POLITICA
Tras el conflicto por Fate, los bloques aliados presionan por más cambios y peligran puntos clave de la reforma laboral
La reforma laboral no terminó de sortear el primer obstáculo y ya suma otro. Mientras el artículo 44 sobre licencias médicas encamina el proyecto de regreso al Senado, los aliados del centro político avisaron que en Diputados también impulsarán otras modificaciones.
El Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que propone financiar indemnizaciones con aportes del empleador, y la derogación de varios estatutos profesionales concentran las principales objeciones. Un conjunto de bloques que reúne alrededor de 35 diputados ya adelantó su rechazo a esos puntos.
Sin esos votos, el oficialismo podría perder la pulseada durante la votación en particular. En la Casa Rosada trabajan contrarreloj para evitar más recortes al texto original. Si a las modificaciones que impulsa la oposición se suma la eliminación del artículo 44 -que prevé un recorte salarial ante enfermedades o accidentes no vinculados al trabajo- el Senado podría convalidar en paquete, por sí o por no, todos los cambios introducidos. Fue así como se votó la Ley Bases. El ruido político y las críticas de la opinión pública que generó ese artículo condiciona la suerte del resto de la reforma.
El oficialismo, sin embargo, podría invocar un antecedente para abrir la votación en el Senado. Se trata de un acta firmada en 1995 por los presidentes de ambas Cámaras legislativas, los peronistas Alberto Pierri (Diputados) y Eduardo Menem (Senado), que sostiene que “cuando un proyecto de ley vuelve a la Cámara de origen con adiciones o correcciones introducidas por la Cámara revisora, podrá aquélla aprobar o desechar la totalidad de dichas adiciones o correcciones o aprobar algunas y desechar otras, no pudiendo en ningún caso introducir otras modificaciones que las realizadas por la Cámara revisora”.
La discusión comenzará a las 14 en un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda. El debate estará atravesado por el cierre de Fate, la fábrica nacional de neumáticos que deja alrededor de 900 personas sin empleo y suma presión social al tratamiento del proyecto. Invitados por el kirchnerismo, expondrán representantes de las tres centrales sindicales -CGT y las dos CTA- y se prevé la participación del gremio del neumático, vinculado a la izquierda.
Pese al escenario adverso, el Gobierno mantiene la intención de sesionar este jueves. La meta es que Javier Milei pueda exhibir las reformas laboral y penal juvenil durante la asamblea legislativa del 1° de marzo. Pero el recinto se presenta díscolo y la votación en particular podría deparar sorpresas.
Los libertarios parten de una base cercana a los 122 votos, sumados Pro, la UCR y el MID. Más allá de ese núcleo, los apoyos no están asegurados y buena parte del centro político ya tomó distancia de los artículos más controvertidos.
El rechazo al FAL, tal como está planteado, es compartido por el interbloque Unidos (22 integrantes), parte de Innovación Federal (5) y la cordobesa Natalia de la Sota.
Desde el espacio Provincias Unidas (PU) fueron explícitos. “El FAL desfinancia la Anses, a las provincias y a un sector al que se le pega durísimo hace dos años, que son los jubilados. Pero claro: ¿quién gana defendiendo a los jubilados? Estamos hablando de un fondo de 3.000 millones de pesos anuales”, advirtió el diputado Pablo Juliano. La jefa del espacio, Gisela Scaglia, confirmó a que impulsarán modificaciones al artículo.
En el Senado, este punto también encontró resistencia entre los representantes de los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), habituales acompañantes del oficialismo en votaciones ajustadas.
Es posible, no obstante, que los cuatro misioneros alineados con Carlos Rovira e integrantes de Innovación Federal acompañen al oficialismo, como ya lo hicieron sus referentes en el Senado. Aun con esos votos, el Gobierno necesitaría al menos dos avales adicionales para asegurarse la mayoría.
En ese escenario, en la Cámara baja no descartan una herramienta habitual en votaciones ajustadas: reducir el número de presentes para bajar el umbral necesario y facilitar la aprobación. Es una salida funcional para quienes dudan y prefieren evitar el costo político de respaldar artículos que luego podrían ser cuestionados en sus provincias.
El último título (XVI), que propone derogar estatutos profesionales -entre ellos los de viajantes de comercio, peluqueros, periodistas, teletrabajadores, empleados de supermercados, enfermeros y el régimen de mano de obra nacional- también acumula cuestionamientos. La resistencia no proviene solo del kirchnerismo: sectores dialoguistas consideran excesivo el alcance de la eliminación. Ese título fue, de hecho, el que menos avales reunió en la Cámara alta: se aprobó con 38 votos, apenas uno por encima de la mayoría.
Además, el oficialismo deberá lidiar con planteos de sus aliados más cercanos. Pro y el MID insistirán en habilitar que las billeteras virtuales funcionen como cuentas sueldo, una demanda que ya habían formulado en el Senado. El Gobierno la rechazó entonces con el argumento de que, a diferencia de los bancos, muchas fintech no cumplen con las exigencias regulatorias del Banco Central para garantizar respaldo y protección a los usuarios.
Sin embargo, esta propuesta no concita consenso en el resto de los bloques, por lo que su incorporación al texto final aparece, por ahora, cuesta arriba.
el artículo 44,Fondo de Asistencia Laboral (FAL),pic.twitter.com/GrOWEQUjZY,February 11, 2026,Delfina Celichini,Cámara de Diputados,Conforme a,Cámara de Diputados,,En vivo. Reforma laboral en Diputados: negociaciones, dictamen y las últimas noticias hoy, miércoles 18,,Reforma laboral. El oficialismo quiere sesionar este jueves y aceptaría cambios en las licencias por enfermedad,,Aliados de LLA. El bloque Innovación Federal sumó dos diputados de la mano del salteño Sáenz
POLITICA
La UTA confirmó que se sumará mañana al paro general de la CGT en rechazo a la reforma laboral
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó esta tarde que mañana se sumará al paro general anunciado por la CGT en el marco de una jornada en la que la reforma laboral se tratará en la Cámara de Diputados.La medida de fuerza alcanzará a servicios de corta, media y larga distancia, combis y subterráneos en todo el país, en protesta por la reforma laboral.
A través de un comunicado, la organización advirtió sobre el riesgo para la dignidad del trabajo y la viabilidad del sector del transporte, argumentando que la convocatoria no responde a intereses sectoriales sino al reclamo de quienes ven amenazadas sus condiciones de vida. El gremio instó a los empleados del sector a sostener el paro como un mecanismo de “defensa colectiva”.
La UTA fundamentó la medida por la caída del salario real y el deterioro de las condiciones de empleo, cuestiones que el sindicato atribuye directamente al ajuste económico. Desde la entidad, además, señalaron el impacto del incremento del costo de vida y la pérdida del poder adquisitivo, junto a la preocupación por la estabilidad laboral.
El sindicato reafirmó que el paro abarca todas las actividades del transporte a nivel nacional y reiteró su compromiso con la defensa del salario y el empleo.
Noticia en desarrollo
POLITICA
Piden al procurador Casal que ordene a los fiscales retirarse de los tribunales internos de la AFA
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) le pidió al procurador general Eduardo Casal que el Ministerio Público Fiscal retire a sus fiscales del Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), un órgano interno de la entidad que revisa y sanciona infracciones disciplinarias vinculadas a los partidos y que ya había sido cuestionado por sus múltiples vínculos con el Poder Judicial.
“La AFA regula y administra el fútbol profesional argentino, un ámbito que involucra intereses económicos de enorme magnitud. La exposición de fiscales a este universo, en roles directivos o disciplinarios, crea un riesgo evidente de múltiples conflictos de interés”, advirtió la organización.
La ACIJ señala que esa “doble función” es ilegal, incompatible y contraria a estándares internacionales y apunta al caso particular del fiscal de Comodoro Py Ramiro González, que actualmente ejerce funciones dentro del Tribunal de Disciplina de la entidad que lidera Claudio “Chiqui” Tapia.
Según el escrito, la integración de los tribunales internos de la AFA “supone la realización de tareas propias de la profesión jurídica”, puesto que sus miembros revisan expedientes, investigan antecedentes, analizan pruebas, celebran audiencias y dictan resoluciones sancionatorias. “En otras palabras −sostiene el texto− implica intervenir en el trámite de expedientes, en la valoración de pruebas, en el razonamiento jurídico y, finalmente, en la emisión de verdaderas ‘sentencias’”.
La organización recordó, además, que el Reglamento para la Justicia Nacional establece que los magistrados y fiscales no pueden participar en asociaciones profesionales ni integrar comisiones directivas de ninguna asociación sin autorización expresa de la autoridad de superintendencia.
A su vez, señalan que no hay constancias de que la Procuración de Casal haya otorgado permisos especiales para ocupar esa doble función que, además, tensiona las directivas que recomienda la ONU para que los fiscales pueden desarrollar sus tareas “sin intimidación… ni injerencias indebidas”.
La AFA y el cruce con la Justicia
La repentina aparición de un puñado de causas sensibles colocó a la AFA en el centro de una tormenta judicial.
En los últimos meses del año pasado, y en medio de esa creciente judicialización, a los tribunales de ética y de disciplina de la AFA renunciaron distintos miembros del Poder Judicial: Diego Barroetaveña, que es presidente del Cámara de Casación Federal y lideraba el tribunal de Ética de la AFA; Juan Ignacio Pérez Cursi, titular de la Cámara Federal de Mendoza y árbitro de la Cámara Nacional de Resolución de Disputas de la AFA; Néstor Barral, de la Cámara Federal de San Martín y miembro del tribunal de Disciplina; y el juez en lo Criminal y Correccional Nº9 de la ciudad de Buenos Aires, Martín Peluso, que también integraba la comisión.
La ACIJ había elevado un pedido a la Corte Suprema para que disponga el cese inmediato de las funciones que desempeñan los jueces en los tribunales internos de la AFA por posibles conflictos de intereses.
El caso del juez Barroetaveña terminó por ilustrar las preocupaciones de la ACIJ. Como miembro de la Casación, el camarista deberá decidir junto a otros dos colegas si la causa que busca esclarecer de quién es la fastuosa quinta de Villa Rosa, Pilar, sospechada de pertenecer a los altos mandos de la AFA, sigue tramitando en la justicia federal de Campana, como quieren los imputados, o regresa al fuero Penal Económico.
El propio fiscal González debió intervenir en los inicios de la causa que investigaba la quinta de Pilar, cuando el expediente daba sus primeros pasos en Comodoro Py, antes de pasar al fuero Penal Económico y a la Justicia de Campana, donde se encuentra ahora.
Los nexos de la AFA con la Justicia exceden la formalidad de los cargos. Del tribunal también formaba parte, por ejemplo, Esteban Mahiques, cuyo padre es Carlos Mahiques, miembro de la Casación Federal junto a Barroetaveña. Otro caso es el de Fernando Mitjans, que preside el tribunal de Ética de la AFA y está casado con Marcela Losardo, exministra de Justicia durante el gobierno de Alberto Fernández.
AFA,Claudio Chiqui Tapia,Casos de corrupción,Conforme a,AFA,,Investigación. La Justicia analiza transferencias por supuesto juego ilegal que llegan hasta Sur Finanzas PSP,,AFAGate. Dos empresas “gemelas” de Miami recibieron casi US$ 5 millones y desaparecieron: los pagos a la misma hora,,»Ya nada será lo mismo». Nueva era: cómo es la nueva televisación de la Primera Nacional por la plataforma de la AFA
POLITICA
Causa Cuadernos: se anunció el traslado de la sede del jucio a Comodoro Py para que puedan comenzar las audiencias presenciales
El Consejo de la Magistratura de la Nación anunció una serie de medidas para la implementación del sistema acusatorio en Comodoro Py, entre las que se incluye el traslado del Tribunal Oral Federal 7 que actualmente lleva adelante el juicio por la denominada causa Cuadernos.
La medida se concretaría antes de mitad de año, según detalló el organismo, y con el traslado podrán comenzar las audiencias presenciales, una demanda creciente de las partes y de la Cámara Federal de Casación Penal.
Leé también: La CGT ratificó el paro contra la reforma laboral y se refirió al cierre de Fate
El TOF 7 es el único tribunal que no funciona en Comodoro Py y tiene su sede en el Palacio de Tribunales. Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli expusieron oportunamente las complicaciones de esa distancia ante la Cámara Federal de Casación Penal cuando se inició el juicio por la causa Cuadernos y se debatió la presencialidad del proceso oral y público.
Con la mudanza se garantizará al TOF el uso de la Sala AMIA, destinada para la realización de juicios orales de gran magnitud y que fue modernizada y habilitada en diciembre pasado. También podrán disponer de otra decena de salas que se crearon y acondicionaron en el último año en el edificio de Retiro.
El cambio de sede también simplifica los mecanismos previstos para el eventual traslado de detenidos desde la alcaldía del Servicio Penitenciario Federal que funciona en la planta baja de Comodoro Py.
“La relocalización del TOF recién se realizará cuando esté finalizando todo el trabajo de infraestructura y sistema que se está implementado en distintas etapas. De acuerdo a las estimaciones, no sería antes de mitad de año”, remarcó el Consejo.
Desde el inicio del juicio, el TOF 7 optó por celebrar audiencias principalmente virtuales, dos veces por semana por Zoom. Sin embargo, la Cámara Federal de Casación Penal, así como representantes del Ministerio Público Fiscal, reclamaron de manera insistente una frecuencia mayor de audiencias y su realización de forma presencial para dar mayor dinamismo al debate oral.
El juicio
El proceso comenzó el 6 de noviembre pasado, con la lectura del primer requerimiento de elevación a juicio formulado por el fiscal Carlos Stornelli, centrado en las imputaciones por asociación ilícita, cohecho pasivo y admisión de coimas atribuidas a los principales exfuncionarios acusados, entre ellos la expresidenta.
La lectura de esa primera acusación continuó durante las audiencias del 13, 20, 25 y 27 de noviembre, cuando se concluyó con ese tramo y se avanzó con el segundo requerimiento, que abordó imputaciones por cohecho activo, cohecho pasivo, admisión y recepción de dádivas.
El 27 de noviembre también se inició la lectura del tercer requerimiento de elevación a juicio, cuya exposición finalizó el 4 de diciembre, luego de que una de las audiencias fuera destinada a tratar un planteo de recusación presentado por la defensa de De Vido, que finalmente fue rechazado por el tribunal.
Posteriormente, en las audiencias de los días 9, 11, 16 y 18 de diciembre, se dio lectura al cuarto requerimiento de elevación a juicio del Ministerio Público Fiscal y se comenzó con la acusación de la Unidad de Información Financiera (UIF) en la causa conocida como “La Camarita”, vinculada a la presunta cartelización de la obra pública civil a través de la Cámara Argentina de Empresas Viales.
Finalmente, en la última audiencia realizada, el tribunal avanzó con la lectura del quinto requerimiento de elevación a juicio, correspondiente a la causa “Trenes”, que investiga supuestas maniobras ilícitas en la adjudicación de contratos ferroviarios, además de la presentación efectuada por la UIF en ese expediente.
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La acusación sostiene que la expresidenta y funcionarios de su gobierno llevaron adelante “un plan integral en el cual implementaron una logística ceñida a la recaudación de dinero que empresarios de la construcción, de energía y del transporte, entre otros/ entregaban a modo de contraprestación, a cambio de beneficios que le eran otorgados a las compañías que representaban”.
“El sistema de recaudación ilegal contó con, cuanto menos, dos canales independientes, aunque complementarios y funcionales entre sí. En el primero eran los propios funcionarios públicos los que recaudaban el dinero en efectivo garantizado por los empresarios“.
Comodoro Py, cuadernos de la corrupción, Consejo de la Magistratura
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