POLITICA
Escándalo por el aval a Kicillof: cuáles son las provincias que tienen menos margen para endeudarse

CÓRDOBA.- Después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, pusiera en duda que vaya a autorizar el endeudamiento que pretende el gobernador bonaerense Axel Kicillof para cubrir el déficit de la provincia de Buenos Aires se abrió una nueva polémica con la Casa Rosada.
Ante el recorte de fondos por parte de Nación, los mandatarios provinciales están buscando financiamiento. Si se evalúa la capacidad de endeudamiento en función de sus ingresos corrientes, recaudación tributaria y ahorros operativos, Buenos Aires está en una situación complicada, dos informes a los que accedió . No es la única.
Las que están en mejores condiciones para recurrir a los mercados internacionales son San Luis; La Pampa; Santiago del Estero; Formosa; Catamarca y San Juan. En cambio, las más complicadas son Chaco, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
La provincia gobernada por Kicillof, junto a Chubut y Entre Ríos, integra el grupo de “margen restringido y riesgo amplio”, según un trabajo realizado por la economista Laura García, del Ieral de la Fundación Mediterránea. Con “margen limitado y riesgo creciente” figuran Corrientes, Santa Fe, Tucumán y Misiones, mientras que con “margen moderado y riesgo acotado” aparecen Neuquén, Mendoza, la ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Jujuy.
Por su lado, un reporte de Alejandro Pegoraro, director de la consultora Politikon Chaco, mide el stock de deuda provincial en función de la recaudación de sus ingresos tributarios (provinciales, coparticipación y leyes especiales) y su evolución entre 2010 y el segundo trimestre de este año.
Chubut con un stock de deuda en pesos equivalentes a 6,7 meses de recaudación promedio lidera la última tabla, seguida por Buenos Aires, con 6,6 meses, y Neuquén, con 5,7 meses. La contracara son San Luis y Santa Cruz, cuyo stock de deuda es de cero mes de recaudación promedio; Santiago del Estero, con 0,1; Catamarca y Formosa, con 0,2 meses.
En 2015, Neuquén era la primera. Su deuda equivalía a 9,9 meses de recaudación promedio (en 2024 ya había caído a 6,6). Santa Cruz y Chubut le seguían con 7,7 meses (el año pasado los valores eran 0,1 y 8,5, respectivamente). Y después aparecía Buenos Aires, con 7,4 (en 2024, 7,5 meses).
La película muestra que en los últimos diez años todos los distritos -excepto Santa Fe y La Rioja- bajaron su stock de deuda en relación a sus ingresos tributarios promedio.
Después de que Kicillof consiguiera el permiso de la Legislatura bonaerense para tomar deuda por US$3.685 millones, el ministro de Economía, Luis Caputo, puso en duda la autorización para que la provincia recurra a los mercados internacionales. “La ley de responsabilidad fiscal, que viene desde 2004, dice que las provincias deben comprometerse a no tomar deuda siempre y cuando los gastos corrientes superen la inflación. Buenos Aires no está cumpliendo con esa regla”, advirtió el funcionario.
El trabajo elaborado por el Ieral concluye que, al segundo trimestre de este año, la capacidad de endeudamiento de las provincias en la Argentina es “limitada y desigual”.
El análisis confirma la heterogeneidad estructural de las finanzas provinciales y la divergencia creciente en la capacidad de endeudamiento entre jurisdicciones, un aspecto que toma relevancia en la actual coyuntura cuando, con la caída del riesgo país, hay varios gobernadores interesados en salir a colocar deuda al mercado de capitales.
“Las diferencias en ahorro operativo, sostenibilidad y apalancamiento evidencian distintos grados de autonomía financiera y exposición al riesgo de iliquidez -plantea García-. A nivel agregado, el promedio subnacional muestra un apalancamiento del 22%, una sostenibilidad de 0,6 y un ahorro operativo cercano al 9%, valores que, si bien se mantienen dentro de parámetros razonables, ocultan realidades fiscales muy disímiles”.
En función de esos datos, un tercio de jurisdicciones exhibe márgenes amplios y un perfil de bajo riesgo mientras que otro tercio se encuentra en zonas de vulnerabilidad o estrés financiero.
“Solo un grupo reducido mantiene condiciones compatibles con un endeudamiento prudente, mientras que la mayoría requiere políticas de fortalecimiento del ahorro corriente y reducción del gasto estructural para recuperar sostenibilidad”, describe el texto.
El trabajo plantea que el desafío hacia adelante pasa por reorientar el financiamiento hacia proyectos con impacto económico y fiscal positivo, “fortalecer la transparencia presupuestaria y establecer reglas fiscales que incentiven la prudencia en el uso del crédito público”.
La lupa de Pegoraro sobre la evolución del stock de deuda en función de la recaudación anual promedio revela que entre 2015 y el segundo trimestre de este año fue Neuquén el distrito que más meses comprometidos recortó: 4,2. En cambio, incrementaron ese valor Santa Fe (pasó de 0,4 a 1,1) y La Rioja (de 1,9 meses a 5,3). La jurisdicción gobernada por Ricardo Quintela es la única que está en default.
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POLITICA
Hugo Moyano reclamó reabrir las paritarias de Camioneros y sumó una exigencia que jaqueará a las pymes del sector

El Sindicato de Camioneros volvió a la carga con su reclamo de reanudar las negociaciones salariales: en una nota enviada a las cámaras empresariales, el gremio que lidera Hugo Moyano exigió el pago de una suma no remunerativa en diciembre ante “una inflación muy superior a la prevista que ha vuelto a impactar fuertemente en el poder adquisitivo de los trabajadores durante el trimestre septiembre-noviembre”.
Además, pidió un piso mínimo del 20% de aumento en los adicionales de especialidad de las ramas Logística, Expreso y Mudanzas y Correo Privado, algo que pondría en jaque a las pymes del sector que, según advirtieron a Infobae, no podrían afrontar ese incremento.
Si bien la revisión del último acuerdo salarial que rige desde septiembre y hasta febrero de 2026 estaba prevista para este mes, los empresarios están afectados por la crisis de la actividad y todavía tienen por delante, además de los aumentos pactados, el pago del bono de fin de año de 840 mil pesos en cuatro cuotas de 210 mil pesos entre enero y abril de 2026 y la contribución empresarial para la obra social, fijada en 20 mil pesos mensuales por trabajador entre septiembre a noviembre y de 22 mil pesos mensuales por trabajador de diciembre a febrero de 2026.

Esos pagos coincidirán con los meses de verano, que es cuando baja drásticamente la actividad del sector, aunque, de todas formas, el bono de fin de año y la contribución para la obra social figuran en un acta distinta a la del aumento salarial para septiembre 2025-febrero de 2026, que no fue homologada por la Secretaría de Trabajo y, por lo tanto, las empresas con problemas económicos no están obligadas a pagarlo.
También es cierto que el Sindicato de Camioneros presiona a todas las empresas para que abonen los ítems acordados, aunque no estén homologados.
La última paritaria firmada por Moyano hace tres meses estuvo nuevamente en sintonía con la pauta del Gobierno: consistió en un aumento del 3,3% en tres tramos, que rige durante seis meses, desde septiembre y hasta febrero de 2026.

En concreto, contempló un incremento de 1,2% para septiembre, 1,1% para octubre y 1% para noviembre, diciembre, enero y febrero, aunque con el compromiso de revisar las cifras pactadas en diciembre.
Fue tanta la importancia que le dio la administración de Javier Milei a este aumento salarial que fue anunciado a través de un comunicado de prensa del Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello.
Los aumentos del convenio de Camioneros “reflejan el compromiso y el acompañamiento de los actores involucrados con la estabilidad económica”, se afirmó en la declaración de la cartera de Capital Humano.

Ahora, en la nota enviada a las cámaras del sector, Moyano reclamó “reiniciar las negociaciones paritarias dado que conforme está contemplado en la cláusula tercera del Acuerdo Paritario celebrado el 11 de septiembre de 2025 que establece que: ‘Las partes se comprometen a realizar una revisión del presente acuerdo durante la primera quincena de diciembre de 2025 ( …)’ y toda vez que los porcentuales del lNDEC indican una inflación muy superior a la prevista que, ha vuelto a impactar fuertemente en el poder adquisitivo de los trabajadores durante el trimestre septiembre/noviembre de 2025, se deberá acordar el pago de una suma no remunerativa en el mes de diciembre de 2025 que compense el referido deterioro que posteriormente deberá incorporarse en la escala salarial correspondiente al mes de enero de 2026″.
“Asimismo -añade la nota-, a la grave situación referida se suma el desequilibrio que se mantiene en el tiempo a pesar de los numerosos reclamos que hemos realizado entre los salarios de las diversas ramas de la actividades encuadradas en el CCT 40/89 ante la disparidad de adicionales convencionales. Si bien en los últimos años se ha registrado avances mediante el incremento de dichos adicionales en algunas ramas, todavía persiste una diferencia sustancial en los ingresos de los trabajadores de las Ramas Logística, Expreso y Mudanzas y Correo Privado”. “Por ello, solicitamos que se establezca un piso mínimo del 20% en los adicionales de especialidad de dichas ramas”, señala.
POLITICA
Reforma laboral: la CGT aplaza las definiciones y apuesta a su plan para promover el empleo joven

A horas de que el Gobierno presente su proyecto de reforma laboral, la Confederación General del Trabajo (CGT) se prepara para convocar a su Consejo Directivo cuando tenga en sus manos la propuesta oficial. En paralelo, trabaja sobre un texto propio enfocado en el trabajo sub 30 y refuerza la idea de que no habrá posicionamientos cerrados hasta conocer la letra chica de la iniciativa que promueve Javier Milei.
El clima, sin embargo, no es neutro. La expectativa se mezcla con el malestar que creció en las últimas semanas por la falta de información concreta y los canales de diálogo informales con la Casa Rosada.
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En ese contexto, la mesa chica resolvió mantener la cautela y activar una pausa deliberada para ordenar la estrategia y activar el Consejo Directivo recién cuando haya texto para analizar.
A la espera del texto final
En la sede de Azopardo, aseguran que los últimos movimientos apuntaron a tantear el clima legislativo. La central obrera buscó reconstruir canales políticos, calibrar apoyos potenciales y abrir una negociación que todavía no existe en los términos formales. La apuesta es doble: contener la presión interna por una respuesta más dura y, a la vez, evitar quedar descolocada cuando el Ejecutivo active el tratamiento parlamentario.
El foco inmediato está puesto en el martes. Ese día, según anunció la Casa Rosada, ingresará al Congreso el paquete de reformas que incluye la modernización laboral. En la CGT transmitieron a TN que esperan esa instancia para tomar definiciones.
“Estamos esperando que el martes, como anunció el Gobierno, haga la presentación de todas las reformas. Pero nosotros estamos trabajando en un proyecto propio para una mesa de negociación. Una vez que esté la presentación, tenemos pendiente un Consejo Directivo, que si no es esta semana será la próxima, para cuando tengamos estudiado lo que presenta el Gobierno en la reforma y terminada la propuesta nuestra. Así que a partir de ahí habrá reunión del Consejo y se analizarán las políticas a seguir”, explicaron desde la CGT.
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Mientras tanto, avanza en paralelo con su propia iniciativa: un proyecto alternativo enfocado en nuevas reglas de empleo para menores de 30 años. La propuesta, que ya fue compartida informalmente con sectores del Gobierno, apunta a un régimen específico para los nuevos ingresantes, con un nivel de flexibilidad mayor que el de la Ley de Contrato de Trabajo.
Las discusiones políticas que prepararon el terreno
En la CGT admiten que el oficialismo retiene la iniciativa, pero también que necesita acuerdos para sostener cambios de fondo. Por eso, fortaleció las conversaciones políticas y reconstruyó canales con actores que serán determinantes cuando comience el debate formal. El objetivo es llegar al Congreso con un panorama claro de apoyos, resistencias y margen de negociación.
En los últimos días, organizó una cena con Sergio Massa y parte de su equipo, en la que el exministro pidió habilitar el debate de “una reforma laboral moderna”, alertó sobre el nivel de informalidad y advirtió sobre los cambios acelerados que traerán la inteligencia artificial y la automatización. También remarcó que una parte de los trabajadores “no se siente representada” por la política ni por el sindicalismo, un diagnóstico que la conducción cegetista compartió.
En paralelo, la central obrera abrió una ronda con los gobernadores de Provincias Unidas. El encuentro reunió a Ignacio Torres, Carlos Sadir, Maximiliano Pullaro y a varios referentes gremiales. No hubo definiciones públicas, pero sí un intercambio sobre el escenario económico y sobre cómo podría impactar cualquier reforma estructural. Para la CGT, ese mapa es clave ante un Congreso fragmentado, donde los espacios federales pueden inclinar la balanza hacia uno u otro lado.
En la CGT reconocen que la presión creció en las últimas semanas, alimentada por áreas técnicas que analizaron borradores informales y los consideraron regresivos. Por eso, intenta equilibrar posiciones entre el ala dura que quiere rechazar abrir el debate y el sector dialoguista que está dispuesto a sentarse a negociar, mientras refuerza la musculatura política.
En los últimos días, hubo reuniones también con diputados sindicales, gobernadores peronistas y sectores empresarios pymes. El objetivo es llegar al Congreso con una estrategia definida.
La propuesta para menores de 30 y la reacción del Gobierno
La iniciativa cegetista para un régimen laboral especial de primer empleo se convirtió en uno de los ejes más sensibles del intercambio con el Ejecutivo. El esquema permitiría mayor flexibilidad en salario, vacaciones, jornada laboral e indemnizaciones para jóvenes de hasta 30 años, que, según la visión sindical, permitirían promover la contratación sin afectar las protecciones de quienes ya están registrados. Los nuevos trabajadores accederían al paquete completo de protecciones recién al cumplir esa edad.
Se trata de un modelo que preserva los derechos de los trabajadores con antigüedad y crea un escalón intermedio para los nuevos ingresos. Ese tramo, todavía en una versión preliminar, será el núcleo de la oferta que la CGT buscará introducir en una eventual mesa de negociación.
En despachos oficiales la idea no cayó mal. Sectores del Gobierno que mantienen diálogo con dirigentes sindicales interpretaron que la propuesta podría facilitar la promoción del empleo joven sin alterar de manera inmediata el núcleo del régimen vigente.
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Mientras tanto, la Casa Rosada insiste en que la reforma está cerrada y lista para su presentación. La expectativa es que el Senado abra el debate la semana próxima y mantenga un calendario acelerado durante el verano. Ese escenario vuelve más urgente para la CGT llegar con una estrategia unificada y con el análisis completo de su contrapropuesta. El margen entre acuerdo y conflicto sigue abierto.
Mantendrá la prudencia pública hasta conocer el proyecto oficial, pero el endurecimiento interno avanza más rápido que las señales de negociación que emite el Gobierno. El martes será el punto de partida para definir cómo y con qué volumen se librará la próxima batalla legislativa.
reforma laboral, CGT, Congreso de la Nación
POLITICA
Milei modera las formas para acelerar a fondo

Es otro tiempo. Lo que hasta hace nada era motivo de reconocimiento y parte esencial del protocolo de acción de los dirigentes, funcionarios y legisladores libertarios ahora es objeto de revisión y hasta de reproche.
El fondo es el mismo, pero las formas no. Al menos, por ahora, en esta etapa en la que el Gobierno quiere y está obligado a lograr objetivos fundamentales. En la Casa Rosada saben que tienen para eso un ventanal de oportunidad de no más de cuatro meses y que no pueden desaprovecharla con daños autoinfligidos, como los que se propinó en el primer semestre del año pasado y lo llevaron al borde del colapso hasta poco antes de las elecciones. El susto enseña.
La administración de los hermanos Milei está advertida de que no puede dilapidar chances ni esperar a cada rato un salvataje de Donald Trump y Scott Bessent, como el que lo salvó de una catástrofe cambiaria y financiera, primero, y de un serio tropiezo electoral, luego. Mucho menos cuando empieza el crucial año de elecciones de medio término en los Estados Unidos, y el apoyo al “amigo americano” está cayendo entre sus propios electores, cuya mayor demanda es por el funcionamiento de la economía. Y la intervención en la Argentina tiene en ese universo muchos detractores.
Por eso, el show pendenciero de la histriónica amiga presidencial y diputada Lilia Lemoine, el miércoles pasado, durante la jura de los nuevos diputados fue considerado un exceso extemporáneo e innecesario. También entraron en esa categoría algunos gestos y entreveros protagonizados por el saliente ministro de Defensa y flamante diputado, Luis Petri. Lo mismo ocurrió con las provocaciones que sumó la siempre voluptuosa Juliana Santillán, a la par de Petri. Ni hablar de las apariciones y de “la renuncia a la renuncia” a su banca de diputada de la senadora electa y objetada Lorena Villaverde. No ha lugar.
Martín Menem, el brazo de Karina Milei en la Cámara baja (y algo más) desde la presidencia de la Cámara baja amagó con sacar algunas tarjetas amarillas y terminó enviando advertencias a esos legisladores, aunque durante la sesión los provocadores hayan visto los eufóricos pulgares para arriba del propio Javier Milei, dirigidos hacia ellos. No todo lo que en el fragor de la batalla se festeja es considerado un éxito cuando llega la hora del balance.
“Fue una sesión menos escandalosa que muchas otras y el Presidente adoptó una postura muy contenida ante el clima de euforia que había, pero es cierto que lo de Lilia, Petri y Santillán no ayudó en nada y por eso se les hizo saber que no cayó bien y que no se debe repetir. Fue innecesario”, dijeron al día siguiente cerca de Menem. La vara con la que se mide el umbral del escándalo y el grotesco está baja en el mundo libertario, pero dicen que ha empezado a elevarse.
Eso es parte relevante del cambio que trae el comienzo de la segunda y última etapa del mandato de Milei, cuyos principales articuladores políticos, que hoy son su hermana y los primos Menem, ya han anunciado que empezaron a trabajar por su reelección en 2027.
Es ese un objetivo, pero también una herramienta. El propósito no es solo una construcción de sentido para ser instalada en la opinión pública, como estrategia de marketing electoral, y evitar que empiece a vislumbrarse la foto del pato rengo a merced de los predadores, con la que se identifica a los presidentes que entran en la etapa final de su mandato.
Lo que se busca, principalmente, con esos anuncios es crear una imagen de solidez y continuidad en el futuro, más allá del 10 de diciembre de 2027, como le exigen los inversores a los que el Gobierno todavía debe terminar de convencer de la sustentabilidad de su proyecto para que concreten sus demoradas promesas.
Eso importa más en el mileísmo que la sensación de hartazgo que provoca en la ciudadanía volver a tiempos proselitistas, generados por el propio Gobierno, cuando todavía los ecos y el desgaste de un extenuante año electoral siguen sintiéndose en el cuerpo social.
El oficialismo también busca aprovechar la ventana de oportunidad que le otorga el desconcierto y el caos reinantes entre los opositores, incapacitados para capitalizar que los beneficios prometidos del triunfo oficialista están lejos de percibirse masivamente. Por el contrario, lo que padecen vastos sectores sociales son varios efectos nocivos de la política económica del Gobierno. A excepción de la baja de la inflación (aunque estancada por encima del dos por ciento), la caída de la pobreza, con todos sus bemoles, el superávit fiscal y la calma cambiaria. Todo lo cual es mucho, pero ya no suficiente.
Esta es la razón, también, por la cual Milei y su equipo económico quieren avanzar a fondo en este cuatrimestre con la menor cantidad de concesiones posibles. Primero, con la sanción de presupuesto, sobre el que ya se adelantó que hay disposición a negociar, pero poco y siempre que no altere los equilibrios establecidos, un corsé con el cual se pretende, además de que no se toque casi nada de la iniciativa oficial, dividir a los delegados parlamentarios de los gobernadores. Lo que uno quiera ganar se lo tendrá que rebanar a otro, sin afectar los ingresos de la Nación. Eso es lo que se propone el Gobierno.
También en la primera etapa se procura que se apruebe la demorada “ley de inocencia fiscal” para que los argentinos saquen sus dólares del colchón. El objetivo primordial y urgente es que vuelquen los billetes verdes guardados al mercado, lo que ayudaría para mantener contenido el tipo de cambio, y, especialmente, empezaría a calentar un consumo que está congelado. Por ahora solo hay algunas recuperaciones tan heterogéneas como concentradas en los sectores de mayor poder adquisitivo, lo que empieza a darle más firmeza a los rasgos de una sociedad más desigual. Motivo, como se sabe, de malestares complejos de controlar cuando se cristalizan aún en países donde la macroeconomía da signos de robustez.
Al mismo tiempo, se aceleró la discusión del proyecto de reforma laboral, que también el Gobierno considera crucial y, contra la opinión de interesados y expertos, utiliza como argumento en su favor la destrucción de puestos de trabajo formal del sector, que se ha sumado a las suspensiones, registrada durante la primera mitad de su administración y con una leve aceleración en el último mes.
“El 98% del proyecto está y lo tiene Patricia [Bullrich], que ya empezó a moverlo en el Senado”, dice uno de los altos funcionarios que participó de su elaboración desde el origen y que tiene un estrecho vínculo con el Presidente.
En ese terreno, desde las oficinas del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, uno de los principales impulsores y gestores de la reforma, dan casi por hecho que pasará los filtros, aunque admiten que habrá algunos cosas que se negociarán. ¿Lo que está abierto a discusión será solo ese 2 por ciento que falta para llegar a tener el total de la iniciativa que se terminará tratando en el Congreso?
Probablemente pueda ser algo más, ya que quienes conocen a Sturzenegger dice que su máxima es: “Yo les corro el arco lo más lejos posible para que al final sientan que estoy dispuesto a acercárselos un poco y cerrar la negociación lo más cerca posible del punto deseado”. Tácticas trumpistas, que en medio de la crisis de representatividad del sindicalismo y las escenas de canibalismo dentro del perokirchnerismo en declive parecen destinadas a tener éxito.
En defensa del maximalismo de Sturzenegger, sobre el que algunos de colegas del Gabinete y allegados al Presidente esgrimen dudas o cuestionamientos, sus colaboradores elaboraron una lista de 14 de desregulaciones de muy diversa índole e impacto llevadas a cabo, con los respectivos efectos positivos que tuvieron. Obviamente, algunos sectores afectados tienen otra mirada y el resultado en ciertos casos es más matizado o muy incipiente.
De cualquier manera, le sirven para empujar la nueva etapa de reformas y desregulaciones, para la cual se resolvió no ir con una nueva “Ley Bases II”, sino con proyectos desagregados. Entre ellos se vienen reformas educativas y digestos ultrasimplificadores de regulaciones en diversas materias, como salud, medicamentos, cuestiones comerciales e industriales, que acelerarán el desmantelamiento de áreas del Estado. La gran incógnita es si lo lograrán como hasta ahora, sin mayores conflictos. Pero no es una pregunta que se hagan en la cima del Gobierno
Esa decisión de fragmentar las nuevas medidas de transformación de roles y atributos estatales, en lugar de presentarlas en un solo megapaquete, es otra demostración del cambio en la correlación de fuerzas en el Congreso en favor de La Libertad Avanza (LLA).
El hecho de haber logrado hacerse de la primera minoría en Diputados, así como la sensible pérdida de bancas y las diferencias internas del bloque kirchnerista del Senado, llevaron a iniciar un proceso más incremental que disruptivo.
Ese escenario es el que valida y explica el cambio de modos con el que desde la Casa Rosada se encara esta etapa, aunque todos saben que el león puede volver en rugir en cualquier momento y que la contención aplicada después de la derrota bonaerense no significa que se haya vuelto herbívoro. Todo lo contrario. Dicen que “está más carnívoro que nunca”, solo que mientras las presas están aturdidas y sin capacidad para desafiarlo, procuran no despertarlas para llevarse todo.
Milei reboza de confianza. El triunfo electoral lo tonificó no solo por efecto del resultado y el impacto que tuvo en todo el universo opositor y hasta en sus aliados críticos, como los macristas.
Ademas, se atribuye haber sido él esta vez el estratego de la campaña oficialista. “A mi me trajeron dos opciones. Ir por todo o hacer arreglos en varios distritos. Yo opté por la primera, porque si no iba a quedar preso de esos acuerdos como le pasó a Mauricio [Macri] después de ganar en 2017. Eso empezó con el triunfo en la ciudad [de Buenos Aires] y ahí pasamos de La Libertad Avanza a la libertad arrasa”, cuenta uno de sus colaboradores.
Ya se sabe que su hermana, con los Menem y su armador bonaerense, Sebastián Pareja, eran los impulsores del “vamos por todo” y que Santiago Caputo gestionaba algunos arreglos.
El resultado y las secuelas de la opción triunfante se verifican en estos días. Que después del escandaloso final de su exprotegido Sergio Neiffert el asesor haya mantenido al frente de la Secretaría de Inteligencia (SIDE) a alguien de su absoluta confianza, como Cristian Auguadra, quien llevaba las cuentas de la familia, no implica que haya vuelto a regir “el triángulo de hierro”.
Hoy, la geometría del poder se resuelve más que nunca en una línea de solo dos puntos: Javier y Karina Milei. El resto son figuras con mayor o menor relevancia e incidencia que orbitan e interactúan con ese eje lineal. Los resultados determinarán quiénes adquieren más o menos volumen de acá en más. O dejan de pertenecer el universo gubernamental.
En ese escenario está puesto a prueba el flamante ministro del interior, Diego Santilli, sobre quien ejerce una celosa supervisión el jefe de gabinete, Manuel Adorni, destacado integrante de la escudería karinista. Para él, el plazo para mostrar resultados es más perentorio, ya que la forma en que se dirima la discusión del presupuesto 2026 será la base sobre la que discutirán los demás proyectos.
Hasta la más leve recuperación de la capacidad de veto de los gobernadores y sus legisladores puede alterar planes del oficialismo triunfante. Y, sobre todo, cambiar el tono moderado por el regreso de los rugidos leoninos.
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