de pagos de Arcus, Tapi proyecta cerrar 2025 con más de 270 millones de transacciones procesadas en América Latina, lo que equivaldría a un volumen de pagos cercano a los u$s5.500 millones.

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Mastercard conserva marca y tecnología

Tras el acuerdo, Mastercard conservará tanto la marca Arcus como sus plataformas de procesamiento y conciliación de pagos. Estas soluciones están integradas a la red interbancaria en tiempo real de México, conocida como SPEI, que permite transacciones inmediatas entre cuentas bancarias del sistema financiero.

Mindlin destacó que la compra no busca una rentabilidad inmediata, sino consolidar una plataforma regional robusta que potencie el desarrollo del ecosistema fintech. «Creemos que es una inversión que se amortizará rápidamente, por el flujo de caja, el alcance de lo que podemos construir junto a Arcus y el crecimiento del sector en la región», afirmó. Y remarcó que el objetivo de largo plazo es «aportar al desarrollo de la industria en América Latina, especialmente en México».

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Precios por las nubes: ¿por qué esta tan cara la ropa en la Argentina?

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Pocas personas lo saben, pero cada vez que comprás una remera hecha en Argentina, la mitad de lo que estás pagando no es por la tela, ni por la costura, ni por el diseño. Es por impuestos. Así lo explicó Luciano Galfione, presidente de la Fundación ProTejer, en una entrevista exclusiva con iProfesional. «El 50% del precio de la ropa está compuesto por impuestos».

Muchos consumidores se quejan del alto precio de la ropa cuando comparan los valores locales con los de países vecinos o con lo que encuentran por internet en tiendas extranjeras. Pero desde la industria textil local advierten que esa diferencia se explica, en gran parte, por el esquema tributario argentino. Entre IVA, Ganancias, Ingresos Brutos, impuesto al cheque, tasas municipales, cargas laborales y costos financieros, producir en Argentina implica asumir una carga impositiva que no se ve, pero pesa.

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Y no se trata solo de una percepción del sector. Los organismos internacionales lo confirman: el Global Competitiveness Report del World Economic Forum ubica a Argentina entre los últimos 10 países —sobre un total de 141— en lo que respecta al impacto negativo de los impuestos sobre la competitividad. En la misma línea, el indicador Doing Business del Banco Mundial coloca al país entre las 20 economías con mayor carga tributaria del mundo.

«La estructura tributaria penaliza desproporcionadamente a la producción formal y federal. Afecta la competitividad, el empleo y también los precios que paga el consumidor», remarcó Galfione. Desde su visión, la cuestión fiscal no es un tema técnico o sectorial, sino más bien una barrera estructural para el desarrollo del país.

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Importaciones con dumping y carga fiscal extrema ponen en jaque a la industria

Un buzo Dfac tributa hasta un 40%

Para entender cómo este peso fiscal se traslada al precio que paga el consumidor, hay un ejemplo concreto: Dfac, la marca de básicos atemporales, accesibles y sostenibles creada por TN Platex, una de las hilanderías más grandes del país. Dfac basa su modelo de negocio en la eficiencia y la transparencia: vende sin intermediarios, con comercialización directa al público, producción integrada y un fuerte compromiso con mostrar al cliente el desglose real del costo de cada prenda.

En su tienda online, cada producto detalla de forma abierta cuánto representa cada componente del precio final. En su producto más caro —un buzo de frisa oversize de algodón peinado, que se vende online a $40.300—, el 40% del precio corresponde a impuestos y contribuciones. El resto se reparte entre materia prima (6%), mano de obra (12%), costo industrial (11%), marketing y publicidad (12%), comisión de Mercado Pago (8%) y costos administrativos (4%). El margen neto que le queda a la empresa es de apenas un 7 por ciento.

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Esto demuestra que, incluso en un modelo eficiente y transparente como el de Dfac —que realiza internamente casi todas las etapas del proceso, desde el hilado hasta la confección, excepto la tintorería—, los impuestos terminan siendo el componente más elevado del precio.

Desde la Fundación ProTejer advierten que no se puede sostener una industria nacional, que emplea a más de 500.000 personas, si el que produce paga todo y el que importa entra sin controles. En el primer cuatrimestre de 2025, las importaciones de indumentaria crecieron un 113% con precios promedio de 17,3 dólares por kilo, el valor más bajo en once años. China representó el 70% de esas importaciones, que ingresan muchas veces con condiciones de competencia desleal. 

«Producir en Argentina es pagar impuestos para competir con productos que vienen subfacturados, sin controles y con condiciones laborales que no se permiten en nuestro país. Así es muy difícil sostener el empleo y la producción nacional», advirtió Galfione.

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Dfac muestra cómo una prenda nacional tributa más que lo que gana la empresa

Dfac muestra cómo una prenda nacional tributa más que lo que gana la empresa

En la última Encuesta de coyuntura realizada por la fundación en el primer trimestre del este año, el 84% de las empresas respondió que considera prioritaria una reforma tributaria orientada a la producción, seguida por el control de la competencia desleal (54%) y la corrección del tipo de cambio (38%).

«La apertura comercial no puede, ni debe, traducirse en una competencia basada en estándares laborales indignos, sin convenios colectivos, sin regulaciones ambientales y con subsidios encubiertos por parte de otros países», enfatizó Galfione. «En esas condiciones, no solo es difícil competir para el sector textil, sino para cualquier industria que produzca con reglas formales y respetuosas del trabajo y el ambiente».

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Desde ProTejer también sostienen que reducir la carga impositiva no solo mejoraría la competitividad de la industria local, sino que también contribuiría a bajar los precios al consumidor. 

El precio final de la ropa hecha en el país resume todos estos conflictos. No es solo una prenda de uso cotidiano, es un termómetro del entramado productivo argentino y una señal de alerta sobre la necesidad de discutir cómo se diseñan los impuestos, qué sectores se privilegian y quién termina pagando el costo de competir en desventaja.

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