Después de casi un año sin funcionar con la totalidad de sus integrantes, la Auditoría General de la Nación (AGN), el principal órgano de control del Estado, recobró la normalidad. Su presidente, Juan Manuel Olmos, puso en funciones esta tarde a los tres auditores que, más temprano, designó el Senado y que restaban integrarse al organismo.

Con el ingreso de Javier Fernández, por el peronismo; de Luis Naidenoff, por la UCR, y de Mariano Piazza, por La Libertad Avanza, se completó la integración del colegio de auditores, presidido por Olmos. En diciembre pasado, la Cámara de Diputados había designado, en una convulsionada sesión, a la libertaria Mónica Almada; a Pamela Calletti, quien responde al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz; y al kirchnerista Juan Ignacio Forlón.

Si bien el oficialismo cuenta con solo dos auditores propios del total de siete integrantes del colegio, confía en sumar dos eventuales aliados para formar mayoría: Naidenoff y Caletti. En el Congreso la UCR oficia, junto con Pro, de bloque aliado de los libertarios, mientras que el gobernador Sáenz, férreo detractor del kirchnerismo, también suele acompañar al oficialismo en el Congreso; por caso, fue uno de los artífices de la ruptura del bloque peronista en el Senado.

Así las cosas, el principal espacio opositor –el PJ kirchnerista- quedó reducido a tres representantes en la AGN: su presidente, Olmos, designado en diciembre de 2023; Forlón y Fernández.

Estos dos últimos, que lograron ser reelectos en sus cargos, tienen amplia experiencia en el organismo y apuntarán a poner la lupa del control sobre la gestión libertaria.

A sabiendas de ello, el oficialismo esperó al recambio parlamentario de octubre pasado para robustecer los bloques libertarios en ambas cámaras y asegurarse su representación en el principal organismo de control. En el ínterin, la AGN quedó virtualmente acéfala: en 2024 vencieron los mandatos de los tres auditores correspondientes a la Cámara de Diputados y en marzo del año pasado sucedió lo propio con los tres auditores del Senado.

Ergo, durante casi un año el organismo funcionó con solo un integrante –su presidente Olmos- y las auditorías en trámite, si bien continuaron en el nivel técnico, quedaron pendientes de aprobación a la espera de la llegada de los nuevos auditores.

“Terminar de integrar el Colegio de Auditores Generales con sus siete miembros es muy importante a nivel institucional –celebró Olmos-. De esta manera se da pleno cumplimiento a lo establecido por la Constitución Nacional y la ley de administración financiera. El control de las cuentas públicas representa uno de los pilares fundamentales de la república”.

Intrigas y revanchas

La designación de los tres auditores por el Senado, este mediodía, puso fin a meses de intrigas y desacuerdos entre los bloques. El año pasado el kirchnerismo, que buscaba asegurarse dos de las tres sillas en el colegio de auditores, intentó -sin éxito- un acuerdo con la UCR para dejar afuera a los libertarios. El oficialismo, en una suerte de revancha, solo le dejó un lugar al peronismo y le birló la vicepresidencia primera del Senado.

Fue así que Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores libertarios, aseguró la designación de Piazza en la AGN, un abogado de confianza de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y de Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Su ingreso en la AGN, al igual que el de sus dos flamantes colegas –Naidenoff y Fernández- fue aprobado con 70 votos positivos y solo dos negativos, correspondientes a los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano. No argumentaron los motivos de su rechazo, pero trascendió que no están de acuerdo con que se destine un presupuesto millonario a un organismo a su juicio burocrático y poco efectivo en su tarea de control.

Lo cierto es que, en efecto, la AGN cuenta con un presupuesto anual de $84.500 millones y un plantel de alrededor de 1800 empleados. No solo eso: los sueldos de los auditores son de los más altos de la administración pública –el año pasado orillaban los $8 millones mensuales-, lo que explica por qué la AGN es un lugar por demás codiciado por la política.

En medio de un llamativo silencio casi total, el Gobierno buscó hoy mantener distancia del escándalo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que anunció un paro de todas las categorías para la semana próxima, cuando tengan que prestar declaración indagatoria el titular de la institución, Claudio “Chiqui” Tapia, y su tesorero Pablo Toviggino.

La decisión de no confrontar en el plano discursivo se contrapone, sin embargo, a la línea que prima en el Gobierno respecto de su ofensiva judicial y administrativa contra la AFA.

De hecho, este martes vencía el plazo para que tanto la AFA, como la Super Liga, presentaran un pedido de mayores explicaciones que le había hecho la Inspección General de Justicia (IGJ) sobre una documentación presentada previamente.

Mientras que la Super Liga lo presentó, la jornada cerró sin novedades de la AFA. Si bien podría llegar a presentarla mañana temprano sin mayores contratiempos, las autoridades esperan para ver cómo proceder. Si la AFA no lo presenta, por la tarde podrían conocerse novedades. Así lo confirmaron a fuentes del área.

Se trataría de la primera avanzada después de conocido el paro de la novena fecha del torneo (en este caso de primera división), aunque el plazo ya estaba dado de antemano. La IGJ, junto a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), constituyen los dos pilares sobre los que avanza el Gobierno legalmente.

Lejos de esos avances, en las filas del Ejecutivo eligieron el silencio. “No opinamos sobre el tema” y “es un tema AFA- Justicia”, fueron algunas de las definiciones, lacónicas, desde el corazón libertario ante la consulta de . Fueron en sintonía con las primeras respuestas por la decisión del paro, en el atardecer del lunes.

No es la primera vez que el oficialismo elige esa posición en el caso, en el que deslizan que cualquier declaración política sobre el tema podría derivar en un dolor de cabeza si Tapia o Toviggino reclaman ante organismos deportivos internacionales. Creen que no hay necesidad y que, con lo que ya hay en la Justicia sobre ambos, “es más que suficiente”.

Pese a ese silencio que eligió la administración libertaria en las últimas horas, fuentes de la Casa Rosada dejaron trascender que “no hay una decisión de desacelerar” en la arremetida que en los últimos meses dirigieron contra las autoridades del fútbol argentino.

Las fuentes consultadas afirmaron que se mantiene “la idea de ir a fondo” y en ese sentido apuntaron a que la idea, a través de la ARCA, que presentó en diciembre la denuncia que llevará en los próximos días a Tapia y Toviggino a indagatoria por primera vez, es “seguir adelante, a full”.

La ARCA es querellante en el caso, además de haber sido denunciante por la inexistencia de aportes de la AFA, lo que la convierte en capaz de pedir medidas de prueba o diferentes acciones en el expediente. “Todo lo que encontremos lo vamos a llevar a la Justicia”, definen.

“No hay vuelta atrás”, dijo otra de las fuentes consultadas. A lo que confirmó que a través de la ARCA y la IGJ se seguirá con los caminos iniciados a fines del año pasado.

A la denuncia inicial de ARCA, por la retención indebida de tributos, por la que fueron citados Tapia y Toviggino por el juez en lo penal económico Diego Amarante, el organismo le agregó una presentación a fines del mes pasado, que involucra el presunto uso de facturas apócrifas.

Esto fue denunciado por el organismo luego del cruce de datos con bases de contribuyentes y de un intercambio de notificaciones entre la ARCA y la AFA. En la Casa Rosada no dudaron, al momento de la presentación, en considerar que el material terminará convirtiéndose en una de las “principales denuncias” contra Tapia y Toviggino.

Ese nuevo escrito, ARCA puso en la mira el uso de facturas presuntamente apócrifas con un monto estimado en más de $376 millones, aunque desde el vamos aclararon que no es la cuantificación final, por lo que podría ascender aún más.

En paralelo a lo que sucederá este miércoles y lo que pasará con la ARCA, el otro dispositivo que está en marcha es el de la IGJ, que discute la sede que la AFA dispuso en Pilar, para eludir sus controles. Eso está en la Cámara de Apelaciones y será objeto de fuertes consecuencias.

“Todo lo que encontramos está en las respectivas instituciones. Es la justicia la que interviene ahora”, completaron en referencia a la denuncia que la ARCA y ese movimiento de la IGJ.

En línea con la premisa de no confrontar políticamente, el único que habló públicamente en las últimas horas fue Daniel Vítolo, titular de la IGJ, quien aseguró en referencia al material que se le reclama a la AFA: “Deben dar muchas explicaciones sobre la utilización de los fondos, el cumplimiento de los objetivos de la asociación civil que ellos dirigen las vinculaciones que tienen con otra asociaciones civiles como es el caso de la Superliga”. Fue en diálogo con la señal TN.

“A nadie le viene bien un domingo sin fútbol. Ni a la AFA, ni al Gobierno, pero si nos enfrentamos es muy fácil explicar por qué no hay fútbol”, dijo una de las voces consultadas. Y sumó: “A diario se conocen noticias de desmanejos. No hay mucha duda de qué pasa”.

En la Casa Rosada también consideraron que “queda en evidencia el corporativismo del fútbol argentino”, que cerró filas para apoyar la decisión en apoyo a Tapia y Toviggino.