ECONOMIA
Por qué sea cual sea el resultado, Luis Caputo no se puede dar el lujo de dejar que salte el dólar
Al contrario de la mayoría de los argentinos, que opinan que el punto de inflexión del plan económico será el lunes 27, el ministro Toto Caputo tiene otra fecha marcada en su almanaque: el lunes 1° de noviembre. Recién ahí podrá revisar su plan sin que se le genere una cuantiosa pérdida financiera.
Ocurre que, en la semana posterior a las elecciones, sea cual sea el resultado para el gobierno de Javier Milei, hay incentivos poderosos para que la situación cambiaria se mantenga sin cambios, aun cuando eso implique tener que sacrificar reservas o permitir una suba drástica del dólar paralelo.
El miércoles de la semana próxima hay un nuevo vencimiento de deuda del Tesoro, por unos $12 billones. Pero, además, hay un condimento particular: la mayor parte de lo que vence corresponde a bonos con cláusula de ajuste por tipo de cambio.
De hecho, en la última licitación, el 15 de octubre, ante un vencimiento relativamente pequeño de $3,8 billones, Caputo apenas pudo «rollear» el 47% del monto, y los pesos que le dieron los inversores fueron exclusivamente a cambio de bonos dólar linked.
Esto significa que si, como algunos suponen, la semana post electoral se pasa a un esquema de flotación, el Tesoro tendría que hacer frente a una deuda encarecida por la suba del dólar oficial -que el viernes cerró en $1.491,50, bien pegadito al techo de la banda de flotación.
Y no se trata de una cifra menor, porque hace un mes, en su afán por contener la demanda de dólares por parte del público, Caputo recurrió a una estrategia que sorprendió al mercado: le canjeó al Banco Central estos bonos que ajustan por dólar -conocidos como Lelink- por letras en pesos a renta fija que Santiago Bausili tenía guardadas como parte de los activos del Central.
El monto de esa operación, traducido a dólares, fue de u$s1.700 millones. Y, a continuación, el BCRA salió a venderlos –»reventarlos», dijeron varios analistas del mercado»- a un precio bajo, que de hecho suponía casi un subsidio de la tasa de cobertura.
Pero Caputo y Bausili prefirieron ese costo antes que salir a sacrificar reservas. Y fue por eso que, cuando se terminó la tanda de bonos con vencimiento a corto plazo, el Tesoro y el BCRA repitieron el canje, esta vez por un valor mucho más alto: de unos u$s7.200 millones. Los vencimientos son, respectivamente, en noviembre y diciembre de 2025 y en enero, abril y junio de 2026.
Una apuesta a «rollear» los dólar linked
¿Qué pasará la semana próxima? El Tesoro debe hacer frente al vencimiento de estos bonos «dólar linked» que están ahora en manos de inversores privados, tienen fecha de liquidación el viernes 31 de octubre, pero que se pagan al tipo de cambio del martes 28.
Fue por ese motivo que el pasado jueves se ofreció a los inversores un canje por otros bonos con vencimientos en noviembre, diciembre y principios de enero. Además de «rollear» el pago, la operación lleva un mensaje tácito para los inversores: que se mantendrá el sistema de banda de flotación, en consonancia con lo que viene declarando Caputo.
El argumento es que, si el gobierno creyera que la devaluación es inevitable, entonces preferiría cancelar todo ahora, para no afrontar pagos mayores en los meses siguientes. Todavía no está claro qué porcentaje de este vencimiento será pospuesto en la operación de canje, pero lo que sí está claro es que el ministro tiene motivos como para seguir defendiendo al dólar en su nivel actual.
Un ejecutivo bancario recordó que una situación similar había ocurrido el día previo a la salida del sistema de «crawling peg», cuando el Tesoro ofreció bonos dólar linked -una licitación que luego se declaró desierta-. En aquel momento, Caputo dijo que esa era una señal de confianza por parte del mercado en el sentido de que no había una devaluación, pero finalmente el salto se produjo.
¿Se repetirá la historia? A diferencia de aquella ocasión, el mercado está lleno de bonos ajustables por tipo de cambio, y además Caputo ahora tiene el respaldo del US Treasury, por lo que muchos analistas creen que, al menos en el corto plazo, el pronóstico del ministro sobre una caída en la cotización del dólar podría cumplirse.
¿Caputo aprovechará para comprar?
Parte del mercado que confía en que, pasado el evento electoral, habrá un masivo desarme de las posiciones dolarizadas; y de hecho en los últimosdías hubo posicionamientos en bonos ajustables por CER. Esos inversores se muestran esperanzados ante la posibilidad de que Caputo aproveche esa situación para comprar barato los dólares que vendió caros y acumule reservas.
Sin embargo, tampoco ha demostrado Caputo grandes incentivos en ese sentido. El propio ministro criticó en televisión a quienes «creen que la economía real es como una planilla de Excel», y dijo que, en un mercado cambiario relativamente pequeño, que mueve en promedio u$s500 millones diarios, alcanza con una pequeña presencia compradora por parte del Tesoro para que la cotización suba bruscamente.
Sin embargo, los analistas creen que ese no es el único motivo: Caputo y su equipo siguen defendiendo el «ancla monetaria». Y eso lo lleva a ser cauteloso a la hora de comprar dólares, porque la contrapartida es una inyección de pesos al mercado.
Por otra parte, la jugada del ministro es que haya una fuerte baja del índice de riesgo país cuando se anuncie oficialmente el plan de recompra de deuda soberana con el apoyo de bancos internacionales.
La cuenta del BCRA en el dólar futuro
El calendario post electoral marca, además, otra fecha que funciona como incentivo para evitar una devaluación: el fin de mes el Banco Central debería afrontar graves pérdidas si el dólar se ubicara por encima de los valores de contrato que vendió en el mercado de futuros.
Como parte de la estrategia por sacarle presión al tipo de cambio, la entidad presidida por Bausili aumentó su exposición en futuros, donde puso contratos por el equivalente a unos u$s7.000 millones.
En las últimas jornadas, las posturas vendedoras hicieron caer las cotizaciones más cortas hasta quedar muy cerca de la cotización actual. Esto implica un costo casi cero para quienes vendan dólares y, con los pesos, tomen esa cobertura.
Si, llegado fin de mes, el dólar de octubre está por encima del techo de la banda, el BCRA deberá pagar la diferencia entre la cotización del contrato y la del dólar real. En cambio, si el tipo de cambio bajara, la situación sería al revés y tendría una ganancia.
De hecho, hay un antecedente reciente en ese sentido cuando, tras el «efecto Scott Bessent», embolsó más de $600.000 millones, que retiró de circulación.
Los costos de la estabilidad
Extender la inercia cambiaria en contra de la opinión de la mayoría de los economistas -incluyendo a los del staff del FMI- no resulta barato. Por lo pronto, en un mes -sin contar las intervenciones en futuros ni las ventas de bonos dólar linked- el BCRA vendió reservas por u$s1.156 millones.
Además, en el mercado se estima que el Tesoro vendió otros u$s2.107 millones. Y si a eso se suma los u$s1.800 millones del US Treasury, la cantidad de dólares volcados al mercado suma un total de u$s5.063 en un mes.
Pero los costos de la política cambiaria no sólo se miden en los dólares vendidos. Para los empresarios, acaso más grave haya sido la volatilidad de las tasas de interés, una consecuencia del severo «torniquete monetario» aplicado por el gobierno. Ante la sospecha de que cada peso libre puede ir al dólar y no al crédito, entre el Tesoro y el BCRA mantuvieron la tesitura de «secar» la plaza.
Un indicador elocuente es el desplome en el stock de dinero que mantiene el BCRA para tomar liquidez excedente del sistema: había $5,6 billones a fines de septiembre, que lubricaban el manejo de caja desde que se desarmó el sistema de las Letras Fiscales de Liquidez (LEFI). Pero hoy esa cuenta está en cero, como consecuencia de la necesidad de liquidez por parte de los bancos.
El viernes, la tasa de la caución -la operatoria más común para tomar liquidez a cortísimo plazo- operó en torno de 50%, aunque sobre el final de la rueda se disparó a 150% nominal anual, una muestra de la incertidumbre reinante.
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En pos de ajustar los números y mantener el superávit fiscal, el Gobierno nacional continúa achicando su planta de personal. Desde que Javier Milei asumió como Presidente de la Nación, se produjo una caída del 19% en la cantidad de trabajadores del Estado Nacional. En total, había 343.357 empleados estatales en noviembre de 2023 y hay 276.952 en la actualidad, de donde se desprende que fueron despedidas (o renunciaron) 66.405 personas.
De ese número, 44.856 bajas pertenecen a la Administración pública nacional (APN) y 21.549 a las empresas y sociedades.
Entre los trabajadores afectados de la APN, 16.580 pertenecían a la administración descentralizada (30% de caída), 22.461 a la administración centralizada (-16%), 4.278 a la administración desconcentrada (-17%) y 1.537 a “otros entes” (-10%).
Lo llamativo, es que nunca en la actual gestión se registró un incremento de la planta de personal de un mes a otro. Hasta el momento, el mes más crítico fue abril de 2024, cuando la planta del Estado se achicó un 2,4% y se produjeron 7.911 despidos en sólo 30 días.
Qué pasó en febrero
De acuerdo a los números publicados por el Indec, en febrero otros 1.737 trabajadores del Estado perdieron su empleo. En total, se pasó de 278.689 trabajadores en enero a 276.952 en el segundo mes del año.
¿Dónde estuvo el recorte? Para responder a esa pregunta, es necesario analizar las estadísticas con mayor detalle. Según el organismo de estadísticas, la mayor parte de los despidos se produjeron dentro de la Administración pública nacional, que presentó una reducción de personal de 1.451 personas. Dentro de ese número, 408 despidos se dieron en la administración centralizada, 407 en la administración descentralizada y 664 en la administración desconcentrada. La excepción fue la categoría de “otros entes”, que incrementó su planta de personal en 28 personas.
Los otros 286 empleos que se perdieron se recortaron de las “empresas y sociedades”. En total, todas las compañías que pertenecen al Estado tenían 88.996 empleados en enero y bajaron a 88.710 en febrero.
La administración centralizada
Como se mencionó, fueron 408 los trabajadores que dejaron de trabajar para el Estado en la Administración centralizada, pero no todas las subdivisiones se comportaron de la misma manera. El desagregado estadístico presentado por el Indec permite conocer que el recorte más significativo se produjo en el Ministerio de Salud, que perdió a 149 trabajadores en el último mes.
Fue significativa también la reducción de personal en el Ministerio de Economía (96 trabajadores menos) y en la Jefatura de Gabinete de Ministros (-76).
La única excepción dentro de la administración centralizada fue el Ministerio del Interior, que incorporó a 26 empleados en el segundo mes del año.
La administración descentralizada
Entre las áreas del Estado que pertenecen a la administración descentralizada, se registraron varias bajas considerables. El organismo que más trabajadores perdió en febrero fue la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), que pasó de 1.196 a 1.141 trabajadores (55 menos).
El segundo lugar en el ranking de despidos lo ocupó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). De acuerdo a los números publicados por el Indec, dejaron de trabajar 46 personas en ese organismo.
Otra entidad que sufrió de bajas fue la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), con 37 empleados menos en total.
La administración desconcentrada
En la categoría de “administración desconcentrada” se dio una situación muy particular. Dos entidades achicaron considerablemente sus plantas de personal, mientras que otras dos las agrandaron.
El recorte más importante se dio en el Estado Mayor General del Ejército Argentino, que experimentó una reducción de 645 empleados. Por su parte, el Estado Mayor General de la Armada Argentina sufrió 266 bajas.
En contraparte, sumó 117 trabajadores el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas e incorporó 128 empleados el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea.
Empresas y sociedades
Entre las empresas y sociedades que pertenecen al Estado, sobresalieron los despidos en compañías que están pronto a ser privatizadas. Es el caso de Operadora Ferroviaria S.E., que en sólo un mes sufrió un recorte de su planta de personal de 131 trabajadores. De todas formas, sigue teniendo una planta de personal de tamaño significativo, con 20.066 empleados.
Se suma a la lista el Correo Argentino. De acuerdo a los datos del Indec, entre enero y febrero dejaron de trabajar para ese empresa un total de 43 personas.
En tercer lugar, empataron con 32 bajas el Banco de la Nación Argentina y Aerolíneas Argentinas.
Otros entes
Finalmente, dentro de la categoría de “otros entes”, hubo un solo organismo que experimentó más bajas que altas en el segundo mes del año. Se trata del Instituto Nacional de los Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Inssjp/PAMI), que sufrió de 61 despidos en ese período.
ECONOMIA
Cayeron las transferencias a las provincias: cuánto recibió cada una y cuáles fueron las que menos percibieron
Durante el tercer mes de 2026, las transferencias automáticas de recursos del Estado Nacional hacia las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) experimentaron una nueva retracción en términos reales. De acuerdo con el último informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), los envíos totales alcanzaron los $5.050.838 millones, lo que representa una caída del 4,3% al descontar el efecto de la inflación.
El reporte destaca que esta baja se produce a pesar de un incremento nominal del 26,4% respecto al mismo mes del año anterior, cuando se enviaron $3.995.000 millones. La persistencia del proceso inflacionario —estimado en un 3% para marzo en el análisis— terminó por licuar el poder adquisitivo de los fondos transferidos.
Causas de la caída: el impacto de Ganancias e IVA
La contracción de los recursos distribuidos por coparticipación neta, que excluye leyes especiales y compensaciones, fue aún más profunda que la del consolidado total, alcanzando un descenso real del 7,4 por ciento. El informe atribuye este fenómeno principalmente al desempeño de los dos pilares del sistema tributario argentino: el Impuesto a las Ganancias y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que en conjunto representan aproximadamente el 94% de la masa coparticipable neta.
En el caso del Impuesto a las Ganancias, la recaudación registró una disminución real interanual del 12,7 por ciento. A su vez, el informe explica que en este resultado “influyó el cambio de administración tributaria originado en la modificación del esquema de anticipos de las empresas”.
El nuevo esquema, implementado desde el año pasado, contempla 9 anticipos del 11,11% en lugar de los 10 tradicionales. Esto provocó que en marzo de 2026 no se registraran ingresos por anticipos de aquellas empresas que cerraron su balance en diciembre, a diferencia de lo ocurrido en marzo de 2025.
Por otro lado, el IVA mostró una variación negativa del 4% en términos reales. Aunque se trata de una cifra deficitaria, representa una desaceleración de la caída respecto a los meses previos: “en marzo se redujo la baja interanual real significativa que se dio en los primero dos meses del año, cuando, principalmente por el IVA DGA (Aduanas) la recaudación total de IVA cayó 12% y 13% respectivamente”. En conjunto, la recaudación de ambos tributos encadenó su tercer mes consecutivo de reducción real, con una baja del 7,2% en marzo.
Los ganadores y perdedores
El análisis por provincias revela una marcada disparidad en el impacto de la caída de recursos. Salta, que recibió $195.244 millones, se destacó como la única jurisdicción del país que logró una variación positiva en sus ingresos reales, con un leve incremento del 0,4 por ciento. En el extremo opuesto, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) fue la más perjudicada, con un descenso real de sus recursos del 7,2% (recibió $108.760 millones).
Esta brecha de 7,6 puntos porcentuales entre la jurisdicción que más subió y la que más bajó se explica, según el informe, por la composición de los envíos. Mientras que la coparticipación neta cayó, los fondos destinados a leyes especiales y compensaciones aumentaron un 36% real interanual.
Jurisdicciones como Salta, Buenos Aires y Catamarca tuvieron un mejor desempeño relativo gracias a que poseen una mayor participación en estos componentes que crecieron. En contraste, “en CABA, Tucumán y La Rioja, el mayor descenso relativo se explica por una menor participación en leyes especiales y compensaciones”, explica el informe.
Entre los distritos con mayor peso en el reparto, la provincia de Buenos Aires recibió $1.183.104 millones, lo que representó un descenso del 1,8%, mientras que Santa Fe y Córdoba registraron caídas más pronunciadas del 6,0% y 6,1% respectivamente.
Otros casos relevantes por la magnitud de su retroceso fueron Tucumán, con una baja del 6,3%, y Entre Ríos, que percibió $228.369 millones con una variación negativa del 5,7% real. Por su parte, Catamarca logró amortiguar la caída con una baja del 2,7%, ubicándose entre las menos afectadas de marzo junto a provincias como Neuquén y Chubut, ambas con un descenso del 3,9%.
Balance del primer trimestre y perspectiva histórica
Al analizar el acumulado de los primeros tres meses del año, las transferencias automáticas totales sumaron $16.342.000 millones, frente a los $13.169.000 millones del primer trimestre de 2025. En términos reales, esto representa una contracción del 6,4% para el consolidado de todas las jurisdicciones.
En este periodo, todas las provincias sin excepción muestran números negativos. Salta, que en marzo tuvo una leve mejora, acumula una caída real del 2,8% en el trimestre. CABA lidera las pérdidas acumuladas con una baja del 8,1%, seguida de Córdoba (-7,5%) y Santa Fe (-7,4%).
Desde una perspectiva histórica de 17 años, los montos transferidos en el primer trimestre de 2026 reflejan la complejidad del escenario actual. Si se toma el monto por coparticipación neta, el periodo enero-marzo de este año se ubicaría en el undécimo puesto entre los últimos 17 años. Al considerar las transferencias totales (incluyendo leyes especiales y compensaciones), el trimestre se posiciona en el octavo lugar del ranking histórico desde 2010.
Finalmente, el informe señala que al analizar el promedio de los últimos doce meses para suavizar la volatilidad mensual, la tendencia sigue siendo descendente. En marzo de 2026, la variación real del acumulado móvil de un año arrojaría una caída del 3,2%, confirmando un retroceso que se inició tras el pico de recuperación registrado en agosto de 2025.
ECONOMIA
Matías Carnero (UGT) optará en 2027 a su último mandato al frente del comité de Seat Por EFE
Barcelona, 5 abr (.).- El presidente del comité de empresa de Seat, Matías Carnero, liderará de nuevo la candidatura de UGT en las próximas elecciones sindicales en Seat, previstas para 2027, pero avanza que serán «las últimas» a las que se presentará.
En declaraciones a EFE, Carnero (Barcelona, 1968), que también es presidente de la UGT catalana, ha explicado que ya trabaja «en la renovación de los órganos de dirección de la UGT» en Seat, aunque no avanza nombres sobre las personas que pueden comandar esta sección sindical en un futuro.
Carnero, que entró en la compañía en 1987, es presidente del comité de empresa de Seat desde el año 2001, por lo que a partir de 2027, si revalida de nuevo la mayoría absoluta que tiene la UGT en Seat, afrontará su «séptimo mandato» al frente del comité.
«Serán mis últimas elecciones», comenta Carnero, que añade que «por edad» ya aspira luego a jubilarse.
Carnero asegura que se propone blindar tanto ahora como de cara al futuro el sistema de «cogestión» que existe en Seat, en el cual los sindicatos «son parte» de la toma de «decisiones importantes» en la empresa.
La importancia del nuevo convenio
Más allá de las elecciones, Carnero subraya que lo más importante ahora es la negociación del próximo convenio colectivo, ya que el actual vence a finales de este año.
Seat está pendiente de que le asigne una segunda plataforma eléctrica para la planta de Martorell (Barcelona).
El calendario previsto en un principio para esta decisión se ha retrasado, y Carnero estima que puede demorarse hasta finales de 2027 o 2028.
En esta línea, subraya que el nuevo convenio debería «amarrar» de alguna forma esa segunda plataforma eléctrica -la llamada SSP- para la planta de Martorell, pero que la demora en la toma de decisiones sobre esa plataforma supone «un hándicap».
«Si no sabes si vas a tener una mesa industrial, un convenio largo, a cinco años, a lo mejor no tiene mucho sentido, sino uno corto, a uno o dos años, hasta saber a qué nos estamos enfrentando», añade.
«Pido al resto de organizaciones (sindicales) que de cara al próximo convenio seamos sensatos, que no vayamos con falsas esperanzas pero tampoco con miedos y temores», asegura Carnero.
Y es que Seat afronta actualmente un contexto de clara contención de costes, aunque la compañía ha garantizado que no habrá despidos en los próximos años en España a pesar de que Volkswagen recortará unos 50.000 empleos hasta 2030 en Alemania.
Asimismo, otro reto del próximo convenio es mantener el plan de salidas voluntarias que se pactó en el actual convenio, el que está en vigor hasta finales de 2026, que beneficia a trabajadores que tengan a partir de 61 años, una medida que ha permitido reducir la plantilla en los últimos años.
Reclama que entren en plantilla unas 650 personas de ETT
Con todo, Carnero explica que desde hace tiempo el comité de empresa denuncia una falta de personal estructural de unas 650 personas en tareas de producción que se están cubriendo gracias a personal de Empresas de Trabajo Temporal (ETT).
Por ello, los sindicatos reclaman que estos trabajadores entren en plantilla.
Carnero asegura que la empresa también asume que existe falta de personal estructural, pero rebaja esa cifra de puestos.
«Tenemos que aumentar plantilla este año sí o sí», asegura Carnero, que urge a regularizar la situación de personas que trabajan para Seat desde hace años pero que no están aún en plantilla.
Primer español en el consejo de supervisión de VW
Carnero se convirtió en abril de 2021 en el primer español en formar parte del consejo de supervisión del Grupo Volkswagen, el órgano encargado de supervisar la orientación estratégica y las inversiones de la compañía.
El sindicalista, propuesto para este cargo por el sindicato alemán IG Metall, tiene mandato hasta el año 2027, y hace un balance satisfactorio de estos años en ese organismo.
«Estar en el consejo de supervisión te da una visión global a nivel mundial del resto de marcas. Tienes una visión estratégica desde el punto de vista de producto, de finanzas, de desarrollo técnico o de compras», entre otros aspectos, resalta Carnero.
También subraya que este organismo vela tanto por los intereses de los accionistas de Volkswagen como de los trabajadores.
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