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Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron al Tribunal Oral Federal N°2 decomisar más de 140 inmuebles de Cristina Kirchner y Lázaro Báez, incluido el departamento donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria.

“Solicitamos el decomiso de 141 inmuebles —13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128, a sociedades vinculadas a Lázaro Báez—; 46 automotores; US$4.664.000 de la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner; US$992.134 de la caja de ahorro del Banco de Galicia, y $53.280,24″, indicaron, según el documento al que tuvo acceso TN.

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En ese sentido, argumentaron: “Las personas condenadas —intimadas a depositar la suma de $684.990.350.139,86 por la defraudación colosal a la Administración pública— todavía no han depositado ni un solo peso a pesar de que venció hace meses el plazo para hacerlo”.

De acuerdo al planteo de los fiscales, tanto Cristina Kirchner como Báez “vienen dilatando el recupero de activos que se ordenó por sentencia judicial firme”.

“La resistencia que demuestran exhibe su total falta de arrepentimiento y constituye una afrenta a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley”, apuntaron.

A los bienes que el MPF había solicitado en noviembre (84 de Lázaro Báez; 1 de Cristina Fernández; 19 de Máximo y Florencia Kirchner recibidos a título gratuito; 2 de Austral Construcciones SA, 3 de Kank y Costilla SA y 2 de Loscalzo y Del Curto SRL), se suman estos 141 nuevos y alcanzan un total de 252 inmuebles.

Dentro del pedido, hay 13 bienes inmuebles vinculados a Los Sauces SRL y Hotesur SA, entre ellos, el departamento ubicado en San José 1111, CABA, que fue adquirido por Los Sauces SA en 2015 y en donde cumple la condena la exmandataria.

Otro de los bienes solicitados es el hotel La Aldea, de la familia Kirchner, ubicado en El Chaltén, Santa Cruz.

En cuanto a las propiedades de Báez, reclamaron tres inmuebles en Ayres de Pilar, uno de los barrios privados más selectos de la provincia de Buenos Aires, y cinco casas en Pinamar.

Hay un pasaje muy crítico en el que Luciani y Mola insisten con que los condenados cumplan con lo requerido en el fallo: “Muchos de los condenados registran fortunas de una opulencia irrazonable y una magnitud desproporcionada como para, por lo menos, comenzar el complejo proceso de recupero de activos provenientes de los actos de corrupción que cometieron durante 12 años”.

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“La situación descripta obliga a esta representación del Ministerio Público Fiscal a seguir trabajando incansablemente, con perseverancia y tenacidad, para alcanzar las metas propuestas, superar los obstáculos que se interponen y activar todos los mecanismos necesarios para ejecutar los bienes, el dinero y otros activos que se identifiquen, de acuerdo con los parámetros que fijó el tribunal, hasta cubrir la suma de la defraudación”, remarcaron.

Y concluyeron: “Para desterrar definitivamente la impunidad de los corruptos, es imprescindible que se empleen todos los mecanismos legales tendientes a recuperar los activos provenientes de los delitos. En especial, de la gran corrupción”.

cristina kirchner, Lázaro Baez, INMUEBLES

La reciente decisión del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén marcó un punto de inflexión en el prolongado litigio por la propiedad de tierras en el sur argentino, vinculadas al exbasquetbolista Manu Ginóbili. El máximo tribunal provincial resolvió rechazar los recursos presentados por la Comunidad Lof Paichil Antriao, consolidando la competencia del juzgado de Villa La Angostura para continuar la causa.

El expediente en cuestión, caratulado “Municipalidad de Villa La Angostura c/ Montes, Hugo y otros s/ Acción Reivindicatoria”, expone la disputa jurídica sobre lotes ocupados en la localidad patagónica. En octubre de 2025, la Justicia había ordenado a la comunidad mapuche restituir tierras que, según la sentencia, fueron apropiadas de manera ilegítima y cuyo titular registral es Ginóbili, figura central en el deporte nacional. La orden judicial generó repercusiones en la región.

El fallo del Tribunal Superior se produjo tras analizar los recursos de nulidad extraordinario y de inaplicabilidad de ley interpuestos por los representantes legales de Lof Paichil Antriao. La comunidad argumentó que la resolución previa lesionaba las garantías del “juez natural” y modificaba la jurisdicción del litigio sin respetar los procedimientos legales. Sostuvo además que el reenvío del expediente equivalía a una declaración de incompetencia por parte del Juzgado de Junín de los Andes y recordó antecedentes de desalojos en contextos similares.

La resolución de la Cámara Provincial de Apelaciones, que había dispuesto el reenvío del caso al juzgado de Villa La Angostura, fue ratificada por el máximo tribunal neuquino. La Cámara también impuso las costas procesales a la comunidad mapuche, responsabilizándola por los gastos derivados de la tramitación de los recursos. El Tribunal Superior examinó los aspectos formales presentados, entre ellos la legitimidad de la parte recurrente y la exención del depósito judicial conforme a las “Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad”.

En su análisis, el tribunal consideró que la resolución impugnada no constituía una sentencia definitiva, ya que no resolvía el fondo de la controversia ni impedía la prosecución del proceso. Destacó que las alegaciones sobre la afectación de garantías constitucionales fueron consideradas genéricas, sin demostrar un daño concreto de imposible reparación o de gravedad institucional. El texto del fallo consignó: “Debe acreditarse en qué medida se encuentran comprometidas las instituciones básicas de la Nación o Provincia”, concluyendo que tal circunstancia no se verificó en este caso.

La fundamentación presentada por la comunidad fue calificada de insuficiente, ya que, según el Tribunal Superior, consistió en exposiciones subjetivas y no desarrolló una argumentación técnica autónoma acorde a los requisitos legales. Además, los jueces constataron que no se logró acreditar el monto habilitante necesario para tramitar el recurso por inaplicabilidad de ley, lo que refuerza la inadmisibilidad de los planteos.

El dictamen coincidió con el criterio de la Fiscalía General de Neuquén, que también había solicitado el rechazo de los recursos. El tribunal dispuso: “Declarar inadmisibles los recursos de Nulidad Extraordinario y por Inaplicabilidad de Ley deducidos por la Comunidad Lof Paichil Antriao”. En consecuencia, la parte vencida deberá afrontar las costas del proceso. Asimismo, se reguló en un 25% los honorarios profesionales respecto de la instancia de origen, conforme a lo estipulado en la legislación vigente.

La causa, de alto impacto para la región, continuará tramitándose en el juzgado de Villa La Angostura, bajo las reglas procesales ordinarias. El tribunal ordenó registrar, notificar y remitir las actuaciones al juzgado de origen, reafirmando la vigencia de los procedimientos judiciales y la competencia territorial determinada en instancias anteriores.

El conflicto por la titularidad de las tierras cobró notoriedad pública a raíz del involucramiento de Ginóbili. El avance del proceso judicial bajo la órbita de Villa La Angostura mantiene expectantes a las partes y a la comunidad local, a la espera de una resolución definitiva sobre la posesión y el destino de los lotes en disputa.