El Ministerio de Economía concretó hoy la colocación de un bono en dólares a 2027, adjudicando USD 150 millones a una tasa de interés efectiva anual de 5,89%. El precio de corte fue de USD 1.004,50, lo que ubicó el rendimiento por debajo del cupón fijo del 6% con el que fue ofrecido. El valor nominal ofertado alcanzó los USD 868 millones, pero el Tesoro adjudicó solo una fracción de ese monto, tal como lo había anunciado. Esta emisión, bajo ley local, apunta a reunir dólares para afrontar un vencimiento de USD 4.200 millones el 9 de julio y otros compromisos, en un contexto en el que el acceso al financiamiento internacional para el sector público permanece restringido por el nivel del riesgo país, que ronda los 543 puntos.

El nuevo instrumento se diseñó para captar parte de la liquidez que permanece ociosa en el sistema financiero argentino, y se orienta a competir directamente con alternativas como plazos fijos y fondos comunes de inversión en dólares para tentar empresas y familias que pueden financiar al Tesoro. El atractivo adicional de este bono radica en que paga intereses mensualmente, lo que apunta a un perfil de inversor conservador que busca rentabilidad en moneda dura pero está dispuesto a exponerse a los riesgos de la deuda soberana argentina.

El contexto de la colocación revela una dinámica inusual para la deuda del sector público nacional: el Tesoro nacional no logra acceder a los mercados internacionales con bonos soberanos, mientras que empresas y provincias sí lo hacen y con todo éxito. Este fenómeno para nada habitual se desarrolló en los últimos meses y se vincula directamente con la ausencia del Estado nacional como emisor relevante en el mercado externo. Con el riesgo país en niveles elevados, el Ministerio de Economía no consigue colocar deuda soberana global a tasas inferiores a los dos dígitos, lo que la vuelve antieconómica. De esa forma, las empresas y algunas provincias aprovecharon el espacio vació y salieron a buscar dólares fuera del país en condiciones más favorables.

Incluyendo la licitación de ayer de Pluspetrol, las emisiones corporativas y sub-soberanas acumulan USD 10.700 millones desde las elecciones legislativas a esta parte. Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires y Córdoba lograron montos de entre USD 600 y 800 millones cada una, mientras que otras jurisdicciones y empresas privadas como IRSA, Vista, Tecpetrol y YPF también participaron activamente en el mercado. Los datos oficiales muestran que, en el mismo período, los privados accedieron a tasas inferiores a las que pagaría el Tesoro, una situación poco habitual en el mercado de deuda internacional de países emergentes.

El propio Gobierno nacional reconoce este fenómeno y lo describe como un “crowding in”: la salida del Tesoro del mercado internacional habilitó espacio para que el sector privado y las provincias se financien con mayor facilidad. La situación contrasta con el clásico “crowding out”, donde el Estado, al financiarse en grandes volúmenes, desplaza al sector privado y encarece el costo del crédito para compañías y gobiernos subnacionales.

El ministro de Economía, Luis Caputo, optó ante esta situación anómala por recurrir al mercado local para cubrir las necesidades de financiamiento en moneda extranjera. No es la primera vez. En diciembre, el Tesoro colocó USD 1.000 millones en Bonar 2029 a una tasa de 9,26% anual, también bajo ley argentina. Parte de esos fondos se utilizó para afrontar vencimientos de deuda en enero. El resultado de esa operación marcó un antecedente para la estrategia actual, que apunta a captar dólares disponibles en bancos nacionales, evitando la exposición a tasas internacionales aún más altas.

La novedad de esta nueva emisión es que con su plazo más corto, vence dentro de este período presidencial, y la importante disponibilidad de dólares en depósitos bancarios locales, el costo financiero fue mucho menor. El mercado local hoy se caracteriza por la existencia de una gran masa prestable en dólares que no se transforma en crédito productivo. Los depósitos del sector privado en moneda extranjera superan los USD 38.000 millones, según los últimos datos del Banco Central (BCRA). Esta acumulación es reciente. Una revisión de la serie histórica muestra que, desde febrero de 2024, el stock de depósitos en dólares creció de 16.001 millones a más de 38.000 millones en febrero de 2026. El ritmo de incremento se aceleró en el segundo semestre de 2024 y en los primeros meses de 2025, reflejando un regreso todavía lento pero nada despreciable de familias y empresas a un sistema financiero que nunca terminó de superar la confiscación de depósitos de 2001.

El hecho de que exista una enorme masa prestable que no se transforma en crédito en dólares se deba a normas macroprudenciales que el BCRA implementó tras la crisis financiera de ese mismo 2001. El régimen limita hoy la posibilidad de prestar dólares a empresas o clientes que no tengan ingresos genuinos en esa moneda, para evitar los riesgos de descalce entre activos y pasivos en divisas. Solo exportadores y sectores directamente relacionados pueden acceder a crédito en dólares. La mayoría de los clientes bancarios, con ingresos en pesos, queda fuera de ese mercado por las restricciones regulatorias que buscan evitar otro colapso bancario como el de principios de siglo. De esta forma, los bancos mantienen grandes sumas en dólares que no pueden colocar como préstamos y buscan alternativas de inversión para volverlos rentables

Caputo identificó en esa liquidez ociosa una oportunidad para financiar al Tesoro. El bono a 2027, con intereses mensuales, apunta a captar la atención de ahorristas y fondos que hoy tienen sus dólares inmovilizados en el sistema financiero. El diseño del instrumento emula el esquema de las Letes en dólares que el hoy Ministro de Economía utilizó en el Ministerio de Finanzas durante la gestión de Mauricio Macri, focalizado en inversores locales que buscan rendimiento en moneda dura sin exponerse a riesgos del mercado internacional.

El atractivo del nuevo bono se apoya en su estructura: paga intereses cada mes y, con un un cupón del 6% anual, y busca competir con el rendimiento de plazos fijos en dólares y fondos comunes de inversión. en moneda extranjera.

Los bancos de capital nacional observan la estrategia oficial con reservas. Desde el sector señalan que la persistencia de las normas macroprudenciales mantiene limitada la demanda de crédito en dólares, lo que restringe la rentabilidad de las entidades y reduce el potencial de canalización de ahorro hacia la economía real. Autoridades bancarias expresan que una flexibilización regulatoria parcial permitiría ampliar el universo de potenciales tomadores de crédito en dólares y dinamizar la cartera de préstamos, siempre bajo medidas de control más sofisticadas para evitar riesgos sistémicos. Por ahora, la postura oficial es mantener el esquema vigente y aprovechar la masa prestable disponible para financiar al Tesoro.

El crecimiento del stock de depósitos en dólares del sector privado se consolidó como un dato central para entender la estrategia del Ministerio de Economía. Cómodo con el crowding in en el mercado internacional, Caputo parece haber optado sin temor por el crowding out en lo que hace a la disponibilidad de divisas en el mercado local.

La evolución de los depósitos en dólares refleja un fenómeno de confianza parcial: los ahorristas eligen mantener su liquidez en bancos locales, pero no encuentran opciones atractivas de inversión fuera del sistema financiero. El bono en dólares a 2027 se diseñó como un intento de dar respuesta a este escenario, ofreciendo una alternativa que combina seguridad, liquidez y rendimiento superior al promedio del mercado local. El hecho de que se ofrecieran más de USD 800 millones para una emisión de USD 150 como máximo (se extenderá hasta los USD 2.000 millones con emisiones cada dos semanas).

El desempeño de los depósitos en dólares y la evolución de la masa prestable seguirán bajo observación en los próximos meses. El impacto de la colocación sobre la liquidez bancaria y la respuesta de los inversores al nuevo bono serán factores relevantes para evaluar la sostenibilidad de la estrategia oficial. El sector financiero, mientras tanto, mantiene su reclamo por una regulación más flexible que permita canalizar parte de esa liquidez hacia el crédito productivo, sin poner en riesgo la estabilidad del sistema. Los bancos no ven la hora de poder aprovechar esos mismos dólares de los que acaba de hacer uso Caputo.

La firma de servicios profesionales PwC Argentina quedó en el centro de la escena luego de que se difundiera en redes sociales un comunicado de despido fechado el 24 de febrero y comenzaran a multiplicarse los testimonios sobre presuntas cesantías masivas tanto en el país como en otras filiales vinculadas al sector que internamente denominan AC (Acceleration Center).

El documento, que fue publicado por una usuaria de X, informa la desvinculación «por cuestiones organizativas» en los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). Allí se detalla que la liquidación final será depositada dentro del plazo legal y que la documentación correspondiente podrá retirarse luego de 30 días.

Además, se solicita la devolución de herramientas laborales bajo apercibimiento de descontar su valor -estimado en el 50% del precio de bienes nuevos- en caso de no reintegro. El escrito lleva la firma de Pablo Granado, en carácter de apoderado.

En paralelo, distintos usuarios en redes sociales como X y Reddit aseguraron que las oficinas habrían permanecido cerradas mientras se notificaba a empleados sobre su desvinculación. «Me llegó que tienen las oficinas cerradas y están desde esta mañana echando gente», indicó uno de los mensajes que comenzó a circular durante la jornada. Otros comentarios estimaron que en Argentina los despidos alcanzarían a unas 200 personas, aunque hasta el momento no hubo confirmación oficial.

Reestructuración y posible impacto global: posibles factores detrás de los despidos

Las versiones también mencionaron la mudanza de los «EC» (Executive Concierge) hacia Manila, lo que reforzó la hipótesis de una reorganización operativa con traslado de funciones hacia otros mercados. Algunos testimonios sostienen que la medida no se limitaría a la filial local, sino que formaría parte de un ajuste global con impacto en Estados Unidos, Reino Unido, India, Argentina y Filipinas.

De acuerdo con esas publicaciones, el recorte total podría rondar las 600 desvinculaciones en distintos niveles jerárquicos, incluidos cargos directivos. Entre los factores que se señalaron como posibles causas figura el aumento de costos medidos en dólares, lo que habría afectado la competitividad frente a otros países que pueden ofrecer servicios similares a valores más bajos.

Hasta el momento, la compañía no emitió un comunicado público en sus canales institucionales aclarando el alcance de las desvinculaciones ni confirmando las cifras que circulan.

PwC forma parte del grupo conocido como las Big Four, integrado además por Deloitte, EY y KPMG. Estas cuatro firmas globales concentran buena parte del mercado de auditoría y consultoría a nivel internacional y ofrecen servicios de auditoría, asesoramiento fiscal y legal, consultoría de negocios y operaciones de transacciones (fusiones y adquisiciones), entre otras especialidades.

En 2025 PwC cesó sus operaciones en más de 12 países

En mayo del año pasado se conoció que PwC cesó sus operaciones en más de una docena de países que sus directivos globales estiman demasiado pequeños, arriesgados o poco rentables, con el objetivo de evitar que se repitan los escándalos en los que se ha visto envuelta la firma.

Por entonces, la firma de las Big Four, que opera como una red global de sociedades de propiedad local, se desvinculó de diez firmas miembro de países francófonos de África tras mantener disputas con los socios locales, según personas familiarizadas con las conversaciones, indicó el sitio Expansión en base a información del Financial Times.

Los líderes locales lamentaron haber perdido más de un tercio de su negocio en los últimos años debido a la presión de los ejecutivos globales de PwC para que dejaran de atender a clientes de riesgo, y comenzaron a negociar una salida el año pasado, agregó el matutino. La separación se materializó apenas unos meses después de que PwC cortara la relación con sus sedes de Zimbabue, Malawi y Fiyi, según un registro de entidades de PwC y la prensa local.

Una persona familiarizada con el proceso de toma de decisiones afirmó que PwC estaba eliminando firmas miembro más pequeñas por el posible riesgo a que su reputación se viera afectada o que no contaban con la escala necesaria para realizar las inversiones necesarias en sistemas de compliance. Según informó Financial Times el mes pasado, su rival, KPMG, ha comunicado a las firmas miembro más pequeñas que deben fusionarse.

Según un exsocio de PwC responsable de asuntos de compliance, los líderes internacionales dedicaron una cantidad desproporcionada de tiempo a África, a pesar de sus bajos ingresos en comparación con otras regiones.

En los últimos años, la empresa tuvo que hacer frente a las consecuencias de los escándalos en varios continentes, incluso en algunas de las firmas nacionales más importantes de PwC.

En China, se descubrió que la sede local había «ocultado o incluso tolerado» un fraude en la promotora inmobiliaria Evergrande y se le prohibió firmar auditorías durante seis meses. El escándalo provocó una fuga de clientes. En Australia, la noticia de que un socio fiscal había hecho uso indebido de información pública confidencial provocó un escándalo político. En ambos casos, los directivos globales de PwC intervinieron para sustituir a la cúpula local.

Tal como sucede cada mes, el Gobierno nacional confirmó un nuevo pago del bono de $70.000 para jubilados y pensionados. La oficialización del plus llega luego de que el Ejecutivo anunciara una nueva suba para los beneficiarios de la ANSES.

La medida se oficializó tras la publicación del decreto109/2026 en el Boletín Oficial. Así, este bono se suma a los ya entregados desde 2024, que buscaron mitigar el impacto de la inflación sobre los ingresos de los adultos mayores.

Las resoluciones previas dispusieron actualizaciones mensuales de los haberes previsionales desde julio de 2024, vinculadas directamente a la variación del Índice de Precios al Consumidor Nacional elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Sin embargo, la administración reconoció que, a pesar de estos mecanismos, persistieron efectos adversos especialmente entre quienes perciben los haberes más bajos, por lo que consideraron necesario volver a otorgar el pago extraordinario del plus.

Según el decreto, el bono será liquidado por titular y su alcance incluye a quienes reciban prestaciones contributivas otorgadas a través de la Ley N° 24.241, regímenes generales previos, regímenes especiales derogados y ex cajas provinciales y municipales transferidas a la Nación.

Dentro del universo de beneficiarios, también se encuentran quienes cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), así como a titulares de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y otras pensiones graciables.

El criterio para la asignación del bono contempla la suma de los haberes de todas las prestaciones vigentes. Para quienes perciban un monto igual o inferior al haber mínimo previsional garantizado, se otorgará la suma en su totalidad.

Mientras tanto, en los casos en que el total de las prestaciones supere el haber mínimo, se abonará una suma diferencial hasta alcanzar el tope que resulta de sumar el haber mínimo más el máximo del bono. Así, se busca priorizar el refuerzo de ingresos para los sectores con mayores necesidades, sin excluir a quienes, por acumulación de beneficios, superen el piso mínimo.

Tal como sucedió los meses anteriores, aclararon que se trata de una suma de carácter de no remunerativo, por lo que no estará sujeto a descuentos ni será computable a los efectos de otros conceptos previsionales o asistenciales.

El decreto justifica la decisión en la necesidad de resguardar el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados, especialmente tras suspensión de la aplicación de la Ley N° 27.609 de movilidad jubilatoria, cuya fórmula no contemplaba la evolución de los precios, algo que desde el Gobierno consideran que generó un desfasaje entre la economía real y la actualización de los haberes. Según la fundamentación oficial, esta situación afectó en mayor medida a quienes perciben los ingresos más bajos, lo que derivó en la implementación de bonos mensuales y refuerzos previsionales desde enero de 2024 hasta febrero de 2026.

Bajo el esquema actual de incrementos, se registraron subas del 1,9% en octubre, 2,1% en noviembre, 2,3% en diciembre, 2,4% en enero. De hecho, la última actualización fue del 2,88%, llevando la mínima hasta los $369.600,88.

Al valor de la jubilación mínima, hay que sumarle ahora el bono extraordinario, por lo que los adultos mayores percibirán en su próxima fecha de cobro $439.600,88.

El haber máximo, por otro lado, escaló hasta los $2.487.063,95 desde el 1° de marzo. En el caso de la base imponible mínima para el cálculo de aportes, se fijó en $124.481,49, mientras que la máxima alcanzará los $4.045.590,45. Asimismo, el monto de la PUAM será $295.680,70 y la Prestación Básica Universal (PBU) quedará en $169.075,53.