El Gobierno de Javier Milei busca este miércoles darle media sanción a uno de los proyectos claves para la segunda parte de su gestión: la reforma laboral. Por este motivo, en los últimos días hubo intensas negociaciones con la oposición dialoguista para acordar cambios en la iniciativa.

En este sentido, la jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, informó este martes esas 28 modificaciones. Y envió un mensaje a los gobernadores: se quitó el capítulo que contemplaba cambios en el Impuesto a las Ganancias, y por lo tanto afectaba la recaudación de las provincias.

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Este último reclamo de los mandatarios provinciales era el gran escollo que tenía el oficialismo para avanzar en la media sanción de la reforma laboral. Ahora, se espera que la sesión de este miércoles en el Senado sea favorable al Gobierno.

No obstante, en las afueras del Congreso habrá un clima de máxima tensión. Hay una movilización que encabeza la CGT contra la reforma laboral, pero también hay un paro general convocado por ATE, CTA y gremios de transporte.

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En las últimas horas, los gremios docentes universitarios confirmaron que se sumarán a la manifestación. “La situación de la docencia universitaria ya es insostenible. En ese marco, la CONADU resolvió la necesidad de impulsar un plan de lucha de paros y movilización”, señaló la Secretaria General de CONADU, Clara Chevalier.

Los principales cambios acordados con la oposición

De acuerdo a lo informado por Bullrich, el Senado avanzó con un proyecto de modernización laboral que reúne aportes de distintos bloques y provincias y contempla 28 modificaciones consensuadas. La iniciativa busca actualizar el marco normativo del empleo formal, reducir la litigiosidad y generar incentivos para la contratación.

En el Gobierno indicaron que buscan incentivar “la inversión productiva y la capacitación, en un contexto de estancamiento del mercado laboral y alta informalidad”.

Uno de los ejes centrales es la redefinición del cálculo de la indemnización, con el objetivo de desactivar lo que el oficialismo denomina la “industria del juicio”. En el caso de un despido sin causa será únicamente la remuneración mensual, normal y habitual, excluyendo conceptos no mensuales como el aguinaldo o las vacaciones, y fija que la indemnización será la única reparación económica.

El proyecto también introduce un nuevo esquema de actualización de créditos laborales, que combina el índice de precios al consumidor (IPC) con un adicional del 3% anual, con la intención de aportar previsibilidad tanto para trabajadores como para empleadores y evitar distorsiones en los montos judicializados.

Otro punto relevante es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema destinado a cubrir costos de desvinculación y obligaciones indemnizatorias. Será financiado exclusivamente por los empleadores, con aportes mensuales del 1% para grandes empresas y del 2,5% para MiPyMEs, y funcionará como un patrimonio separado, inembargable y de afectación específica.

Además, la iniciativa impulsa una registración laboral simplificada y digital, al establecer que la inscripción ante ARCA será suficiente y que no podrán exigirse requisitos adicionales por otras autoridades. Además, se habilita la digitalización de los libros laborales, que deberán conservarse durante diez años y tendrán plena validez legal.

El proyecto redefine también los beneficios sociales no remunerativos, precisando qué conceptos quedan excluidos del salario, como comedor, reintegros médicos, guardería, útiles escolares y capacitación, con el objetivo de dar mayor claridad normativa y reducir conflictos interpretativos.

En cuanto a la organización del trabajo, se habilita de manera voluntaria el banco de horas, siempre por acuerdo entre empleador y trabajador, y se introducen cambios en el régimen de vacaciones. Estas podrán tomarse entre el 1° de octubre y el 30 de abril, con posibilidad de acordar períodos fuera de temporada y de fraccionarlas, respetando un mínimo de siete días corridos.

La iniciativa incorpora además un Régimen de Incentivo para la Formación Laboral, orientado a promover la capacitación, la empleabilidad y la reconversión, con foco en jóvenes y personas sin experiencia. A esto se suma la creación del Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión, que apunta a estimular inversiones productivas, tecnológicas y de expansión, con impacto directo en la generación de empleo.

Por último, el texto prevé una reducción de cargas sociales para facilitar la contratación de nuevos trabajadores, establece la prelación de los convenios de empresa por sobre los acuerdos nacionales y deja asentado el compromiso de avanzar en una futura reforma fiscal integral, orientada a reducir la presión tributaria mediante acuerdos entre la Nación y las provincias.

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