ECONOMIA
Un efecto búmeran para Caputo: por qué el «viejo IPC» tampoco lo ayudará en febrero
Otra ironía de la economía argentina: al final, a Luis Caputo le habría convenido más aceptar la actualización del IPC que propugnaba Marcos Lavagna, porque las cifras de inflación serían menores. Al menos, eso es lo que están indicando los primeros datos de febrero, donde los rubros que se suponía que pisarían el freno están mostrando una peligrosa inercia.
Las consultoras que hacen relevamientos de precios siguen mostrando subas de precio en el sensible rubro de alimentos. Por caso, Analytica midió aumentos por 1,3% en la segunda semana de febrero, con lo que el promedio de las últimas cuatro semanas llega a 2,7%. Y su pronóstico es que el IPC marcará en febrero un 2,8%.
En el caso de la consultora LCG, la medición de la segunda semana fue de 1% en el rubro alimentos, luego del 2,5% que se había registrado en la semana previa. Y el reporte incluye datos preocupantes, como el hecho de que la categoría que lidera los aumentos es la carne, que en la canasta «vieja» del Indec -o sea, la que sigue vigente- tiene una alta ponderación.
En enero, para sorpresa de casi todos los analistas, el rubro de alimentos y bebidas fue el que lideró los aumentos, con una variación de 4,7% en el mes. El mes en que típicamente se produce un pico de precios es diciembre, por una cuestión estacional, incluyendo el incremento de carne por las fiestas. Y la expectativa era que, pasado ese momento, se registrara una moderación.
De hecho, esa expectativa era la explicación que muchos encontraron para que Caputo se resistiera a adoptar la nueva canasta: con el rubro de alimentos bajo control, el ministro prefería que siguiera con su actual ponderación de 26,9% de la canasta del Indec, y no del 22,7% que preveía el nuevo índice.
Pero lo cierto es que, tras el dato de enero, ya se cumplen cuatro meses consecutivos en los que el rubro de alimentos varía más que el promedio del IPC, y siempre al alza. En septiembre la inflación de alimentos fue de 1,9%, en octubre un 2,3%, en noviembre un 2,8%, en diciembre un 3,1% y en enero el explosivo 4,7%, que dejará un inevitable efecto de arrastre estadístico para febrero.
El impacto de la carne
Cuando hay productos que tienen un alto nivel de ponderación en la canasta, el IPC puede registrar variaciones inesperadas por una súbita baja en la oferta, por ejemplo. El caso típico es el de la carne vacuna, al cual la canasta del Indec le sigue asignando hoy la misma ponderación en el presupuesto familiar que la que tenía en el año 2004, a pesar de que hoy el nivel de consumo es de 49,9 kilos anuales per capita, un 35% menos que los 63,9 kilos que se consumían en 2004.
Y los expertos en el negocio ganadero están advirtiendo que, aun cuando la fuerza de la demanda pueda caer en el mercado doméstico, igualmente hay margen para que los precios sigan subiendo. El motivo es la caída en el rodeo vacuno, que hace que los productores retraigan la oferta para recomponer sus stocks.
El mejor reflejo de esa situación está en el mercado de Cañuelas, donde se ve un sostenido aumento del ganado, con el novillito en $5.000 por kilo vivo, un 42% por encima del precio de octubre y un 25% más que en diciembre, cuando se producía el pico estacional del consumo.
Dado que los ciclos biológicos en el sector vacuno son largos, se tardará al menos cuatro años para que, desde el nivel actual de 51 millones de cabezas, se vuelva a los 54 millones que se registraban en 2022. Por eso, los frigoríficos advierten que los precios podrán mantenerse altos por dos años, antes de empezar a bajar.
Está, además, el efecto del tratado comercial con Estados Unidos, que quintuplica la cuota de carne exportable sin aranceles hasta el nivel de 100.000 toneladas anuales. La estimación es que durante todo el año Argentina le venda unas 810.000 toneladas al mercado global, con lo cual se ubicaría en el quinto puesto del ranking, detrás de Brasil, Australia, India u EE.UU., cuyos volúmenes sufrirán recortes.
En otras palabras, no se vislumbra un desplome en el precio de la carne, porque el stock vacuno está en recomposición y porque las exportaciones no dejarán mucho margen al «principio de Menger» que Javier Milei gusta de citar para explicar que los precios bajarán porque la gente no los convalidará.
La solución para abaratar la carne implicaría la importación desde Brasil o Uruguay, una medida que aparejaría polémica política, pero que ayudaría a contener los precios, como ya se está viendo en los rubros que tuvieron las mayores aperturas comerciales, como los de electrodomésticos y productos textiles.
El fantasma de marzo
El cálculo que sí le saldrá bien a Caputo es el del impacto de las tarifas de servicios públicos y los precios regulados. Ya en este mes están llegando boletas más caras, al ponerse en marcha los recortes de subsidios a electricidad y gas para usuarios de ingresos medios.
El rubro de subsidios, si bien ha sido recortado, todavía se lleva un 6% del gasto presupuestario, y la necesidad de recortes se acentuó por la peligrosa tendencia en la recaudación impositiva: las cifras de ARCA marcaron en enero la sexta caída consecutiva, medida en variación interanual real.
Para ponerlo en palabras de Caputo, todavía no se completó el «cambio de precios relativos» entre bienes y servicios, como para que el proceso desinflacionario pueda considerarse consolidado. Traducido: falta aún más recortes de subsidios y, por ende, mayores subas de precios en servicios públicos y en transporte.
Además, hay cuestiones estacionales: marzo, por ejemplo, suele ser un mes de inflación alta, por los ajustes en la matrícula escolar y subas en precios de servicios regulados, tales como las comunicaciones, la medicina prepaga o los seguros.
Esto fue lo que llevó a Caputo a pensar que era mejor posponer el cambio de IPC, ya que la canasta que había diseñado Lavagna aumentaba la ponderación del rubro rubro «vivienda, electricidad, gas y otros», desde el actual 9,4% del presupuesto familiar, a un 14,5%.
La diferencia entre los dos IPC en pugna se ve con claridad si se analiza la inflación de 2024. Ese año, según estimó la consultora Equilibra, el IPC acumulado habría dado 179,8% en vez del 117,8%, una brecha sustancial. Y eso ocurre, sobre todo, por el impacto del «tarifazo» en los primeros meses de la gestión Milei.
En cambio, en 2025, casi no se habrían registrado diferencias si se hubiese actualizado el IPC: el dato de la inflación habría resultado en 32,1% en vez del 31,5%. El motivo es que las subas tarifarias fueron más moderadas -el «estímulo electoral» llevó a que se pospusieran aumentos-.
Lo que viene
La pregunta que se plantea ahora es si la inflación de 2026 se parecerá más a la de 2024-cuando los servicios lideraron los aumentos- o a la de 2025, cuando las variaciones fueron más parejas.
Y, al menos durante el primer trimestre, todo indica que el factor tarifas será importante. Por eso, Caputo se resignó a tener en enero un IPC más alto que el que se habría registrado si hubiese cambiado la metodología de cálculo.
Lo que, en cambio, no está tan claro, es qué tan duradero puede ser el salto estacional en los alimentos y bebidas. Por lo pronto, se prevé que el IPC de febrero refleje una continuidad de esa situación, lo cual hará que se neutralice el efecto de normalidad que el ministro quería mostrar.
Al menos, quedará un consuelo para el ministro tras el giro negativo: el hecho de que se haya negado a instaurar un nuevo índice que podría dar una inflación menor será un argumento para recuperar credibilidad y evitar que los sindicatos quieran imponer algún tipo de «IPC blue» para mejorar sus condiciones de negociación salarial.
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ECONOMIA
Qué decía el artículo sobre las licencias médicas que el Gobierno eliminará de la reforma laboral
El gobierno de Javier Milei resolvió suprimir el artículo 44 del proyecto de reforma laboral, vinculado a las restricciones de las licencias médicas aprobada previamente en el Senado. La decisión se adoptó en horas recientes, en medio de las negociaciones con los aliados para aprobar la iniciativa en la Cámara de Diputados.
El oficialismo busca aprobar la iniciativa el jueves próximo y el inciso en cuestión se eliminaría en la reunión plenaria de comisión que tendrá lugar mañana en la Cámara Baja. ¿El objetivo? Garantizar que el proyecto de reforma laboral obtenga luz verde en Diputados.
Con el cambio de normativa que estipulaba el artículo 44, cuando un trabajador sufría un accidente o una enfermedad no relacionada con su empleo y no podía cumplir con sus tareas, tenía derecho a cobrar una parte de su sueldo mientras durara esa situación. Si la imposibilidad surgía de una acción voluntaria y consciente que implicaba un riesgo para su salud, percibía el 50% de su salario habitual, durante tres meses si no tenía personas a cargo, o durante seis meses si contaba con familiares legalmente a cargo. En caso de recaída de una enfermedad crónica, solo se consideraba un nuevo episodio si habían transcurrido más de dos años desde la última manifestación.
En los casos en que el accidente o la enfermedad no fueran consecuencia de una conducta voluntaria y consciente del trabajador, correspondía el 75% del sueldo, por los mismos plazos según la situación familiar. Si el empleador suspendía al trabajador por motivos económicos o disciplinarios, esa medida no afectaba el derecho a percibir el porcentaje de salario previsto durante el período de enfermedad o accidente.
“CAPíTULO VII De la suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo
De los accidentes y enfermedades inculpables
Artículo 44.- Sustitúyese el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificaciones, por el siguiente:
Artículo 208.- En caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida dicha prestación, el trabajador tendrá derecho a percibir el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de su remuneración que perciba al momento de la interrupción de los servicios si la imposibilidad de trabajar fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implicara algún riesgo en la salud durante un período de TRES (3) meses si el trabajador no tuviera personas legalmente a su cargo, o de SEIS (6) meses si las tuviera. La recidiva de enfermedades crónicas no será considerada una enfermedad distinta, salvo que se manifestara una vez transcurridos los DOS (2) años.
Si la imposibilidad de trabajar no fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador sobre el riesgo en la salud, percibirá el SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) de tal remuneración, en cualquier caso, durante el mismo período de tiempo dispuesto en el párrafo precedente.
La suspensión por causas económicas o disciplinarias dispuestas por el empleador no afectará el derecho del trabajador a percibir la remuneración parcial por los plazos previstos, sea que aquélla se dispusiera estando el trabajador enfermo o accidentado, o que estas circunstancias fuesen sobrevinientes.”
Noticia en desarrollo…
ECONOMIA
Cupón PBI: Corte británica avanza sobre bienes argentinos para ejecutar sentencia millonaria
La Justicia del Reino Unido ordenó a la República Argentina entregar información financiera y contractual vinculada con activos en el exterior, en el marco de la ejecución de una sentencia que obliga al país a pagar 1.330 millones de euros a tenedores de bonos atados al crecimiento económico, conocidos como Cupones PBI en euros. La medida forma parte del proceso de localización de bienes susceptibles de embargo para garantizar el cumplimiento del fallo.
La decisión fue adoptada por el Tribunal Superior de Londres, que en 2023 condenó a la Argentina a abonar el equivalente a aproximadamente USD 1.500 millones, suma que incluye capital e intereses. El litigio fue iniciado por los fondos Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald, que cuestionaron la modificación en la metodología de cálculo del Producto Bruto Interno (PBI) implementada en 2013.
El reclamo judicial se originó a partir de cambios introducidos durante la gestión presidencial de Cristina Kirchner, cuando Axel Kicillof se desempeñaba como ministro de Economía. Según los demandantes, la alteración en la base de cálculo del PBI redujo los pagos vinculados a los cupones emitidos en los canjes de deuda de 2005 y 2010.
Los Cupones PBI fueron diseñados como instrumentos adicionales atados al crecimiento económico. Establecían pagos extraordinarios a los bonistas si la expansión anual superaba determinados umbrales. La controversia se centró en el cambio metodológico aplicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que modificó la base de cálculo y reportó una variación inferior al nivel necesario para activar el pago.
El proceso de discovery y la búsqueda de activos
La orden reciente se inscribe en el procedimiento denominado discovery, una instancia procesal orientada a identificar activos que puedan ser embargados para ejecutar una sentencia firme. En este contexto, la Corte británica dispuso que el Estado argentino debe revelar contratos firmados con petroleras internacionales, empresas del sector energético y datos sobre cuentas bancarias en el exterior.
Sebastián Maril, director regional de Latam Advisors, señaló a través de la red social X que la Corte londinense «ordena a la República Argentina entregar información sobre contratos firmados con petroleras internacionales, empresas del sector energético y cuentas bancarias entre otros ítems. Esto ocurre dentro del discovery por activos argentinos en el caso Cupón PBI en Euros».
La información solicitada busca determinar si existen bienes o derechos de la Argentina fuera de su territorio que puedan ser alcanzados por medidas de embargo. Este tipo de diligencias se utiliza cuando el deudor no cumple voluntariamente con una sentencia y los acreedores procuran identificar activos ejecutables en distintas jurisdicciones.
Garantía ejecutada y saldo pendiente
Durante el proceso judicial, la Argentina había depositado una garantía por 313 millones de euros para apelar el fallo. Tras la desestimación del recurso, los beneficiarios ejecutaron esa garantía en febrero de 2025. La misma había sido constituida mediante una carta de crédito emitida por el Banco Santander. Aunque no se difundió la composición exacta del respaldo, especialistas estimaron que estaba integrada por efectivo o instrumentos de pago inmediato.
Con la ejecución de esa suma, aún restan aproximadamente 1.000 millones de euros pendientes, según datos informados por la Procuración del Tesoro. El organismo ubicó este litigio como el quinto de mayor monto que enfrenta el país en el exterior.
Los acreedores sostienen que la República Argentina no coopera con las medidas destinadas a ejecutar la sentencia y que tampoco abona los intereses diarios acumulados sobre el monto adeudado. Además, plantearon que el país debería resolver atrasos vinculados con emisiones anteriores antes de intentar regresar a los mercados internacionales de capital.
Antecedentes del conflicto por el cálculo del PBI
El origen del conflicto se remonta a la intervención del Indec en 2007, cuando el entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, impulsó cambios en la medición de variables económicas, entre ellas la inflación. Posteriormente, en 2013, el organismo modificó la base de cálculo del PBI.
Con la nueva metodología, el crecimiento informado quedó por debajo del umbral de 3,22% necesario para activar el pago de los Cupones PBI. Bajo la base anterior de 1993, la expansión habría alcanzado el 4,9%. Esa diferencia impactó directamente en la obligación de pago a los tenedores de los instrumentos atados al crecimiento.
El Gobierno argentino había suspendido los desembolsos en 2011, cuando la economía dejó de registrar incrementos superiores al 3%. Sin embargo, los fondos demandantes argumentaron que la modificación metodológica aplicada en 2013 afectó sus derechos contractuales y redujo de manera indebida los montos a percibir.
Referencias del FMI y posición de los demandantes
En agosto, un informe técnico del Fondo Monetario Internacional mencionó conversaciones entre la Argentina y los acreedores en torno al litigio. No obstante, los beneficiarios del fallo negaron la existencia de negociaciones formales.
En una carta difundida por PR Newswire, los demandantes afirmaron: «No hay negociaciones en curso entre ellos y la República». Asimismo, informaron al organismo multilateral que consideran incorrectas ciertas afirmaciones incluidas en el reporte técnico y solicitaron su actualización.
La controversia sobre la existencia o no de tratativas se produjo mientras avanza el proceso de identificación de activos en el exterior. El discovery ordenado por la Justicia británica podría derivar en nuevas medidas si se detectan bienes embargables bajo jurisdicción extranjera.
Impacto jurídico y financiero
La condena por los Cupones PBI se suma a otros litigios internacionales derivados de la reestructuración de deuda y de decisiones económicas adoptadas en años anteriores. De acuerdo con la Procuración del Tesoro, el caso figura entre los de mayor exposición económica para el Estado argentino.
La obligación total reconocida por la justicia británica asciende a 1.330 millones de euros más intereses. Tras la ejecución parcial de la garantía, el saldo continúa generando intereses diarios. El cumplimiento de la sentencia depende de la disponibilidad de recursos y de eventuales acuerdos entre las partes.
El proceso judicial en el Reino Unido continúa en etapa de ejecución. La entrega de información ordenada por el tribunal constituye un paso adicional en la búsqueda de activos que permitan a los acreedores satisfacer el crédito reconocido en la sentencia.
Mientras tanto, el caso mantiene su relevancia dentro del conjunto de litigios que enfrenta la Argentina en tribunales extranjeros y que inciden en la situación financiera y en las perspectivas de acceso a financiamiento internacional.
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PAMI pone a disposición de sus afiliados una oferta educativa que abarca cursos y talleres gratuitos dictados por docentes universitarios en distintas instituciones. La propuesta, que incluye opciones universitarias, no requiere experiencia previa ni implica costo alguno para los participantes, lo que amplía las posibilidades de acceso a quienes deseen incorporar nuevos conocimientos o compartir actividades con otros afiliados.
La iniciativa del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados apunta a que los beneficiarios puedan continuar con sus estudios mediante cursadas más cortas.
Los afiliados interesados en ampliar sus conocimientos pueden acceder a una amplia variedad de cursos y talleres coordinados por docentes universitarios en más de 60 instituciones educativas. Las propuestas UPAMI, tanto talleres sociopreventivos como cursos universitarios, no tienen costo y están abiertas a toda la comunidad, sin requerir formación previa. Cada curso y taller cuenta con un período específico de inscripción, el cual puede consultarse al acceder a la actividad seleccionada.
Los talleres sociopreventivos son actividades impulsadas por PAMI en conjunto con los Centros de Jubilados y Pensionados de distintas regiones, orientadas a promover el aprendizaje, la actividad física y la interacción social entre los participantes.
La programación de cursos y talleres contempla modalidades presenciales y virtuales, y en ciertos casos se ofrece la alternativa semipresencial, de acuerdo con lo que disponga cada localidad. Cuando la opción es mixta, la organización y el formato quedan a criterio del docente a cargo. Los cupos disponibles dependen de cada institución y de la modalidad seleccionada.
La inscripción a cursos universitarios virtuales está habilitada para participantes de cualquier parte del país. En cuanto a los talleres, únicamente es posible sumarse a aquellos que se ofrezcan en la localidad de residencia. El límite de inscripción es de cinco cursos y tres talleres por persona. Una vez registrado, el docente o responsable se pondrá en contacto por correo electrónico o teléfono para facilitar el acceso a la actividad.
- Artes plásticas visuales
- Danza
- Fotografía
- Idiomas
- Juegos de mesa
- Memoria
- Nuevas tecnologías y computación
- Pensamiento social, filosofía y cultura
- Talleres de prevención y promoción de la salud integral
- Técnicas de trabajo corporal
- Universidad Nacional de Tres de Febrero
- Universidad Nacional del Nordeste – Facultad de Humanidades
- Danza
- Gimnasia
- Memoria
- Música y canto
- Técnicas de trabajo corporal
- Yoga y otras técnicas orientales
En el caso de los talleres, el menú de lugares para realizarlos es más amplio e incluye establecimientos en casi todas las provincias del país, que pueden consultarse a través de la página oficial de PAMI.
- El afiliado debe hacer clic en “Inscribirme” en la opción de cursos universitarios UPAMI o talleres sociopreventivos, según su interés. Esta acción también puede realizarse desde la aplicación de PAMI.
- Al ingresar, debe elegir la temática de su preferencia.
- Luego, selecciona el curso o taller que desee realizar. Es posible inscribirse en un máximo de 5 cursos y 3 talleres.
- Completa sus datos y confirma la inscripción.
Una vez finalizado el proceso, la inscripción queda registrada. El docente o tallerista se comunicará por correo electrónico o por teléfono.
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