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Los aranceles de Donald Trump en un limbo: una maraña de fallos judiciales vuelven un caos la política del magnate republicano

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La implementación de la catarata de aranceles que Donald Trump impuso a todo el mundo, especialmente a China y buena parte de socios comerciales de Estados Unidos, cayó este jueves en un limbo por una serie de órdenes y contraórdenes judiciales que sumerge a los importadores y al comercio global en una pesadilla de confusión e incertidumbre.

Por un lado, dos tribunales obligaron a la Casa Blanca a frenar los aranceles porque consideró que el presidente se excede en sus poderes, pero luego una corte federal de apelaciones anuló uno de esos fallos y acordó preservar temporalmente muchos de esos gravámenes. Las dos resoluciones —detener los aranceles y luego suspender esa decisión— se produjeron en menos de 24 horas, un torbellino que añade caos a la política económica de Trump.

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Desde que asumió el cargo, Trump ha confiado en una ley federal de poderes de emergencia (IEEPA, por sus siglas en inglés) como sustento para llevar a cabo su radical política arancelaria, que estableció impuestos a las importaciones a todo el mundo –en algunos casos extremadamente altos– para obligar a los gobiernos a hacer concesiones comerciales.

El miércoles por la noche, el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos asestó un golpe a esa estrategia. El panel bipartidista de jueces, uno de los cuales había sido designado por el propio Trump, dictaminó que la ley no otorgaba al presidente «autoridad ilimitada» para imponer aranceles a casi todos los países, como hizo Trump.

Como resultado, los aranceles del presidente fueron declarados ilegales y el tribunal ordenó detener su cobro dentro de los próximos 10 días.

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El gobierno pidió rápidamente al tribunal comercial que detuviera la aplicación de su orden mientras ascendía el caso al Tribunal de Apelaciones de EE. UU. para el Circuito Federal, donde buscó ayuda de emergencia. En una decisión festejada por la Casa Blanca, este tribunal finalmente aceptó la petición oficial y ganó tiempo para que se considerara una demora más larga, mientras Trump busca un fallo definitivo –posiblemente en la Corte Suprema—para intentar salvaguardar una de las herramientas más potentes en su guerra comercial global.

En la apelación, el Departamento de Justicia dijo que la nueva orden que invalida los amplios poderes comerciales de Trump está «plagada de errores legales». El gobierno advirtió que ese freno obstaculizaría los esfuerzos de Trump «para eliminar nuestro explosivo déficit comercial y reorientar la economía global en igualdad de condiciones».

El tribunal de apelaciones finalmente intervino, y aunque no se pronunció directamente sobre la solicitud del gobierno o si eran legales los aranceles de Trump, evitó al menos temporalmente que el presidente tuviera que frenar los gravámenes que ha utilizado como arma política en docenas de negociaciones comerciales.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostiene un gráfico junto al secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, mientras Trump pronuncia un discurso sobre los aranceles en el jardín de rosas de la Casa Blanca. Foto Reuters

O sea que por ahora Trump podrá mantener muchos de los aranceles que ha impuesto a China, Canadá y México y preservar la amenaza de tasas «recíprocas», que anunció a la mayoría de las naciones y luego suspendió a principios de abril. Pero no es la última palabra en la batalla legal, que se espera que llegue al máximo tribunal, de mayoría conservadora.

Hacia el máximo tribunal

«La Corte Suprema debe poner fin a esto por el bien de nuestra Constitución y nuestro país», dijo Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca en su conferencia de prensa y atacó a los jueces por haber «abusado descaradamente de su poder judicial».

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Pero la guerra judicial no para y tiene más complejidades. Porque justo antes de que Leavitt hablara, un juez federal en un caso separado ordenó otra suspensión temporal de varios de los aranceles de Trump, al fallar a favor de una compañía de juguetes educativos en Illinois, cuyos abogados le dijeron a la corte que fue perjudicada por las acciones de Trump.

Las compañías de juguetes, que importan desde China, Taiwán, Corea del sur, Vietnam e India, dicen que sobrevivieron al COVID-19, pero que los aranceles podrían matarlas. Argumentaron que el Congreso nunca autorizó al presidente a imponer enormes aranceles por su cuenta. «Esa carga aplastante se siente de manera más inmediata y aguda en las pequeñas y medianas empresas de este país, incluidos los demandantes», dicen los importadores en la presentación.

Rudolph Contreras, el juez de distrito que preside el caso, concluyó que la ley de poderes económicos «no es una ley que establezca tarifas», aunque limitó la medida cautelar por los próximos 14 días. Más tarde, la administración Trump dijo que también planea apelar ese fallo.

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La serie de decisiones judiciales complica la estrategia del gobierno, que buscaba llegar a 90 acuerdos comerciales con distintos países en 90 días, algo que está muy lejos de cumplirse.

«Si este tribunal limita esa autoridad, las contrapartes extranjeras tendrán menos incentivos para llegar a acuerdos significativos, lo que resultará en el statu quo que condujo a la emergencia nacional», dijo Howard Lutnick, secretario de Comercio, en una declaración presentada ante el tribunal comercial la semana pasada.

El jueves por la mañana, Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, minimizó las consecuencias del fallo judicial, calificándolo como uno de los pocos «pequeños contratiempos aquí y allá». Dijo que el presidente tenía otras herramientas legales para imponer aranceles fuera de la ley de emergencia económica, aunque señaló que la administración «no planea perseguirlas en este momento».

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«Ciertamente no va a afectar las negociaciones. Porque, al final, la gente sabe que el presidente Trump es 100 por ciento serio, y también han visto que el presidente Trump siempre gana», dijo.

Más allá de las palabras optimistas, la maraña judicial que ya complica los aranceles pone en alerta el futuro de la política comercial. Más de una docena de países –incluida la Argentina– negocian con el gobierno, que exige que otras naciones reduzcan sus impuestos y restricciones a los productos fabricados en Estados Unidos a cambio de una reducción en los aranceles. ¿Por qué los países negociarían para evitar una amenaza que ahora ha sido declarada ilegal?, se preguntan los expertos.

Ninguna de las demandas que se han decidido contra el presidente complica a los otros aranceles de Trump, que se emiten bajo el paraguas de la seguridad nacional. Estos incluyen sus gravámenes sobre el acero, el aluminio y los automóviles, así como otros aranceles con los que el presidente ha amenazado con productos farmacéuticos, semiconductores y otros productos críticos.

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Los aranceles de Trump son los más altos desde la Gran Depresión. Pero incluso con la reducción de los gravámenes a China (de un exorbitante 145% al 30%), el Laboratorio de Presupuesto de Yale informó que el costo de la guerra comercial de Trump será alto: el aumento de precios reducirá el poder adquisitivo del hogar promedio de EE.UU. en 2.800 dólares.

Los precios del calzado subirán un 15% y de la ropa un 14%. Los impuestos a las importaciones reducirán 0,7 puntos porcentuales el crecimiento económico de Estados Unidos este año y aumentarán la tasa de desempleo —actualmente en un 4,2%— en casi 0,4 puntos porcentuales, estiman en Yale.

Estados Unidos,Donald Trump

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Ante la corrupción en el Ejército, el régimen de Xi Jinping recurre a la propaganda para contener la descomposición interna

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Ante la corrupción en el Ejército, el régimen de Xi Jinping recurre a la propaganda para contener la descomposición interna (REUTERS/Jason Lee/Archivo)

El Ejército Popular de Liberación (EPL) de China intensificó esta semana su campaña ideológica interna con la publicación de un editorial que insta a los cuadros políticos militares a “decir la verdad” y “enfrentar los problemas de frente”. El mensaje, difundido en el Diario del EPL, órgano oficial de las Fuerzas Armadas, forma parte de una estrategia propagandística que busca contener el desgaste institucional tras los múltiples escándalos de corrupción que han sacudido a la cúpula militar.

El ocultamiento de los problemas o el maquillaje de la realidad reflejan un carácter partidario impuro y motivaciones egoístas”, advierte el texto, publicado sin firma individual, pero atribuido a un comentarista oficial del diario. El artículo exige a los funcionarios políticos del Ejército —encargados de aplicar la línea ideológica del Partido Comunista— actuar con “moralidad e integridad” en un contexto marcado por purgas internas, ausencia de información y la caída de varios altos mandos por corrupción.

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Los cuadros, sostiene el editorial, deben ser “luchadores, no caballeros”, una formulación que refuerza la visión autoritaria del régimen sobre el papel del liderazgo militar. Se invoca además la figura de Mao Zedong y otros líderes revolucionarios para legitimar la necesidad de “predicar con el ejemplo” en medio de lo que el propio texto califica como “riesgos superpuestos” para el Ejército.

La publicación llega apenas dos días después de que la Comisión Militar Central (CMC), máximo órgano castrense de China, emitiera nuevas directrices para reconstruir la credibilidad de las Fuerzas Armadas. El documento, también difundido por el Diario del EPL, establece “líneas rojas políticas” y limitaciones en las interacciones sociales de los oficiales, con el objetivo explícito de frenar redes de favores y tráfico de influencias.

Se invoca además la figura
Se invoca además la figura de Mao Zedong y otros líderes revolucionarios para legitimar la necesidad de “predicar con el ejemplo” en medio de lo que el propio texto califica como “riesgos superpuestos” para el Ejército (EFE/WU HONG/Archivo)

Aunque no se mencionan nombres, ambos textos aparecen en medio del silencio oficial sobre el paradero y la situación legal de figuras como el general He Weidong, uno de los oficiales de más alto rango que ha desaparecido del espacio público sin explicación. Tampoco se ha informado sobre las causas reales que llevaron a la caída de los dos últimos ministros de Defensa, reemplazados en medio de investigaciones internas cuya existencia no ha sido formalmente reconocida por las autoridades.

La falta de transparencia, sumada a la sustitución del debido proceso por campañas ideológicas, ha sido una constante en la gestión del Ejército bajo el liderazgo de Xi Jinping. En lugar de una rendición de cuentas abierta, el régimen ha optado por reforzar el control político mediante discursos de moral partidaria, publicaciones anónimas y referencias simbólicas a la historia del Partido.

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La coincidencia entre el tono del editorial y las nuevas normas disciplinarias revela un patrón habitual en el sistema de propaganda del Partido Comunista Chino: el uso de medios oficiales para ejercer presión indirecta, consolidar el poder de la jerarquía política y silenciar cualquier forma de disidencia dentro del aparato militar.

Aunque no se mencionan nombres,
Aunque no se mencionan nombres, ambos textos aparecen en medio del silencio oficial sobre el paradero y la situación legal de figuras como el general He Weidong (izq), uno de los oficiales de más alto rango que ha desaparecido del espacio público sin explicación (REUTERS/Thomas Peter)

Lejos de ser un gesto de reforma, el llamado a la “honradez” y a la “verdad” se produce en un entorno donde la verdad institucional se decide desde arriba, sin mecanismos independientes ni espacio para el escrutinio público. En ese contexto, las apelaciones a la lealtad, la disciplina y la “pureza ideológica” funcionan como herramientas de blindaje para un régimen que prioriza la estabilidad política frente a la rendición de cuentas.

(Con información de EFE)

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ICE chief warns AI technology could lead to safety risks for agents: ‘Fringe organizations’

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NEWYou can now listen to Fox News articles!

Far-left organizations could be using artificial intelligence and other technology to reveal the identity of Immigration and Customs Enforcement agents, acting ICE Director Todd Lyons told Fox News Digital in an interview.

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Lyons’ remarks come as Democrats in Congress recently proposed the VISIBLE Act, which would require clear identification of ICE agents and prevent masking of federal immigration authorities in public-facing circumstances.

«If legislation passes to try to unmask ICE agents, they are not allowed to wear them, it runs the risk of agitators, different groups, you know, these fringe organizations using reverse technology, AI, to try to dox their families, try to get their identity, their home addresses,»  Lyons said of the reaction from agents on the ground. «We’ve heard elected officials say there shouldn’t be any rest for ICE agents or their families.

«So they’re definitely concerned about that. They’re also concerned about their own well-being when they go out to effectuate these arrests because now we have to send more officers out into the communities because where we can send four or five to make arrests in the past, now we had to send up to eight or 10 just to protect the four that are making the arrests of one individual.»

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MASSACHUSETTS BILL WOULD FORCE ICE AGENTS TO UNMASK

Residents surround federal and Border Patrol agents after an immigrant raid on Atlantic Boulevard in Bell, Calif., June 19, 2025.  (Genaro Molina/Los Angeles Times via Getty Images)

He added that the safety risk does require more resources when conducting arrests. When ICE was conducting operations in Los Angeles in June, President Donald Trump sent in the California National Guard to the city with the goal of protecting agents and quelling riots. That move was legally challenged by California Gov. Gavin Newsom.

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«The Marines are withdrawing. This is another win for Los Angeles,» Los Angeles Mayor Karen Bass posted to X Monday.

ICE agents have faced an 830% increase in assaults since last year, according to DHS. However, proponents of the VISIBLE Act have said it’s nessescary for accountability.

«For weeks, Americans have watched federal agents with no visible identification detain people off the streets and instill fear in communities across the country,» Sen. Cory Booker, D-New Jersey, said in a statement July 8. 

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«Reports of individuals impersonating ICE officers have only increased the risk to public and officer safety. The lack of visible identification and uniform standards for immigration enforcement officers has created confusion, stoked fear and undermined public trust in law enforcement.»

DHS FIRES BACK AT DEMOCRATS FOR ‘BEYOND THE PALE’ RHETORIC AS ICE AGENTS FACE WAVE OF VIOLENT THREATS

10 suspects charged in Alvarado ICE ambush

Ten suspects were charged with attempted murder of a federal officer in an alleged July 4, 2025, ambush attack on the Prairieland Detention Center in Alvarado, Texas.  (Johnson County Sheriff’s Office)

«Assault could be anything from resisting arrest where they assault the officers, whether they’re kicking, grabbing officers. It could be something as dramatic as what we saw in Alvarado, Texas, where we had local police ambushed with firearms,» Lyons said.

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«You saw it during the recent marijuana grow farm raid operation, where we had an individual firing a handgun at ICE officers, rocks thrown at them. It’s everything from verbal assault to physical assault to threats of bodily harm, deadly force. It’s run the whole gamut.»

Authorities have charged 12 people in an alleged anti-ICE attack at the Prairieland Detention Center on Independence Day, including ten for alleged attempted murder of federal officers and gun offenses. Reports have indicated that some planning occurred through a Signal group chat, and Lyons noted that this was likely planned by the Dallas area activists for some time.

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ICE riots LA

«Death to ICE» is written on a garbage cart after multiple detentions by Immigration and Customs Enforcement in downtown Los Angeles June 6, 2025.  (Reuters/Daniel Cole)

«Well, the FBI is doing a great job investigating it as a whole organized event,» Lyons said. «So, you saw where it was actually organized with social media, where you have organized people in a typical L-shaped ambush where you had escape vehicles. So, without getting too much into what the Department of Justice and the FBI do, there is definitely evidence that this was planned for a while, and it wasn’t just a spur-of-the-moment protest. These were agitators focused on assaulting law enforcement officers and assaulting ICE.»

In terms of facing these coordinated efforts, the director said it’s a matter of planning and looking at the information available before conducting an operation.

ACTING ICE DIRECTOR CALLS MAYOR WU’S NEO-NAZI COMPARISON ‘DISGUSTING’ AMID INCREASE IN AGENT ASSAULTS

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ice agents

U.S. Immigration and Customs Enforcement agents look over lists of names and their hearing times and locations inside the Federal Plaza courthouse before making arrests June 27, 2025, in New York. (Bryan R. Smith/AFP via Getty Images)

«What we’re doing is definitely working with all of our federal partners as well as the state partners that do coordinate with us what we use and all the intelligence that we have at our disposal to go ahead and try to find out as much about these groups and as much as about these organizations and these planned events that we can to let our officers and agents know in the field prior to going out,» Lyons said.

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«So, we wanna make sure that officers are fully aware of what the situations they’re getting into, but we are also making sure that we’re properly staffed when we go out.»

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In addition, he said recent funding from  the «big, beautiful bill» would be to try to bring back personnel that «retired early» under the Biden administration and look at veterans and officials at the local and state levels who «already have the training» to «beef up» staffing at the agency. 

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Estados Unidos ordenó incautar un buque pesquero chino por esclavitud y violaciones a los derechos humanos: hasta hace un mes operó frente al Mar Argentino

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El gobierno de Estados Unidos ordenó la incautación de todos los productos de mar capturados por el buque pesquero Zhen Fa 7, de bandera china, por graves violaciones a los derechos humanos.

La embarcación, que operó hasta mediados de junio frente a la Patagonia argentina, fue acusada de prácticas que incluyen esclavitud, violencia sexual, condiciones laborales inhumanas y retención de documentos, según denunció el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense.

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La medida fue emitida por la Unidad de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que basó su decisión en indicadores de trabajo forzoso identificados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El caso fue difundido por el Círculo de Políticas Ambientales, una organización que monitorea la pesca ilegal en América del Sur.

«Zhen Fa 7 se benefició de menores costos laborales, produjo bienes por debajo del valor de mercado, perjudicó a las empresas estadounidenses y obtuvo ganancias injustamente», explicó el organismo en su resolución oficial publicada en su sitio web.

Durante más de una década, el buque operó en el Pacífico y Atlántico sur, con una fuerte presencia frente a las costas de Ecuador, Perú, Chile y Argentina. En su paso más reciente por Sudamérica, estuvo operativo frente al Mar Argentino hasta el 16 de junio de 2025 y utilizó el Puerto de Montevideo, Uruguay, como base logística.

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No es la primera vez que el Zhen Fa 7 queda en la mira por abusos: en 2021 abandonó a un tripulante en estado crítico en Montevideo. El joven, de nacionalidad indonesia, falleció poco después en un hospital local. Las autoridades uruguayas nunca registraron oficialmente el ingreso del buque tanquero que lo desembarcó.

En marzo de este año, se detectó que el Zhen Fa 7 ingresó hasta 180 millas dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina, aproximándose peligrosamente a las costas del Chubut, frente al Golfo San Jorge. Lo hizo acompañado por una flota de al menos 150 pesqueros chinos, bajo el argumento de buscar refugio por tormentas.

En enero, la provincia de Santa Cruz firmó un acuerdo con empresas pesqueras chinas, muchas de las cuales tienen antecedentes similares de abuso y pesca ilegal. El informe alerta que estas flotas operan gracias a subsidios estatales y explotación sistemática de sus tripulaciones.

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La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) tiene consecuencias devastadoras: afecta ecosistemas marinos, la actividad pesquera legal y también genera un impacto económico y social directo en los países ribereños. A pesar de eso, Argentina todavía no ratificó dos acuerdos internacionales clave (uno de la OMC y otro de la OMI) que podrían contribuir a ponerle freno a estos abusos, a pesar de haber sido aprobados por el Congreso.

Este martes, Argentina depositó su instrumento de ratificación del Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca de la Organización Mundial del Comercio, que busca limitar el accionar de las flotas que realizan pesca ilegal y no reglamentada en los mares del mundo. Había sido aprobado por el Congreso en octubre del año pasado.

Se trata de un acuerdo fundamental para luchar contra la depredación pesquera que ocurre en el Atlántico Sur, ya que impacta directamente en el financiamiento estatal que recibe la flota extranjera que realiza pesca destructiva, ilegal y no reglamentada.

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El acuerdo, que demandó más de 20 años de negociación, constituye uno de los principales logros alcanzados en la OMC desde su creación, puesto que por primera vez se establece la restricción de los subsidios que afectan negativamente al comercio y a la conservación de los recursos pesqueros y se prohíbe las subvenciones que contribuyen a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), a la pesca de poblaciones ya sobreexplotadas y a la pesca en alta mar no reglamentada.

Según había anunciado el Gobierno argentino en octubre pasado, el acuerdo tiene implicancias de enorme relevancia para el país, dado su gran litoral marítimo y la importancia de los recursos pesqueros..

En particular, se espera que contribuya a disminuir la presión pesquera en el área adyacente a la Zona Económica Exclusiva Argentina, coloquialmente referida como «milla 201», ya que al limitar la posibilidad de que los países recurran a subsidios para mantener artificialmente la actividad de sus flotas, el acuerdo contribuirá a la protección de los recursos pesqueros en las aguas adyacentes a la jurisdicción nacional, limitará las capacidades de grandes flotas que pescan a distancia y complementará los esfuerzos de patrullaje de las autoridades nacionales sobre el terreno.

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Con la aprobación del Congreso, el Gobierno estará ya en condiciones de sumarse a los más de 80 países que han presentado a la OMC su instrumento de ratificación.

China,Estados Unidos,pesca ilegal,Derechos Humanos,Últimas Noticias

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