Un grupo de diputados en la Asamblea Nacional de Panamá intentó sin éxito citar a la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, para que responda sobre un extenso cuestionario relacionado con denuncias de irregularidades, maltrato y presunto abuso en un albergue administrado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF), entidad adscrita al Mides.

La citación, impulsada por legisladores independientes y respaldada inicialmente por 19 votos, fue declarada “inexistente” por falta del quórum necesario después de que diputados de los partidos tradicionales se retiraron antes de la votación.

La iniciativa para llevar a la ministra ante el pleno era promovida principalmente por la diputada Alexandra Brenes, presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, quien presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público por supuestas irregularidades tras una visita de inspección al Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen.

El cuestionario que sustentaba la citación buscaba que la ministra precisara, primero, el tamaño real del sistema de albergues: cuántos centros de niños, niñas y adolescentes existen actualmente en el país y cuántos menores residen en cada uno, con un desglose por nombre del albergue, provincia o comarca y rangos de edad.

También solicitaba información sobre cuántos menores con discapacidad permanecen bajo custodia y en qué albergues se encuentran.

La denuncia señala problemas como deterioro de la infraestructura, falta de personal técnico idóneo, convivencia de adultos con niños, e incluso hallazgos que contravendrían estándares básicos de protección infantil.

Brenes y otros diputados independientes argumentaron que la ministra, como titular del Mides y presidenta de la Junta Directiva del SENNIAF, debe rendir cuentas directamente ante el pleno sobre lo que ocurre en los albergues estatales, especialmente tras las graves acusaciones.

Sin embargo, su propuesta quedó trunca cuando los diputados de partidos tradicionales se retiraron del pleno antes de la votación final, lo que impidió alcanzar el número mínimo de votos necesario para validar la moción.

“El Estado no puede seguir fallándole más a la niñez que hoy está bajo custodia de los albergues”, señaló uno de los legisladores en respaldo a la propuesta, reflejando el malestar entre algunos sectores de la Asamblea ante la percepción de omisión y falta de respuestas claras por parte de las autoridades competentes.

Otra parte del cuestionario se enfocaba en el cumplimiento de estándares mínimos. Los diputados pedían detallar cuáles son las condiciones físicas y técnicas que deben cumplir los albergues según la normativa vigente y cuántos centros presentan incumplimientos, especificando el tipo de falla detectada y las medidas adoptadas para corregirla.

El cuestionario incluía además preguntas sobre casos de convivencia de menores con adultos y sobre la permanencia de grupos etarios en albergues que no corresponderían a su perfil. Finalmente, el cuestionario buscaba datos concretos sobre supervisión, denuncias y sanciones. Se solicitaba precisar con qué frecuencia se realizan inspecciones y monitoreos, cuántas actas se han levantado desde julio de 2024 y qué hallazgos se documentaron.

Tras la visita legislativa al CAI de Tocumen, la diputada Brenes presentó al Ministerio Público correos, informes internos y fotografías que describían situaciones de riesgo para los menores bajo custodia estatal.

La Fiscalía de Panamá respondió abriendo una investigación formal, que incluye diligencias investigativas, inspecciones técnicas y levantamiento de evidencia en el albergue. La pesquisa busca determinar si hubo delitos como maltrato a menores, abuso sexual, negligencia y omisión de funciones por parte de funcionarios públicos encargados de la administración del centro.

En paralelo, la Junta Directiva del SENNIAF, encabezada por Beatriz Carles, adoptó un paquete de medidas urgentes tras la denuncia. Entre las decisiones estuvo la orden de una inspección técnica inmediata al CAI de Tocumen por parte de un equipo técnico interinstitucional, con participación de representantes del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud y otros organismos, con el objetivo de verificar las condiciones reales en el albergue y determinar acciones correctivas.

También se aprobó iniciar procesos de interdicción para la población adulta con discapacidad que estaba residiendo en el albergue, con miras a su traslado a instituciones adecuadas, así como una evaluación administrativa del SENNIAF para fortalecer la supervisión institucional.

Las reacciones políticas no se limitaron a la Asamblea. Organismos internacionales como UNICEF han manifestado su preocupación por las denuncias, recordando que los albergues no siempre constituyen entornos idóneos para el desarrollo infantil, y que modelos alternativos como la atención en familias acogentes suelen ofrecer mejores condiciones para el crecimiento y bienestar de los menores.

El caso también encendió un debate sobre el presupuesto del SENNIAF. Mientras la directora del organismo, Ana Fábrega, afirmó que la falta de recursos limita su capacidad de mejora, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aseguró que los fondos sí existen, aunque problematizó la eficiencia en su uso.

Para 2026, el presupuesto del SENNIAF alcanza los $7.6 millones, de los cuales una parte mínima se destina a inversiones, lo que ha generado cuestionamientos sobre la capacidad de la institución para atender las necesidades de los albergues de manera adecuada.

The Trump White House reiterated that anyone residing in the U.S. illegally is eligible for deportation as its crackdown continues to initially focus on removing «the worst of the worst» violent illegal immigrants. 

«The President’s entire team, including Border Czar Tom Homan and Secretary Noem, are on the same page when it comes to implementing his agenda — which has always focused on prioritizing the worst of the worst criminal illegal aliens — and the successful deportations and historically secure border proves that,» White House spokeswoman Abigail Jackson told Fox News Digital Tuesday. 

«As always, anyone in the country illegally is eligible to be deported,» she added. «President Trump is keeping his promise to carry out the largest mass deportation operation in history.» 

The administration, most notably offices within the Department of Homeland Security, are in the midst of ongoing arrest and deportation efforts as part of President Donald Trump’s crackdown on the immigration crisis that rocked the U.S. under the Biden administration. 

FEDS SHIFT TO TARGETED IMMIGRATION ENFORCEMENT IN MINNEAPOLIS UNDER HOMAN

Officials increasingly have zeroed in on messaging that violent illegal immigrants are the top priority for apprehension, while broader mass-deportation efforts targeting all illegal immigrants have faded from the forefront. 

Border czar Tom Homan, for example, told NBC News in June in an interview only released Monday that failure to prioritize arresting and deporting «criminal illegal aliens» over other illegal immigrants risks losing the «faith of the American people.» 

LEAVITT SAYS TRUMP WILL NOT ‘WAVER’ ON ILLEGAL IMMIGRATION CRACKDOWN DESPITE DEMOCRATIC BACKLASH

White House press secretary Karoline Leavitt reaffirmed Tuesday that deporting all illegal immigrants continues to be the mission of the administration, with violent criminals first up for deportation.  (Anna Moneymaker/Getty Images)

«I think the vast majority of the American people think criminal illegal aliens need to leave,» Homan said in an interview with NBC News in June. «And if we stick to that prioritization, I think we keep the faith of the American people.»

«And I think the more we do that, the more the American people will support what President Trump’s doing. We got to do it and we’ve got to do it in a humane manner.»

Homan has said in other public remarks that the «prioritization of criminal aliens doesn’t mean we forget about everyone else,» and that «If you are in the country illegally, you are not off the table.» 

White House press secretary Karoline Leavitt reaffirmed Tuesday that deporting all illegal immigrants continues to be the mission of the administration, with violent criminals first up for deportation. 

Shackled migrants board a transport van after getting off a plane at the Valley International Airport, Sunday, Aug. 31, 2025, in Harlingen, Texas. (Michael Gonzalez/The Associated Press )

«The Trump administration will continue our focus on deporting all illegal aliens present in our country, with a focus on the worst of the worst criminals,» she said Tuesday. 

The Trump administration and campaign historically focused on deporting violent illegal immigrants as the first order of business, but such comments were often coupled with messaging that all illegal immigrants would face deportation under Trump 

FROM OBAMA AWARD TO MINNESOTA OP: WHY TRUMP TAPPED TOM HOMAN FOR ON-THE-GROUND CRACKDOWN

Trump, for example, said in December 2024 that «we will send the whole family back to the country» if they were illegal in an interview that also included the then president-elect railing against countries who sent «murderers» from and «people from mental institutions» to the U.S.

U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) agents continue to conduct immigration enforcement operations in Minneapolis, Jan. 28, 2026.  (Madison Thorn/Anadolu via Getty Images)

«Number one, we’re doing criminals and we’re going to do them really rapidly,» Trump said in another interview in December 2024, teeing up his administration’s immigration policies. «We’re getting the worst gang probably with MS-13 and the Venezuelan gangs are the worst in the world. They’re vicious, violent people.»

The administration has faced growing scrutiny from Democrats and other critics following the launch of immigration raids and operations in cities from Washington, D.C., to Los Angeles to Minneapolis in 2025. 

The protests hit a fever pitch in Minneapolis earlier in 2026 as agitators took to the streets of the Twin Cities to speak out against and confront federal law enforcement officers, most notably following the fatal shootings of two Americans by immigration officials in January. 

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The administration repeatedly has said it is not backing down in Minneapolis. 

Officials have expanded coordination with local law enforcement — particularly jails — to take custody of illegal immigrants already detained, allowing arrests at facilities rather than in neighborhoods and requiring fewer officers on the ground. 

La prisión domiciliaria de Daniela Cabral, una de las imputadas de la causa de Conexión Ganadera en Uruguay, genera indignación. La mujer, viuda del director de la empresa Gustavo Basso, cumple con la medida cautelar en una apartamento de lujo en Punta del Este, que tiene un valor de USD 915.000. Pero ahora la familia sufrió un revés judicial: la Justicia resolvió la venta inmediata del inmueble.

Conexión Ganadera protagonizó en Uruguay una de las mayores estafas de la historia. Las víctimas son unas 4.000 personas. La causa avanza en los tribunales uruguayos desde hace cerca de un año. Fundada en 1999, la empresa se dedicaba a comprar ganado con el ahorro que obtenía de privados y a cambio pagaba una renta fija (en un negocio expuesto a variaciones) de al menos el 7%. Pero, en realidad, la empresa era un esquema Ponzi: pagaba las ganancias de sus clientes con el dinero que le ingresaba de los nuevos inversores.

Cabral –imputada por estafa– es la viuda de Basso, uno de los dos directores de Conexión Ganadero y hombre reconocido de los negocios rurales. Murió en un accidente de tránsito y, con el paso del tiempo, se sabría que en realidad chocó voluntariamente contra maquinaria vial para suicidarse.

El otro director era Pablo Carrasco, quien también está a la espera del juicio, pero en su caso en la cárcel. A diferencia de Cabral, está imputado también por lavado de activos y no solo por estafa. Lo mismo sucede con su esposa, Ana Iewdiukow, quien está en prisión preventiva en otro centro penitenciario.

Cabral eligió para su prisión un apartamento de lujo en Punta del Este, que se resistía a que fuera rematado.

El juez del concurso de Conexión Ganadera, Leonardo Méndez, rechazó el recurso presentado por la familia de Basso para evitar que el apartamento en el que cumple con la medida cautelar sea rematado, informó este miércoles El Observador. Así, ordenó la venta “inmediata” del inmueble.

“Se resuelve desestimar en todos sus términos el recurso de reposición interpuesto contra la providencia 3404/2025, debiendo procederse por la sindicatura a la venta inmediata del inmueble objeto de esta incidencia”, señala la sentencia de la Justicia uruguaya, recogida por el medio uruguayo.

La familia de la viuda había presentado a finales de diciembre junto a la familia un recurso de reposición y apelación con el objetivo de evitar que el apartamento se rematara.

Pero, ¿cuál era el argumento del juez para impulsar la venta? “Siendo de muy difícil conservación el bien inmueble descrito por sus importantes gastos fijos, autorizase la venta en subasta privada”, escribió en una resolución. Los gastos comunes de este lugar son de unos 80.000 pesos uruguayos mensuales, algo menos de USD 2.000 por mes en temporada baja. Este apartamento está valuado en USD 915.000.

Pero Cabral y sus hijas, Agustina Basso y Candelaria Basso, se resisten a esta posibilidad.

El apartamento está ubicado sobre la Playa Brava de Punta del Este. Está en el piso 13 del complejo de edificios Imperiale, cuya construcción terminó en 2010, de acuerdo a un informe de Canal 12. Tiene tres dormitorios y 214 metros cuadrados. Tiene living-comedor y terraza con vista al mar.

Los apartamentos son de lujo. Los propietarios tienen derecho a utilizar la piscina exterior e interior, el gimnasio, el spa, las salas de juego, la peluquería, un micro cine y la sala de reuniones.

En 2019, un apartamento similar al de Cabral fue rematado en 2019 y perteneció al expresidente de la Conmebol y de la AUF, Eugenio Figueredo. En esa oportunidad, la subasta fue por USD 493.000 dólares. La Junta Nacional de Drogas fue la que llevó a cabo la subasta. Pero los precios en Punta del Este se han disparado.